El CatoblepasSeparata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
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El Catoblepas · número 190 · invierno 2020 · página 10
Artículos

La globalización de la economía y su influencia en el sistema democrático

Fernando Álvarez Balbuena

De la supuesta crisis de los Estados-nación y la democracia

mapa

“Fecisti patriam diversis gentibus unam,
Urbem fecisti quod prius orbis erat.”

Rutilius Numantianus (cit. Bloch, “L´Empire Romain”)

I

Un mundo unido, dentro de las peculiaridades de cada raza o de cada nación, ha sido desde muy antiguo una aspiración de sabios, políticos y filósofos. Los grandes imperios de la antigüedad, como el chino y el romano, o los movimientos religiosos más universales, como el budismo el cristianismo y el islam, en su extensión a lo largo de la historia, buscaron la unidad mundial bajo una sola autoridad y un sistema de creencias tras las que latía, como aseguraría Marx en el siglo XIX, la idea de una economía sometida a los criterios de los dominadores. Pero, teorías histórico-materialistas aparte, la idea era utópica porque no existían medios materiales adecuados para realizarla. Sin embargo, tras las dos guerras mundiales del siglo XX, el clamor de unidad contra el desastre bélico, propició la aparición de los medios políticos que constituyeron el embrión de las uniones internacionales, hasta que el desarrollo extraordinario de los medios técnicos y electrónicos de comunicación al finalizar el siglo XX empezaron a ser capaces de ponerla en vías de hecho, pese a las corrientes disgregadoras de los nacionalismos modernos y de otros particularismos al uso.

Sin embargo y a pesar de la imparable marea globalizadora, en el momento actual la mera palabra “globalización” provoca un fuerte movimiento de resistencia que se traduce en manifestaciones violentas, ya sea ante las reuniones del G 7, como también en otros foros económicos, trascendiendo al terreno de lo social y de lo político. Tras la violencia callejera de este comportamiento hay toda una teoría política que trataremos de analizar a lo largo de este trabajo.

Más o menos, el estado de la cuestión es el siguiente: algunos autores y, con ellos, un importante movimiento de dirigentes de opinión y de articulistas de los “mass media”, plantean que la globalización económica, surgida con los avances de la tecnología y con la gran facilidad para la libertad de movimientos que ofrecen hoy las sociedades avanzadas, está creando una crisis de legitimidad que vacía de significado y función a las instituciones de la nueva era industrial y de la información en la que ya estamos inmersos. A mayor abundamiento, se dice que el propio Estado-nación, superado por las redes internacionales de riqueza, ha perdido unas cuotas importantes de soberanía y que es ya cada vez menos capaz de representar a sus electorados e, incluso, que los movimientos obreros se desvanecen como fuente importante de cohesión social (Castells, M. 200:393). Por todo ello, las repetidas instituciones de la sociedad civil, construidas en el seno del Estado-nación democrático, mediante el pacto social entre trabajo y capital, e incluso la propia institución democrática, están amenazadas de muerte...

Esta visón pesimista y casi apocalíptica es, cuando menos, exagerada y, a lo largo de las páginas que siguen, trataremos de ver el problema con la posible objetividad. Para ello y aún a riesgo de insistir en cosas ya sabidas, empezaremos por examinar los antecedentes inmediatos al momento histórico actual, desde los que se produjo el formidable cambio tecnológico a consecuencia del cual han surgido los otros cambios sociales, culturales, políticos y económicos.

El siglo XIX, tras las guerras napoleónicas, configuró una Europa dividida en cinco grandes bloques imperiales, cuatro en el continente: Francia, Alemania, Austria y Rusia, los cuales continuaron con economías separadas y también con la tensión tradicional del sistema de estados europeo de los siglos anteriores, plasmada en sus ejércitos, en sus barreras proteccionistas y en sus ansias de expansión territorial, unos a costa de otros{1}. El otro gran imperio, Inglaterra, en su espléndido aislamiento, vigilaba y favorecía, naturalmente en su propio provecho, el equilibrio de poder entre las cuatro potencias continentales y hacía del librecambio su doctrina económica, ya que tanto la extensión de su imperio, fuente inagotable de materias primas baratas, como sus costes de producción y su tecnología, la situaban en un lugar privilegiado para la competencia comercial e industrial.

Pero la guerra franco-prusiana de 1870 fue la primera quiebra moderna de dicho equilibrio y a su término quedó sembrada la semilla de los desastres bélicos del siglo XX. Una Alemania reivindicativa y una Francia revanchiste terminaron por enfrentarse de nuevo trágicamente en 1914, arrastrando e involucrando a toda Europa, y también a los Estados Unidos, en el pleito bélico. Su cierre en falso con el diktat de Versalles y el establecimiento de una inoperante Sociedad de Naciones, acabó por desencadenar la Segunda Guerra Mundial cuyas consecuencias cambiaron profundamente al mundo, propiciando su indeseable división en dos bloques, así como el debilitamiento del Imperio Británico y la agonía de una Europa descoyuntada que hubo de claudicar ante la hegemonía mundial absoluta de los Estados Unidos de América.

Pero algo se aprendió de la última conflagración mundial y ello fue que el mundo, si quería la paz de forma estable, no podía ser reestructurado solamente sobre la ONU, que era continuadora de la fracasada Sociedad de Naciones, ni menos sobre palabras huecas como humanismo o solidaridad, sino que debería de ser firmemente re-establecido sobre la base de intereses comunes, intereses que solo un sistema democrático y de libre mercado podría mantener. Ya hacia los años 30 habían comenzado a establecerse con mayor o menor firmeza sistemas democráticos, pues antes solamente tres estados en todo el mundo podían considerarse democracias, aunque censitarias y restringidas, pero en los dichos años 30, ya eran veintidós los estados que habían evolucionado hacia la democracia. Pero es solamente tras la Segunda Guerra Mundial cuando se produce una nueva expansión democratizadora que incorpora a los vencidos y también al tercer mundo. Los años setenta y ochenta aprontan una nueva e imparable marea democrática y en 1985 podemos considerar que la tercera parte de los estados del mundo ya eran democracias más o menos consolidadas.

En 1989, con la caída del muro de Berlín, una, para muchos impensable, debacle (Águila, R. 1995:550), la de la Rusia soviética y de sus satélites, cambia el sistema político de media Europa y convierte a la nueva fe democrática a unos Estados que olvidan el comunismo para adherirse al sistema capitalista, lo que, dicho sea de paso, no se consigue sin enormes tensiones de adaptación, corrupción y carestía, incluso con rebeliones militares que amenazan seriamente el cambio político ruso. Por el contrario, China, donde el tránsito del dogmatismo maoísta hacia posturas más liberales se produce de forma mucho más inteligente, ha hecho surgir en todo el país, como antes sucedió en el sudeste asiático, el establecimiento de industrias occidentales de nueva planta, potenciando los mercados tanto interiores como exteriores, aprovechando las favorables condiciones económicas que ha ido creando la visible incorporación china al sistema capitalista y a la globalización.

En Europa, la nueva paz de 1945, si bien desmembró, desarmó, aniquiló y dividió a una Alemania que todos tildaron de culpable, fue evolucionando hacia posturas más inteligentes y alguien comprendió que si no existía una comunidad de intereses{2} entre ella y Francia, algún día volverían a enfrentarse, reviviendo su secular animosidad y sus profundas diferencias comerciales y políticas. Así mismo, si no se procuraba una reconstrucción europea sobre bases más firmes y democráticas, otro peligro más grave, el imperialismo soviético, acabaría por deglutir a una Europa occidental que la guerra había dejado inerme frente al Este amenazador. Y ello fue comprendido incluso por América, sin cuya intervención probablemente ni los Aliados ni Rusia hubieran podido ganar la guerra. Los programas norteamericanos de ayuda, como el Plan Marshall, y la decidida y a veces arriesgada intervención diplomática y técnica, favorecieron la recuperación europea, que tras fructíferos ensayos como la CECA, el EURATOM, el Tratado de Roma &c., cristalizó en el Mercado Común de los cinco y posteriormente en la Unión Europea de los doce y de los veintisiete actuales, que ya están abriendo las puertas al Este, como garantía de una verdadera unión continental, unión que se pretende garante del entendimiento y de la paz.

(A imagen y semejanza de Europa, aunque por motivos no idénticos, pero en el fondo de igual alcance, en América se formaron otros mercados comunes como la EFTA y MERCOSUR. Japón, dando pruebas de un pragmatismo que ni el propio Rawls se habría atrevido a imaginar para un país tan tradicional y tan distinto de Norteamérica, abrazó la democracia sin rechistar y aprovechó su potente industria de guerra transformándola en un emporio económico que crea graves, aunque sanos, problemas de competencia a su potencia vencedora, de modo que la guerra en el Pacífico, que según algunos se desencadenó por la hegemonía comercial americana en la zona, acabó fortaleciendo quizá más al vencido que al vencedor.

