El Catoblepas • número 78 • agosto 2008 • página 1

La rebelión cívica
como expresión democrática del pueblo español

José Manuel Rodríguez Pardo

Comunicación presentada en los XIII Encuentros de Filosofía, celebrados durante los días 3 y 4 de Julio de 2008 en Gijón

Introducción

Tras la llegada al poder del PSOE el año 2004, pronto se sucedieron las manifestaciones contra las medidas que había promulgado el gobierno: resistencia contra el traslado de parte del Archivo de Salamanca a la Generalidad de Cataluña, protestas de distintos foros a favor de la familia y de la Iglesia Católica contra la ley de «matrimonios homosexuales», protesta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra el proceso de negociación del Gobierno con la banda terrorista ETA, &c. La última concentración del año 2007, realizada en defensa de la familia y convocada por la Iglesia católica, aglutinó alrededor de un millón de personas. Francisco José Alcaraz, Presidente de la AVT hasta hace pocas fechas, ha publicado recientemente un libro titulado Una rebelión cívica, nombre que ha acabado siendo usado de manera común por los periodistas, tanto de manera positiva como despectiva, para designar a estos actos de protesta. La expresión rebelión cívica la usó el propio Presidente de la AVT el 25 de noviembre del año 2006, en un discurso pronunciado en una multitudinaria manifestación contra la negociación del gobierno socialista de España con ETA.

También la Iglesia católica ha formado parte de esta rebelión cívica, no sólo en oposición a la denominada «ley de matrimonios homosexuales», o a la Educación para la Ciudadanía, engendro que recuerda al aprendizaje de la virtud de los sofistas Protágoras y Gorgias, situaciones que han servido de acicate para las protestas de la institución católica, muchas veces en forma de objeción a la ley de las familias. Así, la Biblia y el crucifijo sobre los que juró su cargo Zapatero, lejos de ser «meros adornos» [sic], como los denominó inicialmente, han causado y aún hoy causan serios quebraderos de cabeza al gobierno socialista de España, incapaz de asumir que el catolicismo es parte indisociable de la tradición histórica de España, algo que el historiador Hugh Thomas percibió a propósito del anticlericalismo de la II República en su libro La guerra civil española.

Curiosamente, la memoria histórica que Zapatero y sus secuaces separatistas nos imponen por ley, y que ha provocado también protestas a propósito del desmembramiento del Archivo de Salamanca, ignora la persecución que la II República realizó contra los católicos, con miles de asesinados por el único «delito» de ser religiosos durante la II República y la Guerra Civil española. Crímenes que, al tomar la forma de martirio con su brutal ensañamiento, se han convertido en el mayor testimonio para su posterior canonización. De ahí las críticas a la canonización de 498 mártires de la guerra civil el pasado año, pues dejaban al descubierto las contradicciones, falsedades y mala fe de semejante memoria histórica.

Las críticas que, desde el gobierno y sus medios de comunicación afines –la práctica totalidad de los existentes en España–, se lanzaban contra estas distintas manifestaciones, coincidían en una cuestión fundamental: el PP, que había rechazado las manifestaciones del ¡No a la Guerra!, se lanzaba a la calle para erosionar al gobierno, en lugar de hacer una oposición parlamentaria digna. Sin embargo, pese a estas acusaciones contra las distintas asociaciones partidarias de ser «submarinos del PP», parece grotesca la naturaleza de tal acusación: el Partido Popular se mostró muy remiso a apoyar tales manifestaciones, pese a que algunos de sus principales dirigentes acudieron a algunas de ellas a título personal, y en el caso de algunas asociaciones mezclarlas con la política partidaria produce, cuando menos, hilaridad. La Iglesia católica sostiene que «al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios», por lo que críticas como las que el PSOE ha realizado a las recientes beatificaciones de mártires, una constante en la Historia de la Iglesia, o a la defensa genérica de la familia, que no critica a ningún partido político concreto, no tienen fundamento alguno.

Esta tendencia a etiquetar ideológicamente con los nombres de los partidos políticos a cualquier argumento o movimiento, demuestra que existe un gran autismo en la ciudadanía española, tolerado y difundido por los medios de comunicación. Esa ideología ambiente considera que sólo puede hacerse política dentro de los cauces que marcan los partidos y sobre todo la actividad parlamentaria, de tal manera que lo que se manda en el parlamento es expresión exacta y milimétrica de una metafísica voluntad popular. Sin embargo, lo que vamos a sostener aquí es que estas asociaciones no partidarias son tan o más políticas que los partidos con representación parlamentaria.

