El Catoblepas • número 49 • marzo 2006 • página 14

La enseñanza en el proyecto político
del nacionalismo catalán

José Alsina Calvés

La política educativa del nacionalismo catalán
va mucho más allá de la cuestión lingüística

Desde las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña y la constitución del primer gobierno de la Generalidad, la Consejería de Enseñanza ha estado siempre en manos de partidos nacionalistas. Ahora bien, el nacionalismo catalán no consiste solamente en una posición sobre las relaciones de Cataluña con España (léase «Estado Español», «Nación Española», «Resto de España» a gusto del consumidor), sino que es portador de modelos sociales y políticos concretos para la organización de la sociedad catalana. En este artículo pretendemos demostrar que las políticas nacionalistas sobre enseñanza han tenido y tienen una lógica propia y una coherencia, independientemente de que gobierne la versión conservadora y moderada del nacionalismo (CiU), o la versión «izquierdista» e independentista (ERC), y que esta lógica y coherencia no se refiere solamente a la lengua.

La lengua vehicular

Para el nacionalismo catalán (en cualquiera de sus versiones) la esencia de lo «nacional» está en la lengua, siendo esta el elemento vertebrador de la «nación catalana». Como la realidad sociolingüística en Cataluña es el bilingüismo castellano/catalán, las políticas nacionalistas han ido dirigidas a cambiar esta realidad hacia una hegemonía del catalán. En este proceso la enseñanza, especialmente la primaria, juega un papel fundamental.

Afirmar que en Cataluña TODOS los niños son escolarizados en catalán, independientemente de la voluntad de sus padres o de cual sea su lengua de origen no es crispar, ni fomentar el enfrentamiento: es pura y simplemente describir la realidad. Es un hecho que nadie, bien informado, puede negar, independientemente de que lo valore de forma positiva o negativa.

Pero este hecho, de puro sabido, juntamente con las polémicas que periódicamente genera, oculta a veces otras realidades menos evidentes. Muchos que se declaran críticos con el nacionalismo catalán, e incluso «antinacionalistas» (a mí los anti- no me gustan: son tapones para las ideas) creen ciegamente que la política nacionalista en enseñanza se reduce a la política lingüística. A mi entender esto es un error, y trataremos de demostrar que hay mucho más.

La sociedad catalana

Contrariamente a lo que sostiene la doctrina nacionalista, yo no creo que haya que buscar los orígenes del nacionalismo catalán en la existencia de la lengua catalana, si no a otros factores más complejos. La lengua (juntamente con cierta «historia» mítica) es utilizada políticamente por el nacionalismo, pero esto no significa que sea su causa y origen. Creo que el factor preponderante fue el desarrollo de una burguesía muy activa en el terreno económico, primero mercantil y después industrial, que aparece en Cataluña ya desde finales de la edad media.

La habilidad económica, mercantil e industrial de estas clases urbanas corre pareja a notable incapacidad militar, política y administrativa. Por eso, en la medida que se va forjando el marco político español (llámese «Estado Español», «Nación Española», o como se quiera, a gusto del consumidor) la burguesía catalana queda políticamente periférica frente a otras zonas, más pobres económicamente, pero con más capacidad de liderazgo político, como Castilla.

En esta dualidad, superioridad/victimismo, mucho poder económico / poca capacidad política, es donde hay que buscar, a mi entender, los orígenes del nacionalismo catalán. La burguesía catalana desconfía del Estado (y por extensión de «lo público») no solo porque es español, sino simplemente porque es Estado.

Esta mentalidad, fruto de la historia y de las particularidades sociológicas de la sociedad catalana (que poco tiene que ver con el «hecho diferencial») explica bastante bien las relaciones de la sociedad catalana en general, y las fuerzas nacionalistas en particular, con las cuestiones relativas a la enseñanza.

