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El Catoblepas, número 60, febrero 2007
  El Catoblepasnúmero 60 • febrero 2007 • página 12
Artículos

Migración mexicana transnacional (y 3)

Bernardo Méndez Lugo

Una nueva identidad mexicana, entre asimilación
y resistencia cultural en Estados Unidos

Este ensayo es la última parte de un trabajo que se ha dividido en tres para su publicación en la revista El Catoblepas. Mi reflexión es producto de mi experiencia de trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, tanto en el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero durante poco mas de tres años (febrero de 1993-a mayo de 1996) y mi tarea como Cónsul de prensa en el Consulado de México en Atlanta (Junio de 1996 a Julio de 2001) y en San Francisco, California, desde agosto de 2001 hasta el 20 de octubre de 2006. En San Francisco me inicie como Cónsul de Prensa y Comercio el Primero de agosto de 2001 y desde Julio de 2004 hasta el 20 de octubre de 2006 tuve la responsabilidad del área de Comercio y Promoción de Negocios. Desde el 23 de octubre de 2006 inicie mis labores como Cónsul Alterno de México en Tucson, Arizona.

Se trata de un esfuerzo de recopilación, análisis y seguimiento de información sobre las tendencias de las migraciones de connacionales hacia los Estados Unidos y la conformación de un nuevo actor binacional –transnacionalizado– que incide en la economía, política y sociedad de México y los EU. Esta tercera y ultima entrega contiene materiales sobre la migración zacatecana a Napa, California, gracias a un ensayo de la investigadora Sandra Nichols, que es parte de su tesis doctoral que ha sido publicada en México (Coedición de Editorial Porrua y Universidad Autónoma de Zacatecas, 2006). He agregado tres importantes ensayos que complementan una visión amplia de la migración transnacional: un excelente ensayo de David Ibarra, exsecretario de Hacienda de México y funcionario de Naciones Unidas que traza un panorama histórico de las migraciones para contextualizar la migración mexicana y su entendimiento a partir de las políticas económicas en la globalización mexicana y los escenarios posibles. Un ensayo de Rafael Fernández de Castro, académico mexicano con gran activismo en los foros estadounidenses en coautoría con Ana Paula Ordorica, donde combinan el análisis de coyuntura con propuestas concretas para los negociadores gubernamentales mexicanos. Me pareció pertinente incluir el ensayo firmado por Rafael Fernández de Castro, Jorge Santibáñez, Rodolfo Tuirán y Andrés Rozental sobre el significado del Muro que el Congreso estadounidense ha aprobado construir en parte de la frontera con México. Además se incluyen mis ideas y reflexiones sobre el impacto de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el clima anti-inmigrante en Estados Unidos así como un recuento de las iniciativas anti-inmigrantes en Arizona y otros estados de la Unión Americana en el periodo 2005-2006.

Este trabajo esta inspirado en las investigaciones y paradigmas de análisis de académicos, periodistas y/o activistas comunitarios como Graciela Barajas, Jorge Durand, Jorge Santibáñez, Andrés Rozental, Rafael Fernández de Castro, Robert Courtney Smith, Rodolfo García Zamora, James Wilkie, Wayne Cornelius, José Ángel Pescador, Sandra Nichols, Pedro Lewin, Estela Guzmán, Garance Burke, Naomi Adelson, Raúl Hernández Coss, Rodolfo Tuirán, Jonathan Fox, Mario López Espinosa, David Barkin, Jorge Bustamante, Scott Robinson, Carlos Baradello, Raúl Ross Pineda, Florencio Zaragoza, Roberto Suro y Jeffrey Passel entre otros. Por supuesto que ninguno de ellos tiene responsabilidad en las opiniones y criterios que desarrollo a lo largo de este trabajo.

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Zacatecanos en Napa California

Dra. Sandra Nichols (investigadora del Instituto de Estudios Rurales de California y autora de un libro publicado en junio de 2006 en coedición de Porrua y Universidad Autónoma de Zacatecas sobre la migración zacatecana a Napa, California.

Cuatro jerezanos llegaron a trabajar con la familia Mondavi en Napa, California hace cinco décadas. Hoy, más de mil mexicanos originarios de Jerez, Zacatecas viven en la zona famosa por su producción vinícola. Ellos han enriquecido con su trabajo un lugar del vecino del norte al precio de dejar atrás un pueblo fantasma.
Mientras empieza la cosecha de uvas de 2002 en el valle de Napa, California, y mientras la última ola de turistas llena los viñedos y spas, un grupo de mexicanos de Jerez, Zacatecas, celebra el papel que su comunidad ha jugado durante décadas en la industria vinícola del valle. Este otoño serán 50 años desde que cuatro jóvenes braceros del municipio de Jerez llegaron al pueblo de St. Helena, al norte del valle, para ayudar a la familia Mondavi, de origen italiano, en la cosecha y prensa de 1952. Desde entonces, el crecimiento de la relación entre Jerez y Napa ha ido al parejo del ascenso de la fama enológica del valle. Una de las consecuencias es que hoy más de mil jerezanos viven en Napa.

Los Migrantes del Mayab

Sólo uno de los cuatro pioneros originales sigue vivo, y está jubilado; ha dejado de migrar y cultiva sus tierras en Jerez. Sin embargo, los descendientes, parientes y vecinos de esos cuatro hombres ahora juegan un papel importante en las prósperas industrias del vino y el turismo de Napa. Los recién llegados todavía pueden empezar trabajando en los viñedos, pero otros han subido a los rangos altos de la industria, llegando a trabajar como gerentes de viñedo y, dentro de las bodegas, como especialistas de equipo, jefes de bodega e inclusive en la prestigiosa posición de viticulturista. Algunos de los hijos y nietos de esos braceros pioneros se han establecido y comprado casas en Napa; algunos se han titulado en universidades. Sin embargo, la mayoría mantiene lazos estrechos con sus comunidades de origen en Jerez, y particularmente con el pequeño pueblo Los Haro, de donde gran parte de ellos proviene originalmente. Mandan dinero y bienes de consumo de manera constante para apoyar a sus parientes y padres ancianos; muchos construyen casas y siembran huertas de árboles de durazno con el sueño de regresar algún día a jubilarse. Cuando se acaba la cosecha de uvas, regresan en masa para la fiesta del santo patrono, a finales de octubre.
La ganancia para Napa, sin embargo, se ha convertido en una pérdida para Los Haro. La población de la comunidad ha disminuido en una tercera parte en los últimos 17 años, pasando de mil 200 habitantes en 1985 a 806 en 2002. Antes los hombres migraban por temporadas para completar los ingresos de la familia; ahora la mayoría se lleva a vivir a su familia a Napa, donde las oportunidades son mejores que en su región de origen, semidesértica y de lluvias impredecibles. En la zona de Los Haro, el costo de los productos químicos necesarios para cultivar orquídeas –una de sus fuentes de ingresos– sigue en aumento y los precios de las cosechas de otros productos agrícolas son muy bajos.
Durante una parte del año, Los Haro parece un pueblo fantasma, en vez de la comunidad vibrante que antes era. Casas completamente amuebladas, construidas y equipadas con los salarios de Napa ahora están vacías y llenas de polvo. Las paredes carcomidas y las malas hierbas invaden las entradas. Este aspecto triste y vacío es captado en la canción "Casas solas", interpretada por El Chanx, un vaquero-cantante mexicano y nieto de uno de los pioneros. Es sólo durante la fiesta de octubre y las vacaciones navideñas que el pueblo revive, cuando las familias regresan para abrir sus casas y se involucran en una ronda interminable de bodas, bautismos y quince años, mientras los hombres ensillan sus caballos para participar en el deporte ranchero de la coleada.
En el valle de Napa, una tarde de domingo, hace poco, cuatro generaciones se reunieron para conmemorar el aniversario número 50 de la presencia de su comunidad en este lugar. Como geógrafa que ha estado estudiando y escribiendo sobre esta comunidad durante los últimos seis años, fui invitada al festejo. Ahí, ante todos, me paré para agradecerles su ayuda y hospitalidad y para volver a contar a todos los presentes la historia de la llegada de los cuatro pioneros originales y la evolución de esta robusta comunidad trasnacional.
Para concluir, entregué copias del manuscrito a un representante de la Sociedad Histórica de St. Helena y a la Biblioteca Pública. El documento, que formará parte de la histórica «Biblioteca del Vino», es probablemente el primer trabajo dedicado a la contribución de los mexicanos a la industria del vino en Napa, una contribución que sigue siendo invisible para los millones de turistas que visitan el valle cada año.
Para la vieja generación, fue algo sorprendente darse cuenta de que sus luchas, sacrificios y trabajo duro hubieran hecho una diferencia tan grande para la gente de dos lugares, en dos países distintos. Mientras a algunos de la nueva generación les conmovió el hecho de que a una fuereña le interesara su comunidad lo suficiente para escribir de ella, y decidieron aprender más sobre su historia.
Sandra Nichols recibió recientemente su doctorado en geografía de la Universidad de California, en Berkeley. Su tesis se titula Saints, Peaches and Wine: Mexican Migrants and the Transformation of Jerez, Zacatecas and Napa, California y fue publicada en español en junio de 2006 por Editorial Porrua y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Este artículo fue publicado en Suplemento Masiosare de La Jornada, Mexico DF, 29 de septiembre de 2002.

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Transnacionalizacion empresarial mexicana: la experiencia de la Aceleradora de Negocios de Alta Tecnología (www.techba.com) impulsada por el gobierno mexicano en el Valle del Silicio en California

Un nuevo tipo de experiencia transnacional es el caso de las empresas y empresarios mexicanos de alta tecnología que gracias a los esfuerzos conjuntos del gobierno de México con la Fundación México-Estados Unidos para la Colaboración Científica así como CONACYT y el Instituto Politécnico Nacional se han establecido en la Aceleradora de Negocios de Alta Tecnología (www.techba.com) en California desde principios de 2005, y en Texas, Canadá y España en el curso de 2005 y 2006.

El gobierno de México ha impulsado desde Febrero de 2005 a pequeñas y medianas empresas mexicanas para que participen en un acelerador de empresas en materia tecnológica ubicado en el Valle del Silicio en San José, capital californiana de la alta tecnología.

El acelerador tecnológico tiene como finalidad ayudar a las empresas mexicanas a ser más competitivas de manera global. En la ceremonia inaugural participaron Fernando Canales Clariond, secretario de Economía, Sergio García de Alba, subsecretario de pequeña y mediana empresa, Bruno Figueroa, Cónsul general de México en San José y Alfonso de Maria y Campos, cónsul general de México en San Francisco, ambos cónsules han estado apoyando este proyecto de manera logística y atendiendo las necesidades de contactos empresariales de las empresas de la Aceleradora Tecnológica (www.techba.com) a través de la Oficina de Comercio y Promoción de Negocios del Consulado en San Francisco.

El 28 de febrero de 2005 el secretario de Comercio de México, Fernando Canales, acompañado de diversas personalidades incluyendo Ron Gonzáles, Alcalde de San José, inauguro la aceleradora de empresas mexicanas en el conocido Valle del Silicio en San José, California. Esta innovadora tarea del gobierno mexicano es un proyecto de gran envergadura para formular la participación de 25 empresas Pequeñas y Medianas de México en su primera etapa, para que mejoren su desarrollo tecnológico y aprovechen el desarrollo de nuevas tecnologías y la capacidad competitiva global que está instalada en el famoso Valle del Silicio, capital mundial de la innovación tecnológica. El proyecto de Techba se ha extendido a Texas, Canadá y en noviembre de 2006 se inauguro una nueva oficina en Madrid de acuerdo con información proporcionada por Janna Nieto Karam, directora de Tecnología de la Secretaria de Economía.