Fue pues el miedo a la globalización comunista, que amenazaba seriamente al sistema capitalista occidental, el primer fermento de la Europa de los Mercaderes, consciente de que la única unión posible era aquella que se derivase de los negocios y de los intereses comunes pues, al fin y al cabo, hay que dar la razón a Marx cuando dice que la economía es la estructura básica necesaria sobre la que descansan todos los demás componentes sociales contingentes. Así pues, esta internacional consensuada, práctica y comercial -primer fermento de lo que hoy conocemos por globalización- tuvo más éxito que el komintern ideológico y revolucionario que, en definitiva, no pudo superar la libre competencia de un mercado que ofrecía a la sociedad bienes y servicios cada vez mejores y cada vez más baratos. La convivencia pacífica post-estalinsta no eliminó la confrontación ideológica ni material entre el capitalismo occidental y el sistema soviético, aunque evitó que la guerra fría, por parte y parte, se convirtiera en una catástrofe nuclear. Los programas eurocomunistas de combinar democracia, libre empresa y mercado, con controles marxistas, más o menos descafeinados, especie y trasunto de la tercera vía austromarxista de Otto Bauer, resultaron ser una vía muerta porque los partidos socialistas y socialdemócratas, con muy buen sentido político, ya habían incorporado a sus idearios cuanto merecía la pena de ser rescatado del sistema marxista, contribuyendo así, desde una izquierda consciente y moderada, al avance imparable de la democracia capitalista burguesa que, en sucesivas oleadas (Markoff, J. 1998), fue ganado cada vez más terreno, tanto a las dictaduras marxistas como a las de corte militarista de una derecha proclive al estilo autoritario. Esta derecha dictatorial, fue tildada por la izquierda peyorativamente de fascista, aunque, en realidad, su estructura política no fuera superponible a dicha ideología, fulminada y felizmente proscrita por el triunfo de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial.

I I

Los inventos y la industria, que progresan exponencialmente con las guerras, han sido siempre al llegar la paz aprovechados para el progreso. Al igual que sucedió en el siglo XV con la artillería, que acabó primero con las fortificaciones medievales y sirvió después para desarrollar la minería y construir caminos, entre otras muchas aplicaciones pacíficas, así también la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría, fueron el fermento del inmenso progreso tecnológico actual. Los inventos armamentistas, la fisión nuclear, el empleo de cohetes teledirigidos, el láser y todos los sofisticados y terroríficos medios de destrucción masiva empleados por los beligerantes, cuando llegó la paz se transformaron en útiles auxiliares del progreso técnico, gracias al cual se ha hecho poner pié en la Luna al hombre e iniciado un increíble desarrollo de las comunicaciones vía satélite, las cuales, desde que “colgaron” del espacio exterior al pionero early bird, consiguen enviar voz, imágenes, e información en fracciones de segundo entre puntos antipódicos de la geografía mundial.

Viaja pues por la tupida red un increíble cúmulo de información y, con ella, el natural afán de aprovechamiento de circunstancias y de oportunidades que se le ofrecen al atento negociante, quien tiene bien presente que “información es poder” y se aprovecha, como el resto de los ciudadanos, de estas informaciones que no son solamente económicas, sino también políticas, sociales, culturales, lúdicas y de toda índole.

El mundo cambia a un ritmo vertiginoso; las últimas décadas han dejado atrás viejos estilos de vida y también formas políticas, arrumbando definitivamente a unas y transformando profundamente a otras, de tal modo que hoy la democracia liberal se entiende y se acepta como el único sistema capaz de dar respuesta legítima al eterno problema de la convivencia humana (Águila, R del. 1995:549). El hombre, como animal político aristotélico (zoon politikon), que es anterior a la propia democracia (Bueno, G. 2003), no comprende hoy una forma de gobierno que no se base en el sistema participativo y en el control democrático de las grandes decisiones políticas, aunque tal control sea tan remoto al demos como la simple participación periódica en unas elecciones que, en teoría, llamen a los más idóneos a ejercer el gobierno. Algunos dicen que esto es un vano espejismo, porque “en las elecciones el pueblo tiene la ilusión de ejercer el poder, pero no es así, claro, no hay voluntad general, esa es una idea metafísica” (Bueno, G. 2004:48), frase provocadora cuya exactitud puede ser discutible, pero que algunos teóricos defienden con ahínco. Sin embargo, en un análisis ponderado, es más cierto que toda la estructura de la teoría democrática que autores como Held o Rawls han desarrollado, se basa en el sistema participativo y en el juicio por discusión, así como también en la comunicación libre de coerciones (Habermas). Pero, sobre todo, en la resultante del paralelogramo de fuerzas que la opinión y el sentido político de los ciudadanos realiza en el ejercicio de sus derechos civiles, aunque pueda estar más o menos manipulado por la propaganda, las presiones de los políticos profesionales u otras circunstancias cuyo estudio trascendería los límites de este ensayo. Pero no son solamente las elecciones y los parlamentos lo que caracteriza a la democracia tal como hoy es entendida. Además de las instituciones de control, además de una creciente burocracia altamente cualificada y además de los medios de comunicación, que así como apoyan a ciertos partidos también denuncian harto frecuentemente escándalos y malversaciones, la democracia es un talante, una idea interiorizada que es más profunda que toda la teoría política que intenta explicarla científicamente porque no es posible prácticamente separar una democracia empírica de la nebulosa ideológica que la envuelve (Bueno, G. 2003:154). Pero el hombre de la calle sabe o intuye cuándo una actitud, una ley o una disposición administrativa, por muy legítima que sea, es o no es democrática. Ilustraremos esto con un par de ejemplos: Hasta los años 70 Suiza no había concedido el voto a la mujer, los inmigrantes no pueden, aún hoy, constituir asociaciones sindicales ni tienen tampoco derecho a adquirir la ciudadanía fácilmente. Sin embargo, sí que resulta fácil su expulsión del país si se niegan a aceptar una oferta de empleo. Por si esto fuera poco, la huelga en los servicios públicos esta formalmente prohibida por la ley. Tampoco se puede contratar a un trabajador extranjero mientras un ciudadano suizo esté en el paro. El habeas corpus, tal como se practica en el resto de Europa, no tiene vigencia en Suiza donde, según el delito que se le impute al detenido, pueden transcurrir hasta dos semanas sin que se le ponga en libertad o se le notifique auto de procesamiento. Sin embargo, a pesar de todas estas restricciones, difícilmente podría negársele al país helvético su carácter democrático. Salvador de Madariaga, residente en Suiza hasta su muerte, encomiaba su democracia como modelo a seguir por cualquier otra nación, incluida Francia y los propios Estados Unidos de América. Estos, que son una democracia desde el siglo XVIII, más antigua por lo tanto que la francesa nacida de la revolución de 1789, mantuvieron hasta el último tercio del siglo XIX la peculiar institución, eufemismo con el que se designaba a la esclavitud. Los propios esclavos manumitidos carecían de los derechos civiles de los blancos y no lograron su reconocimiento hasta bien entrados los años sesenta del siglo XX.

Seneca Falls es un pequeño lugar bien conocido desde 1848 por haber sido la cuna del movimiento feminista americano, que no logró para las mujeres el derecho al voto hasta el 26 de agosto de 1920, mediante una enmienda a la Constitución. La pena de muerte (la mayor injusticia imaginable) subsiste aún en varios estados de la Unión y la Ley Electoral obliga a los ciudadanos a inscribirse, previamente a las elecciones, en un registro o censo especial. Este registro no es automático, como lo son en España el registro civil o el censo de población, con cuya inscripción, el ciudadano ya tiene plenitud de derecho para poder votar. Así pues, en Estados Unidos se restringe en la práctica el derecho al voto, de forma que el sufragio universal resulta ser complejo en vista de los requisitos que dificultan su ejercicio y que desincentivan al propio ciudadano para ejercerlo. Sin embargo, desde las laudatorias manifestaciones de Tocqueville hasta el día de hoy, nadie se atrevería a negarle a USA su carácter de democracia. Todo ello nos hacer reflexionar en el hecho cierto de que la democracia, tal como hoy la conocemos y la concebimos, es una forma de gobierno muy nueva (Paramio, L. 1999:141); solamente tiene dos siglos de existencia y, a pesar de tan corta edad, ya ha sufrido numerosos cambios y evoluciones.

