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El Catoblepas, número 89, julio 2009
  El Catoblepasnúmero 89 • julio 2009 • página 19
Libros

La Provincia del Paraguay en los prolegómenos de la independencia hispanoamericana

José Manuel Rodríguez Pardo

Sobre los libros de Herib Caballero Campos, Los bandos de Buen Gobierno de la Provincia del Paraguay 1778-1811. Arandurá, Asunción 2007 y De Moneda a Mercancía del Rey. Efectos y funcionamiento de la Real Renta de Tabacos y Naipes en la Provincia del Paraguay (1779-1811). Arandurá, Asunción 2006

Herib Caballero Campos, Los bandos de Buen GobiernoHerib Caballero Campos, De Moneda a Mercancía del Rey

Herib Caballero Campos (Asunción, 1975) es un joven historiador muy activo en distintas instituciones académicas de Paraguay, que ha desarrollado una prolífica obra con varias publicaciones de interés sobre la Historia de su país. Dos de ellas son los que traemos aquí al lector: un opúsculo sobre la legislación de la Provincia del Paraguay en los años previos a la independencia respecto a España, y un estudio minucioso y muy documentado sobre rentas de productos circulantes en la provincia y su administración en idéntico período.

Respecto al libro de Los bandos de Buen Gobierno, el Prólogo de Ignacio Telesca no cae en los tópicos de opresión y mal gobierno que suelen surgir contra España, sino que haciendo honor al título, habla de los bandos de Buen Gobierno señalando que estos decretos «no tienen por qué ser vistos como meros “instrumentos de represión”. La intención del gobernante era instaurar un cierto orden en una sociedad en continuo crecimiento, con sus problemas del día a día» (pág. 7). Y por otro lado, «Ante la proximidad del bicentenario, este tipo de trabajos se presentan como imprescindibles para entender a la sociedad de la independencia. Una sociedad que no surge en 1811 ni con el Dr. Francia, sino que se viene conformando de una manera particular desde la expulsión de los jesuitas entre 1767 y 1768». Mientras, se abren nuevos espacios al sur del Tebicuary y al norte del Manduvirá, así como la conquista del norte con la fundación de Villa Real de Concepción en 1773. La población aumenta con los indígenas que llegan de las misiones y se incorporan a la vida urbana y rural. Una nueva afluencia de población que vive de su tierra y a la que hay que mantener en un cierto control, en una sociedad en la que la ganadería junto al cultivo de yerba mate son las principales actividades (págs. 8-9).

Define Herib Caballero los bandos de buen gobierno a través de una cita del argentino Táu Anzoategui como «un mandamiento de autoridad competente dirigido a todos los vecinos y habitantes de la ciudad y su jurisdicción, que contiene un conjunto articulado de disposiciones sobre diversas materias relativas a la vida local, que se daba a conocer públicamente a toda la población». No eran nuevos: «Este tipo de instrumentos ya existía en los siglos XVI y XVII, pero fue durante el siglo XVIII cuando tuvieron un auge importante. La obligatoriedad de su confección fue determinada por la Real Ordenanza de Intendentes del Río de la Plata (1783), dictada por el rey Carlos III. Entre las obligaciones de los Intendentes se incluían las de dictar los Bandos de Buen Gobierno, "para reformar las costumbres"» (pág. 13).

Es interesante asimismo que el autor cita, en la nota 5 de la página 14, que señala a autores como Pedro Andrés Porrás Arboledas sobre los autos de buen gobierno en Motril, Granada, asimilando así la legislación en los Virreinatos a la aplicada en la Península Ibérica, una prueba de que «las indias no eran colonias», como afirmaba Ricardo Levene.

Superando investigaciones de autores previos, se centra en el bando de Pedro Melo de Portugal, que gobernó la Provincia en la primera etapa de estudio de la obra, de 1778 a 1787. Su bando, dictado al poco de asumir el cargo, ya muestra su carácter popular, el nivel más popular del ordenamiento jurídico, para garantizar así que el conocimiento de sus normas llegaba a los distintos estratos de la sociedad. «Es decir, eran las obligaciones las cuales el poder quería que fueran inteligibles para todos los habitantes en su jurisdicción, por lo que “para la mayoría de la población analfabeta, estos bandos fueron posiblemente las normas jurídicas que más pudieron influir sobre su conducta”. En el caso del Paraguay, el documento debía ser explicado en guaraní a los que no entendiesen el castellano, como lo ordenaba el gobernador Pedro Melo de Portugal» (págs. 15-16)