Jorge Zavala, director ejecutivo del programa TechBa, que es como se conoce este proyecto, señaló que se esta trabajando con empresas mexicanas establecidas, que tiene potencial para un mercado global, son empresas reconocidas en el mercado pero que aún son pequeñas. Zavala esta promoviendo en conjunto con la red consular mexicana en EU, Cancillería y FUMEC una red binacional de talentos que busca relacionar a cerca de un millón de profesionales mexicanos radicados en EU con científicos y directivos de empresas y gobierno en México que aproveche el talento mexicano en ambas direcciones: para transferir conocimientos y habilidades de alta tecnología y comercialización global para el desarrollo de las empresas mexicanas que operan en ambos países. Más información: jorge.zavala@techba.com

Este proyecto tiene un incentivo de 100 mil dólares por parte del gobierno mexicano que fue otorgado a nueve de las 25 empresas y las otras 16 empresas recibieron 50 mil dólares para un programa más ligero de aceleración. Las 25 empresas mexicanas terminaron su aceleración en septiembre de 2005 y están ya instaladas en San José para aprovechar el desarrollo e innovación tecnológica de la región. Es un proyecto del gobierno mexicano muy innovador que busca integrar los últimos desarrollos tecnológicos de este Valle y será muy importante para la competitividad de las empresas mexicanas. En agosto de 2006, Techba se encontraba en la tercera generación de empresas mexicanas seleccionadas para acelerar sus negocios en San José. En Diciembre de 2006 se inicio en San José, California, la cuarta generación de empresas mexicanas «transnacionalizadas» gracias a Techba.

Jana Nieto Karam, directora de tecnología de la Secretaria de Economía recalco que «Techba es un programa de la Secretaria de Economía operado por Fumec (Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia) en colaboración con The Enterprise Network (TEN), y apoyada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Universidad Panamericana (UP) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). La Secretaria de Economía es la responsable de desarrollar el programa Techba y los servicios que ofrece».

Revolución demográfica mexicaniza California y la región de San Francisco

Demográficamente, California y la región de la bahía experimentan un cambio muy significativo: en el estado el 42 por ciento de los nacimientos desde 1999 son de madres latinas y hoy septiembre de 2005, el 50 por ciento de los niños y jóvenes inscritos en el sistemas escolar público de primaria a preparatoria de California son latinos, en su inmensa mayoría de origen mexicano. Para la región de la bahía se percibe un fuerte incremento de población asiática y latina. En el 2020 dos tercios de la población total del estado será asiática y latina. La población mexicana y de origen mexicano en la circunscripción consular de San Francisco que incluye el noroeste de California se calcula en alrededor de 750 mil personas, una cantidad similar atiende el Consulado General en San José. Los indicadores demográficos y las tendencias del Censo 2000 indican un crecimiento significativo de mexicanos y de origen mexicano en la región de Sacramento que supera las 500 mil personas. Se puede tener una idea de la proporción de connacionales por estado de origen gracias a la base de datos de la expedición de matriculas consulares por cada circunscripción consular en Estados Unidos que difunde el Instituto para los mexicanos en el exterior en su pagina Internet www.sre.gob.mx/ime

La ofensiva anti-inmigrante y antimexicana en Estados Unidos en la era post 11 de septiembre y post-movilizacion latina

Antecedentes. La nueva tendencia del activismo anti-inmigrante a nivel local se inicio con las leyes de Arizona aprobadas en el verano de 2005, estas legislaciones han inspirado a otros estados a imponer controles más estrictos a la inmigración indocumentada, son leyes que sin manifestarlo explícitamente han sido pensadas y aprobadas para limitar y dificultar la vida e inserción laboral del inmigrante mexicano sin documentos. En noviembre de 2006 en el estado de Arizona se aprobaron varias propuestas que confirman el profundo sentimiento contra los migrantes indocumentados.

Las leyes anti-inmigrantes que entraron en vigor en Arizona permiten a la policía local perseguir a traficantes de personas y prohíben que los municipios utilicen fondos para la creación de centros de jornaleros y hacen que ser indocumentado se convierta en una agravante a la hora de recibir una sentencia. La Legislatura del estado por donde ingresa un 40% de la migración indocumentada del país produjo al menos unas 20 propuestas consideradas anti-inmigrantes desde que se aprobó una iniciativa por el voto popular conocida como la Proposición 200.

Los defensores de esa ley promovieron la medida con la promesa de que impediría a los indocumentados acceder a beneficios públicos y combatiría el fraude electoral.

«Arizona es líder en el país por los esfuerzos para frenar la inmigración ilegal, ya sea desde el control fronterizo del gobierno, hasta la presencia de grupos como los Minuteman, al igual que las políticas domésticas que el estado adoptó contra el apoyo a centros de jornaleros», dijo Jack Martin, director de proyectos especiales para la Federación Americana por una Reforma Migratoria (FAIR).

De acuerdo con Martin, algunas de las leyes, como la que prohíbe utilizar fondos de los contribuyentes en la apertura de centros para trabajadores jornaleros serán un modelo a seguir e imitar por otros estados como California y Virginia, donde recientemente se ha vivido un debate para impedir que se abran algunos centros.

FAIR, una organización en Washington que aboga por una reducción del flujo migratorio, financió la campaña de la Proposición 200 argumentando que los indocumentados representan una carga fiscal para el estado hasta por un monto de 1,300 millones de dólares. «La mayoría de las leyes que hemos visto que surgen de los estados son para castigar al trabajador indocumentado», dijo Michelle Waslin, directora de políticas de investigación de inmigración para el Consejo Nacional de La Raza (NCLR). «Ha habido un sinnúmero de restricciones para que los migrantes consigan licencia de conducir, intentos de que la policía haga el trabajo de inmigración y limitaciones en la aceptación de las matrículas consulares y los beneficios públicos».

El ejemplo de Arizona ya ha inspirado a otros movimientos para promover medidas similares a la Proposición 200, son mas de 500 propuestas en el curso de apenas 11 meses (entre agosto de 2005 y julio de 2006), y se han aprobado un poco mas de cincuenta de estas iniciativas. Entre los activistas anti-inmigrante se encuentra el grupo Protect América Now, basado en el nombre del comité que impulsó la Proposición 200, y que ya cuenta con apoyo en Arkansas, Georgia, Nebraska, Tennessee, Virginia y Washington.

En Virginia, la Legislatura estatal aprobó una medida que limitará el acceso de inmigrantes a beneficios públicos. Aunque numerosas propuestas no han pasado de su lectura en un comité por no contar con suficientes votos, en el curso de 2006 se ha observado que muchas legislaturas han vuelto a resucitarlas, dijo Flavia Jiménez, analista política para NCLR. «Organizaciones como FAIR van a volver a impulsar iniciativas como la 200, como ya lo estamos viendo en Colorado».

Utilizar a Arizona como un laboratorio de prueba para este tipo de leyes facilita el trabajo de los legisladores, explicó en el verano del 2005, Rosalind Gold, subdirectora de políticas para la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Nombrados (NALEO). «Es muchísimo más fácil tomar una ley que ya está escrita, que logró pasar por la Legislatura y sobrevivir una demanda en la corte», comento Rosalind Gold.

Según Gold, es en los estados donde hay un mayor crecimiento de la población inmigrante donde se ha empezado a ver una proliferación de medidas más estrictas contra la inmigración indocumentada. En Kansas surgió legislación para imponer sanciones contra empleadores de indocumentados, y en Georgia, donde ha habido un aumento dramático de la población latina, se aprobó una ley para presentar identificación en los comicios, ejemplificó Gold. «Desafortunadamente, muchos estados están utilizando al inmigrante como el chivo expiatorio», puntualizó.

La respuesta en California a este movimiento podría ser diferente, dijo Jaime Gutiérrez, vicepresidente de la Universidad de Arizona, y ex senador de ese estado. «Por lo general, lo que pasa a California afecta a nuestro estado», dijo. «La Legislatura arizonense ha sido mucho más anti-inmigrante que en cualquier otra parte».

Tom Boone, un legislador republicano de Arizona que propuso legislación para bloquear el acceso de indocumentados al cuidado de niños y a la educación universitaria, opinó que se trata de un movimiento anti-ilegal no anti-inmigrante.

«Nuestro problema aquí es que somos un estado fronterizo, y vemos más inmigración ilegal que cualquier otro. El gobierno federal no está haciendo nada para resolver el problema», subrayó Boone en agosto de 2005. Las medidas aprobadas en 2006 de mandar la Guardia Nacional a la frontera y de construir la barda fronteriza reforzando a la patrulla fronteriza con mas sensores sofisticados y personal son la respuesta de los legisladores federales a las presiones de los diversos grupos de activistas que pugnan por el control de flujo de personas indocumentadas y en especial la aprobación de leyes para bloquear y limitar el acceso a trabajo y servicios a los indocumentados que ya tienen tiempo en Estados Unidos.

Después de la Proposición 200 y las leyes anti-inmigrantes que firmó la gobernadora de Arizona, se están abriendo las puertas para que la Legislatura siguiente vuelva a arremeter contra el inmigrante», dijo el activista Salvador Reza, en Arizona. Reza, quien también coordina uno de los únicos centros de jornaleros en Arizona, formó una coalición de grupos comunitarios para pedir a otros estados que se sumen a un boicot económico contra el estado.

El grupo denominado Boicot Arizona Now busca presionar a los políticos locales para que dejen de apoyar leyes que dañen a la comunidad inmigrante. (Este segmento esta basado en el reportaje «Arizona, laboratorio de leyes contra indocumentados» publicado el 15 de agosto de 2005 en La Opinión de Los Ángeles por Valeria Fernández, reportera de La Voz de Phoenix, Arizona).

El panorama de las políticas anti-inmigrantes en los Estados Unidos durante el periodo 2005-2006 tomo un claro sesgo anti-mexicano y de carácter abiertamente racista en muchas localidades. Influidos en parte por las presiones electorales del año 2006, los políticos y legisladores han estado aprobando y proponiendo iniciativas de ley y ordenanzas para limitar el acceso a los inmigrantes indocumentados a los empleos, vivienda y servicios gubernamentales. Según el argumento de los que incitan y promueven las legislaciones anti-inmigrantes, los indocumentados están poniendo en aprietos la capacidad y las finanzas de escuelas y hospitales y agotando las finanzas de las tesorerías de ciudades, condados y estados.

Durante 2006 más de 500 iniciativas relacionadas con asuntos migratorios se han propuesto en legislaturas estatales y municipales, de las cuales han sido aprobadas 57 en 27 estados de la Unión de acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Los casos más extremos han sido las legislaciones de abril de 2006 del gobernador Sonny Perdue de Georgia y la de la legislatura de Colorado del 10 de julio de 2006 que restringen derechos laborales de los indocumentados. En junio de 2006 varios legisladores de Pennsylvania propusieron un paquete de medidas legales que prohíben el gasto publico en servicios que beneficien a los indocumentados y varias ciudades y localidades de este estado están considerando sanciones en contra de los caseros que renten a indocumentados o a empresarios que empleen a dichos inmigrantes.

De acuerdo con el diario Wall Street Journal del 12 de julio de 2006 en el estado de Idaho viven aproximadamente 19 mil inmigrantes sin documentos, muchos de ellos empleado en empacadoras de carne y la industria de la construcción y las autoridades del Condado de Canyon presentaron en 2005 una demanda contra empresas agrícolas y otros empleadores acusados de contratar indocumentados.

La demanda del Condado pretende recuperar los gastos que tuvieron en servicios públicos a indocumentados. Después de que las Autoridades judiciales federales desecharon el caso, los comisionados del Condado votaron al principio de 2006 contra demandar la decisión federal.

Estas iniciativas locales no distinguen diferencias partidistas y se generan en el contexto de las diferencias entre el Senado y la Cámara de representantes en sus distintas perspectivas de la discusión de una nueva ley migratoria. Los representantes federales pugnan por reforzar el control de la frontera con México y rechazar cualquier tipo de amnistía o regularización migratoria de los indocumentados que ya se encuentran en Estados Unidos. La mayor parte de las iniciativas locales y estatales están en contradicción con la legislación federal que define claramente a quien corresponde aplicar las leyes migratorias y que excluye precisamente el involucramiento de autoridades locales y estatales. En este contexto, los grupos pro-inmigrantes y organizaciones comunitarias cuestionan fuertemente la legalidad de estas iniciativas locales y abogan por presentar una serie de iniciativas legales para neutralizar las acciones de localidades y legislaturas estatales.