Antecedentes: el Pacto del Tinell

Si hubiéramos de poner un antecedente a la denominada rebelión cívica, éste sin duda se fraguó poco antes de las elecciones del año 2004. Hablamos del Acuerdo para un Gobierno catalanista y de izquierdas en la Generalidad de Cataluña, más conocido como Pacto del Tinell, por el Salón de Barcelona en que se firmó, el 14 de diciembre de 2003. Los firmantes de dicho documento fueron el Partido Socialista de Cataluña, ERC e Iniciativa por Cataluña, que accedieron así al gobierno de la Generalidad catalana en forma de tripartito. De este modo, echaron del poder a la lista más votada, Convergencia y Unión.

Sin embargo, lo que fue en principio un acuerdo coyuntural en una zona tan peculiar como Cataluña, donde el nacionalismo separatista tiene mucho peso, y pese a que un acuerdo de semejante naturaleza amenazaba con ser un lastre para el PSOE a nivel nacional, el Pacto del Tinell se convirtió en la fórmula de gobierno para toda España tras la victoria del PSOE en el año 2004, pues semejante pacto incluía un Anexo, no siempre hecho público y camuflado bajo todo tipo de hueca palabrería, sobre «Criterios de actuación política general», en los que se excluye la posibilidad de cualquier pacto de Gobierno o establecer acuerdos de legislatura con el Partido Popular. Literalmente: «Ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP, ni en la Generalidad, ni en el Estado», como señala en su página 94 el citado Pacto.

Echar a media España

Ante las manifestaciones de la rebelión cívica, el gobierno socialista de España y sus medios de comunicación afines se comportan como si estuvieran en la época del despotismo ilustrado, anterior a la revolución francesa de 1789 y por lo tanto a las democracias actuales. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo: tolera a quienes hablan bien de él, pero descalifica groseramente a quienes se le oponen. Así, quien protesta contra el denominado «Proceso de Paz» o diálogo con la banda terrorista ETA es acusado de no desear la paz y de tener un profundo resentimiento. Si encima convocaba manifestaciones multitudinarias, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo, eran ocultadas por los medios de comunicación, o alteradas sus cifras de participación. Como corolario, los representantes del gobierno y sus medios de comunicación afirmaban que «las víctimas del terrorismo no pueden opinar sobre la política antiterrorista», mientras los opinólogos e intelectuales –en realidad, impostores, pues ¿qué cualidad tienen ellos de la que carecen los demás ciudadanos para denominarse tan pomposamente «intelectuales»– afines al gobierno no se privan de opinar sobre cualquier tema, considerados ellos mismos como verdaderos representantes de la inteligencia y la razón.

Pero, ¿acaso en una sociedad democrática las cuestiones políticas, ya sean de política fiscal como a la antiterrorista, no son parte de la opinión pública? Capítulo aparte es que sea necesario estar al día de las cuestiones más diversas y pocos son quienes disponen de tiempo para ello, pero los asuntos políticos, en tanto que conciernen a todos los ciudadanos, no pueden ser propiedad de un grupo de «expertos» que se consideran la Inteligencia, la Razón y se autodenominan «intelectuales», impostura de quienes destacan simplemente por escribir columnas periodísticas de dudosa factura y participan en debates donde no se pone en cuestión ni la democracia, ni la constitución ni lo que dice el parlamento.

Pero no sólo se critica a los protagonistas de la rebelión cívica, sino que además se les niega el derecho a expresarse sobre estas cuestiones. Qué decir ya si esos mismos déspotas descalifican a terceros por haber sido víctimas de la violencia terrorista, por estar supuestamente «afectados psicológicamente» a causa de los atentados sufridos. No deja de ser sintomático que ese mismo rechazo a la voz del pueblo se convierte en alabanza en otras ocasiones, cuando el número de votos dan la victoria a determinado partido para ser más exactos. Reducir la democracia a la mera introducción del sufragio cada cuatro años, suponiendo que el convocar referéndums de manera constante (Constitución Europea, Estatuto de Cataluña, &c.) resuelve los problemas, supone pensar que todo se resuelve con «más democracia». En definitiva, es una forma de caer en el fundamentalismo democrático (Ver Gustavo Bueno, Panfleto contra la democracia realmente existente, La Esfera de los Libros, Madrid 2004, págs. 35 y ss.).