Prosigue su estudio con los otros intendentes de los que se conserva el bando dictado. El primero es el Teniente Coronel Joaquín de Alós y Brú, Intendente del Paraguay de 1787 a 1796, que avanzó en el crecimiento económico de la provincia, a costa de enfrentamientos con la elite capitular. El siguiente, el capitán Lázaro de Ribera, que asumió su cargo en 1796 y dictó el Auto de Buen Gobierno el 23 de diciembre de ese mismo año.

El bando, sistema de legislación que se remonta a la Edad Media , era un sistema de transmisión inmediata de la legalidad vigente a la totalidad de la sociedad, sobre todo importante en el caso de la Provincia del Paraguay, territorio fronterizo tanto respecto a los indígenas chaqueños que solían arrasar las poblaciones cercanas al limes del Imperio Español, como a los portugueses donde existía una institución denominada el Ramo de Guerra, «un fondo especial del Cabildo de Asunción destinado a sufragar los costos de armamentos y bastimentos para la defensa de la provincia frente a los indígenas chaqueños y a las fuerzas portuguesas» (pág. 21). Asimismo, Pedro Melo de Portugal prohibió todo tipo de comercio con los indígenas chaqueños, al igual que Alós, que en 1788 «redactó un Auto prohibiendo la compra de caballos y todo tipo de ganado por parte de los vecinos de la provincia a los indígenas de la Reducción de Remolinos, por ser robados», so pena de excomunión o incluso el destierro perpetuo de la provincia (págs. 46-47). Como el comercio con los Guanas persistía, en 1801 el gobernador Ribera mediante un Auto «reiteró la prohibición de dicho comercio a cambio de armas ofensivas».

Por lo tanto, los Bandos de Buen Gobierno no reflejan una especial brutalidad o imposición ilegítima sobre los distintos estamentos de la sociedad hispanoamericana, sino que eran estrictos en virtud de emitirse en un territorio de frontera como la Provincia del Paraguay, donde los ecos de la expulsión de los jesuitas, la amenaza terrorista de los bandeirantes paulistas o los indígenas del Chaco en el limes norte, que habitualmente arrasaban las ciudades paraguayas, estaban muy próximos.

El opúsculo se complementa con un Anexo que incluye los bandos de los tres intendentes citados, una fuente de gran interés para futuras investigaciones.

* * *

El otro libro del autor, con prólogo del Dr. Alfredo Viola, miembro de la Academia Paraguaya de la Historia, es fruto de varios años de investigaciones en archivos paraguayos y extranjeros, preferentemente españoles e hispanoamericanos (abundan las referencias a historiadores españoles como Gonzalo Anes, Antonio Domínguez Ortiz o José Fontana). La obra analiza el efecto que tuvo en la Provincia del Paraguay el establecimiento de la Real Renta de Tabacos y Naipes durante el Reinado de Carlos III, cuyo principal efecto fue convertir el tabaco, de ser una moneda-mercancía, a ser solamente mercancía. Buscando algún aspecto no estudiado, bucea en los autores que lo han tratado, como Félix de Azara, Juan Francisco Aguirre o Juan Natalicio González, que encarecen la importancia de la Renta, pues justo antes de implantarse el tabaco era una moneda muy utilizada, junto a la yerba mate, en los intercambios comerciales de la Provincia. Cultivado por los indios Guanas y valorado por los comerciantes brasileños, el tabaco duró como estanco desde el comienzo del estudio hasta que el Congreso dictaminó el 21 de junio de 1811 su supresión. De hecho, Herib Caballero, comentando a González, señala que «En cuanto al tabaco como moneda, sostiene que éste cobró importancia posteriormente a la expulsión de los jesuitas en 1767, basándose en que las tierras de la Compañía fueron adquiridas por los paraguayos en esa moneda provinciana» (págs. 27-28).

Existía por lo tanto un sistema económico de trueque en la Provincia del Paraguay, donde el tabaco tenía una importancia primordial. Frente a autores como Efraim Cardozo, que desde su óptica liberal ve negativamente el monopolio del tabaco, Herib Caballero intenta realizar una aproximación no sólo del uso de la planta durante la época imperial, sino incluso desde tiempos precolombinos.