Las razones de este furor anti-inmigrante se explican por varios factores: el manejo político electoral que busca crear «culpables» y «enemigos» en un clima donde se distorsiona la realidad social, política y cultural y los inmigrantes indocumentados o cualquier persona que tenga «apariencia» de «fuereño» o «extranjero» puede ser rotulado o estigmatizado como «persona non grata». El fenómeno incluye legislaciones a favor de «solo ingles», mostrar identificación para votar y probar residencia legal para realizar trámites que con anterioridad no requerían de dichas identificaciones o pruebas de residencia. En ciertas situaciones, se están aplicando medidas sin necesidad de legislar que inhiben prácticas sociales o religiosas de los recién llegados.

Una percepción que esta generalizada como estereotipo en muchos núcleos de población anglosajona y nacida en EU es la idea de que el inmigrante indocumentado genera gastos y costos adicionales sin aportar impuestos y dinero a las tesorerías municipales y estatales. La realidad demostrada por infinidad de estudios en este rubro demuestra fehacientemente que en la gran mayoría de los casos el inmigrante indocumentado aporta mucho mas de lo que recibe ya sea por dinero aportado al Seguro Social sin recibir nada a cambio, los aportes de impuestos como empleado que son descontados a sus cheques ya que la inmensa mayoría de los indocumentados tienen que darse de alta con documentos fraudulentos para poder trabajar, el empleador exige en casi todos los casos que el trabajador presente una tarjeta verde y un numero de Seguro Social, los aportes acumulados de los indocumentados a la autoridad de los impuestos (IRS) y al Seguro Social en la ultima década supera fácilmente los 300 mil millones de dólares y no reciben servicios equivalentes a esa cantidad.

La única región de Estados Unidos donde si existe un incremento de gasto notorio por servicios de emergencia y no hay aportes sustanciales de los indocumentados es la región fronteriza de Texas, Nuevo México, Arizona y California. Gastos que ponen en fuerte dificultad a los condados fronterizos pero que el balance nacional de los aportes monetarios de los indocumentados cubre con creces ese déficit de su aporte en la frontera.

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Acuerdo migratorio: ¿Una ambición desmedida?

Rafael Fernández de Castro y Ana Paula Ordorica

La revista mexicana Nexos es una de las publicaciones que de manera constante ha abordado el tema migratorio en sus diversas aristas e implicaciones, la gran mayoría de estos ensayos se pueden leer en la pagina Internet www.nexos.com.mx que es de acceso gratuito y mantiene la mayor parte del archivo histórico de la revista. En este ensayo a cargo de Rafael Fernández de Castro y Ana Paula Ordorica, se discute sobre cuál sería la mejor estrategia mexicana para atender el tema de la reforma migratoria que está en la agenda del Congreso y del gobierno de Estados Unidos para 2007. Aunque este ensayo se publico en 2005, muchas de sus premisas y planteamientos son validas y actuales para las posibles estrategias de negociación y cabildeo del presidente Felipe Calderón y su equipo.