Un síntoma de este despotismo ilustrado se comprobó cuando se produjeron los debates «cara a cara» entre Zapatero y Rajoy. Tras ellos, los periodistas se encargaban de hacer públicas encuestas que daban la victoria a Zapatero, para después en las tertulias posteriores recalcar que Rajoy había perdido el debate por haber mirado a la cámara, tener una pose nerviosa, &c. Pero, ¿por qué los electores de una democracia podrían dejarse guiar por cuestiones tan secundarias y no por los argumentos objetivos que planteasen unos y otros? Así, si Rajoy argumentó dialécticamente con la ruptura del Pacto antiterrorista a cargo del PSOE, con el Pacto del Tinell firmado por el PSOE para echar a la media España representada por el PP de la política, &c., Zapatero repetía sin cesar la palabra Paz y otra serie de palabrería hueca y retórica como Solidaridad o Consenso, dentro de una labor de obstruccionismo sobre los turnos de Rajoy. Obstruccionismo que se convirtió en silencio ante las argumentaciones dialécticas sobre economía e inmigración planteadas por Rajoy.

Pero el grueso de los argumentos fue camuflado por la prensa, afín al PSOE en la inmensa mayoría de los casos, destacando de Zapatero su mejor presencia ante la cámara, la pose, el carisma, su belleza y otros aspectos que hacían más agradable su mensaje al público. Los medios de comunicación, actuando como el clero de la Edad Media, tienen un importante papel en el retorno al despotismo ilustrado al que nos somete este gobierno. Los periodistas consideran a la ciudadanía como una suerte de menores de edad, y sus opiniones inferiores a las de los «intelectuales» del régimen. En consecuencia, les «orientan» mediante las correspondientes encuestas demoscópicas para que sepan quién ha ganado realmente el debate. Evidentemente, el pueblo que acepte los principios de este despotismo ilustrado y no sea capaz de distinguir entre la maraña de argumentos dialécticos y retóricos de unos y otros, que en definitiva sucumba sumisamente al engaño al que se le somete, tendrá en consecuencia el gobierno que se merece.

En esta tesitura de adormecimiento generalizado, la raíz de esta rebelión cívica contra el gobierno socialista de España no hemos de buscarla, por lo tanto, en resentimientos o perversos deseos, sino en algo mucho más palpable: el citado Pacto del Tinell. Acuerdo que sirve para poner en evidencia la doctrina metafísica de la voluntad popular expresada en el parlamento. Si en lugar de una mayoría, quienes gobiernan constituyen un conjunto de partidos minoritarios cuyos programas y objetivos son contradictorios entre sí, la democracia demuestra estar podrida en su esencia:

«La política de coaliciones entre partidos para obtener la mayoría parlamentaria (“todos contra el PP”) irá generando una nueva ideología de la soberanía popular. La soberanía del pueblo se supondrá íntegramente representada por la soberanía de una asamblea nacional, regida por la ley de la mayoría (aunque esta mayoría sea el resultado de coaliciones entre representantes de partidos que, en el electorado representado, se oponen entre sí). Por lo tanto, lo que las Cortes aprueban, será expresión de la misma soberanía popular, sin necesidad de consenso entre los partidos políticos, y aunque uno de esos partidos de oposición represente casi la mitad del cuerpo electoral español. Pero los proyectos de esta mitad se desestimarán como proyectos marginales de un partido aislado y solitario (aunque tenga diez millones de votantes)». [Gustavo Bueno, «El debate democrático sobre el “proceso” (de pacificación del País Vasco)», en El Catoblepas, número 52, junio 2006, página 2.

De este modo, Pacto del Tinell mediante, hemos contemplado cómo una y otra vez se convertía al PP, que con diez millones de votos se puede considerar representante legítimo de media España, casi a la par que el PSOE, en un partido minoritario por obra del mal denominado «consenso». Los acuerdos parlamentarios y al margen del electorado se camuflan como expresión de una metafísica voluntad popular. Por lo tanto, afloran así graves contradicciones, que «derivan de la misma estructura profunda de la sociedad democrática, en tanto está asentada en el supuesto de las mayorías interpretadas como aproximación a la totalidad del "pueblo". Supuesto contradictorio con la pluralidad de partidos minoritarios, tanto como con el hecho de la abstención creciente». (Panfleto contra la democracia, pág. 231).