Tradicionalmente, en la sociedad catalana, el peso de la enseñanza privada religiosa ha sido notable. En Barcelona especialmente la gente de «buen tono» de mi generación (y de otras anteriores) ha estudiado en los Escolapios o en los Jesuitas. En la década de los 60 la burguesía más «progre» empieza a huir de los centros religiosos y comienza a proliferar un nuevo tipo de centro: el privado-laico-«progre», de más «buen tono» y más adecuado a los tiempos que corren. Los centros públicos son pocos. Los de primaria (Escuelas Nacionales) tienen fama de «franquistas». Los Institutos (Institutos Nacionales de Enseñanza Media) tienen un cierto estatus, debido, entre otras cosas, a que son los únicos facultados para impartir títulos, y los alumnos de centros privados deben acudir allí a examinarse.

La Ley General de Educación «libera»a los centros privados de bachillerato de esta tutela, que para la liberal burguesía catalana era una intromisión intolerable del Estado sobre la «sociedad civil», doblemente intolerable por ser «Estado Español» y por ser simplemente «Estado». Pero la aplicación de la LGE conlleva también un incremento de los Institutos (primero «Institutos Nacionales de Bachillerato» y después simplemente «Institutos de Bachillerato) y un cierto aumento de su prestigio social entre las clases medias urbanas. Todo ello coincide con la transición política y un cierto debate entre escuela pública/ escuela privada, «libertad de enseñanza» y «derecho a los padres a escoger la educación de sus hijos».

En este debate (que se da en toda España, no solo en Cataluña) la derecha política y religiosa agita el fantasma de la «estatalización de la enseñanza». En este sentido no estaría de más recordar otro debate, este no público sino intramuros, que se dio en las esferas dirigentes del franquismo en los años 40: los intelectuales falangistas Dionisio Ridruejo, Pedro Laín y Antonio Tovar elaboraron el proyecto de crear una enseñanza única, estatal y católica y acabar por tanto con la enseñanza privada. Ni que decir tiene que el proyecto tuvo la férrea oposición de la Iglesia y los sectores católicos, y que los falangistas perdieron este pulso (como tantos otros).

Pero volvamos a nuestra historia. En las dos décadas que van de los 70 a los 90 en Cataluña se da una situación «insólita»: los Institutos de Bachillerato llegan a competir, en calidad y en cantidad, con los centros privados. No solamente la escolarización se reparte de forma más o menos equitativa, sino que la presencia en las universidades catalanas de alumnos procedentes de ambas redes tiende a igualarse. Desde los barrios humildes de Barcelona y desde el cinturón industrial los Institutos de Bachillerato contribuyen a la «masificación» de la Universidad, llevando a la misma muchos hijos de trabajadores (castellanoparlantes la mayoría). Pero esta «insólita» situación no podía durar.

Y llegó «el cambio»

El año 1982 el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones por mayoría absoluta. Para muchos ingenuos el gobierno «socialista» iba a ser la mejor garantía para la buena salud de la enseñanza pública española. La primera ley orgánica promulgada por este gobierno que afectaba a la enseñanza fue la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE). La mencionada ley provoco en un principio la oposición de la derecha religiosa y los sectores vinculados a la enseñanza privada, pero pronto cambiaron de opinión. La Iglesia no tardó en aceptarlo, y el nacionalismo catalán (y vasco) apoyaron políticamente el proyecto^{1}. Los dirigentes de CiU (ERC permaneció al margen del debate) se dieron cuenta en seguida que esta ley abría las puertas a la generalización de los conciertos educativos, es decir, poder mantener «sus» centros privados con fondos públicos.

Cuando el gobierno de Felipe González, de mano de su ministro José Maria Maravall, puso en marcha la segunda parte de su «Reforma», la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), el apoyo del nacionalismo catalán no fue solamente entusiasta, sino activo. Muchas de las ideas de la LOGSE tenían denominación de origen catalana, a través de personajes como el psicopedagogo Cesar Coll o la catedrática de latín y política nacionalista Carmen Laura Gil i Miró, que fue la última consejera de Educación de CiU antes de la victoria electoral del «tripartito».

El modelo educativo que se desprendía de la LODE y la LOGSE estaba hecho a medida para los proyectos sociopolíticos del nacionalismo catalán: aseguraba la financiación pública de los centros privados (laicos y religiosos), donde la burguesía catalana educaba a sus hijos, y donde se han formado todos los dirigentes políticos catalanes. Daba a la Generalidad amplia autonomía para gestionar los centros catalanes; a partir de aquí se podían poner en marcha políticas de inmersión lingüística, y también rocambolescas «experiencias docentes» (desastrosas) como los «créditos» trimestrales, de infausto recuerdo, naturalmente solo en los centros públicos.