La realidad de México es tan dura que cerca de medio millón de personas lo abandonan al año. Ante la atracción de la economía vecina dejan atrás hogar y familia para emigrar a Estados Unidos en busca de un futuro que aquí se les ha negado. En los últimos diez años de migración de mexicanos a Estados Unidos se han roto todos los esquemas y pronósticos. Ya no migran sólo hombres jóvenes de escasos recursos y del campo; el perfil del migrante es casi idéntico al mexicano promedio. Se había estimado que por la crisis económica y el estancamiento del campo, en la década de los años noventa se registraría la cúspide del volumen migratorio, pero al acercarse el fin del sexenio de Vicente Fox el ritmo del flujo emigrante se ha sostenido e incluso incrementado. Es decir, en la actualidad migran los que pueden, de todas partes de México y a todos los estados de la Unión Americana. Además, los que se van lo están haciendo para no volver. Se ha roto la circularidad de la migración.
La migración de mexicanos y mexicanas a Estados Unidos (se enfatiza el género no por moda, sino porque el ritmo de crecimiento del número de mujeres que migran no tiene precedente) cuenta con añejas raíces históricas, pero en las últimas tres décadas se ha incrementado a niveles nunca imaginados. La explicación es compleja. La teoría sostiene que lo que dispara el proceso migratorio es un evento económico, pero una vez que se inicia, son las redes sociales que se establecen en ambos lados de la frontera las que lo sustentan. En el caso de México la migración se explica por la mayor integración económica entre ambos países, la creciente demanda de trabajadores mexicanos en el vecino país, la incapacidad de la economía mexicana para absorber el acelerado crecimiento de la fuerza de trabajo, las profundas brechas salariales entre ambas economías, pero sobre todo por la configuración de amplias redes sociales que contribuyen a estimular y reproducir el fenómeno. Esas redes y cadenas explican que Nueva York esté lleno de poblanos, Chicago de zacatecanos y Atlanta de guerrerenses.
Un estudio reciente del Pew Hispanic Center, con sede en Washington, indica que el número de mexicanos que migran a Estados Unidos cada año se ha incrementado de tal manera que actualmente uno de cada ocho adultos nacidos en México vive allá. Según el demógrafo Jeffrey S. Passel, del Pew Hispanic Center, la ola de indocumentados en Estados Unidos ha pasado de 40 mil mexicanos al año en 1980, a 485 mil en 2004. Así, de los 10,3 millones de indocumentados que se calcula residen en Estados Unidos en la actualidad, el 56%, o sea, 5,9 millones, son mexicanos. Esta ola creciente se obstina en no menguar. De acuerdo con el mismo estudio, cuatro de cada diez mexicanos estarían dispuestos a emigrar a Estados Unidos y dos de cada diez lo harían aun sin contar con papeles para hacerlo legalmente.
Ante el auge de la migración indocumentada la preocupación de ciertos sectores sociales de Estados Unidos ha ido en aumento, y empiezan a surgir teorías como las del profesor Samuel Huntington, de Harvard, que predicen que por ser tantos los mexicanos en Estados Unidos y provenir de un país contiguo no se adaptarán a su nueva sociedad como lo han hecho otras oleadas de migrantes en el pasado, como la italiana, la polaca o la irlandesa. O bien, dos gobernadores fronterizos demócratas, Jane Napolitano, de Arizona, y Bill Richardson, de Nuevo México, incentivados por la incapacidad de las autoridades federales, estatales y municipales de México para poner orden en algunas regiones de cruce fronterizo, han pegado el grito en Washington insistiendo en que el gobierno de Bush ha abandonado a su suerte la frontera con México.
El tema migratorio es central tanto para México como para Estados Unidos. Incluso, desde que el presidente Vicente Fox lo puso en la mesa de negociación, se ha vuelto una especie de grillete para la relación entre ambos países: o se reordena y encontramos un nuevo acomodo o servirá de lastre para avanzar en la cooperación bilateral. Como vecinos y socios comerciales, es preciso encontrar la manera de lidiar con un fenómeno que tiene causas y consecuencias que atraviesan prácticamente todas las esferas de actividad de ambos países.
Vecinos distantes. Desde que expiró el último acuerdo bracero en 1964, la política migratoria mexicana ha sido calificada como la de «no tener política». Es decir, el gobierno ha hecho todo lo posible por mantener abierta la válvula de escape al desempleo y a los bajos salarios. Eso sí, insistiendo en que se respeten los derechos humanos y laborales de los connacionales. Es decir, las demandas a Washington para que se respeten los derechos humanos de los trabajadores y la protección consular no han estado acompañadas de una tarea interna –fomento a la inversión en zonas de alta expulsión, programas agresivos para que se evite la explotación a los paisanos cuando vienen de visita, o bien poner orden y legalidad en la frontera sur–. En síntesis, ha habido más retórica que políticas públicas y se ha sido más exigente con el vecino que en nuestra propia casa.
Para Washington el tema de la migración es y ha sido de política interna y se ha manejado de manera unilateral, independiente a la opinión de México. En 1986 se promulgó una importante reforma migratoria, la ley Simpson-Rodino o reforma para el control de la migración (IRCA por sus siglas en ingles). La IRCA contenía dos grandes e inusitados apartados: el primero era el «garrote», la aplicación de sanciones económicas para los empleadores de trabajadores ilegales y más severas medidas de control fronterizo; el segundo era la «zanahoria», una amnistía generalizada para los indocumentados. Sin embargo, a los pocos años de aplicación de la ley, lo único que funcionó de la IRCA fue la amnistía, la cual permitió la regularización de más de dos millones de mexicanos. Ni se controló la frontera sur y las sanciones a empleadores se evitaron con la emergencia de una industria de identificaciones falsas.
Ante el fracaso de IRCA, el presidente Bill Clinton se vio presionado por un creciente sentimiento antiinmigrante en California e incluso en el Capitolio. Ello coincidió con su intento de reelección en 1996. El «amigo» Clinton inauguró una política de control policiaco en la frontera con México, tratando de intimidar a quienes quisieran emigrar a Estados Unidos a través de una serie de medidas para controlar la frontera, como la «Operación Guardián» en San Diego y la «Mantén la Línea» en El Paso, así como una expansión sin precedentes de la patrulla fronteriza. En esos años se erigieron los muros metálicos y las alambradas que evocaban al muro de Berlín. Desde entonces y hasta la fecha se han destinado más de 20 mil millones de dólares para lograr el «amurallamiento» de la frontera sur.
A diez años de haberse puesto en marcha, las consecuencias de esa política de disuasión mediante la intimidación revelan que ha fracasado en todos los frentes. En lugar de disuadir a los migrantes, éstos han cambiado las rutas de ingreso. Antes se utilizaban Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Reynosa y Matamoros como principales puntos de cruce; ahora los migrantes transitan por Agua Prieta, Sásabe y Sonoyta (Sonora). Estos cambios hacia rutas más peligrosas y desconocidas han provocado un aumento en la demanda de coyotes. Antes sólo el 15% de los migrantes solicitaban sus «servicios»; ahora el 41% recurre al coyote, por lo que las tarifas se han elevado de 143 dólares en 1994 a 490 dólares en 1995, para oscilar actualmente entre los dos mil y dos mil 500 dólares. Por otro lado, ante la dificultad de transito, los indocumentados han optado por quedarse más tiempo en Estados Unidos, algunos de forma permanente. Las muertes de quienes intentan cruzar la frontera, la consecuencia más trágica de la política migratoria actual, han aumentado enormemente. En los últimos nueve años la frontera México-Estados Unidos ha cobrado diez veces más vidas que el muro de Berlín en sus 28 años de existencia, y el número de migrantes muertos en su intento por cruzar a Estados Unidos desde 1995 ha sido mayor (tres mil 14) que las vidas cobradas con los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 (dos mil 752).
Acuerdo migratorio, ¿una ambición desmedida? En septiembre del año 2000 Vicente Fox, aún como presidente electo de México, viajo a Canadá y Estados Unidos tras su triunfo del 2 de julio que le permitió ser visto y recibido como un campeón mundial de la democracia. Como parte de este reconocimiento internacional a Fox, George W. Bush, quien asumía su mandato casi simultáneamente, decidió realizar su primer viaje internacional al rancho de Fox en San Cristóbal, Guanajuato. El entonces canciller, Jorge Castañeda, leyó la oportunidad de proponer un acuerdo migratorio integral que permitiera escalar la relación México-Estados Unidos a un nivel mayor, al estilo de lo que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari había logrado con el TLCAN. Unos meses después, funcionarios mexicanos y estadunidenses entablaban negociaciones. Por primera vez México era quien tomaba la iniciaba en el tema migratorio. El parte aguas radicaba en la aceptación de corresponsabilidad por parte del gobierno mexicano en el tema migratorio. La «enchilada completa», como llamó Castañeda al acuerdo migratorio integral propuesto por México, centraba las negociaciones en cinco puntos: 1) el establecimiento de un programa de trabajadores huéspedes; 2) la regularización de migrantes indocumentados que cumplieran con ciertos criterios; 3) proyectos socioeconómicos de desarrollo para las zonas mexicanas de expulsión de migrantes; 4) cooperación en la administración y seguridad de la zona fronteriza y, 5) creación de condiciones favorables para la reunificación familiar.
El 6 de septiembre de 2001, al término de la visita de Estado de Fox a Washington, se emitió un comunicado conjunto que daba cuenta de que el viaje había dado pie a un diálogo más franco y fructífero que habían sostenido ambos países en el tema migratorio. En ese momento Bush fue enfático en la necesidad de cambiar la política migratoria que hasta entonces había emprendido la Casa Blanca para lograr igualar el número de empleos demandados con el número de trabajadores requeridos. Con esto, el presidente estadunidense señalaba lo que parecía ser una nueva era para la relación bilateral.
Sin embargo, cinco días después, el 11 de septiembre, mientras la diplomacia mexicana seguía celebrando la visita a Washington, Estados Unidos sufrió el primer ataque en su territorio -un atentado terrorista mayúsculo-. El centro de atención de la administración Bush giró hacia el combate al terrorismo y la defensa de las fronteras estadounidenses. Sepultadas entre los escombros de las Torres Gemelas de Nueva York quedaron las conversaciones hacia un acuerdo migratorio integral. También se terminaba el periodo de atención especial de Washington hacia el vecino del sur, y pronto la gran camaradería de Fox y Bush se convertiría en una serie de recriminaciones mutuas. En la recta final del sexenio de Fox y ante un panorama bastante negro para el migrante mexicano, tanto el que ya está en Estados Unidos como para el que piensa emigrar, surge la pregunta: ¿fue la búsqueda del acuerdo migratorio una ambición desmedida del gobierno de Fox?
Quizás. El sociólogo alemán Max Weber apunta que no se arriba jamás a lo posible si no se intenta repetidamente lo imposible. Al respecto, habría que señalar que para muchos la primera propuesta por lograr un tratado de libre comercio con Estados Unidos a fines de los años ochenta también se vislumbró como una ambición desmedida. Lo importante a destacar es que apenas comenzaba la ambición de lograr un acuerdo migratorio. La euforia del inicio del «gobierno del cambio» hacía parecer que el acuerdo tenía grandes posibilidades de prosperar. La realidad era otra. Faltaba un sinuoso, conflictivo y largo camino que recorrer en el Congreso estadounidense, entre varios sectores de la sociedad, así como en el grado de compromiso del propio presidente Bush.
Mucha tinta ha corrido denunciando la pésima reacción del gobierno de Vicente Fox a los atentados del 11 de septiembre. Efectivamente, el ejecutivo mexicano se paralizó y se mostró titubeante y ausente ante la gravedad del momento. Lo relevante, en todo caso, es que la agenda de Washington sufrió un giro radical para concentrarse en el combate al terrorismo internacional y en asegurar su territorio. Cuatro años después y ya cerca del final del sexenio de Fox, surgen las interrogantes: ¿qué es lo que logró la ambición desmedida de Fox? y ¿cómo se está gestando el debate en Washington que tarde que temprano reformará su sistema migratorio?
Más allá de las ambiciones de trascendencia de Vicente Fox y su canciller Castañeda, la propuesta mexicana de un acuerdo migratorio integral sirvió para abrir el telón e iniciar la puesta en escena de un intenso debate sobre el tema en el Capitolio. Fox convenció a Bush de que el statu quo migratorio ya no era conveniente ni para México ni para Estados Unidos. Al iniciar su primer periodo, Bush no tenía en su radar a la migración. Sin embargo, llamó la atención que, al reelegirse en 2004, hiciera un llamado a mejorar un sistema migratorio «roto».
El debate sobre la reforma migratoria en Estados Unidos. Sobra decir que una vez más los estadounidenses enfrentan el problema migratorio de manera unilateral, y de nuevo estamos los mexicanos a la expectativa de lo que la superpotencia vecina decida. Al regresar del receso del verano en 2005, el Capitolio cuenta ya con 14 iniciativas de ley conducentes a una reforma migratoria. Según los especialistas, las más relevantes son dos del Senado: una bipartidista –Kennedy-McCain– y otra republicana, encabezada por quien preside el subcomité de migración –Cornyn-Kyle–. De éstas, la primera resulta la más integral porque combina un programa de trabajadores huéspedes, con un «castigo» monetario para los trabajadores ya establecidos en Estados Unidos. Por su parte, la de Kyle y Cornyn se presenta como una reforma más estricta que, además de buscar incrementar el presupuesto para hacer más hermética la frontera, pide al migrante ya establecido en Estados Unidos regresar a su país de origen a tramitar su reingreso de manera legal. El debate se ha incentivado por los reclamos de los gobernadores de Arizona y Nuevo México, quienes declaran a sus estados como zonas de emergencia fronteriza, instando al presidente Bush a que no sólo observe el debate del Congreso sino a que tome parte activa e incluso que lo encabece.
George W. Bush se encuentra en una encrucijada. Sabe que reformar la actual política migratoria no sólo compondría un sistema roto, sino que también podría obtener beneficios políticos para él y su partido. La importancia de los latinos no se puede ignorar. Tradicionalmente los electores de origen latinoamericano han favorecido a los demócratas. Sin embargo, Bush logró un apoyo sin precedente de los latinos en su segunda elección presidencial. Según la CNN, este voto se elevó de 32% en la elección del 2000 al 44% en la de 2004. Una reforma al sistema migratorio podría ser un instrumento que permita a los republicanos y a Bush capitalizar el acercamiento latino.
Por otro lado, el debate en el Congreso y en la sociedad estadounidense se perfila agrio y difícilmente puede predecirse cuánto durará. Cualquier propuesta que Bush respalde tendrá que ser lo suficientemente liberal para atraer al 75% de los demócratas y lo suficientemente restrictiva para atraer al 50% de los republicanos, para asegurar el voto mayoritario que lleve a su aprobación.
La decisión sobre cuál propuesta legislativa favorecerá Bush, si se decide por alguna, no es fácil. Existen demasiadas señales contradictorias entre apoyar a los grandes empresarios, asociaciones gremiales y a los grupos latinos que demandan mayores visas y mayores trabajadores, o escuchar a los grupos de ultraconservadores republicanos, entre los que se encuentra su amigo cercano, el senador John Cornyn, y a los trabajadores nativos que ven cada vez con mayor recelo la oleada de inmigrantes. ¿Cuánto capital político está dispuesto Bush a inyectarle al tema? Esa es la gran incógnita.
México: ¿Cómo jugarla? Ante el cambio que se aproxima en el statu quo migratorio del vecino, México tiene dos opciones: jugar al avestruz o al juego de Washington. Jugar al avestruz significa no hacer nada; continuar con la tradición que hemos manejado desde el gobierno de Miguel de la Madrid de escudar nuestra falta de acción en la no intervención en el proceso interno de Estados Unidos. Esta opción puede parecer respetuosa del vecino, no obstante, y dicho ya por uno de los grandes activistas pro-migración de México, jugar al avestruz mientras el desorden y la violencia en la frontera crecen, alimenta el discurso de los antiinmigrantes en Estados Unidos y echa por tierra el esfuerzo diplomático de años para desvincular el tema migratorio del problema del narcotráfico y la violencia en la frontera. Es decir, México, en una mezcla de falta de acción por poner en orden la casa y por influir en el debate migratorio en Estados Unidos, actúa contra sus intereses y se convierte en el peor de los adversarios para solucionar el tema migratorio.
Otra opción es jugar el juego de Washington. En la época post-TLCAN sería impensable no actuar para defender los intereses mexicanos. México puede hacer mucho. El cabildeo, si se hace realista y ordenadamente, puede llegar lejos. Primero que nada, hay que tener claridad en que México no negociará con Washington un acuerdo bilateral, como se planteó en 2001. Esta expectativa se derrumbó junto con las Torres Gemelas de Nueva York. Sin embargo, México tiene que negociar y adelantarse a las decisiones que tarde o temprano se tomarán en el Capitolio. Cualquiera que sea el cambio en la situación migratoria requerirá de una mayor participación de los gobiernos de los países expulsores. En el caso de México, por ser la mayor fuente de inmigración y por ser vecino, será el país que requerirá el mayor grado de participación. Entonces, se necesita actuar y no esperar a que la ley esté aprobada y nos «dicten» cómo involucrarnos. Hay que participar de lleno en el debate, alentando las iniciativas que nos convengan y bloqueando, en la medida de lo posible, las que nos perjudiquen.
México puede y tiene que partir de una posición de fuerza ante el debate de una reforma migratoria en Estados Unidos. En éste, no hay ningún otro interés mayor que el mexicano. Además, debe insistirse en que la solución al problema migratorio es de responsabilidad compartida entre Estados Unidos como país receptor y México como país de intensa migración, lo cual –dados los retos actuales de seguridad y la complejidad del tema migratorio– amerita una reforma integral. En más de un sentido la iniciativa Kennedy-McCain es integral pues incluye la creación de un programa de trabajadores temporales de tres años y la eventual obtención de la ciudadanía; de ahí que sea imperante que el cabildeo mexicano se involucre más con esta iniciativa.
Este cabildeo deberá ser más ordenado y menos restrictivo. Es decir, debe buscar la participación no sólo del ejecutivo, sino también del Congreso mexicano, del sector privado y de los especialistas en el tema, habiendo fijado un interlocutor claro. Hoy, entre una multitud de actores e instituciones -la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, el Senado y la Cámara de Diputados, por mencionar algunas-, no se sabe bien a bien quién formula ni quién dirige la política migratoria mexicana.
Como parte agregada a las acciones mexicanas sería recomendable formalizar un diálogo subregional sobre asuntos migratorios. México y cuatro países centroamericanos (Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala) concentran casi el 75% del total de la migración hacia Estados Unidos. Entre estos países se conforma una subregión que requiere de una agenda específica. México debe iniciar un diálogo con las autoridades centroamericanas y estadunidenses y tomar acciones concretas en relación a la porosidad de la frontera sur de México, que representa un problema de seguridad serio en un escenario posterior al 11 de septiembre. Construir bardas no es la solución, pero sí lo es fortalecer la presencia del Instituto Nacional de Migración y detener la corrupción de los policías y militares en la frontera.
Tras la ambición frustrada del gobierno de Vicente Fox de buscar un acuerdo migratorio con Estados Unidos es claro que la migración aún representa el asunto más sensible, del que más se habla y el reto menos comprendido que enfrentan México y Estados Unidos. Las secuelas de esta ambición hacen evidente que ahora ambos países deben buscar un escenario realista de cooperación. El ánimo de un acuerdo migratorio ha quedado definitivamente en el pasado. Actualmente estamos de regreso en el escenario de una política unilateral por parte de Estados Unidos. No obstante, México tiene la oportunidad y la fuerza para influir en el proceso, dado el gran número de mexicanos que ya están en Estados Unidos y la existente demanda por más trabajadores de nuestro país en el vecino del norte. Ya no es viable continuar con la actitud del pasado que entiende a la migración como una válvula de escape para nuestros problemas internos. Esta postura no hace más que perpetuar la existencia de un sistema migratorio descompuesto que afecta en más de un sentido a ambos países, en particular, y a la relación bilateral, en general.
Bibliografía
Cornelius, Wayne A. (2004): Controlling «Unwanted» Immigration: Lessons from the United States 1993-2004, CCIS Working Paper 92, Universidad de California en San Diego, Estados Unidos.
Fernández de Castro, Rafael, y Andrés Rozental (2003): «El amor, la decepción y cómo aprovechar la realidad: México-Estados Unidos 2000-2003», en México en el mundo: En la frontera del imperio, Ed. Planeta, México.
Fernández de Castro, Rafael, y Roberta Clariond (en prensa): Immigration Reform in the United States.
Passel S., Jeffrey (2005): Estimates of the Size and Characteristics of the Undocumented Population, Reporte Del Pew Hispanic Center, marzo 21.
Storrs, Larry K (2005): «Mexico-Unites States Dialogue on Migration and Border Issues, 2001-2005», en Congressional Research Services Report for Congress, Biblioteca del Congreso, Estados Unidos, febrero.
Suro, Robert (2005): Attitudes toward Immigrants and Immigration Policy: Surveys Among Latinos in the U.S. and in Mexico, Reporte Del Pew Hispanic Center, agosto 16.
Verea, Mónica: «Immigration: Consensus needed in guest worker-amnesty bills», en Voices of Mexico, México, UNAM.
Agradecemos al embajador Andrés Rozental y a Mónica Verea sus valiosas opiniones para la elaboración del presente texto. La responsabilidad del texto final es nuestra.