El tabaco era muy usado por los pueblos prehispánicos. Así, José Sánchez Labrador, naturalista jesuita expulsado, señala que los mbayá lo fumaban, y «que las mujeres solamente se sacaban de la boca la bola de tabaco para comer, y una vez terminada la alimentación lo primero que hacían era llevarse de nuevo la bola de tabaco a la boca» (pág. 60). Incluso otros indios chaqueños lo cultivaban a pequeña escala y lo usaban como trueque. Ya a comienzos del siglo XVII existían plantaciones racionalizadas en Santo Domingo y Cuba, y en lugares de Norteamérica como Virginia, las Carolinas y Maryland se producía la planta intensamente. Así, el consumo del tabaco en Europa era muy extendido ya en la primera mitad del siglo XVIII. Y pese a sus efectos nocivos, era «una fuente de recaudación de impuestos» (pág. 72) para el Estado, aspecto que estudia con profusión el autor en esta obra.

En su estudio de la provincia del Paraguay durante los siglos XVII y el XVIII, Herib Caballero se centra sobre todo en los años posteriores a la Revolución de los Comuneros (1717-1735), pues este proceso alteró a la sociedad paraguaya de la época, empobrecida tras este conflicto y basada en el uso de la «moneda de la tierra», ya fueran tercios de yerba mate o libras de tabaco. Pese a su empobrecimiento, la Provincia tenía un gran interés estratégico por ser territorio de frontera y escenario de los choques entre los bandeirantes paulistas y el ejército guaraní formado a través de la instrucción de las misiones. Todo en el marco del Tratado de Tordesillas, cuyos límites no estaban bien fijados.

Efraim Cardozo ofrece un panorama desolador distinto al de las líneas anteriores, pero como señala Herib Caballero:

«No compartimos las opiniones con respecto a la situación planteada a la provincia del Paraguay vertidas por Efraím Cardozo, cuando sostiene que el interés lucrativo de los españoles del Paraguay no existía, y que solamente la única escasez era la del hierro y la del acero. Creemos que está demás demostrado por el mismo, en la cita del petitorio del Obispo de Tucumán sobre la situación de la desnudez de los paraguayos, así mismo la afirmación de que "Una región que buscaba ansiosamente salida comercial para algunos de sus productos, como veremos más adelante, no se debía encontrar en extrema miseria”» (págs. 76-77.)

En cualquier caso, pese a esta búsqueda de ventas, la situación era mala económicamente. Las causas son variadas: movilización de los varones para formar un ejército que mantuviera segura la zona de frontera tanto contra los bandeirantes portugueses como contra los indígenas del Chaco, pero principalmente la llegada de los jesuitas a la Provincia para el establecimiento de las reducciones, donde incluyeron a miles de indígenas que habían quedado segregados del proceso de civilización mediante la encomienda a un español. Tales jesuitas, funcionarios de la Corona por mandato del Patronato de Indias, encomendaron a los indios al propio Rey, quedando así libres del servicio a los colonos de las ciudades:

«Desde la llegada de los jesuitas al Paraguay, no tuvieron que pasar muchos años para que ellos consiguieran, por razones de evangelización, que sus indígenas no presten servicio personal a los encomenderos asuncenos, para lo cual los encomendaron al propio Rey» (pág. 77.)

Y no sólo los naturales de la Provincia vieron cómo esa mano de obra se escapaba de su control, sino que además sufrieron una dura competencia de los propios jesuitas, que disponían del privilegio de la exportación de yerba mate para pagar la encomienda, compitiendo en gran ventaja con la yerba de los colonos:

«Para pagar la encomienda establecida, en moneda metálica, consiguieron el privilegio de exportar yerba, de esa forma se inició una competencia para el único rubro rentable que les quedaba a los habitantes de la Provincia del Paraguay» (Ibid.)

Además, como señala Herib Caballero citando a Cardozo: «Los jesuitas no pagaban sisas, alcabalas ni arbitrios; para ellos no hubo puerto preciso; la mano de obra era gratuita, [...]» (págs. 77-78), lo que constituía una clara competencia desleal. De hecho, el jesuita Bartolomé Jiménez señalaba del cultivo de la yerba que

«...ataca duramente al sistema de encomiendas, aún vigente en la provincia paraguaya. diciendo que la explotación tan desmedida que se hacía de la yerba mate, había sido la causa de la calamitosa desaparición de población india y el estado de postración en que se encontraba la provincia. Debido a ello se había dejado a un lado la explotación de otros productos (azúcar, tabaco, algodón y lienzo) que antes había supuesto a la provincia muy buenos dividendos...» (pág. 80.)