Todas las formulaciones de la democracia, como hoy es entendida, es decir, como democracia liberal, coinciden en cinco principios o notas definitorias: individualismo, nomocracia, separación de poderes, elecciones periódicas por sufragio universal y un sistema representativo-voluntarista. (Fernández-Miranda, T. 1950:51) Pero, para poder entender el complejo sentido de la democracia, a todo ello hay que añadir algo más sutil y más complejo, tanto que, en el fondo, es casi indefinible: la libertad{3}. Ésta, en palabras de Voltaire, consiste en obedecer a las leyes y no a las personas. El tema de la superioridad del gobierno de las leyes (nomocracia) recorre sin solución de continuidad toda la historia del pensamiento occidental e incluso de la antigua China (Bobbio, N. 2001: 171), pero la ley puede no ser justa y no respetar en su esencia los principios del Estado de Derecho, por lo que legitimidad y legalidad no son conceptos superponibles (Hayek, F. 2000:116-117), de ahí pues la dificultad de definir de una forma precisa el concepto de libertad dentro de la ley, si no es por referencia a un “universal escolástico tomista” o a una “idea innata cartesiana”, todo ello a pesar de las teorizaciones de Isahia Berlin y de sus sutiles distinciones entre libertad positiva y negativa, (Vallespín, F. 1995:72) porque, aunque afirmar esto resulte vulgar, es lo cierto que cualquier persona de mediano sentido tiene una idea clara de lo que es o no es justo y de la relación de lo justo con su propia e íntima conciencia de libertad.

Lejos del concepto griego de democracia, hoy insostenible (Mill, S. 1951: 217-218), la libertad es la que tipifica y determina en última instancia la eficacia o, mejor dicho, la efectividad del concepto actual de democracia, es decir, la democracia liberal de masas. Pero la libertad no puede constreñirse, como muchos pretenden, a la simple capacidad de manifestar opiniones, a votar cada cierto tiempo o a criticar en libros, prensa y T.V. las decisiones de los gobernantes. La libertad no solamente ha de ser política, tiene, necesariamente, que ser también económica. La posibilidad de acumular riqueza y disponer de ella es un sentimiento innato en el hombre (Adam Smith) y, como asegura Descartes, toda idea innata es en si misma verdad indiscutible y no hay libertad cuando el Estado y sus medios coercitivos, coactivos, o incluso promocionales, intervienen en las decisiones privadas, la más importante de las cuales es la administración, control y disfrute de la propiedad personal, así como la iniciativa de la producción y del intercambio. Por ello puede afirmarse con Hilaire Belloc que el control de la producción de la riqueza es el control de la vida humana misma. (Hayek, F. 2000: 122) y cuando hablamos de que con la globalización los Estados pierden el control democrático de las decisiones políticas, debiéramos referirnos al control que los ciudadanos puedan ejercer sobre las decisiones del Estado, sin embargo parece que nos referimos al control que el estado puede ejercer sobre las actividades de los ciudadanos. Es este, en puridad de concepto, más bien un control burocrático que realmente democrático.

Entre las actividades de los ciudadanos, además de las formalmente políticas, queremos referirnos de manera muy especial, a las actividades económicas, profesionales, mercantiles y de relación humana y no debemos olvidar que, como apunta Gitta Ionescu, no es la institución política (el Estado Social) la que proporciona el bienestar, sino las fuerzas económicas y productivas de la sociedad (2003:126). Son estas las que aportan los recursos que luego el Estado redistribuye para financiar sus políticas sociales, a todo lo cual hay que sumar las distorsiones que provocan ciertas Administraciones, más proclives a financiar sus propias necesidades derivadas, de sus intereses corporativos, que a procurar la eficiencia de los servicios públicos y ello es más notorio, cuanto mayor es el intervencionismo del Estado. (Vallespín, F. 2003:126)

No quiere esto decir, ni mucho menos, que la intervención estatal haya de ser eliminada, sino más bien que debe de ser reducida razonablemente. La Rochefoucault decía que:

Todo hombre sería considerado un peligroso delincuente si se permitiera las libertades que el Estado se permite a sí mismo”.

Porque el Estado, en un diálogo ciertamente difícil para el ciudadano, a través del procedimiento administrativo, ha inventado desde muy atrás el sistema de desigualdad legal que le erige en el peligroso actor irresponsable de las conductas más vejatorias, económicamente hablando, de los legítimos intereses del administrado. Así mismo el Estado se empeña en mantener y reproducir las desigualdades sistemáticas de poder y recursos y en sesgar los resultados políticos a favor de intereses particulares (Held, D. 2002: 179). Es sintomático, sin embargo, que todos los países en los que hay cierto grado de libertad en el sentido que queda expuesto, son capitalistas; es también un hecho indiscutible que allí donde no se ha dado la libertad económica y se ha controlado y planificado la economía, se ha divinizado al Estado y se le ha hecho omnipotente, el ciudadano acaba por ser perseguido por el simple hecho de formular una leve crítica al sistema, porque cuando el Estado alcanza proporciones gigantescas la tiranía es corolario indispensable de su magnitud. Por eso la democracia, como un poder que emana de abajo hacia arriba, ha de ser limitativa del poder vertical del Estado mediante los controles implícitos en sus notas definitorias que hemos mencionado líneas arriba.

Sucede sin embargo que las libertades de que estamos hablando, han trascendido los límites del Estado-nación con el que se establecieron y consolidaron, porque el propio Estado-nación se ha quedado pequeño, lo que no quiere decir que se le escapan literalmente de las manos, ni menos aún, que con ello la democracia se haya debilitado. Se han internacionalizado los tráficos de ideas, bienes y personas, porque el propio devenir de la humanidad, el desarrollo esencial de las relaciones humanas, que es el comercio, también lo ha hecho. En realidad, siempre fue así. El capitalismo fue desde sus orígenes un asunto internacional, tendente cada vez más a la expansión. La emergencia del capitalismo introdujo un cambio fundamental en el orden mundial: hizo posible que se concretaran conexiones genuinamente globales entre estados y sociedades; penetró en los rincones más remotos del mundo e imprimió profundos cambios sobre la dinámica y la naturaleza del poder político (Held, D. 2002: 86). Fenicios, griegos y, sobre todo Roma,{4} extendieron sus redes comerciales por el mundo. Uno de los profetas mayores de Israel, decía de los mercaderes Tartesos:

...habéis enriquecido a los reyes de la tierra” (Ezequiel, 27, 33),

lo cual viene a querer decir que aquel comercio no se ejercía en una libertad fiscal absoluta. Ciertamente la carga fiscal era más laxa que en los tiempos actuales, tanto por la dificultad que entrañaba su control en unas fronteras infinitamente más permeables que las de hoy, como por la enorme libertad de movimientos que un mundo escasamente poblado y menos estructurado políticamente permitía a los mercaderes. Pero no puede pensarse que hubiera una anarquía absoluta en los intercambios, ni mucho menos, porque allí donde se daba un embrión de poder, ya fuera la Ciudad Estado o un territorio más o menos controlado por un jerarca, los agentes de cualquier autoridad exigían el tributo o el peaje. Roma, con su inmenso poder integrador, creó un imperio que puede considerarse como una verdadera globalización y en igual sentido la expansión del Califato, primero de Damasco y luego de Bagdad, extendió por el mundo una enorme red comercial y política. En ambos casos el perfeccionamiento de las exacciones que controlaban los recaudadores de impuestos, enriquecía a la metrópoli y creaba un sistema de financiación de la propia expansión imperial. Así el control fiscal fue en sí mismo un invento del poder que con el nacimiento del Estado-nación alcanzó su plena efectividad. El ejercicio de la violencia legítima (Weber) alcanzó también, dentro de las fronteras del Estado-nación, a la elusión fiscal tipificando como delito su comisión. Sin embargo, la moralidad o inmoralidad de dicha figura delictiva ha sido a lo largo del tiempo discutida y matizada, incluso por la doctrina cristiana que fija límites ciertamente borrosos a lo que es o no pecado en dicho terreno. El propio Presidente del Consejo Italiano, Sr. Berlusconi, en recientes declaraciones a la prensa (El País, La Nueva España, 19-2-04) dice que

Tanto la evasión de capitales como la elusión fiscal son moralmente justas y un derecho natural del hombre cuando los gobiernos agobian al contribuyente exigiéndole tributos excesivos”.

El hecho de que tales tributos hayan sido votados y discutidos (siempre con una oposición), en un parlamento democráticamente elegido, hace que difícilmente pueden ser considerados y legitimados como democráticos en virtud de la propia teoría de la democracia (Held) que debe tener muy en cuenta los derechos de las minorías (los ricos son en realidad una minoría) y del talante al que antes hemos hecho mención que recuerda el principio liberal ingles de: “ni impuestos sin votos, ni votos sin impuestos”, aludiendo claramente al hecho de que a quien no paga impuestos no le importará votar en un parlamento que sean otros quienes los paguen. Pero desde que la democracia se extendió y consolidó ampliando el derecho al voto a los desheredados y a los analfabetos, era inevitable, al par que justo, que estos, siendo mayoría, exigiesen al Estado tanto subsidios sociales como escuelas gratuitas y mejoras de todas clases, con lo que el derecho de propiedad hubo de ceder sus privilegios y así se organizó un poder de abajo arriba, es decir, plenamente democrático yprimer antecedente del Estado del Bienestar, (Bobbio, N.2001: 43) hoy plenamente aceptado a pesar de las contradicciones que en su desarrollo se hayan podido suceder y que, en esencia, no son sino una crisis, es decir, un cambio en la lógica evolución del concepto de democracia.

