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El Catoblepas, número 109, marzo 2011
  El Catoblepasnúmero 109 • marzo 2011 • página 13
Libros

La crisis económica
se soluciona con «más democracia»

José Manuel Rodríguez Pardo

Acerca del libro de Alberto Recarte, El desmoronamiento de España. La salida de la crisis y la política de reformas, La Esfera de los Libros, Madrid 2010

Alberto Recarte, El desmoronamiento de España, La Esfera de los Libros, Madrid 2010 En los pasados XV Encuentros de Filosofía, celebrados en el año 2010 y dedicados al análisis de la crisis económica, presentamos una comunicación donde se analizaba el libro de Alberto Recarte titulado El Informe Recarte 2009, publicado en La Esfera de los Libros en el año 2009. Nuestro diagnóstico sobre su análisis de la crisis económica, donde la culpa de todo el desajuste financiero que había provocado la crisis era consecuencia del intervencionismo del Estado, es que la perspectiva de Recarte se conjugaba con la que el materialismo filosófico ha denominado como Ego Esférico, esto es, una cristalización de la conducta racional orientada a la preservación del cuerpo individual.

Así, la economía según Recarte debería mantenerse en los estrechos márgenes subjetivos, como los que determinan que sólo podemos invertir el dinero que hemos previamente ahorrado («La inversión sólo la pueden realizar los que ahorran, ya sean familias, empresas o administraciones públicas», afirma en la página 32 de El Informe Recarte), y a lo sumo emprender negocios a base de «microcréditos». Las distintas esferas egoiformes se coordinarían en una suerte de armonía preestablecida leibniziana, donde el Estado sería una suerte de intrusión ilegítima en la actividad económica.

Semejantes tesis son completamente inválidas para analizar una Economía que es principalmente Política, lo que exige una planificación que desborda por completo la vida esférica individual, incluso la de varias generaciones, pues quien «pongamos por caso, planta olivos, no se gobierna objetivamente (finis operis) por la estructura esférica, en tanto el fruto de los olivos se recoge mucho más allá de los límites temporales de la esfera» (Gustavo Bueno, Ensayos materialistas, Taurus, Madrid 1972, pág. 300). En nuestra comunicación de 2010 recogimos la anécdota de Tales de Mileto (narrada por Aristóteles en Política, 1259a), quien se hizo con el monopolio del olivo en su ciudad, no en virtud de satisfacer sus necesidades meramente esféricas de olivas, sino sabiendo que ese monopolio le haría rico (y también a sus descendientes) en el plazo de unos años, cuando los olivares dieran su fruto.

Ese mismo año 2010 Recarte volvió a la carga con la publicación de «El Informe Recarte 2», en la misma editorial y bajo el título de El desmoronamiento de España. En este libro el autor señala no sólo similares argumentos en lo económico, sino que se introduce de lleno en el análisis de la Constitución de 1978 y sus efectos en la situación de crisis económica que vive España.

Algunos detalles sobre la economía española que analiza Recarte son muy importantes, como que «el crecimiento español ha sido, básicamente, cuantitativo» (pág. 359), debido a que los 6 millones de inmigrantes llegados a España en los últimos 15 años eran trabajadores sin cualificación, y que provocaron un aumento poblacional, sobre todo en la franja de edad de la población activa, que a su vez dinamizó sectores de la economía ya existentes, como los servicios y la edificación de viviendas, que simplemente se encontraban estancados debido precisamente al estancamiento de la población en torno a los 40 millones de habitantes desde hacía más de dos décadas: «El sector de la construcción incrementó su actividad para ofrecer viviendas a los inmigrantes y la banca financió tanto la construcción como la compra de viviendas con préstamos con garantías hipotecarias, [...]. El aumento de la población, que pasó de 40 a 46 millones de habitantes en apenas ocho años, dinamizó toda la economía: se crearon necesidades de bienes y servicios básicos. La demanda se disparó para el sector productor de alimentos, el comercio, el transporte, y la hostelería en su rama de establecimientos de ventas, es decir, los bares y los restaurantes» (pág. 73). El efecto del crecimiento poblacional ha sido un dinamizador de la economía, pero sólo en un aspecto, el del desarrollo de la vivienda y los servicios.