Pero lo fundamental para el proyecto sociopolítico del nacionalismo catalán, digámoslo claramente, era la consolidación de una doble red de centros educativos. Una red privada concertada de centros laicos (para el sector «progre» de la burguesía) y religiosos (para el sector más conservador de la misma) y una red de institutos públicos que al tener que escolarizar obligatoriamente a todos los jóvenes hasta los 16 años se degradaba a servicio social, a guardería, a reformatorio, en definitiva, a contenedor social donde «gestionar» la marginalidad, la delincuencia juvenil o los problemas derivados de la inmigración creciente. Todo ello envuelto en una «cháchara» progresista y «políticamente correcta» que neutralizaba cualquier crítica.

De la reacción del profesorado a la LOCE: tarde y mal

Desde la aplicación de la LOGSE en Cataluña nacieron en el seno del profesorado de instituto diversos movimientos críticos con la misma. Algunos tomaron la forma de sindicatos, otros de asociaciones profesionales o de movimientos asamblearios. No solamente tuvieron que enfrentarse a la Administración educativa, sino también a las grandes centrales sindicales, especialmente a CCOO, que apoyaban la LOGSE de manera entusiasta. Destacaron la Plataforma del Valles, movimiento asambleario que movilizó a muchos centros y convocó actos multitudinarios, y el sindicato ASPEPC (Asociación Sindical del Profesorado de la Enseñanza Pública de Cataluña) que llego a ser la tercera fuerza sindical del sector y a estar presente en la Mesa Sectorial de Enseñanza.

Todos estos movimientos fracasaron. Estuvieron sometidos a una gran presión por el nacionalismo y su entorno mediático y por CCOO: se les acusó de estar instrumentalizados por el Partido Popular, de ultraderechistas, de españolistas y de defender intereses corporativistas (todo lo malo posible desde la «corrección política»). La mayoría del profesorado estaba educado política y sentimentalmente en las coordenadas del «Mayo del 68» y (en grado menor) en el nacionalismo, lo que le hacía particularmente sensible a estas críticas.

El descontento del profesorado atrajo pronto la atención política del Partido Popular, que, en su papel de oposición, había sido la única fuerza política que se había opuesto a la LOGSE. Las primeras aproximaciones de este partido a los sectores descontentos del profesorado se dieron en Cataluña. José Maria Francas, diputado del PP en el Parlamento Catalán y profesor de pedagogía en la Universidad Autónoma de Barcelona se dio cuenta de que el discurso basado en la defensa de la enseñanza privada (¿defensa frente a que?) carecía de futuro, y que la aproximación al profesorado de secundaria podía serles beneficiosa, explotando su voto negativo frente a la LOGSE.

Pero el primer intento del Partido Popular para abrir un frente en la educación fue un fracaso. Gobernando en minoría y con el apoyo parlamentario de CiU la ministra Esperanza Aguirre intento sacar adelante el llamado «Decreto de Humanidades», centrado sobretodo en la enseñanza de la historia. El enfrentamiento teórico «nacionalismo español» / «nacionalismo catalán» desnaturalizo el debate, y para la mayoría del profesorado apareció como un debate retórico, ajeno a sus problemas. El PP se quedó solo defendiendo el proyecto de su ministra y fue derrotado.

Ya con mayoría absoluta del Partido Popular, la ministra Pilar del Castillo empezó a preparar un proyecto mucho más ambicioso: la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Esta ley pretendía ser una «Reforma de la reforma», aunque en realidad era mucho menos: una serie de parches técnicos bienintencionados, pero que dejaba intacto el tronco central de la cuestión: la obligatoriedad e uniformidad de la enseñanza secundaria hasta los 16 años. Sin embargo se introducían algunas medidas correctoras, y se recogían algunas reinvidicaciones históricas de los sectores del profesorado opuestos a la LOGSE, como los itinerarios^{2}.