Así pues, la cuestión del control democrático (o burocrático) que se le escapa al Estado-nación con la globalización del comercio internacional y de las transacciones transnacionales, la deslocalización de las empresas, los movimientos especulativos de capital, la libre circulación de personas, mercancías, bienes y dinero efectivo, la libertad, en suma, de la economía, es otro cambio sustancial implícito en la propia esencia de la democracia. No es arriesgado afirmar que la discusión pretendidamente metodológica que se establece en la actualidad, deviene de una simple cuestión fiscal. Nada tiene de extraño ni de inmoral que, así como el propietarismo censitario hubo de quebrar ante la extensión del voto, el derecho a la libertad de elección de instalación industrial o de banco y de mercado sean un idéntico derecho fundamental de todo ciudadano y también una consecuencia del principio económico de ahorro y de productividad que se ha fortalecido con la globalización. Sin embargo esta libertad, perfectamente legítima, se reputa inmoral y antidemocrática por parte de un sector que se proclama progresista. La búsqueda del beneficio legítimo que toda inversión y todo tráfico mercantil tienen como último fin, (amén de que dichas transacciones sirvan para crear riqueza con el movimiento y la traslación de los capitales y el intercambio de las mercancías) ha sido interpretada por dicho sector como un abuso intolerable, pretextando que con ello los ricos se enriquecen más y los pobres se empobrecen más. Así se alzan voces diciendo que la globalización no es otra cosa que el nombre que se le da a la etapa actual del capitalismo (Etxezarreta, M. 2001), considerando al capitalismo como algo en sí mismo nefasto y recusable. No faltan tampoco quienes, rechazando de plano la globalización, aduzcan su profundo espíritu de injusticia y emitan enfurecidos una colección de improperios contra el B.M. la O.M.C. y el F.M.I., tildándolos de fatídicos para los países pobres y vinculando su superación (o acaso solo su desaparición) con una pretendida justicia global, instalada gracias a otras instituciones de su invención como una pretendida “Organización Mundial de Activos” que angelicalmente acabaría con cualquier abuso gracias a una justicia internacional globalizada y otras utopías, tales como la sustitución del capitalismo por la propiedad igualitaria de los ciudadanos trabajadores y autogestionarios, imperando sobre toda la estructura social el papel del intelectual que toma decisiones y con el viejo ritornello de lograr una sociedad sin clases (Albert, M. 2004: 2-5-9).

Otros antiglobalizadores esgrimen argumentos de parecida índole y pretenden algo tan intangible como “la esperanza de una futura sociedad socialista que llegue a tener un ambiente externo generalmente benigno” con visibles nostalgias de los logros históricos del periclitado socialismo real, o más bien capitalismo de Estado, instaurado en la Unión Soviética (Minqui Li, 2004:8-9) y formulando una ecuación terminante: Globalización = Capitalismo + Neoliberalismo, de la que extraen conclusiones políticas bastante desoladoras, a la vez que aportan soluciones alternativas tan fáciles de exponer como difíciles de concretar y de llevar a la práctica. Pero a pesar de ello levantando, eso sí, bandera beligerante que llega a afirmar que:

“A éste [el capitalismo] hay que combatirlo en todas sus expresiones y en todos los ámbitos. Ahora bien, liquidar la rabia no significa acabar con la bestia que la engendra, es decir, el capitalismo” (Montes, P. y Toledano, D. 2004:5).

Más ponderados, otros autores, críticos y aún severos con el fenómeno que nos ocupa, preconizan reformas más plausibles ante la cierta e innegable anarquía que una libertad inmoderada puede proporcionar. A este respecto es fundamental la distinción entre mundialización y globalización, tal como Beck y Castells las definen y defendiendo la necesidad de que la educación sea un arma de equilibrio en un mundo que deriva hacia una inversión de valores éticos y morales, escudándose en la legitimación de las desigualdades sociales. Estas siguen teniendo su base en el mito de la igualdad de oportunidades y, sin embargo, se olvida que para alcanzar esta deseable igualdad, debemos de considerar nuestras diferencias y tratar de compensarlas por medio de la equidad, alcanzando con ello una real justicia educativa que sea capaz de cohonestar las fuerzas económicas (Vila Merino, E. 2003: 5-6){5}

Son todas estas posturas, contrarias a la globalización y a su pretendida influencia negativa en el sistema democrático, afirmaciones harto discutibles y sería necesario matizarlas de forma exhaustiva porque es muy fácil invocar la solidaridad y hacer demagogia cuando no se analizan en profundidad todas las causas de los hechos sociales. En cualquier caso tanto la protesta masiva contra la globalización como el achacar a dicho fenómeno una crisis de “control democrático”, debe tener otra lectura: el temor a que la libertad de movimientos comerciales acabe con un sistema de subvenciones y que el bienestar se traslade de la mano munífica del Estado, a la más áspera y dura de la competencia.

Parece pues que el movimiento globalizador es una rebelión contra el hecho de que el aludido control consista, por parte del Estado-nación, en la imposición de tasas abusivas y en impedir el ejercicio de la libertad mercantil, como si la libertad fuera divisible y alcanzara solo a una parcela de la actividad humana, aquella relacionada con la expresión, la manifestación o las preferencias políticas. Este planteamiento no parece ciertamente razonable, porque de seguir por el camino de constreñir la libertad económica, el dinero huirá y la industria hará lo mismo, desaparecerá el libre comercio y el pretendido progresismo de ciertos sectores se demostrará que es más bien un enorme paso atrás. Sin embargo, la generación más joven de nuestra época ha crecido en un mundo donde, en la escuela y en la prensa, se ha representado el espíritu de la empresa comercial como deshonroso y la consecución de un beneficio como inmoral, y donde dar ocupación a cien personas se considera una explotación, pero se tiene por honorable el ordenar y mandar sobre otras tantas (Hayek, F. 2000:169). Y desde esta aberración educacional se ha llegado a identificar la iniciativa comercial e industrial con la tiranía y al capitalismo con la reacción, en tanto que la pasividad del burócrata o del funcionario o de cuantas personas trabajan en el sector de “no mercado” y de cuantos asalariados desprecian al comerciante, se les presume demócratas y progresistas, cuando en realidad el progreso del mundo ha dependido única y exclusivamente de la iniciativa capitalista generadora de trabajo, prosperidad y beneficio y la democracia, guste o no, tal como hoy la concebimos ha venido al mundo precisamente de la mano del capitalismo.