Frente a esta minoría de edad a la que se quiere someter a la ciudadanía española, adormeciéndola para ocultar cómo se expulsa del parlamento a media España en términos electorales, una serie de personas que sí están al día de lo que sucede en la política española, han protagonizado los ya citados actos de protesta. Una vez que la doctrina de la voluntad popular queda reducida a los acuerdos de fuerzas parlamentarias minúsculas y contradictorias entre sí, desechándose cualquier tipo de acuerdo entre los grandes partidos de la democracia española (como lo fueron el Pacto Antiterrorista o la Ley de Partidos en la legislatura 2000-2004, con mayoría absoluta del PP), sólo cabe la rebelión en la calle, como acto democrático de un grupo considerable de ciudadanos que no se conforman con el resultado de las urnas –sin excluir desde luego el efecto sobre los sufragios que estas mismas personas, en tanto que ciudadanos con derecho a voto, puedan tener.

Esta praxis política que ejercita el PSOE es la propia de la socialdemocracia y su viscosa ideología oportunista, que ya tiene sus hondas raíces asentadas en el revisionismo y oportunismo de Bernstein: una vez aceptada la colaboración con el capitalismo para llegar al socialismo, son aceptables los constantes cambios de doctrina. Así, si el PSOE se caracterizó por su activismo revolucionario en los últimos años de la Restauración (1917-1920), con la dictadura de Primo de Rivera colaboró formando parte de su gobierno, como hizo también con el de la II República hasta que perdió las elecciones en 1933 y se embarcó en la revolución de Octubre de 1934, de la que renegó una vez vencida. Tras la guerra civil, intentó formar una alianza con el anteriormente denostado Gil Robles para derrocar a Franco, &c.

Y en el régimen de 1978 han seguido sus constantes bandazos, camuflados con descalificaciones y gruesas y constantes mentiras: por ejemplo, con la expropiación de Rumasa para favorecer a los grandes emporios financieros, mientras desde el gobierno el PSOE habla de socialismo y pleno empleo; en los últimos años, aparte de acusar a quienes se oponen al diálogo con la banda terrorista ETA, camuflado como Proceso de pacificación del País Vasco, de no querer la paz, el PSOE se ha camuflado bajo el Síndrome del Pacifismo Fundamentalista, retirándose ante las cámaras de televisión a las tropas de Iraq, mientras se mantiene la fragata Álvaro de Bazán en primera línea de fuego en Iraq y no paran de enviarse tropas a combatir con la OTAN al extranjero, bautizadas eufemísticamente como misiones de paz.

Por eso no extrañan las críticas lanzadas a la Iglesia Católica, rememorando el anticlericalismo del siglo XIX o la idealizada II República, como si su rival electoral fuera el Papa Benedicto XVI. Golpes bajos constantes para disimular sus tropelías, como llamar al PP los restos del franquismo, el famoso «bunquer», cuando el PP anunció la presencia del ex presidente de Endesa, Manuel Pizarro, como número dos de la lista del Partido Popular en Madrid. La mentira política es su único fin y su método para ocultar los constantes cambios de rumbo que amenazan con encallar la nave que es España.

La rebelión cívica como forma de actuación política

La rebelión cívica, dentro de la filosofía política del materialismo filosófico, se sitúa dentro de la capa conjuntiva del cuerpo de la sociedad política. Se trata de un vector ascendente que actúa sobre el poder ejecutivo y que reclamaría algo más que su derecho a la elección de representantes. Dentro de la rama del poder operativo, en la capa conjuntiva del cuerpo de la sociedad política, en lo que el materialismo filosófico denomina armadura básica de la sociedad política, la rebelión cívica sería un elemento de poder plenamente legítimo, una desobediencia a un gobierno que ha cometido graves errores amenazan la pervivencia de la sociedad política española. Dentro de esta tabla, los sufragios serían un vector ascendente, opuesto a la acción del gobierno, pero para nada exento de los demás vectores ascendentes. Los protagonistas de la rebelión cívica pueden perfectamente ejercer su derecho al voto, e incluso lo harán en condiciones mucho más conscientes que quienes viven adoctrinados en la propaganda gubernamental [Ver la tabla expuesta en Panfleto contra la democracia realmente existente, pág. 124; «Ramas y Capas del poder político» en Diccionario Filosófico, Pentalfa, Oviedo 2000; y El Basilisco, 2003, nº 33, pág. 11, que aquí reproducimos].