Esto deja un panorama de economía de subsistencia en el que la yerba y más tarde el tabaco serían los rubros exportables para intercambiar por mercancías y artículos principalmente provenientes de Buenos Aires. Pero no había moneda, pues «al no existir oro ni plata no circuló moneda sellada hasta fines del siglo XVIII» (pág. 81). Y como señalan los clásicos economistas como David Ricardo o Adam Smith, la moneda, en tanto que ejerce doble función como mercancía y medio de pago, que diría Marx, ha de ser un producto suficientemente abundante y cuyo valor no fluctúe demasiado. Excluidos los metales preciosos por las causas señaladas, quedaban la yerba mate y el tabaco. Pese a todo, se han encontrado documentos de la Real Hacienda donde aparecen registrados pagos aislados en moneda.

Finalizada la revuelta de los Comuneros en 1735, que protestaba por las duras condiciones de la Provincia, además de los desastres del conflicto, la población en la Provincia ha aumentado, sobre todo gracias a los indígenas incorporados desde las misiones y ya con apellido español (consecuencia de haberse abolido las encomiendas en toda América desde 1718 y en consecuencia iniciarse la desaparición de facto de algunas de las reducciones), emigración indígena que aumentó luego de la expulsión de los jesuitas en 1767, lo que obligaba a la población local a usarlos como mano de obrar y a incorporarlos a la sociedad de blancos y mestizos (págs. 86-87).

«En estas circunstancias sociales se encontraba el Paraguay en pleno siglo XVIII como consecuencia de la competencia comercial jesuita en el mercado de la yerba mate, con una fuerte carga impositiva a sus productos más la traba del puerto preciso de Santa Fe, la falta de moneda metálica, un fuerte crecimiento demográfico y una expansión territorial hacia el norte (Villa Real de la Concepción) y hacia el Sur (Villa del Pilar, Curupayty y otros), que traían un aumento de la producción al expandirse las tierras de cultivo y de ganadería, lo que hacía cada vez más insostenible la situación en la que se encontraba la Provincia del Paraguay en lo que respecta a la carencia de la circulación de moneda metálica.» (pág. 89.)

La expulsión de los jesuitas, que «se comprende en el conjunto de determinaciones políticas adoptadas por los ministros de Carlos III, que inspirados en el racionalismo y en los principios de un estado laico, cuya cabeza es el monarca que no puede tener resalvas de su poder por ningún motivo, en todo el territorio que comprende su monarquía» (pág. 105), supondrá una nueva situación reformista para poner bajo el control peninsular muchos cargos que habían quedado en manos de criollos.

«Estas medidas generarían una fuerte reacción por parte de los criollos que controlaban principalmente los cabildos y provocarán una serie de acontecimientos de reacción frente a este fortalecimiento económico de los intereses de la Corona en desmedro de las oligarquías locales. Para la recuperación de los cargos vendibles se proponía la corona reparar económicamente el daño a sus poseedores mediante indemnizaciones. El objetivo de este control directo era el de ".., asegurar el buen funcionamiento de la administración pública y garantizar que los encargados de ella tuvieran la debida preparación y fueran convenientemente fiscalizados..."» (pág. 362.)

Y una de las formas que la administración borbónica encontró para asumir ese control, fue la implantación de la Real Renta de Tabacos y Naipes. Un sistema, el del Estanco, que no se había concebido en aquella época, ni tampoco era un sistema colonial ni atrasado. Al igual que otras instituciones de gobierno y de administración, como la figura del virrey, ya existían en la península en tiempos medievales, en la época de la formación de España como imperio frente al Islam, en la época de los reyes emperadores castellanos. Así, en el siglo XIV, Martín I de Aragón funda en Mallorca la institución del virrey en el año 1397, que después usará Enrique IV de Castilla:

«El estanco, en el sistema hacendístico español, se origina en la jura regalía y su aplicación en la Península Ibérica desde del año 1338, cuando el rey de Castilla, Alfonso XI, promulgó un ordenamiento "de la renta de Salinas". En este documento se establecía "... la propiedad de la corona sobre las salinas, fijaba el precio de venta y declaraba libre la circulación del producto”. Este primer estanco no se aplicó hasta el 10 de agosto de 1564, en que las salinas pasaron a poder de la corona.
Durante el siglo XVI, se estancó la venta de productos como los naipes y el azogue, aunque la producción de los mismos seguía siendo libre. Junto a otros productos constituyeron las Siete Rentillas, éstas eran el quinto de la nieve, el plomo, el azufre, la pólvora, y según Artola quedando por determinar el séptimo. En el siglo XVIII las siete rentillas fueron "azufre, almagra, bermellón, lacre, naipes, pólvora y municiones de plomo”» (pág. 127.)

Asimismo, los naipes y otros juegos de azar también tenían su legislación proveniente de la experiencia medieval española:

«En el siglo XIII se contemplaba en la legislación en la península ibérica a las "Casas públicas de juego y azar", denominadas taruferías que eran arrendadas por la Corona o por las ciudades que contaban con el privilegio de poseerlas además "... se regulaba en él la forma de jugar dados y de evitar trampas y engaños que conducían, generalmente, a crímenes horrendos". En la Novísima Recopilación de Leyes de España nos encontramos que el Rey Juan I de Castilla prohibía el juego de dados y naipes en público y en secreto imponiéndose multas a quienes infringían esta disposición, que fuera ratificada por los Reyes Católicos en las cortes de Madrigal de 1476, que complementaba lo resuelto por el Rey Juan II en 1436 en que prohibía que particulares tuviesen tableros para dados y naipes y que tampoco haya en los pueblos» (pág. 269).

Tras varios siglos de prohibiciones sucesivas y multas a quienes jugasen a juegos de azar, el 18 de diciembre de 1764 Carlos III suprimía los privilegios en materia de juegos prohibidos y se establecía la venta de naipes por parte del Estado.

Estas dos referencias a las instituciones del estanco y de la regulación del juego como de origen medieval no deben animar a un juicio negativo sobre las mismas, como producto de algún tipo de retraso histórico de España llevado a América. De hecho, muchos historiadores suelen razonar sobre legislaciones como las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio que se trata de un derecho medieval, cuando son resultado de la incorporación de la tradición aristotélica a partir de la Escuela de Traductores de Toledo en el siglo XI (dos siglos antes de Santo Tomás de Aquino, como hemos analizado en «De los Fueros a la Constitución de 1978», El Catoblepas, número 74), y como cuerpo de leyes fue redactado para servir de código de legislación para un Imperio, la forma política que guiaba a España y que alcanzó plena realización a partir de 1492.

La renta de Tabacos servía primeramente para realizar una redistribución entre administraciones y tenía también un «rol como intermediaria financiera entre particulares, por este servicio no se cobraba interés alguno por la posibilidad de enviar un dinero de un lugar a otro, a través de sus diferentes administraciones en las provincias de la Península, para González Enciso por este servicio no hizo falta un Banco en la España del siglo XVIII, y con este servicio a particulares, se afianzó el protagonismo financiero del estado español» (pág. 139).

Por ejemplo, en Chile se extendió el estanco en 1753, tras haber llegado previamente desde Perú y Cuba. El estanco supuso prohibir su cultivo, una vez que llegaba desde Paraguay. De hecho, ya los jesuitas comerciaban con tabaco y yerba mate desde Paraguay durante el siglo XVII, como se comentó anteriormente (pág. 150).

Tras la desaparición de las reducciones por expulsión de los jesuitas, el establecimiento del Estanco decretó que el tabaco comenzase a cultivarse en pueblos indígenas bajo la supervisión de maestros portugueses:

«Los pueblos que producían tabaco negro en 1785 bajo la dirección de los maestros portugueses fueron San Ignacio Guazú, Santa María de Fe, San Cosme, Santiago, Itapúa, Jesús y Trinidad, San Ignacio Miní y Corpus además de Candelaria. Como se ha mencionado con anterioridad en 1779 los maestros portugueses se distribuyeron en los pueblos de Itá y Yaguarón, Ypané y Guarambaré, Tobatí y Atyrá, Altos y Emboscada e Itapé y Caazapá. [...] Pero además de insistir que este tipo de tabaco se cultive y fabrique en los pueblos de indígenas, la Renta tenía su propio lugar de cultivo y producción en el distrito de San Lorenzo del Campo Grande.» (pág. 201.)