Es un hecho histórico que las clases económicas en ascenso se convirtieron en las fuerzas progresistas de los siglos dieciocho y diecinueve. Dichas clases buscaron condensar la lucha por una esfera económica independiente y por un gobierno representativo. A lo largo del tiempo, la lucha a favor de los derechos civiles y políticos fue reconstituyendo la naturaleza tanto del Estado como de la economía, conduciendo al primero hacia el sistema político democrático liberal y a la segunda hacia el sistema de mercado capitalista. (Held, D. 2002: 90) Lo cual equivale a decir que el desarrollo económico, como han demostrado Burkhart y Lewis-Beck (1994) conduce a la democracia, pero la democracia no conduce al desarrollo económico (Ingleharth, R. 1999:272) y la tendencia natural del desarrollo es la expansión y la globalización, en la busca legítima, a la par que natural, de economías de escala sin las cuales no es siquiera posible entender el propio fenómeno del desarrollo. Dicho fenómeno también conlleva las mejoras técnicas y tecnológicas, pese a que con ellas y con las estrategias de deslocalización, de fusión de empresas y de competitividad, se reduzcan los puestos de trabajo ya que se consigue producir más con menos mano de obra. Sin embargo, al capitalismo no le resta legitimidad el que produzca cada vez más con menos trabajo. Lo que le restaría dicha legitimidad es que intentara bloquear la iniciativa de un nuevo pacto social, amenazando la seguridad de los trabajadores, porque la verdad desnuda es esta: sin seguridad material no puede existir libertad política, ni por tanto democracia alguna; y entonces todos nos vemos amenazados por nuevos y antiguos regímenes e ideologías totalitarios (Beck, U. 2000:98). Pero dicho pacto social no parece en peligro; el capital lo aceptará porque el contrato y la negociación son inherentes a la dinámica del capitalismo y, si de ese pacto se derivan mutuos beneficios, mejorando producción y condiciones de trabajo, no habrá fuerza que se le oponga. Buena prueba y válido antecedente de ello son las negociaciones laborales que se plasman en la firma de convenios colectivos entre fuerzas sociales y sindicales y las patronales capitalistas en todo el mundo. El Estado-nación, por su parte, aún no ha perdido su capacidad de ejercer el poder y menos aún la de ser parte en el pacto social. El ejercicio de dicho poder y de dicho pacto tiene dos claras vertientes, una a favor de y otra en contra de. Si se está a favor del pacto habrá en parte que ceder y en parte que exigir porque esa es la propia esencia de todo pacto y de oda negociación. La legislación social avanzada no está en discusión, hay que exigirla, pero no se puede estar en contra de la moderación, e incluso de la rebaja o del aumento de los impuestos, según los casos. Ambos supuestos pueden y deben ser negociados. Los déficits que origine la rebaja se compensarán con una mayor generación de riqueza, así como con una mayor extensión de la tributación horizontal y los aumentos, cuando son necesarios, con una mejor y más racional inversión en políticas sociales. Ambos aspectos, rebajas y/o aumentos, han de ceñirse, sobre todo, al marco de una administración austera y responsable, que es la verdadera fuente del control democrático de la economía y su última instancia de legitimación. No estamos descubriendo el Mediterráneo al hacer estas afirmaciones, son la base de toda política fiscal correcta y ortodoxa. Pero ocurre que es mucho más fácil gobernar desde el gasto y desde el déficit y ello no por la incapacidad de los gobernantes ni de los políticos profesionales. En muchas ocasiones la opinión pública cree que la clase política es mediocre y que gobierna desde la incuria. No es así; si tal idea tuviera fundamento cualquier problema político podría ser resuelto desde la medianía de una inteligencia común y las políticas económicas no resultarían tan vacilantes como lo son ahora. Pero no se trata de eso, sino de la propia esencia del poder político, cuyo primer objetivo en una democracia es mantenerse – y aún diríamos que perpetuarse – y ello no por razones inconfesables, sino porque la acción política que persiguen los partidos no puede realizarse sino desde el propio poder. Pero para mantenerse en el poder es necesario prometer y cumplir, y la dinámica de la promesa tiende al corto plazo, porque el futuro es incierto y a nadie interesa especialmente. Las expectativas de los ciudadanos se centran en las mejoras inmediatas que los agentes políticos les puedan proporcionar. Así ni los ciudadanos, ni los medios de comunicación, ni los propios partidos políticos se centran en mensajes de ahorro y sobriedad porque el presente se nutre de promesas concretas, por lo que en la oferta electoral predominan las soluciones conducentes a incrementar el gasto público que son, naturalmente, las que pueden expresarse en mensajes mágicos. (Requeijo, J. 1999: 17). Así pues el gobernar desde el gasto desmesurado, haciendo crecer la deuda pública, es una práctica tan común como nefasta y no se puede legitimar con el consenso ni con las elecciones, ni con el voto, ni con la discusión parlamentaria, mucho menos con pretendidas teorías políticas que se reclaman de progresistas, tendiendo a explicar que democracia es precisamente gasto público en políticas sociales, a veces erráticas, y confundiendo la mesura y la austeridad con conservadurismo antisocial y con autoritarismo capitalista. Toda política, ejérzala quien la ejerza, que no contemple las reglas más básicas, e incluso obvias, de la economía (en su propia etimología griega, de arreglo y orden de la casa: oikoV nomoV) a la larga habrá de proporcionar ajustes traumáticos que deberá sufrir y, lo que es peor, pagar, toda la sociedad.

Consecuencia, mucho más que probable, del despilfarro instalado en la política, así como de la inversión de valores en los conceptos de la ética tradicional y de los aspectos más negativos que genera la globalización, ha hecho surgir contra ella, no solamente las protestas de neomarxistas y de otros estamentos intelectuales, sino movimientos armados y peligrosos, tales como el Movimiento Zapatista en México, La Milicia Estadounidense en América del Norte y el movimiento terrorista “Aum Shinrikyo” en el Japón (Castells, M. 2000: 129) cuyo estudio y motivaciones, para ser rigurosamente estudiados, trascenderían los límites de este ensayo. Sin embargo, dentro de ellos está el examinar rigurosamente los conceptos de capitalismo y democracia, lo cual nos obligará a desnudarlos de las impropias connotaciones con que ambos aparecen a los ojos del vulgo. Los prejuicios de una batalla dialéctica ya secular, pues se inicia en 1848, los han distorsionado enormemente y se tiende a identificar al uno peyorativamente con los privilegios de los ricos y a santificar al otro como panacea del bienestar y redención de los pobres, todo ello dentro de una absurda controversia entre el bien absoluto y el mal absoluto, entre lo que debe ser y lo que es. La discusión debe de empezar necesariamente por discriminar con rigor los planos axiológico o ético y especulativo o científico. Al intentar explicar las cosas como son o como deben ser es absolutamente necesario establecer sin prejuicios acientíficos y manidos las realidades sociales porque, como dice Ortega,

“solo debe ser lo que puede ser y solo puede ser lo que se mueve dentro de las condiciones de lo que es” (1997:84),

sin que consideraciones de otro tipo puedan hacer cambiar un mundo que se rige por sus propias inercias, sinergias y efectividades, contra las que difícilmente cabe oponer cuestiones pretendidamente morales o éticas en terrenos en los que ni la ética ni la moral tienen una definición unívoca, porque los movimientos sociales pueden ser conservadores, revolucionarios, ambas cosas a la vez o ninguna y no existe una direccionalidad predeterminada en la evolución social, porque el único sentido de la historia es la historia que sentimos. Desde una perspectiva analítica, no hay movimientos sociales malos ni buenos (Castellas, M. 2000: 93). Tampoco se puede pretender maridar la ética y la moral con el deber ser axiológico y con el concepto de la democracia realmente posible, porque desde el punto de vista ético o jurídico no se puede construir el ideal de una sociedad.

Esta fue la aberración de los siglos XVIII y XIX. Con la moral y el derecho solos, no se llega ni siquiera a asegurar que nuestra utopía social sea plenamente justa”. (Ortega, J. 1997: 84)

La pretendida crisis de la democracia, en el sentido catastrófico y peyorativo que se le atribuye, no pasa de ser una vana mendacidad. Vana porque la crisis es connatural al mundo y mendaz porque se le atribuye a la palabra crisis un sentido gramatical del que se fue cargando con un uso indebido, pero del que carece en su prístina acepción. Siempre estamos en crisis porque crisis quiere decir cambio, (del griego, crisiV). El mundo cambia de continuo, cambian la ley, las costumbres y la propia interpretación de la realidad; incluso cambian los conceptos éticos y morales y las bases sociológicas sobre las que los mismos se establecen. Igualmente cambian el derecho y la jurisprudencia; cambia, sobre todo, la ley positiva que llega siempre a regular y establecer códigos de conducta cuando estas conductas se han instalado ya en la sociedad. En la naturaleza los cambios son de otra índole, porque la rosa florece hoy como florecía en el paraíso terrenal y las estrellas brillan como brillaban hace millones de años, pero la ciencia jurídica y la ley positiva, en cambio, son mutables de continuo. Tres palabras contradictorias del legislador convierten bibliotecas enteras en basura (Kirchmann, J. H. von, 1964:8-9-18).

Pero la ciencia jurídica, reguladora de las conductas sociales, cambia, como queda dicho, porque cambian también la sociedad y la propia democracia, que al fin y al cabo está regulada y presidida por la ley, es decir, por el principio nomocrático. La democracia pues, ha venido cambiando o, lo que es lo mismo, ha ido haciendo crisis tras crisis, desde la Grecia del siglo VII a.C. hasta las formas actuales que, en rigor, tienen poco que ver incluso con las de las primeras democracias modernas, como la americana o la francesa de siglo XVIII. Así es previsible que en un futuro próximo la democracia continúe cambiando y estableciendo parámetros de conducta ciudadana, política y burocrática que se desviarán notablemente del concepto actual, quizás para mejorar o para empeorar, no lo sabemos, pero la globalización, que es irreversible (Beck, U. 2000:163) propiciará otro tipo de Estado que no tendrá necesariamente que ser el Estado-nación tal como hasta hoy lo concebimos, ni quizás tampoco como lo anticipó Aldoux Huxley en “A Brave New World”, porque estamos ante un capitalismo globalmente desorganizado puesto que, en el aspecto económico y político, no existe ningún poder hegemónico ni tampoco ningún régimen internacional. Así pues, toda previsión sobre el futuro, toda anticipación basada en la racionalidad, como la que pretende Ronald Ingleharth al decir que:

los cambios políticos, culturales y económicos siguen juntos pautas coherentes y están transformando el mundo por caminos que, por lo general, resultan previsibles” (1999: 49)

pese a lo sugestiva que pueda parecer, tropieza con un escollo insalvable porque, como asegura Hayek en “The Constitution of Liberty” y en “Law, Legislation and Liberty”, el conocimiento humano es siempre limitado e incompleto y la pretensión racionalista de acceder al conocimiento del mundo está destinada al fracaso (Vallespín, F. y García-Guitián, E. 1995: 21).{6} Sin embargo cabe preguntarse si es posible la democracia más allá de las seguridades de la legislación social y laboral que el Estado nación brinda hoy al mundo del trabajo. Lo que para muchos es una amenaza de desmoronamiento, es el fruto de una lógica evolución que debe trocarse --y, sin duda, se trocará-- en el hito fundacional para unas nuevas ideas y nuevos modelos que el Estado, la nueva economía y la propia sociedad civil, necesitan y que están pidiendo para un futuro que, en rigor, ya ha comenzado.