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Migración internacional: la ola que crece

David Ibarra Muñoz

Los antecedentes. La migración internacional siempre ha estado determinada en proporciones distintas por la combinación de factores de expulsión y factores de atracción, así como por el aprovechamiento de la mano de obra desplazada, junto al mejoramiento real o supuesto del bienestar de esta última.
En historia continental, el descubrimiento de América estimuló una corriente de inmigrantes procedentes principalmente de Europa y África. Alrededor de 700 mil europeos se trasladaron a América del Norte y al Caribe entre 1650 y 1780, 50% de los cuales había suscrito contratos de trabajo temporales, casi de servidumbre, a fin de cubrir los altos costos de transporte de la época. Al propio tiempo, otras corrientes europeas empezaron a poblar el resto del hemisferio americano. Después cobró vigor el tráfico de esclavos hasta bien entrado el siglo XIX (1840). Pese a la abolición (1807) de ese tráfico, a Estados Unidos ingresaban más de 50 mil personas por año.
Con todo, la primera oleada masiva de migrantes se produce entre 1850 y 1913, asociada principalmente a la liberación inicial del comercio y las perspectivas de progreso en el nuevo mundo, así como a las revoluciones, los conflictos religiosos y la escasez de oportunidades de ascenso social en Europa. A lo anterior se añade la reducción de los costos de transporte al sustituirse los barcos de vela por vapores.
Entre 1846 y 1876 el flujo migratorio promedió 300 mil personas cada año, que subió a más de un millón al comienzo del siglo XIX. La India y China también se constituyeron en fuente de mano de obra barata. En el periodo 1830-1916 alrededor de un millón de hindúes fueron transportados a distintas colonias del imperio británico –incluidas las del Caribe– con contratos temporales de trabajo.
A partir de 1915 el desplazamiento migratorio se reduce por efecto de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de los años treinta y la aparición de políticas restrictivas en varios países. A pesar del abatimiento espectacular en los costos de transporte, esos fenómenos unidos al agotamiento de las fronteras de desarrollo de los principales países receptores, prejuicios étnicos o religiosos, acrecentaron las dificultades a la migración. Luego el auge de las economías nacionales (después de la Segunda Guerra Mundial), el proteccionismo y a las políticas de corte keynesiano, limitaron o suprimieron muchos de los atractivos de la misma.
La combinación de las fuerzas anotadas cambia poco a poco la fisonomía de las migraciones. Europa, de expulsora se convierte en receptora de emigrantes, como también los países exportadores de petróleo del Medio Oriente, mientras Asia, América Latina y África pasan a ser expulsores netos de mano de obra. Sólo Estados Unidos y Australia siguen siendo atractivos a los flujos de población, a los cuales se añaden después los territorios de la ex Unión Soviética.
Las migraciones en la actualidad. Esos son los antecedentes inmediatos a la segunda gran oleada migratoria internacional que toma cuerpo, como la primera, inducida o acompañada por la libertad transfronteriza de comercio y la implantación neoliberal del nuevo orden económico internacional (sobre todo a partir de 1980). Al parecer la internacionalización económica amplifica, ayer como hoy, los factores de atracción y repulsión que siguen de cerca a las desigualdades de ingresos, bienestar y oportunidades de progreso entre los distintos países. Se trata de un cambio estructural de primera importancia que se refleja en alteraciones significativas de las corrientes migratorias con la dramática consecuencia de intensificar las magnitudes alcanzadas por los movimientos poblacionales. Hasta 1980 la migración internacional acumulada ascendía a 100 millones de personas; ya para 2000, la cifra rebasa los 175 millones (con un incremento promedio de 3,8 millones y una tasa de crecimiento del 2,8%, cada año) para romper todos los récords históricos.
También el sentido de los flujos migratorios se ha modificado medularmente. En el siglo XIX las corrientes mayoritarias iban de naciones industriales consolidadas hacia naciones en desarrollo semivacías, que calificarían hoy como de economías emergentes (Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia, Brasil, Sudáfrica). En contraste, los movimientos de la población de hoy van de sur a norte, esto es, de la periferia al Primer Mundo. Por eso, mientras en 1960 las naciones en desarrollo retenían al 58% del total acumulado de los inmigrantes (el 42% restante se absorbía en las naciones desarrolladas), ya en el año 2000 las proporciones se habían invertido: 37% en las primeras y 63% en las segundas. Las cifras anteriores destacan mudanzas en varios sentidos. En primer término, a la cuantía sin precedente de las poblaciones que se movilizan, se añade la preponderancia de los factores de expulsión sobre los atractivos de los países receptores, fenómeno inverso al de la gran oleada migratoria del siglo XIX.
Asimismo, las presiones migratorias del presente vencen la acción de políticas altamente restrictivas o selectivas que no estuvieron presentes con anterioridad. Más aún, las reglas del nuevo orden económico internacional preconizan circulación sin trabas de mercancías, instrumentos financieros y capitales, pero niegan las mismas libertades a los desplazamientos de la mano de obra. La conclusión es inescapable: la marea migratoria latinoamericana de nuestros días está impulsada por el hambre y la desesperanza, resultado de la combinación de las reglas del nuevo orden económico internacional con políticas nacionales asimétricas, volcadas a atender el acomodo externo pero sordas a las demandas de crecimiento y empleo de las poblaciones.
En efecto, el ritmo de ascenso del ingreso por habitante latinoamericano se redujo en 57% (de 3,17% a 1,37% por año), con resultados aún peores en materia de absorción de la fuerza de trabajo en el sector moderno de las economías de compararse los periodos 1950-1973 y 1973-2001. En África las cifras son aterradoras, se pasa de un incremento anual inferior al 1% (0,92%) en el primer periodo a una situación de virtual estancamiento en el segundo (0,19%). Los apremios de la sobrevivencia física impulsan a latinoamericanos y africanos a romper cualquier obstáculo o sanción al transgredir las fronteras políticas; a convertirse en producto legal o clandestino de exportación como medio de atenuar la aguda pobreza familiar y de paso corregir de los desequilibrios macroeconómicos de la balanza de pagos de sus países.
La emigración mexicana. Hasta aquí se han simplificado a sus rasgos esenciales los cambios en los flujos migratorios de nuestros días. En rigor hay influencias de distinto género que alimentan en la configuración de las políticas nacionales, sobre todo de los países huéspedes. Los factores demográficos influyen, como la caída de las tasas de natalidad y el envejecimiento de las poblaciones, singularmente de los países industrializados. En Europa, por ejemplo, junto a restricciones diseñadas para no acentuar el desempleo o recargar las finanzas de las redes de seguridad social, se busca estabilizar a la población emigrada, facilitando la reintegración familiar. En Estados Unidos viene ocurriendo algo semejante; además, el vaivén de las políticas migratorias sea en facilitar el comercio o hacer más estricta la seguridad fronteriza, parece moverse hacia este segundo objetivo a partir de los atentados terroristas de septiembre de 2001. En ese sentido, la iniciativa aprobada recientemente por la Cámara de Representantes calificaría de acto criminal desde la entrada ilegal a territorio norteamericano, hasta el dar trabajo y suministrar servicios sociales a los indocumentados. En el otro extremo ha surgido una iniciativa moderada en el Senado norteamericano consistente en otorgar hasta 400 mil visas a trabajadores temporales, iniciar la legalización de 1,5 millones de trabajadores agrícolas y permitir mediante la satisfacción de ciertos requisitos (pago de multas e impuestos atrasados, espera de seis años) el aspirar a obtener la residencia.
Conforme a esta última iniciativa se satisfarían muchas de las preocupaciones mexicanas y, del mismo modo, se atenderían los intereses corporativos o político-partidarios de Estados Unidos, al asegurar una fuerza de trabajo de bajos salarios que políticamente estaría impedida de votar en el corto y mediano plazos. La seguridad fronteriza quedaría reforzada en algún grado al ganar la cooperación mexicana en programas en ambos gobiernos de la frontera. Con todo, la decisión final parece difícil, podrá inclinarse en diferentes sentidos, cubrir parcialmente los campos a discusión o seguir haciéndose esperar.
Aparte de razones políticas, Estados Unidos objetivamente necesita establecer algún control sobre los flujos masivos de inmigrantes, de ahí las resistencias a conceder amnistía a los trabajadores indocumentados. Sin embargo, lograrlo no sólo depende de disposiciones legales y de acuerdos cooperativos con el gobierno de México en temas de seguridad fronteriza que, hoy por hoy, sólo podría satisfacerse de manera limitada.
En rigor, sería indispensable, por más que parezca utópico, implantar políticas análogas a las de la Comunidad Europea respecto a sus países miembros de menor desarrollo que impulsen la reconstrucción, reconversión o desarrollo del aparato productivo, requisito indispensable a la creación de empleos compensadores del lado mexicano.
La situación de los emigrantes es difícil, excluyente, acaso impropia del país democrático y humanitario que los recibe, que les ofrece puestos de trabajo en número impresionante, pero que les niega muchos de los derechos sociales básicos. El acervo de la población de origen mexicano en Estados Unidos alcanza los 26,7 millones (2003), siendo apenas de 5,4 millones en 1970; los residentes mexicanos alcanzan cerca de 10 millones de personas (2003) habiendo sido menos de 900 mil en 1970. Los flujos anuales han pasado de 27,5 miles en el promedio de 1960-1970 a casi 400 mil entre 2001 y 2003. Los trabajadores indocumentados o ilegales de representar el 40% de los flujos migratorios temporales entre 1993 y 1997, alcanzan el 75% en el periodo 2001-2003. El servicio de patrullaje fronterizo aprehendió más de 900 mil inmigrantes ilegales en 2003, de los cuales más de 800 mil fueron mexicanos. Esos datos evidencian un problema larvado y desatendido por décadas: el fracaso de las políticas migratorias de ambos países, la falta de acuerdos binacionales de fondo y, singularmente, la ausencia de medidas correctivas de los severos desequilibrios en los mercados mexicanos de trabajo.
Los migrantes son paupérrimos en México y luego viven la marginación en Estados Unidos. En efecto, los mexicanos pobres en ese país (más del 26%) duplican con creces al de otros inmigrantes (12.6%) y a las cifras de la población nativa (11.7%). La cobertura de los servicios de salud excluye al 53% de los mexicanos, cifra que duplica o cuadruplica los coeficientes de los otros grupos mencionados. Aquí la carencia de documentos migratorios, la inserción ocupacional en actividades de baja remuneración y otros problemas, magnifican la exclusión de instituciones sociales básicas. En el sentido apuntado, la proporción de mexicanos que ha obtenido la carta norteamericana de nacionalización es considerablemente más baja –casi 50% inferior entre 1996 y 2000– que la de otros inmigrantes.
El mercado norteamericano de trabajo mantiene una alta demanda que ocupa al 90% de la población activa mexicana, sobre todo en labores poco calificadas (construcción, preparación de alimentos, limpieza, transporte, producción). En contraste, los salarios son reducidos, entre 50% y 60% inferiores a los del resto de trabajadores e inmigrantes.
Hay factores sociológicos en juego pero ello es atribuible también a la baja escolaridad de los trabajadores mexicanos y a las desventajas de la falta de documentación. Aun así las remesas enviadas a México ascienden a cerca de 20 millones de dólares (2004) que representan alrededor del 35% de los ingresos de los hogares pobres que los reciben. Y sin ese volumen de divisas el déficit de la balanza mexicana de pagos se triplicaría con creces.
En suma, ya sería aconsejable abordar integralmente el complejo problema de la emigración mexicana o latinoamericana a Estados Unidos que se torna explosivo por haberse eludido por décadas, dejando en la exclusión a enormes grupos de la población allá y acá mientras toman prelación separada y dominante cuestiones como las de la seguridad fronteriza para Estados Unidos o la estabilidad macroeconómica en México, con exclusión de la cura al desequilibrio en el mercado de trabajo. Para bien o para mal, los acuerdos o diferendos migratorios a que se llegue, reflejarán la conciliación o las asimetrías en el peso de los intereses, no sólo de los gobiernos, sino de múltiples grupos socioeconómicos, demográficos, étnicos y políticos.
En conjunto, los inmigrantes mexicanos hacen un aporte neto positivo posiblemente pequeño al enorme producto anual norteamericano y representan alrededor del 4% de la población activa de ese país. Al ensanchar la fuerza de trabajo disponible, la inmigración contribuye a mejorar el uso de capital y otros recursos de la economía norteamericana. Sin embargo, aparte de consideraciones relacionadas con la preservación de la cultura y la identidad nacional, las principales tensiones y contradicciones políticas nacen de los efectos distributivos del fenómeno de las migraciones. Desde luego ganan los empleadores al disponer de mano de obra abundante, de salarios bajos. Eso mismo hace más competitivos sus costos, sea en los mercados internos o en los internacionales. Por contra, en proporción acaso menor, pierden los trabajadores nativos al resultar en alguna medida desplazados o al ver reducido el nivel y las alzas de sus remuneraciones, principalmente en el segmento de ocupaciones de baja calificación.
Los fiscos federal y local pueden ser beneficiarios o perdedores según que los impuestos pagados por los emigrantes resulten mayores o inferiores al costo de los servicios que reciben, aunados al gasto en seguridad fronteriza. Al propio tiempo, las posibles inclinaciones políticas de la población migrante despierta recelos conservadores ya que ofrecer amnistía, residencia podría fortalecer los sufragios de la oposición política actual. Esos mismos acuerdos o las discrepancias ideológicas dentro de Estados Unidos determinarán la suerte de los esfuerzos por validar derechos humanos universales -con estatus similar al de las libertades económicas- que, en la actualidad, trabajosamente evolucionan de ser derechos ciudadanos exclusivos a ser derechos de las personas, con independencia de su ubicación geográfica.
Una perspectiva extrema. De validarse el proyecto de ley del representante Sensenbrenner, se acentuarían las normas de la «Immigration Reforms Control Act» de 1986, que ya hacía ilegal emplear a emigrantes no documentados. Desde luego, se perdería total o parcialmente el superávit neto del trabajo de las personas indocumentadas en el producto norteamericano. De otro lado, resultaría en extremo difícil y costoso repatriar a más de 10 millones de mexicanos y un número mayor si se incluyen a otros extranjeros indocumentados. Los trastornos en la economía, asociados a la deportación hasta del 4-5% de la población activa, serían significativos, aunque pudiesen buscarse reemplazos a través de los programas de trabajadores invitados. Actividades y empresas resultarían dañadas no sólo por los efectos directos de ese cambio, sino por cuanto resultaría casi imposible reproducir la distribución actual de los trabajadores indocumentados a lo largo y ancho del territorio norteamericano. Además, la escasez, aunque sea temporal, de mano de obra empujaría salarios e inflación al alza y competitividad a la baja, por lo menos en algunos segmentos del mercado de trabajo y de la producción. A lo anterior cabría añadir el resentimiento y pérdida de popularidad de Estados Unidos en América Latina.
En esa hipótesis, México saldría peor librado. De un lado, la repatriación masiva tendería a cancelar la válvula de escape que provee la emigración a mercados de trabajo altamente congestionados. De otro lado, al menos temporalmente se tenderían a secar las corrientes de remesas que juegan un papel decisivo en financiar el desequilibrio de pagos externos y el sistema de fronteras abiertas. El ajuste inevitable obligaría a reducir el ritmo de crecimiento y a dificultar el combate a la pobreza que castiga alrededor del 40% de la población y absorbe una proporción creciente del limitado gasto público.
También se gestarían efectos indeseados en la distribución del ingreso junto a presiones migratorias intensificadas. Por tanto, habría el riesgo de multiplicar los problemas de las políticas públicas de ambos países que tratan de ordenar y plantear en términos sostenibles y de provecho mutuo el manejo de los flujos transfronterizos de la población. En los términos extremos planteados, la seguridad fronteriza resultaría posiblemente vulnerada, no tanto por la falta de voluntad política de cooperación entre los gobiernos, sino por el empuje irresistible de migrantes desesperados. Adviértase, finalmente, que la reestructuración de las políticas migratorias norteamericanas afectará a la economía y a millones de ciudadanos mexicanos. Sin embargo, México no podría influir más allá de la persuasión diplomática y de ofrecer colaboración acotada a sus posibilidades en los programas de seguridad fronteriza. Ojalá la decisión del poder legislativo estadounidense sea realista, promueva la vigencia de los derechos humanos y robustezca los debilitados nexos de solidaridad con América Latina.