También Recarte nos describe cuestiones importantes acerca del modelo de empresa privada española durante los dos últimos siglos; por ejemplo, que las empresas españolas son pequeñas por circunstancias geográficas, siendo las grandes empresas en España casi siempre bancos o incluso que «los bancos actuaron como holding empresariales, hasta el punto de financiar prioritariamente, como accionistas, mayoritarios o minoritarios, sus propias empresas» (pág. 326). Algo que tiene mucho que ver con la pujanza del nacionalismo fraccionario antiespañol, tanto catalán como vasco, ligado siempre a poderosas clases burguesas periféricas que han controlado así la economía española desde hace más de cien años, aunque Recarte no relacione directamente ambos fenómenos. También destaca Recarte que en la actualidad las empresas tienden a ser pequeñas, principalmente para no tener que formar un comité de empresa en el que estarían incluidos los enlaces sindicales necesariamente.

Esta afirmación de Recarte sobre el tamaño de las empresas españolas en el período que estudia es exacta sólo hasta cierto punto: sólo si descontamos los negocios de los «indianos», como el Marqués de Comillas, añadimos nosotros), ligados eso sí a la banca sin duda alguna; negocios que con el tiempo tuvieron que ser nacionalizados y quedaron en manos estatales, por lo que desde la perspectiva de Recarte se incluirían en el capítulo de «empresas públicas monopolísticas» (pág. 325).

Sin embargo, para Recarte lo más destacable son las causas políticas que han generado la crisis económica, o al menos el marco en el que se ha producido. Fundamentalmente, Recarte expone la corrupción de la soberanía española que ha supuesto la Constitución de 1978 en lo que a traspaso de competencias estatales a las autonomías se refiere: «La Constitución es tan clara como contradictoria en lo que se refiere a las competencias del Estado y las autonomías, pues junto a la lista de las competencias exclusivas del Estado, que figuran en el artículo 149, permite, en su artículo 150.2, su traspaso a las autonomías mediante la aprobación de una simple ley orgánica; es decir, una ley que cuente con el apoyo de la mitad más uno de los miembros del Congreso de los Diputados» (págs. 22-23).

Esas autonomías son, de hecho, ya casi como estados independientes: «Las autonomías tienen competencias que, en la mayoría de los Estados, incluso federales, corresponden a la administración central. La financiación de esas competencias se instrumenta por transferen­cias de la administración central. En caso de carencias financieras se responsabiliza al gobierno nacional». (pág. 215). En suma, «Las autonomías tienen, de hecho, independencia sobre su gestión política y económica, pues ningún organismo central les interviene en la práctica, y ninguno les impone disciplina. A pesar del mandato constitucional, que aparece claramente en el artículo 150.2 de la Constitución» (pág. 215).

Asimismo, es significativo que las propias autonomías hayan frenado el proceso de concentración urbana que España, al igual que otras sociedades desarrolladas, había experimentado hasta 1980: «La ruptura del proceso de concentración fue una consecuencia directa de la creación y desarrollo del llamado Estado de las Autonomías. Las autonomías, como entidades políticas cuasi independientes, se consideraron responsables del mantenimiento de todos los municipios que eran parte de su territorio. Se fijaron como objetivo que todos los municipios disfrutaran de los servicios públicos más elementales y de transferirles, de alguna manera, los recursos financieros suficientes para que nadie tuviera que emigrar» (pág. 49).

Esta corrupción de la Nación Española es perfectamente diagnosticada, así como sus efectos: centrifugación de la administración pública, gastos redoblados o triplicados entre Estado, Autonomías y Ayuntamientos, populismo y caciquismo de los partidos políticos, ausencia de un programa nacional, chantaje de las autonomías al Estado, &c (págs. 213 y ss). Sin embargo, a un diagnóstico acertado le acompaña una solución que debemos juzgar como disparatada: el problema de España es que vive bajo un régimen poco democrático; habría que implementar y mejorar la democracia, habría en suma que aplicar «más democracia».

¿Cómo aumentar la democracia en España? Recarte parte del hecho de que la democracia representativa no funciona en España, pues «los partidos políticos se han convertido en una partitocracia que impide el derecho de los ciudadanos a ser representados adecuadamente en el Congreso y el Senado, y en la que la ausencia de democracia interna en los partidos ha producido un sistema de selección perversa de dirigentes, que expulsa a los más capaces y a los que pretenden cualquier reforma política o económica» (pág. 31). La solución para ello es apostar por la celebración de referéndums que supongan expresión de la voluntad popular por encima de una falsa representación:

«La descomposición territorial está muy avanzada. La separación entre los tres poderes tradicionales se ha difuminado. Hoy coexisten la España unitaria, que es la que recauda la mayoría de los impuestos, pero que gasta poco de lo que ingresa en políticas nacionales, con la España autonómica, en la que las diecisiete autonomías ejercen extensísimas competencias. En España conviven un Estado unitario reducido, un Estado federal previsto en la Constitución, pero no declarado, y un Estado confederal, incompatible con la misma. No habría nada que oponer a este fenómeno disgregador si hubiera sido aprobado por los españoles en un referéndum con todas las garantías previstas en la Constitución.» (pág. 31.)