De todos modos, la democracia, con las variantes que ha sufrido y que ya hemos considerado, y las que necesariamente habrá de sufrir para adaptarse a los cambios tecnológicos que ha propiciado la globalización de la economía, no parece que esté en peligro de agotamiento. Un autor tan ponderado e importante como Norberto Bobbio al preguntarse si la democracia tiene porvenir y cual será este, responde sinceramente que no lo sabe (2001: 24). Pero, siguiendo sus propias palabras y la línea argumental de su libro, podemos tener esperanzas porque, si bien es cierto que hacer pronósticos es escasamente prudente y poco científico, el curso de la historia hasta el día de hoy parece apuntar hacia modelos democráticos que, si bien podrán ser distintos al esquema actual del Estado-nación, no es previsible que sean ajenos a una concepción liberal. La llamada pérdida del control democrático de los movimientos de capitales, bienes y personas es harto discutible. Los Estados no están por completo indefensos ante este fenómeno, ni ante el de las presiones de las empresas multinacionales, porque pueden utilizar toda una gama de procedimientos destinados a canalizar o a limitar su influencia, tales como el control y limitación de inversiones, prohibición de la repatriación de beneficios, obligación de reinvertirlos en el país, reforzamiento impositivo e incluso la atracción de capitales de otro origen para neutralizar las influencias extranjeras (Merle, M.2000:447). Existen aún otros medios tales como los tribunales de defensa de la competencia, vigentes en casi todas las naciones modernas, así como las leyes antimonopolio, aprobadas en convenios internacionales y tendentes en todos los estados (España incluida) a limitar los abusos que puede propiciar un capitalismo incontrolado. Otros controles y restricciones al tráfico mercantil como las de mercancías estratégicas, armas, gases inflamables, combustibles, &c. son así mismo comunes a todas las naciones. No debemos pues exagerar los procesos globales y llegar a creer en un eclipse total del sistema de Estados; el Estado-nación no puede ser todavía desplazado como punto de referencia central (Held, D. 2002:170), lo que tendrá que hacer es adaptarse sin rigideces ni colapsos a los efectos del fenómeno global.

Las invectivas, denuestos y descalificaciones continuamente expresadas en los mass media, contra la falta de democracia de ciertas instituciones, a la vez causa y consecuencia de la globalización, como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, o el tan denostado Banco Mundial, o se admiten en un sentido limitado o, por el contrario, se cae en el error de aceptar una interpretación torticera, porque estas instituciones han proporcionado ayudas inmensas a los países que se las solicitaron. Pero, naturalmente, la banca se rige por principios estrictos, igual para los Estados que para los ciudadanos particulares y en su virtud el B.M. o el F.M.I. imponen reglas razonables de condicionalidad (saneamiento financiero, devaluación de la moneda, austeridad administrativa, &c.)a quienes solicitan sus préstamos y no obligan a nadie a aceptarlos, ni intervienen motu proprio en ningún país, aunque, eso sí, a quienes no cumplan las condiciones de solvencia y de formalidad en el contrato mercantil que constituye todo préstamo, les es negada la ayuda pues no son instituciones caritativas ni ONGs. (Held, D. 2002: 140-141). Por otra parte, fueron los propios Estados democráticos quienes fundaron dichas instituciones, con el propósito de poner orden en el caos de los sistemas monetarios y financieros del mundo en desarrollo. La economía se rige por leyes tan inexorables como la física y, aunque permita ciertas sanas y justas correcciones y modificaciones por parte del poder político, que debe de establecer el marco legal para evitar el desorden del mercado, nadie puede cambiar el hecho de que los préstamos deben de ser devueltos pues lo contrario representaría la quiebra, cuyas catastróficas consecuencias no es necesario ponderar aquí, sobre todo en las circunstancias actuales en las que las irregularidades del crédito nos han llevado a una situación de peligro global.

Pero pretender que el sistema financiero, en su esencia estructural, sea democrático, es como pretender que la ley de la gravitación universal sea discutida y reformada por el consenso de un parlamento para evitar que un valioso objeto de cristal se rompa en pedazos al caerse al suelo. Durante los años sesenta y setenta del siglo XX poderosas redes financieras internacionales suministraron inmensas cantidades de dinero a los proyectos de desarrollo de América Latina, Asia y, en cierta forma, también a la propia Europa central y oriental. Cuando estos países experimentaron severas dificultades en la devolución de estos préstamos, muchos de ellos que contaban con significativos rasgos democráticos, llegaron a creer que la democracia que se había desarrollado durante la oleada de posguerra iría a resolver sus problemas. Los gobiernos democráticos de Brasil, Chile y otros muchos lugares eran incapaces de ser lo bastante duros y rigurosos en su administración pública; colocaban a demasiadas personas con cargo a retribuciones institucionales, eran demasiado generosos con el suministro de ayudas a los más desfavorecidos, se mostraban demasiado activos apoyando el deseo de salarios más altos por parte de los trabajadores y eran excesivamente generosos con las ineficiencias de las industrias nacionales que deberían ser clausuradas. Todas estas formas de insensata generosidad se debían a que los políticos precisaban ganar las elecciones y sacrificaban a este fin la gestión económica adecuada. A los Estados no democráticos europeos occidentales (España, Grecia y Portugal), por la misma época, les fue negada su admisión en las instituciones económicas de esta región, crecientemente próspera, mientras no desarrollasen instituciones democráticas, concibiéndose esta exclusión con respecto al resto de Europa, como algo vergonzoso (Markoff, J. 1998: 144-145).

I I I

Desde la década de 1780 en adelante los movimientos democráticos han sido, de forma notable, transnacionales, desplazándose resueltamente algunos de sus miembros de un movimiento a otro (Markoff, J. 1998: 51) y ello fue, como lo es hoy, consecuencia de los avances en los transportes y en las comunicaciones. Si es cierto que en 1848 “un fantasma recorre Europa” y que este fantasma fundó la primera, la segunda y la tercera Internacional, invocando la unión y la solidaridad de todos los trabajadores del mundo, no es menos cierto que hoy el nuevo fantasma que recorre, no ya Europa, sino todo el mundo, lo hace también con una mística de redención, si bien de condición y carácter completamente opuesta a la del Manifiesto Comunista. La de esta ideología consistía en la liberación de la clase obrera, ciertamente aherrojada en unas condiciones de vida infrahumanas, de las que era necesario liberarse mediante la igualdad, deshaciendo el propio edificio del Estado (o apoderándose de él mediante la dictadura), pues el Estado era concebido como un medio más de dominación y control que la burguesía ejercía contra la clase obrera. La nueva concepción del mundo propone también la liberación del control del Estado sobre comercio, industria y capital. Sin embargo, ahora, por parte de los mismos que antes se sentían oprimidos por el Estado, surge una especie de V Internacional{7} y, desde sus conceptos teóricos, se considera que el control estatal del desarrollo económico es democrático, en tanto que, en un todavía reciente pasado, era tiránico y opresor (Anes, G. 2002). Sin embargo, la capacidad de la gente corriente para desafiar a los poderosos, de aquellos que cuentan con menos para atosigar a quienes tienen más, y de aquellos cuya vida es menos confortable para perturbar la rutina de los acomodados, ha sido siempre notable, incluso antes de la era de la democratización moderna (Markoff. J. 1998: 47). Ello, naturalmente, cuando los Estados, receptivos a estos movimientos, tratan de establecer políticas sociales mediante el aumento de la fiscalidad, desencadena movimientos de reflujo. Por eso la resistencia a la dominación del Estado, la elusión fiscal o el bordeamiento de la ley por medio de toda clase de triquiñuelas jurídicas ha sido una constante de la sociedad civil, ya con sistemas autoritarios, ya con democracias sólidamente establecidas. Todo ello es así porque la frontera entre el tributo y la confiscación, si bien aparece clara sobre el papel del derecho tributario, no lo es tanto en la realidad de la vida civil. La confiscación ronda siempre a la tributación y entre ambos conceptos hay una intersección clara. Por eso las sociedades democráticas, que consideran a la propiedad individual como fundamento del sistema, tienen que ser muy cuidadosas en aclarar esta difícil intersección. (Bueno, G. 2004: 272-273)

En esta nueva era globalizadora la lucha de clases parece que continúa y lo hace con marcados acentos tanto intelectuales como políticos. Todo el mundo está de acuerdo en que sin democracia no hay convivencia, pero la redefinición de la democracia es asunto de muy difícil encuadramiento, sobre todo si tenemos en cuenta que al final de la cuestión nos encontramos con la pregunta clave de “¿Quién o quienes ejercen el poder?” y si están legitimados para ejercerlo. Las concepciones de poder ofrecidas por la teoría política liberal y por la marxista son demasiado estrechas para abarcar debidamente el espectro de las condiciones necesarias de una estructura común de acción política (Held, D. 2002: 215), porque la tradición liberal considera al poder como algo separado de la economía, mientras que en la concepción marxista se subestiman formas de organización y de identidad que se separan del rígido concepto de la producción.