La coalición politico-social que había gestado la LOGSE se opuso a la LOCE con todas sus fuerzas, y en esta oposición el nacionalismo catalán jugo un papel muy importante. La Consejera de Enseñanza del último gobierno de CiU, Carmen Laura Gil, fue del brazo con CCOO para oponerse a la LOCE^{3}. A pesar de todo ello, la mayoría parlamentaria del PP hizo posible que la LOCE fuera aprobada.

Pero fue una victoria pírrica. Estábamos al final de la legislatura, y las elecciones generales, celebradas poco después de los trágicos acontecimientos del 11-M daban la victoria al PSOE. El gobierno de Zapatero paralizó inmediatamente la aplicación de la LOCE.

Y en Cataluña...

Unos meses antes del 11-M en Cataluña ya se había producido el «cambio». El «tripartito», la coalición de PSC, ERC y IC había derrotado en las elecciones autonómicas a CiU, es decir, la burguesía nacionalista se había sucedido a si misma. La política educativa no ha cambiado, pero el nuevo escenario ha permitido al nacionalismo «avanzar» en su proyecto: más dinero a la enseñanza concertada^{4}, gestión privatizada de la enseñanza pública, reconversión de los colegios públicos y los institutos en guarderías (ampliación del calendario escolar, sexta hora en primaria), desfuncionarización del profesorado, &c.

La Consejería cambio de nombre: de Enseñanza a Educación. La nueva Consejera se rodeo de «expertos» (ninguno de las cuales era profesor ni de primaria y de secundaria) que empezaron a producir documentos en el marco de un «Pacto Nacional para la Educación», que iban a servir de base a una futura Ley Catalana de Educación. Algunos de estos «expertos» ya habían trabajado para la anterior consejera, lo que demuestra la continuidad de la política educativa.

Destaca entre estos presuntos expertos José Maria Terricabras, profesor de filosofía de la Universidad de Gerona (evidentemente un gran conocedor de la enseñanza secundaria). Terricabras ya había iniciado su fulgurante carrera con Carmen Laura Gil, pero ahora se ha promocionado. Autentico «intelectual» orgánico del nacionalismo en cuestiones educativas, es el autor del documento sobre profesorado del «Pacto Nacional para la Educación». Sus propuestas se mueven en la línea del neoliberalismo más agresivo, bien rebozado en cháchara progre y nacionalista. Exige la desfuncionarización del profesorado de la enseñanza pública, y dice que conceptos como «plaza en propiedad» o «libertad de cátedra» son del siglo XIX^{5}. Pero su afán desfuncionarizador se detiene en las puertas de la Universidad: no tenemos noticia de que piense renunciar a su «plaza en propiedad» en la Universidad de Gerona.

Sobre el profesorado (de la pública, claro) dice cosas tan significativas como que su función no es transmitir conocimientos, sino «trabajar para la integración social del alumnado». Dice que deben asumir el «constructivismo» como única (sic) pedagogía aceptable. También dice que deben ser personas «moralmente fiables».

El modelo de Terricabras es la continuación, llevada al extremo, de la política de Carmen Laura Gil, última consejera de CiU. Significa la gestión privada de los centros públicos; los directores convertidos en mandarines que contratan y despiden libremente; la enseñanza pública entendida como gestión de la bolsas de marginación; el clientelismo político y el amiguismo convertidos en práctica sancionada por las leyes.

Esta es la política educativa del nacionalismo catalán. Va mucho más allá de la cuestión lingüística.

Notas

{1} Exactamente los mismos sectores que ahora apoyan la LOE

{2} La primera propuesta de los itinerarios se hizo en una asamblea convocada por la Plataforma del Valles en el Instituto «Menéndez y Pelayo» de Barcelona. La propuesta sería recogida por el sindicato ASPEPC.

{3} Curiosamente este gobierno de CiU lo era gracias al apoyo parlamentario del Partido Popular de Cataluña.

{4} Un alto dirigente de la patronal de la enseñanza privada catalana hizo unas declaraciones en La Vanguardia diciendo que no tenían ninguna queja de la nueva consejera, Marta Cid (ERC) y que nunca habían sido tan bien tratados.

{5} Y tiene razón: antes el poder político ponía y quitaba funcionarios a dedo, o vendía las plazas.

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