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El muro en la frontera México-Estados Unidos: consecuencias para México

Este documento es producto del debate sostenido el miércoles 4 de octubre de 2006 en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte (Colef), en la ciudad de México. El texto fue firmado por: Jorge Santibañez Romellón, Rafael Fernández de Castro y Rodolfo Tuirán; y enviado a los medios de comunicación por el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Posteriormente fue publicado en la revista Nexos (www.nexos.com.mx) del mes de Noviembre de 2006, págs. 8-10, en su sección «Practicas de Vuelo» con el titulo «El Muro Impuesto» y destaca la firma adicional como coautor del embajador Andrés Rozental.
La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos aprobaron el 14 y 30 de septiembre, respectivamente, una iniciativa para fortalecer la seguridad en las fronteras con Canadá y México, que incluye la construcción de un muro de poco más de 1,125 kilómetros a lo largo de la línea limítrofe con nuestro país, así como el uso de tecnología de punta para crear una especie de «muro virtual». Para convertirse en ley, el presidente Bush debe promulgar esta iniciativa, lo cual se espera que ocurra muy pronto.
Aunque todavía existen algunos problemas de carácter presupuestal para darle plena viabilidad a esta iniciativa durante el ejercicio fiscal 2007, es probable que en el curso de los próximos meses se inicie la construcción del mencionado doble muro y se impulse la instrumentación de otras medidas también aprobadas por ambas cámaras.
La aprobación de esta iniciativa deriva tanto de la relevancia que ha adquirido en Estados Unidos el tema de la seguridad a raíz de los eventos del 11 de septiembre de 2001, como del cálculo político-electoral del Partido Republicano en su empeño por mantener la mayoría en el Congreso en las elecciones del 7 de noviembre próximo. Las medidas están destinadas a mostrar a los electores quién «hace más» por la seguridad del país. No importa qué efecto tengan estas medidas, sino cuál de ellas resulta más convincente al electorado y, en consecuencia, cuál podría aportar más votos durante la jornada electoral que se avecina.
Las fuerzas conservadoras (sobre todo al Partido Republicano) sostienen que la inmigración indocumentada debe frenarse a toda costa y que el control de la frontera debe garantizarse antes de aprobar una reforma migratoria integral. Esta posición se refleja en una iniciativa aprobada por la Cámara de Representantes en diciembre de 2005, la cual criminaliza el ingreso y la permanencia indocumentada e incluso convierte en delito la ayuda prestada por terceros a los indocumentados.
Las fuerzas más liberales pugnan por una reforma migratoria integral, la cual incluye, además del énfasis en la seguridad interna y limítrofe, un programa de regularización de la población indocumentada y la ampliación de los canales de ingreso documentado, incluido un programa de trabajadores temporales. Esta posición se refleja en una iniciativa del Senado aprobada a fines de mayo pasado. El Presidente Bush se ha inclinado por apoyar una reforma migratoria integral, aunque en la práctica ha fortalecido de manera sistemática las medidas en materia de seguridad (la militarización en la frontera y la creación de un «muro virtual», entre otros) e incluso anunció que apoyaría la iniciativa del muro y otras acciones aprobadas por el Congreso.
México frente al muro. La historia está llena de la edificación de muros para marcar límites. Algunos muros (como el de Berlín) en realidad se construyeron para impedir la salida de personas; otros, en cambio, fueron edificados para dividir pueblos, defender a los ciudadanos de los «bárbaros» o simplemente para no dejar entrar a ciertos grupos. Con este último propósito, en los años recientes hemos sido testigos del levantamiento de muros y de enormes alambradas –con alturas insospechadas y el uso de tecnologías modernas– en diferentes partes del mundo, con el fin de impedir el ingreso de migrantes no autorizados. Sin embargo, no hay en el mundo una barrera con las características y la extensión de la que se proyecta realizar en la frontera con México.
La aprobación de los muros real y virtual representa actos con un enorme valor simbólico del Congreso estadounidense. En esencia, se trata de medidas que tienen un carácter francamente inamistoso y constituyen un gesto de abierta hostilidad y animadversión hacia México. Su eventual construcción sería esencialmente un acto ofensivo que no guarda correspondencia con el tipo de relación que se espera entre vecinos, amigos y socios.
El muro no hará más que magnificar los contrastes y desigualdades entre ambos países, propiciará un clima de tensión en la zona fronteriza y dañará profundamente la relación bilateral. Así, lejos de aspirar a convertir la frontera común en una zona de oportunidad y convivencia amistosa, el Congreso estadounidense parece concebirla esencialmente como un espacio para erigir nuevas barreras «no inteligentes» y alentar desencuentros.
La construcción del muro doble refleja el resurgimiento de nuevas formas de intolerancia, las cuales no solo siembran animadversión contra los migrantes, sino que también conducen a actitudes de violencia tan innecesarias como repudiables, ponen en riesgo la integridad y los derechos de los migrantes, empañan una visión objetiva de la realidad migratoria internacional y vulneran las propuestas más imaginativas de la diplomacia y la concertación en la materia.
México no puede permanecer pasivo frente a este tipo de medidas y debe responder con dignidad, seriedad y responsabilidad. Lo peor que México puede hacer es pensar que la «política de omisión» en materia migratoria, el discurso fácil de protesta o la espera pasiva son caminos viables frente a los escenarios emergentes.
Implicaciones y significados. Los resultados enunciados sugieren que la fórmula del muro, la vigilancia redoblada, la detección con alta tecnología, la aprehensión y la deportación ha fracasado en alcanzar su objetivo principal (disuadir y en su caso detener el flujo indocumentado) porque no está acompañada de otras muchas medidas, incluidas las dirigidas a ordenar –o eventualmente desactivar– el mercado de trabajo binacional que impulsa la migración no autorizada.
Los muros, al extenderse solamente a una fracción de la frontera común, no sellan la línea ni pueden evitar que los migrantes sigan ingresando a Estados Unidos. La militarización de la frontera tampoco detendrá el flujo, pues los migrantes continuarán cruzando por las áreas donde el riesgo de detección siga siendo relativamente bajo. Esta opinión es compartida por la gran mayoría de la población mexicana y estadounidense. Así lo demuestra una encuesta reciente en México y Estados Unidos, levantada a fines de marzo y principios de abril del presente año por el periódico El Universal y por AP-Ipsos (2006), la cual muestra que las dudas sobre la efectividad de los muros es compartida por casi 9 de cada 10 mexicanos (89%) y por 2 de cada 3 estadounidenses (67%).
El hecho de que estas medidas no tengan la capacidad para detener el flujo migratorio indocumentado, no quiere decir que no sean relevantes. Las acciones de reforzamiento del control fronterizo propiciarán un aumento en el número anual de aprehensiones de los migrantes mexicanos (y de otras nacionalidades) y su devolución a territorio nacional; provocará que los migrantes queden varados o estacionados cada vez por más tiempo en las ciudades fronterizas mexicanas hasta que logren cruzar a Estados Unidos; hará que las fricciones entre autoridades de ambos países sean cada vez más frecuentes en la frontera común; favorecerá la multiplicación de violaciones a los derechos humanos; aumentará los riesgos asociados al desplazamiento migratorio; provocará un incremento en el número de muertes de los migrantes en parajes inhóspitos (desde 1994 hasta ahora han muerto en la frontera alrededor de 3.700 migrantes; de este total, 2.200 han tenido lugar durante la administración del Presidente Fox); y se profundizará el desgaste de los mecanismos de circularidad del flujo migratorio, entre otros.
Al hacer más difícil el cruce clandestino, el inmigrante indocumentado se verá obligado a recurrir a las organizaciones criminales de tráfico de personas, las cuales disponen a menudo de las complicidades locales que les permiten facilitar el ingreso no autorizado. Con ello, se fortalecerá el crimen organizado asociado al tráfico de personas; será más frecuente el uso que hacen los migrantes de los traficantes o polleros y se encarecerán aún más sus servicios
También es previsible la aparición de nuevas rutas, cada vez más riesgosas. El mejor ejemplo para ilustrar esta afirmación lo constituye lo ocurrido en la región de Tijuana-San Diego donde la estrategia de control fronterizo propició que los inmigrantes se recorrieran inicialmente hacia el este, intentando cruzar por la zona de Tecate o Mexicali en el estado de Baja California. Con el paso del tiempo y ante la dificultad de cruce en esa zona, surgieron nuevas rutas como la de Hermosillo-Altar-El Sásabe, hoy en día la más utilizada por los inmigrantes indocumentados. El cambio de ruta y sus características propiciaron que quienes asisten a los inmigrantes en su cruce clandestino se transformaran en verdaderas organizaciones criminales. Según datos provenientes del observatorio permanente de El Colegio de la Frontera Norte, el uso de «pollero» para cruzar subrepticiamente la frontera –después del establecimiento del doble muro en la región Tijuana-San Diego– se multiplicó por 6 y las tarifas asociadas al cruce pasaron de 300 a 2,500 dólares.
Finalmente, la creciente dificultad para cruzar la frontera de manera clandestina continuará desgastando la «circularidad» migratoria. El migrante, que en el pasado iba y venía entre ambos países, al saber costoso y cada vez más difícil el cruce fronterizo, tenderá a alargar su estancia en Estados Unidos para después establecerse de manera permanente en ese país y eventualmente atraer a sus familiares.
¿Que puede hacer México? Hasta ahora el discurso mexicano se ha limitado a expresar que las acciones como la del muro no resuelven el problema, toda vez que la migración indocumentada se debe a procesos económicos y sociales que tienen sus raíces en ambos lados de la frontera. En virtud de la naturaleza «binacional» del fenómeno migratorio, las formas de abordarlo deberían ser igualmente binacionales, bajo un enfoque de «responsabilidad compartida».
Además de este discurso recurrente, la aprobación en el Congreso de la construcción del muro provocó una nota de protesta del gobierno de México y la solicitud formal al presidente Bush –con respeto al derecho soberano de Estados Unidos de construir un muro fronterizo en su territorio– de vetar esta iniciativa. ¿Esto es efectivo?, ¿es todo lo que México puede hacer? Desde nuestro punto de vista, este gesto inamistoso del Congreso de Estados Unidos debe ser respondido con la decisión formal del gobierno de México de revisar la cooperación con Estados Unidos en los ámbitos de la seguridad y la migración.
No es posible, sin embargo, ignorar el mensaje que el Congreso de Estados Unidos dirige a México con esta medida. No hay duda que acciones como la del muro fronterizo encuentran terreno fértil en la inseguridad y el desorden que proliferan en el espacio fronterizo. Esta percepción no prevalece solamente en Estados Unidos, sino que es compartida también por los propios residentes mexicanos en la frontera, incluidos actores clave del desarrollo local como los empresarios, quienes han protestado recientemente en algunas ciudades por el clima de inseguridad que viven.
El mensaje del muro fronterizo presupone que México no hace (o no tiene capacidad de hacer) lo suficiente para ordenar los procesos que ocurren en la frontera y en el interior del país, en particular los que desencadenan los flujos migratorios. Retomar el control, es decir, «el gobierno de la frontera y de los flujos», resulta prioritario si se desea evitar o incluso profundizar futuros desencuentros.
México no puede estar en contra de afianzar la seguridad en la frontera y retomar el control de los flujos. Sin embargo, una atención integral de los asuntos de seguridad y migración requieren de un enfoque integral de carácter binacional. Mientras se avanza en la creación de condiciones para hacer realidad este enfoque, México debe contar con sus propias estrategias y desarrollarlas.
El arribo de un nuevo gobierno abre la posibilidad de darle un giro a la ruta seguida hasta ahora. En este contexto, México necesita reconocerse como un país de emigrantes y proceder en consecuencia. Debe tener muy claro qué persigue en esta materia, definir qué tan lejos quiere llegar y saber qué costos está dispuesto a pagar para cumplir sus objetivos.
México requiere contar, hoy más que nunca, con una política migratoria congruente con la complejidad y magnitud del fenómeno, basada en un verdadero y genuino consenso nacional. Un paso correcto en esa dirección lo constituye la elaboración del documento «México frente al fenómeno migratorio», acordado por representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo e integrantes de la sociedad civil.
Este documento, aprobado por todas las fracciones parlamentarias de ambas cámaras de la LIX Legislatura, reconoce que está en el interés de México ordenar los flujos migratorios. Incluso sugiere un quid pro quo explícito: si Estados Unidos establece mecanismos para regularizar la situación de millones de migrantes indocumentados y se amplían los canales de ingreso documentado, México no solo estaría dispuesto a desalentar la migración no autorizada y a establecer mecanismos para que los migrantes ingresen a Estados Unidos únicamente por canales legales, sino también a desarrollar incentivos para restablecer la circularidad del flujo.
Este planteamiento expresa un cambio fundamental en el pensamiento y el discurso mexicano y envía una señal inequívoca a Estados Unidos. Sin embargo, para ganar credibilidad, será necesario traducir esta posición en un conjunto de reformas a las leyes vigentes, adecuar el anacrónico andamiaje institucional a las nuevas realidades, definir e instrumentar un conjunto de medidas concretas relevantes (como las de fortalecer el orden y la seguridad en las fronteras norte y sur, estrechar la cooperación en la materia con los gobiernos de los países vecinos y combatir de manera frontal las organizaciones criminales de traficantes, entre otras) y adoptar decisiones cada vez más complejas y difíciles.
Acciones como la construcción del muro fronterizo podrían ser evitadas en el futuro si México recupera el control de la frontera y ordena los procesos que ocurren en ella; si el gobierno toma distancia de su política de omisión frente al tema y desarrolla una cada vez mayor capacidad para retener a sus emigrantes potenciales.