Pero, querámoslo o no, es dentro de estas coordenadas en donde estamos condenados a movernos. Los nuevos movimientos sociopolíticos dominantes son el neoliberalismo y el neomarxismo, es decir, los mismos perros con distintos collares y las posiciones antagónicas que ambos conceptos esgrimen, difieren muy poco en sustancia de las ideas primigenias nacidas en el siglo XIX. Por ello, el viejo pleito entre la economía planeada y dirigida desde el Estado y la economía espontáneamente desarrollada y dirigida por la iniciativa privada, termina suscitando una nueva polémica; en ella el poder se ve implicado irremisiblemente porque no podemos olvidar que el Estado (encarnación última del poder) ha llegado a un desarrollo de tal magnitud que toda consideración sobre sus límites y sobre su minimización son una simple batalla dialéctica. La máquina estatal se ha desarrollado de tal forma que su intervención en todos los campos sociales es una realidad incuestionable. Por eso redefinir la extensión y la concepción moderna de democracia es tan esencial como difícil a la hora de comprender el fenómeno global y los movimientos, tanto a favor como en contra, del mismo. Por si todo ello fuera poco, siguiendo por ese camino nos vamos a encontrar con otra realidad, si no plenamente antagónica al Estado, si diversa y casi tan importante: el mercado, que es una realidad inexorable y que, a despecho de opiniones políticas, elude a la corta o a la larga, cualquier control que se pretenda ejercer para distorsionarlo. Pero al revés que en el mercado político, donde se vota cada cierto tiempo, y cuya flexibilidad puede admitir cuantas variantes legales quieran realizar los poderes del Estado, en el mercado económico, donde se vota todos los días, se pueden efectuar ciertas correcciones a las que antes aludíamos y que los economistas conocen y describen como medidas que tienden ya a evitar los llamados fallos del mercado, ya a mejorar su eficiencia, pero la dinámica propia del mercado, su última esencia, es la libertad constituida por el libre juego entre la oferta y la demanda y el propio demos consagra este principio y no acepta otro control que el de la elección por el precio, la calidad o el servicio. Lo demás son especulaciones sin fundamentoporque “si no existe el libre mercado, no existe tampoco la democracia” (Bueno, G. La Nueva España, 23-1-04: 48) y si no hay democracia, en justa reciprocidad, tampoco hay mercado libre, sino que se forma esa patología social conocida como mercado negro, que es quien termina por fijar los precios a despecho de cualquier control que mediante la creación de burocracias ad hoc, como inspecciones, tribunales especiales, &c.intente imponer el Estado. Como ya hemos visto líneas arriba, sin democracia y, por lo tanto sin mercado, ni es posible la convivencia en armonía ni parece que haya otra alternativa política plausible; todo ello a pesar del aludido continuo crecimiento de la burocracia, que, dicho sea de paso, constituye un aparato de poder ordenado jerárquicamente y es, por tanto, esencialmente contrario al sistema de poder democrático (Bobbio, N. 2001: 42). Una de las grandes contradicciones de la democracia, ya apuntada por Tocqueville, es precisamente que el crecimiento de la burocracia corre parejas con la democratización del Estado, pero detenernos en el análisis de esta contradicción sería tema suficiente para otro ensayo, partiendo de la formulación que Max Weber hizo de la “jaula de acero burocrática”.

Al examinar los movimientos a favor y en contra del fenómeno globalizador, nos topamos con otro grave enemigo de la objetividad que todo análisis científico debe de perseguir. Este enemigo es la ideología, esa hidra que Daniel Bell en “The end of ideology” (1960) o Gonzalo Fernández de la Mora en “Crepúsculo de las ideologías” (1986), como nuevos Perseos, dieron por muerta y que, sin embargo, ha demostrado que goza aún de excelente salud. Como antes decíamos la izquierda y la derecha difieren visceralmente en su visión del mundo, del futuro y de la propia democracia. Esta trata de ser patrimonializada tanto por el conservadurismo neoliberal derechista, como por el izquierdismo neomarxista. Desde ambas posturas, (sin conciencia cierta de que todo el mundo busca el bien común, aunque los caminos para encontrarlo sean distintos), se tilda a la contraria de antidemocrática, en una satanización sin sentido, convirtiendo el legítimo juego político en una desmedida cuestión maniquea de buenos y malos, discusión absurda y estéril, porque como dice el maestro Ortega (1999:32)

“Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral”.

Este concepto orteguiano, se hace más evidente en estos tiempos en que se han trastocado los conceptos hasta extremos incomprensibles pues hoy, como el propio Ortega dice, la derecha propone revoluciones en tanto que la izquierda propone tiranías. Por eso al reflexionar sobre el futuro de la democracia en el sistema global, no nos sirven actitudes y prejuicios decimonónicos, que hoy se ven ya como irracionales y desfasados, porque la vieja distinción entre derecha e izquierda, abundando en la provocadora frase de Ortega, ha quedado anticuada. (Giddens, A. y Hutton W. 2001: 16) Lo único que procede es la seria y solvente elucubración sobre una lógica serena y meditada de un ¿a dónde vamos?, aunque, naturalmente, con todas las cautelas a que obliga el compromiso de tratar de prever el futuro. Pero si bien el futuro es imprevisible (y ya nos hemos pronunciado críticamente sobre la teoría de Ronald Inglehart), no es menos cierto que un futuro sin democracia resulta poco imaginable.

El cómo ha de ser esta democracia, fuera de los hoy ya pretendidamente estrechos márgenes del Estado-nación, ofrece un amplio abanico de hipótesis y la menos irracional de ellas es la de integrar los problemas globales en el propio proceso de discusión interna (Vallespín, F. 2003: 182). El Estado nación no puede dar la espalda al mundo circundante y si la democracia es básicamente juicio por discusión, no cabe la menor duda de que se impone la evidente necesidad de una reflexión nacional de los problemas que plantea la internacionalidad, de cómo afectan y hasta donde se puede transigir y negociar. Es bien cierto, como sostiene Jürgen Habermas que cuando los Estados negocian entre sí, a medida que aumenta el número y la importancia de los temas sobre los que se decide, son más las decisiones que se alejan de los ámbitos de la formación de las voluntades nacionales y, por lo tanto se produce un déficit democrático, como sucede, por ejemplo, en la toma de decisiones de la U.E., realizada por comités burocráticos, lejanos sin duda al elector. (2001: 6). Sin embargo y a pesar de la respetable opinión de tan importante teórico, su validez admite una profunda discusión. Es obvio advertir que las negociaciones diplomáticas (muchas veces secretas por su propia esencia) entre los Estados, están llevadas por personas que representan los intereses legítimos de los negociadores. Tampoco se trata de que la U.E trate de eliminar la democracia, sino que el ámbito de discusión, hasta el día de hoy, carece de posibilidad de reducirse a consultas populares y menos aún el de la toma de decisiones. Al fin y al cabo quienes están en los órganos decisorios fueron nombrados y/o elegidos por métodos democráticos de primero o segundo grado y sus decisiones, tomadas en discusión y en debate, no pueden ser tachadas de impropias, injustas o antidemocráticas, sin matizaciones muy minuciosas.

Si miramos dentro del Estado-nación, por simple lógica comparativa, nos encontramos con que muchas decisiones políticas que terminan tomando cuerpo en normas legislativas, no están tomadas por el propio poder legislativo, más cercano al elector y por lo tanto más democráticas, sino por el ejecutivo y por la burocracia en el ejercicio de la potestad administrativa cuya legitimidad democrática nadie discute, quizá porque este flujo a arriba hacia abajo está diariamente legitimado por parte de los partidos políticos en el poder, a base de una continua remodelación de la opinión pública a través de los mass media (Pérez-Agote, A. 1999: 60). Discusiones modales aparte, se impone la integración multinacional, ya sea asociativa, ya federativa, ya de cualquier otra índole y ella conlleva la lógica cesión de soberanía a instancias o instituciones internacionales que habrán de propiciar una cooperación basada en las mutuas conveniencias, así como en un riguroso cumplimiento de los acuerdos que sean beneficiosos para todos los firmantes. El problema de la legitimidad democrática de esta opción ofrece sin duda un amplísimo espectro de posiciones y de contraposiciones, pero, aún sintiendo la tentación de entrar de lleno a defender la construcción de entidades supranacionales, de explicar cómo a base de cesiones de soberanía se integraron los cincuenta Estados Norteamericanos en una sola y poderosa nación (e pluribus unum), de cómo la U.E., que nació de las conveniencias comerciales, camina hacia una Constitución democrática (ahora fallida) y a hacia una federación supranacional, e incluso de cómo muchos pequeños Estados-nación, como Alemania o Suiza, se constituyeron por el mismo procedimiento, manifestaremos nuestra creencia de que no solamente el comercio y el mercado se globalizan sino que la democracia también seguirá el mismo camino y se establecerá una democracia cosmopolita basada y estructurada en los derechos fundamentales transnacionales con una validez global, pues aunque pueda parecer paradójico que el mantenimiento y garantía de tales derechos fundamentales dependa del Estado-nación, al tratarse de la protección internacional de los mismos, concurren, colaboran, compiten e interactúan varios actores, tales como: organizaciones interestatales, los comités de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, ciertos Estados solos o en interacción con otros o con comités conjuntos regionales (Beck, U. 2000:134-135).