Ramas del poder (eje sintáctico)	Capas del poder (eje semántico)			Sentido (vectorial) de la relación
	Conjuntiva	Basal	Cortical
Operativa	Poder ejecutivo	Poder gestor	Poder militar	↓ Descendente
	obediencia / desobediencia civil	contribución / sabotaje	servicio / deserción	↑ Ascendente
Estructurativa	Poder legislativo	Poder planificador	Poder federativo	↓ Descendente
	sufragio / abstención	producción / huelga, desempleo	comercio / contrabando	↑ Ascendente
Determinativa	Poder judicial	Poder redistributivo	Poder diplomático	↓ Descendente
	cumplimiento / desacato	tributación / fraude	alianzas / inmigración privada	↑ Ascendente

Quienes dicen que la política sólo se hace votando se quedan al nivel estructurativo, de los sufragios, convirtiendo la política en un asunto del parlamento, que sería la representación de la voz del pueblo, están presos en el fondo del fundamentalismo democrático, que considera la democracia como algo que se autosostiene, al margen de cualquiera de las numerosas divergencias que existen dentro de toda sociedad política. Sin embargo, el «consenso», sustituto del «todos contra el PP» una vez que ha pasado a la oposición, y que expulsa a media España de la política parlamentaria, supone una divergencia respecto del presunto normal funcionamiento de la política, que sólo cabe considerar como una corrupción en su esencia de la democracia española, en manos de un régimen oligárquico que no duda en conceder estatutos de autonomía secesionistas y dar todo tipo de cesiones económicas para seguir en el poder. Frente a esto reacciona la denominada rebelión cívica.

La rebelión cívica en la Historia de España

La rebelión cívica protagonizada por organizaciones como la AVT o la Iglesia católica no puede considerarse, como hemos visto, algo contrario a la política. Es más, hemos de considerarla como una constante en la Historia de España. A base de rebeliones cívicas se constituyó España frente al Islam durante la Edad Media, en una lucha donde no eran los nobles sino el pueblo llano el protagonista, el mismo que ocupaba las tierras conquistadas y podía elegir sus propios fueros y libertades, siempre luchando frente a la nobleza feudal. Ese mismo pueblo se elevaba a títulos de baja nobleza o hidalguía en virtud de su destreza en el combate.

Ya en tiempos modernos, fue el mismo pueblo llano que expulsó a los musulmanes el que se rebeló contra Carlos V en la forma de los Comuneros, que pese a sucumbir lograron su objetivo: que la Corona permitiese la gran aventura americana. Ya en América, ese pueblo llano, muchas veces contraviniendo las órdenes de gobernadores, aliado a los indígenas tiranizados por aztecas e incas, realizó la conquista del Nuevo Mundo. Ningún ejército opresor y superior técnicamente se organizó para conquistar el Nuevo Mundo y masacrar a los indígenas, pese a lo que afirma la Leyenda Negra. Cuando los españoles languidecían casi como ahora, y en pleno vacío de poder por el secuestro de la monarquía, en 1808 se «echaron a la calle» el 2 de mayo para expulsar a los franceses, rebelión cívica que conduciría a la Constitución de 1812, la primera que tuvo la nación española. Curiosamente, mientras se celebraban los doscientos años del comienzo de la Guerra de la Independencia, iniciada con la citada rebelión cívica, el gobierno socialista de España reivindicaba a los afrancesados. Difícilmente se puede explicar mejor cuál es el papel de este gobierno frente al sentir de buena parte de la ciudadanía española.

Conclusiones

La rebelión cívica, pese a su capacidad de convocatoria y su activismo, no ha logrado su objetivo, que era frenar la involución que sufre la sociedad española con el gobierno socialfascista del PSOE. Seguramente una de las razones más poderosas para explicar este fracaso, sean los numerosos medios de comunicación que el ejecutivo socialista tiene a su disposición, y cómo sus mensajes son percibidos positivamente por esa ciudadanía autosatisfecha y despreocupada, víctima de la felicidad canalla (sin menospreciar los efectos electorales que también ha tenido el Pacto del Tinell en Cataluña, propiciando la subida del PSC). Además, la rebelión cívica mantiene su actividad al nivel de la capa conjuntiva, y no tiene poder para alterar la capa basal, la estructura económica: los empresarios están contentos con el actual gobierno, ya que les nutre de mano de obra barata gracias a la inmigración privada, vector ascendente que, dentro ya de la capa cortical, podría causar problemas a corto plazo si los inmigrantes siguen llegando de forma descontrolada: las pateras y los masivos cruces de fronteras en Ceuta y Melilla bien podrían considerarse como una suerte de invasión. No obstante, los sindicatos (capa estructurativa) están completamente amansados y sólo ven en la inmigración nuevos afiliados con los que engrosar sus filas.