Pero la celebración de un referéndum (algo que por otro lado no podría convertirse en norma de gobierno en un país de más de 40 millones de habitantes, por pura imposibilidad material), por mucho que fuera más democrático el procedimiento, no daría mayor legitimidad a sus contenidos. ¿Cómo aceptar una voluntad popular que ataca la existencia de la Nación Española, tolerando la existencia de ese Estado confederal que amenaza la existencia de la Nación? Como se afirma en En defensa de España, «el pueblo no puede decidir, y menos aún una parte suya, sobre la Nación española, aunque sí puede, si las divergencias entre sus componentes son muy fuertes, hacer inviable la recurrencia de la Nación, lo que implicaría a su vez la dispersión de la propia muchedumbre popular, y con ello su ruina» (Santiago Abascal y Gustavo Bueno Sánchez, En defensa de España. Razones para el patriotismo español, Encuentro, Madrid 2008, pág. 148).

De hecho, la soberanía popular es un concepto de carácter roussoniano, que supone que el poder de los partidos políticos es el de una casta ajena a los intereses del pueblo, un concepto anarquista extraído de El Contrato Social de Rousseau que el propio Recarte reivindica:

«Nuestros políticos se han apoderado de la Constitución y han convertido nuestra democracia en una partitocracia ajena a los intereses de los españoles. Esta transformación, de democracia a partitocracia, ha sido posible porque la propia Constitución lo permite. Incluso más, lo incentiva. Frente a la apariencia de defensa de la unidad política nacional proclamada solemnemente, se creó un Estado de las Autonomías, vendido por los partidos políticos de la época como un sistema administrativo descentralizado, pero lejos del Estado federal.» (pág. 109.)

Recarte, en suma, está preso de la corrupción ideológica del fundamentalismo democrático, lo que le lleva a postular un estado federal donde no hay sino tradición unitaria: España ni es un Estado federal ni lo ha sido nunca. Ya hemos visto, en los dos fragmentos anteriores que hemos citado de su obra, la postura federal que Recarte reivindica respecto a España. Pero esa perspectiva, además de desmentida por la Historia, es algo absurdo en la propia situación actual, pues como bien señala la propia Constitución de 1978 en su Artículo 145.1, y el propio Recarte cita, «En ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas» (pág. 266). España es, en su constitución histórica (systasis) y en su forma de estado actual, un Estado unitario. La conversión de España en un estado federal supondría la ruptura de la unidad de la Nación Española, pues no hay motivo alguno para que las partes federadas tengan que volver a unirse.

Es más, desde su perspectiva fundamentalista, no sólo califica la Constitución de 1978 de «poco democrática», sino que en suma se maneja desde la grosería intelectual que considera dictadura todo aquel gobierno que no sea democrático, sin pararse a distinguir entre monarquías constitucionales, repúblicas populares o repúblicas islámicas. Así, en el caso de China afirma que es «un Estado fascista de hecho» (pág. 30), comparada la República Popular a la democracia estadounidense, su modelo preferido.

Como remate a la desvirtuación de Recarte, culmina su análisis señalando que «Mi voto sería para el partido que planteara una reforma política que convirtiera a España en un Estado federal, con un gobierno central fuerte y con mayores competencias que las que tiene actualmente, y en el que cada Estado fuese responsable de la financiación de sus competencias. Un sistema en el que el poder judicial fuera independiente y en el que el Tribunal Supremo fuera el intérprete de la Constitución. Con libertad sindical y empresarial, pero sin financiación presupuestaria. Con partidos políticos sin financiación presupuestaria. Con cargos políticos elegidos, mayoritariamente, de forma directa por los electores» (pág. 545).

Pero España, como ya hemos dicho, no es un estado federal a día de hoy, sino unitario, la separación de poderes ni ha existido ni puede existir (¿cómo podrían funcionar los tres poderes de manera descoordinada?), y los partidos que han fundado el régimen de 1978 no van a entregar el poder por las buenas, sin que la situación les fuerce a ello; postular la sustitución de la democracia representativa por una democracia popular es inviable en un país de más de 40 millones de habitantes, dada su complejidad. España no es Suiza, para resumir esta problemática.

El mejor de los mundos posibles que Alberto Recarte nos anticipó en 2009 sigue estando tan lejos de la realidad política de la Nación Española a día de hoy, que sus aciertos en el diagnóstico de los problemas se contraponen con su fracaso a la hora de proponer soluciones, propias de una ideología corrompida como la que constituye su fundamentalismo democrático.

 

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