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Conclusiones

En primer término es fundamental entender que el flujo migratorio de México a EU es histórico y producto de factores diversos, entre ellos la gran atracción de la economía estadounidense en un contexto asimétrico entre los dos países. A partir de los ajustes económicos y los acuerdos con el FMI y Banco Mundial en el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) y con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994 se agudiza la expulsión de mano de obra mexicana desempleada o subempleada en el medio rural y urbano que busca incorporarse al mercado de trabajo estadounidense. Si bien existen regiones de México con tradiciones migratorias desde el siglo XIX como Michoacán, toda la región del Bajío y Zacatecas entre otros estados, son decisivos los factores económicos derivados de las políticas de ajuste estructural y apertura comercial a partir del TLC y su impacto directo en la pauperización del sector rural, como elementos explicativos del incremento del flujo migratorio. (Mas detalles en «Mexico's corn farmers see their livelihoods wither away. Cheap U.S. produce pushes down prices under free-trade pact» articulo por Monica Campbell y Tyche Hendricks, San Francisco Chronicle, 31 de Julio de 2006).

Un aspecto notorio del nuevo perfil del migrante es que ya no es solamente el típico campesino o minifundista depauperado sino también cientos de miles de jóvenes provenientes del sector urbano -particularmente de grandes zonas conurbadas en los alrededores de la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Acapulco, Morelia y León entre otras ciudades- que a pesar de contar con un promedio de 8 a 10 años de educación formal no se pueden incorporar al trabajo o sus alternativas de empleo son en puestos de baja remuneración. Este segmento de población juvenil en edad de trabajar conforma al menos un 40% del total de los trabajadores indocumentados mexicanos en EU.

En el periodo 2000-2006 se incremento el segmento de migrantes mexicanos con estudios profesionales ya que en México se agudizo el problema del empleo y subempleo de profesionales en especial los bajos salarios en diversos sectores de la industria y los servicios que no rebasan los 10 mil pesos mensuales (menos de mil dólares) que en cualquier empleo no calificado se ganan en menos de un mes en los Estados Unidos. Datos recientes de una investigación de la Universidad Iberoamericana de México indican que mas del 35% de los mexicanos que obtienen un doctorado en Estados Unidos o en otros países desarrollados no regresan a México. Una tendencia similar se observa con los graduados mexicanos con Maestría en el extranjero. Inclusive los graduados con doctorados y maestrías en universidades públicas y privadas en México están emigrando a Estados Unidos y otros países buscando mejores oportunidades laborales.

Desde la perspectiva laboral, el dinamismo de la economía estadounidense en muchas regiones y sectores seguirá atrayendo al trabajador mexicano, especialmente cuando el panorama nacional del empleo en México es poco optimista por el magro número de empleos que se crean anualmente y las grandes asimetrías salariales: en general, un trabajo no calificado en EU se percibe mas en una hora de trabajo que en toda una jornada laboral en México. En otra palabras, por mas mal pagado que se este en los EU se percibe mas en cuatro jornadas de trabajo que en todo un mes de salario mínimo en México. Un importante estudio publicado a finales de 2006 es «La gestión migratoria México-Estados Unidos: un enfoque binacional» firmado por Agustín Escobar Latapi (CIESAS-México-Occidente) y Susan Martin (Georgetown University) como coordinadores del estudio que contiene recomendaciones de política migratoria y una visión prospectiva del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos.

Es claro que con las nuevas leyes migratorias y legislaciones locales anti-inmigrantes y las crecientes presiones sobre los patrones estadounidenses para que no empleen mano de obra indocumentada, se hace todavía mas difícil la situación laboral de los trabajadores migrantes mexicanos ya que será más complicado conseguir trabajo formal y los empleadores aprovecharán la mayor vulnerabilidad para bajar pagos, evitar compensaciones y hacer despidos de manera indiscriminada de acuerdo a su conveniencia.

Es necesario estudiar como estas presiones políticas se reflejan en el crecimiento de un nuevo y dinámico sector informal y semi-informal en Estados Unidos donde miles de trabajadores realizan trabajos por cuenta propia o inician negocios caseros o microempresas familiares sin que esto signifique una informalidad total ya que un segmento importante de ellos se han dado de alta en la Oficina Federal de Recaudación Fiscal (IRS por sus siglas en ingles). El obtener el ITIN (Numero de Identificación Fiscal) es de suma relevancia para el inmigrante indocumentado ya que en caso de aprobarse una ley que apoye su regularización migratoria es natural que uno de los requisitos fundamentales para calificar será estar al corriente en el pago de impuestos, lo que demuestra su estancia productiva y continuada en Estados Unidos y una actitud responsable en el país que pretenden hacerse residentes legales permanentes o por lo menos obtener una visa como trabajador huésped.

El tema migratorio seguirá siendo un asunto de gran interés en los debates electorales estadounidenses y una bandera atractiva para muchos políticos estadounidenses como se confirmo en el periodo 2005-2006. Aun cuando la mano de obra mexicana es fundamental para el desarrollo de muchas industrias estadounidenses y el mismo funcionamiento de la economía global, el crecimiento inusitado de los núcleos de nuevos inmigrantes no documentados seguirá provocando irritación en muchas regiones de los EU, lo que obligará a que las autoridades migratorias realicen periódicamente redadas y expulsiones de extranjeros indocumentados.

La gran movilización nacional de migrantes y sus simpatizantes en mayo de 2006 fue un fenómeno social y político de gran envergadura que sacudió las conciencias de millones de personas y cuyo efecto político y social es difícil saber ya que los políticos conservadores han manipulado el sentimiento anti-inmigrante y han reaccionado con fuerza al músculo organizativo de los migrantes pidiendo mas control de la frontera sur de Estados Unidos aprobando la construcción de una gran barda fronteriza. Además de que en el Congreso se aprobó la presencia de la Guardia Nacional de Estados Unidos en la frontera con México que inicio su presencia y patrullaje desde junio de 2006.

De acuerdo a la reportera Natalia Gómez Quintero de El Universal de México DF «mientras el proyecto de reforma migratoria está prácticamente congelado en el Congreso de Estados Unidos, en lo que va del 2006, 30 estados de la Unión Americana han adoptado 57 iniciativas que dificultan el acceso a los servicios públicos y la búsqueda de trabajo de los indocumentados».