La rebelión cívica, en suma, tampoco recibe adhesiones de la capa cortical. La inmigración desregulada, no resuelta por medio de las repatriaciones de manera conveniente por el poder diplomático respecto a la inmigración privada y el tráfico de personas, no ha supuesto de momento un problema grave, debido a las necesidades que había que cubrir en la capa basal.

Pero la rama del cuerpo de la sociedad política más caracterizada en la capa cortical es sin duda la operativa, la que pertenece al poder militar, y éste tampoco es favorable a la rebelión cívica: en el ejército están prietas las filas y no hay señales de hacer ruido con el sable. Las más explícitas fueron las del General Mena en el 2006, que simplemente insinuó la posibilidad de que el ejército hubiera de intervenir en caso de que los nuevos estatutos de autonomía sobrepasasen los límites constitucionales. Inmediatamente fue arrestado por sus superiores y descalificado por la prensa.

Sin duda el lema más explícito del rechazo a la rebelión cívica es el famoso «Defender la alegría», esgrimido por la PAZ [sic], siglas de la Plataforma de Apoyo a Zapatero, cuyas filas son engrosadas por los denominados «intelectuales inorgánicos», personas que no pertenecen al PSOE, al menos como militantes de base, pero que simpatizan con muchas de sus ideas, sobre todo vía subvención, y las expresan en sus obras: canciones, películas, &c. Evidentemente, su condición de «intelectuales», de representar a La Inteligencia, no puede ser más pretenciosa, pues a lo sumo lo que hacen es presentar una serie de tópicos de la ideología ambiente en sus películas y su música degenerada. Pero la ideología que manejan es realimentada por quienes escuchan sus canciones y ven sus películas, aceptando voluntariamente semejante impostura.

PAZ, en resumen, son unas siglas que abanderan el famoso ¡No a la Guerra! del que ya hablamos y que tantos réditos ha aportado al gobierno socialista de España. Sin embargo, mientras las manifestaciones del ¡No a la Guerra! carecían de un objetivo político claro (pedían la paz en abstracto), pese a las aviesas intenciones de quienes animaban a los manifestantes, las de la rebelión cívica sí tienen un objetivo político concreto: modificar las políticas de un gobierno que supone una amenaza para la continuidad histórica de España. Rebelión cívica que, pese a lo que afirman los periodistas, como si fueran el clero en la Edad Media, sí posee una opinión formada sobre las políticas del gobierno. En el límite, esa rebelión cívica busca expulsar a ese gobierno del poder.

Seguramente también ha afectado al fracaso de estas manifestaciones el formar un grupo heterogéneo y de intereses diversos, unidos por su rechazo a las políticas del PSOE, cuyas divergencias no parece que se vayan a solventar. No obstante, su mayor éxito es su poder de convocatoria, muy superior al de la partitocracia española. A tenor de lo visto la pasada legislatura, las organizaciones de la rebelión cívica tienen un arraigo social y poder de convocatoria muchísimo mayor que el de los partidos políticos oficiales del régimen de 1978. En diciembre de 2007, una convocatoria oficial del gobierno tras el asesinato de dos guardias civiles a cargo de la banda terrorista de ETA, a la que la Asociación de Víctimas del Terrorismo declinó acudir, acabó en un sonoro fracaso: apenas unos minutos donde estuvieron presentes no más de cinco mil personas, concurrencia ridícula en comparación a los cientos de miles que convoca la AVT de manera periódica. Así lo tituló el periódico El Revolucionario el 5 de diciembre de 2007: «Sonoro fracaso de la partitocracia española en su pantomima de unidad tras el último atentado de la ETA».

Pese a las dificultades encontradas, podemos deducir, a tenor de la experiencia de la pasada legislatura, que esta rebelión cívica no es menos democrática que depositar el voto cada cuatro años, sobre todo si quienes la realizan son ciudadanos perfectamente conscientes e instruidos en la realidad social y política de España. Rebelión que tiene un fuerte carácter político, pese a que esos impostores denominados «intelectuales» han pretendido negarle su naturaleza.

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