La extinción del Estanco del Tabaco, cuyas rentas se usaron para financiar la movilización de las tropas contra la Junta de Buenos Aires al mando de Manuel Belgrano, tuvo lugar tras la junta del 15 de mayo de 1811, el 17 de junio de ese mismo año se decidió su supresión si el puerto de Montevideo no devolvía el valor del importe de una carga de tal mercancía como auxilio.

«En lo político se conformó una Junta Superior Gubernativa. En este congreso se ponía fin a una institución que en sus primeros años generó un efecto positivo en la economía provincial paraguaya, pero que en la primera década del siglo XIX, significó una pesada carga a la misma para los paraguayos. No sorprende, por lo tanto, que en el primer congreso realizado durante el proceso independentista se declarase abolida la Real Renta de Tabacos. Se tiene constancia, sin embargo, de que la Renta siguió trabajando hasta fines del año de 1811.» (pág. 359.)

Esta cuestión nos introduce ya en la problemática de la independencia hispanoamericana, con la proximidad de los bicentenarios de la formación de las naciones políticas hispanas, que aquí sin embargo no podemos tratar. Aunque una cuestión que quedaría en el aire es si esas Juntas hispanoamericanas, formadas en la época de la Guerra de Independencia española, eran organizaciones que de forma efectiva buscaban la independencia, o simplemente en su inicio se trataba de Juntas de Defensa en nombre de la soberanía de Fernando VII, como las peninsulares.

Finalmente, las conclusiones de Herib Caballero sobre la Real Renta de Tabaco y Naipes, que principalmente son positivas: su establecimiento propició la introducción de la moneda metálica en la Provincia, superando así la «Economía natural» (pág. 361), que no puede ser tal sino simplemente con otra medida, en este caso particular y privativa de la región: la yerba mate o el propio tabaco, en tanto que mercancías tan abundantes y valoradas que pueden usarse como medios de pago. La introducción de la unidad monetaria permitió unos intercambios con otras provincias más alejadas, lo que supuso una racionalización del proceso económico y del proceso civilizador, así como un freno a los intereses de «los contrabandistas que introducían a Chile el tabaco paraguayo, los de los comerciantes que lucraban con el contrabando proveniente del Brasil en Buenos Aires o los de los miembros de la elite capitular asuncena que a la vez eran los comerciantes que lucraban con el tabaco como moneda provinciana y como mercadería de exportación hacia las provincias que en la época se denominaban "las provincias de abajo" en Paraguay». (pág. 403). Paraguay ofrecía la ventaja de una intensa producción tabacalera (era usado como moneda) y excelentes comunicaciones fluviales por los Ríos Paraguay y Paraná desde el corazón de América a centros de distribución y comercialización como Corrientes y Santa Fe y la Dirección General Buenos Aires (págs. 403-404).

En definitiva, pese a que el comercio de la zona se dirigió más hacia Buenos Aires, lo que disgustó a la elite asuncena, poniendo al Cabildo contra la Renta en varias ocasiones, su papel fue muy influyente para bien en la economía de la zona y de la provincia en general:

«La ciudad de Asunción y las mismas poblaciones del interior mejoraron bastante su infraestructura edilicia, la Provincia del Paraguay no debía solamente estas mejoras a la Real Renta, pues otras medidas paralelas como la supresión del Puerto Preciso de Santa Fe y el Reglamento de Libre Comercio de 1778 permitieron el aumento de la producción en los diversos rubros, destacándose como principal rubro de exportación la Yerba Mate. Sostenemos que al ser la Real Renta de Tabacos y Naipes la que sistematizó la introducción de la moneda al comprar los tabacos en plata, su función fue catalizadora del proceso de dinamización comercial y productivo del Paraguay en los últimos 32 años de dominación española. [...] Finalmente podemos afirmar que la Real Renta de Tabaco y Naipes en la Provincia del Paraguay provocó una serie de efectos socioeconómicos que permitieron rearticular la sociedad colonial paraguaya. De algún modo introdujo algunos elementos modernizadores y sin dudar convirtió a la moneda-tabaco en mercancía exclusiva del Rey». (pág. 408.)

 

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