Con este panorama la afectación para los migrantes en temas como el empleo, la educación gratuita y beneficios públicos como la salud, es mayor y se hace evidente según información de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales de Estados Unidos (NCSL, por sus siglas en inglés).

Estas leyes en su mayoría tienen que ver con la verificación del estatus migratorio legal en los empleos, pruebas de su ciudadanía cuando quieren recibir alguna ayuda federal y criminalizar el tráfico humano.

El reporte elaborado por Anne Morse, Adam Blott y Leya Speasmaker, del proyecto de políticas inmigrantes de la NCSL en Washington, DC, señala que desde enero a la fecha han sido presentadas alrededor de 500 propuestas sobre migración en los congresos de una gran parte de los estados del vecino país.

De ese total de propuestas, 57 se han convertido en leyes en 27 estados: Arizona, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Illinois, Kansas, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Vermont, Virginia, Washington y Wyoming.

Ocho de esas leyes niegan la mayoría de beneficios y servicios públicos estatales, como los de salud, con excepción de las emergencias, a los indocumentados y se implementan en Arizona, Illinois, Kansas, Maine, Maryland y Nebraska.

En el tema de la educación existen tres más que entraron en vigor en Nebraska, Virginia y Wyoming, donde por ejemplo se aprobó una ley que prohíbe a los indocumentados y hasta a los residentes legales recibir becas para asistir a las universidades de esa entidad.

De las 500 propuestas sólo cuatro han sido vetadas, tres de ellas en Arizona, que criminaliza y niega la educación gratuita a indocumentados, sancionan a los negocios que los emplean y moviliza a la Guardia Nacional para reforzar el estado si se declara en «emergencia».

En los comicios del 7 de noviembre de 2006 en Arizona se sometió a plebiscito un total de dieciocho iniciativas legislativas, de las cuales, cuatro fueron aprobadas por el electorado y afectaran directamente la vida de cientos de miles de inmigrantes y residentes de origen mexicano en Arizona; estas proposiciones aprobadas son 100, 102, 103 y 300. Una de ellas (la 103) contempla enmendar la Constitución a modo de hacer el inglés el idioma oficial –algo que ya se hizo en el pasado–; otra (la 300) restringe el acceso a adultos indocumentados a clases de inglés o educación financiada por el estado y proscribe el acceso a beneficios sociales para los indocumentados y sus hijos.

El par restante (100 y 102) atañe a la imposibilidad para los indocumentados de beneficiarse de una fianza y del pago de daños y perjuicios en un proceso civil. El resultado de las elecciones del 7 de noviembre de 2006 arrojo resultados que confirman la continuidad del sentimiento antimigrante en ciertos sectores de la administración pública en Arizona, como se percibe también en otros estados de la Unión Americana.

En Wisconsin también fue vetada otra que requiere que los migrantes comprueben su estancia legal en Estados Unidos para recibir beneficios del Estado.

En cuestión de empleo, que incluye que los patrones verifiquen la estancia legal de sus trabajadores y que los migrantes no reciban prestaciones, como la del desempleo, se aprobaron 13 propuestas de ley en 10 estados, entre ellos, Colorado, Idaho, Kansas y Louisiana. (Texto integro tomado del reportaje de Natalia Gómez, El Universal, 18 de julio de 2006.)

Si México no asume una posición firme, con apoyos multilaterales e internos en EU en el asunto migratorio a través de una negociación de mediano y largo plazo que de certidumbre y seguridad al trabajador migrante mexicano, seguirán los abusos y la explotación de millones de compatriotas en su peligroso peregrinar hacia los Estados Unidos. Un enfoque necesario de la negociación debe ser regionalmente y en muchos casos estado por estado o por mercados laborales regionales donde se pueden buscar soluciones parciales o regularizaciones limitadas pero que permitan un horizonte de avances y logros a favor de nuestros connacionales que ya tienen tiempo trabajando y radicando sin status legal en Estados Unidos

Desde la perspectiva del empleo en México, solo un replanteamiento radical de las prioridades del desarrollo económico y social del país podría dar ocupación a los millones de compatriotas que buscan el sustento en territorio estadounidense. En el corazón de estos dilemas se encuentra la necesidad del transito a la democratización nacional y el establecimiento de un nuevo orden político. Tal como se percibe la perspectiva actual de política económica, parecería que no existe posibilidad de crear los empleos adicionales que se necesitan anualmente en México e inclusive el ritmo de creación de empleo no es suficiente para aligerar el gran rezago histórico de los últimos 25 años.

No sería suficiente en el corto plazo asegurar un nuevo orden político para poder reforzar las políticas sociales y de empleo ya que los compromisos financieros y las ataduras económicas son de mediano y largo plazo, situación que requeriría una cuidadosa renegociación bilateral y multilateral, buscando nuevas alianzas internacionales y nuevos acuerdos nacionales entre capital y trabajo.

En este sentido, debería esperarse una transición compleja y contradictoria, que en un corto plazo las inercias y resistencias al cambio podrían agudizar el problema migratorio en el corto plazo. En un escenario de renovación política deben contemplarse ciertas convulsiones provocadas por actores económicos y tradiciones de cooptación política y social que fueron sostén de un régimen que prevaleció por 70 años.

A nivel regional y nacional, los migrantes mexicanos en EU y en muchas regiones de México pueden jugar un papel relevante desde el punto de vista político ya que son factores claves de la estabilidad política y social de amplias regiones por el aporte monetario y su efecto multiplicador en buena parte del territorio nacional. No se trata solo de los oaxaqueños y guerrerenses en EU sino de millones de ellos que viven en grandes urbes mexicanas y envían millones de pesos a sus lugares de origen.

En otras palabras, no se trata solo de ubicar a un actor global o transnacionalizado por estar en EU sino por su papel clave en la globalización de la economía mexicana como es el caso de los cientos de miles de indígenas oaxaqueños que hacen posible la competitividad internacional de las legumbres del noroeste mexicano o los cientos de miles de migrantes que se han establecido en la región fronteriza norte para incorporarse al trabajo de las maquiladoras.

El acuerdo laboral no solo es en el marco del TLC de América del Norte sino en el contexto nacional y la necesidad de que exista un nuevo orden sindical y laboral en las relaciones entre capital y trabajo en México.

Finalmente, debo reconocer que en los últimos seis años se han conformado y consolidado nuevos actores políticos, educativos y comunitarios en los dos países que inciden en las políticas públicas en los dos países. Solo para mencionar algunas de estas organizaciones e iniciativas que son de suma relevancia: en el aspecto político binacional vale la pena mencionar el creciente papel de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero que ha sido clave para la aprobación de la legislación electoral mexicana que permite votar a los mexicanos que radican en el extranjero.

Además, miembros de esta Coalición como Raúl Ross Pineda, Florencio Zaragoza, Primitivo Rodríguez Oceguera y Gerardo Albino entre decenas de colaboradores han consolidado Mx Sin Fronteras, una revista mensual editada en Chicago desde 2004 que ventila infinidad de temas de interés binacional y de las diferentes regiones de los Estados Unidos y también se ha dado a conocer la problemática de los mexicanos radicados en Canadá, Europa y Asia. Mx Sin Fronteras celebro su tercer aniversario en diciembre de 2006.

Otra organización que juega un papel aglutinador de los mexicanos en Estados Unidos es el Consejo Consultivo auspiciado por el Instituto para los Mexicanos en el Exterior y que tiene representantes en todas las circunscripciones consulares de México en Estados Unidos y permite que los migrantes y las organizaciones de oriundos opinen e influyan en la Política Exterior de México frente a Estados Unidos en temas de educación, salud, protección consular, organización comunitaria y negocios que conciernen a los mexicanos radicados en Estados Unidos.

Por el lado de las organizaciones creadas en Estados Unidos debe mencionarse la Iniciativa México-California de Salud con sede en la Universidad de California en Berkeley que organiza anualmente desde 2001 la Semana Binacional de Salud que para octubre de 2006 involucra a decenas de estados de la Unión Americana y de México en eventos de atención medica gratuita y difusión masiva de políticas preventivas de salud con participación de la Secretaria de Salud de México y sus contrapartes de Estados Unidos a nivel federal, estatal y de condado.

Una institución del gobierno de México que ha sido muy activa en la promoción de la educación y capacitación de los mexicanos en Estados Unidos es el Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo (www.conevyt.org.mx) de la Presidencia de la Republica, que con los mas modernos sistemas de tecnología de Internet y servidores especiales en Estados Unidos facilitan la educación de adultos, la alfabetización, el acreditamiento y certificación de competencias laborales así como la formación técnica y empresarial de miles de mexicanos apoyados por la red consular de México en EU y centenares de plazas comunitarias en los dos países.

Tendencias recientes de la migración mexicana e implicaciones para el desarrollo social de México

El componente de inmigrantes capitalinos y de zonas conurbadas de Guadalajara, Monterrey y Acapulco crece cada vez más, se trata de jóvenes entre 20 y 35 años, con nivel mínimo de secundaria y entre los capitalinos es frecuente encontrar técnicos y profesionistas, muchos sin documentos, algunos documentados como turistas –muchos obtienen la visa Nafta o la E2 de comerciante, otros regresan periódicamente y algunos ya tienen años que no regresan a México– a diferencia del viejo perfil del migrante que sigue llegando indocumentado con el apoyo de los contrabandistas de personas o coyotes transfronterizos. El nuevo migrante llega generalmente en avión o cruza por tierra con visa a diferencia del tradicional que se expone al peligro de los pasajes clandestinos de desiertos y montañas por donde tienen sus rutas los coyotes.

Un patrón creciente es que el nuevo inmigrante que se interna en territorio estadounidense con visa de turista puede traer consigo sumas importantes de dinero para realizar negocios y establecerse de manera relativamente autónoma, apoyándose en amigos y familiares que son residentes permanentes para solicitar la visa E2 de comerciante, visa que implica hacer un plan de negocios y una inversión mínima de 15 mil dólares en el caso de ciudadanos mexicanos. Más información sobre planes de negocios en: www.negocios.gov o www.nafin.gob.mx

Es frecuente enterarse en círculos de mexicanos que llegan en calidad de turistas con visión emprendedora que solicitan las visa E2 de comerciante o como profesionales del Tratado de Libre Comercio o Visa TN conocida como Nafta Visa, que sus operaciones comerciales o de negocios totalmente legales y en regla con el fisco estadounidense, pueden superar el millón de dólares al año o en poco tiempo. Más información sobre las visas E2 y Nafta en: www.immigrationstrategies.net

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Las opiniones vertidas en este ensayo son personales y no involucran a las instituciones donde el autor presta sus servicios. Nota Biográfica de Bernardo Mendez Lugo: Miembro del Servicio Exterior Mexicano. Nacido en Culiacán, México el 5 de marzo de 1952. Cónsul Alterno de México en Tucson, Arizona desde el 23 de octubre de 2006. Anteriormente se desempeñó como Cónsul de Prensa y Promoción Comercial en el Consulado de México en San Francisco de agosto de 2001 a Junio de 2004. Desde julio de 2004 hasta el 20 de octubre de 2006 fue Cónsul de Comercio y Promoción de Pequeños Negocios en San Francisco. Fue Agregado de Prensa y Asuntos Académicos del Consulado General de México en Atlanta de junio de 1996 a julio de 2001. Cónsul de Prensa en el Consulado General de México en Montreal (abril de 1992 a enero de 2003). Entre febrero de 1993 y mayo de 1996 fue responsable del Departamento de Difusión del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero (PCME) de la Cancillería Mexicana. Profesor-fundador del Departamento de Política y Cultura de la UAM-Xochimilco desde 1974 hasta 1990, México, DF. Coautor de varios libros sobre temas educativos y desarrollo económico y social, derechos indígenas y pequeñas empresas frente a la globalización, editorialista de NOTIMEX y del diario El Nacional. En Atlanta y el Área de la Bahía de San Francisco ha sido orador, conferencista e invitado para hablar en Universidades, Cámaras de Comercio, Foros Empresariales y Organizaciones no gubernamentales incluyendo clubes de oriundos y organizaciones comunitarias.

 

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