El importante papel que juegan estas instituciones en el desarrollo y consolidación de los derechos humanos, hacen que cada vez parezca más realizable y plausible el desarrollo de una democracia cosmopolita. Otra cosa es arbitrar los medios para realizarla y viabilizarla pues todo ello conlleva un enorme proyecto de organizaciones, intereses y ajustes estructurales tendentes al establecimiento de un nuevo orden global (Held, 2002: 318 y sgts.). Aceptar la postura contraria, creer y sostener que la interconexión política no es eficaz, que las Naciones Unidas o la Unión Europea son ajenas a un debate democrático y que solamente el localismo y los factores nacional o étnico son los que conforman la identidad personal y colectiva - sin negar su enorme importancia - es tratar de descartar algo tan importante como compatibilizar lo nacional con un concepto más amplio de ciudadanía, capaz de dar cabida a la construcción de identidades de más amplios horizontes.

La solución pasa por reconstruir un concepto de cosmopolitismo que encuentre sus señas de identidad en los valores universalistas de la Ilustración y se arriesgue en el proceso democrático (Vallespín, F. 2003: 82)

y dicho proceso no tiene por qué reducirse a los límites de la tutoría del Estado nación, que quiérase o no, habrá de evolucionar hacia nuevos horizontes pues, como ya dejamos hecho mérito a lo largo de este estudio, la evolución y el cambio son consustanciales a todas las instituciones. Las propias democracias actuales son el resultado de un proceso a la vez conflictivo y evolutivo (Paramio, L. 1996: 144). El cambio, en una síntesis histórica, puede afirmarse sin pecar de imprudencia que constituye la esencia de todo progreso.

Es, por tanto, hora ya de desterrar de nuestros arcaicos esquemas mentales ideas en clara superación como la identidad de la Nación con el Estado. Esta unión hipostática entre la etnia y la cultura con la soberanía política es la base del nacionalismo radical; pero en la actualidad esta concepción política ya no se corresponde con el giro que va tomando el mundo y además atenta no solo contra la democracia sino contra la creciente internacionalización de la economía, de las comunicaciones y de los procesos de integración supranacional, ya de imposible vuelta atrás y, por ende, contra la construcción inexorable de un nuevo modelo de democracia más universal, mas cosmopolita y más progresista, entendiendo esta palabra en su verdadera acepción gramatical y desposeída por lo tanto de las connotaciones políticas que, como a la crisis, la han cargado de un falso sentido. En suma: ninguna concepción del Estado democrático moderno puede ser válida sin un análisis del sistema global en que estamos inmersos y, por el contrario, ningún análisis del sistema global puede prescindir de una concepción del Estado democrático. El siguiente paso es trascender los estrechos marcos en que se desarrollan las tradiciones teóricas que hasta hoy informaron los análisis del sistema político moderno y de las relaciones internacionales. (Held, D. 2002:49)

Pero si esto parece lógico y correcto, lo cierto es que la mundialización, el libre comercio y, especialmente, la informatización financiera, que permite en tiempo real comprar en Tokio y vender en Nueva York, gozan de mala prensa y se habla más en ciertos medios de explotación que de progreso. Sin tratar de ignorar que los abusos existen y que muchas empresas han ganado más con movimientos especulativos de capital que con la reinversión de beneficios en sus propias industrias, (Merle, M. 2000: 279) no puede esto constituir per se una descalificación absoluta del sistema global, sino la constatación de un abuso al que debe buscarse remedio, como tampoco se puede condenar a los sistemas democráticos por el hecho de que en ellos sea más alto el índice de delincuencia que en las dictaduras. En la democracia hay más facilidades para abusar de los amplios márgenes de libertad que el sistema permite. En las dictaduras, al no haber libertad, obviamente no puede abusarse de ella.

El Tercer mundo constituye uno de los ejes sobre los que pivotan los movimientos que esgrimen la crítica más acerba hacia el sistema global. Pero antes de entrar en esta materia, nos referiremos a las diversas concepciones que de la globalización existen en los distintos ámbitos intelectuales que abordan su análisis.

Las enormes contradicciones que pensadores de uno u otro signo aportan a la discusión, nos hacen entrar en el ya anteriormente previsto difícil terreno de la ideología, es decir, en el campo de lo acientífico y de lo visceral. Para un autor tan solvente como Gonzalo Anes, la globalización de hoy, tendencia natural del mundo desde la antigüedad, representa el mayor paso adelante que ha dado la humanidad y ha ampliado el ámbito de la convivencia, de tal modo que, como dicho autor sostiene,

los cambios culturales e institucionales que originará la mayor libertad harán más vivible el mundo venidero”. (ABC:19-10-2002).

Pero al margen de cualquier debate ideológico, los hechos hablan por sí solos. No podemos considerar de una forma apasionada y, en cierto modo cerril, que los países desarrollados buscan en la libertad de comercio y de instalación industrial la ruina y el sojuzgamiento del Tercer Mundo. A comienzos de los años sesenta, muchos de estos países subdesarrollados, desencantados de los programas internacionales de ayuda, tanto de la ONU, como de otros organismos y ONGs, lanzaron el slogan de: Trade not Aid (Merle, M. 2000: 280), convencidos de que solamente la capacidad de comerciar era el principio de todo progreso. Desde entonces un grupo de más de 110 países reivindica un nuevo orden económico internacional y solamente las compañías multinacionales (otra betê noire de los antiglobalizadores) son capaces de proporcionar los medios del progreso deseado, porque son las que poseen la tecnología y, quiérase o no, la tecnología es una factor poderosísimo de integración (Requeijo, J.1998:141-142). Lo que sucede es que el choque cultural que tiene lugar cuando entran en contacto países de diferente nivel, no puede solucionarse sin tensiones, dificultades y problemas que, seguros de su transitoriedad, han de afrontarse por las partes implicadas de manera positiva, con hechos normalizadores y no con estériles enfrentamientos y discusiones ajenas a cualquier sistema de progreso.

Históricamente ha sido una constante del mundo y de sus civilizaciones el tratar de expandirse y de establecer colonias, factorías o representaciones. Pero en la antigüedad romana, griega o tartésica, esta expansión tenía un marcado control de carácter político e imperial, es decir, había una autoridad última en que apoyarse y así lo conservaron los subsiguientes imperios globalizadores, desde el español de siglo XVI hasta los del siglo XX inglés, francés o alemán. En estos imperios modernos el problema de escapismo fiscal no existía, pues, al revés que en la globalización actual, la estructura de poder controlaba los movimientos comerciales y financieros en todo el ámbito del imperio, mediante los funcionarios metropolitanos. En la desestructuración actual, ciertamente, no existe un poder hegemónico consensuado y democrático que imponga un orden global, vivimos en ésta especie de hobbesianismo comercial, corolario inexorable de la liberalización, y no parece posible por ahora el pacto con un soberano bajo cuya protección ajustarse. Sin embargo y a pesar de las críticas al sistema, y de las objeciones a un crecimiento económico que crea paro mediante el fenómeno conocido como jobless growth (Beck, U. 2000:97), el hecho globalizador, como el mismo autor reconoce, es irreversible, lo que en buena lógica quiere decir que o bien vamos hacia el caos más absoluto o hacia una forma superior de convivencia, cuya estructura y funcionalidad podemos intuir pero en modo alguno definir todavía. Las respuestas nacionales son incompletas y ciertamente limitadas por lo que deberá intentarse seriamente el establecimiento de direcciones económicas regionales (como la U.E., por ejemplo) e intentar sobre todo la constitución de una Autoridad Financiera Mundial (Giddens, A y Hutton, W. 2001: 308). No es ocioso recordar aquí el antecedente de los acuerdos de Bretton Woods; dichos acuerdos fijaban los tipos de cambio y evitaban, mediante el firme compromiso de todos los bancos centrales de apoyar dichos tipos, los movimientos de capitales puramente especulativos. Esta regulación mundial sirvió durante bastantes años para que muchos gobiernos nacionales construyeran Estados de Bienestar (Kuttner, R.2001:231)

Un sistema mundializado de economía, funcionaría con más garantías si existiera una moneda única mundial, respaldada por un único Banco de Emisión, ello evitaría la especulación de moneda contra moneda que tantas veces se produce, aprovechando los engorrosos y abusivos controles de cambios practicados unilateralmante por algunos Estados, así como las arbitrarias e indeseables políticas monetarias que, en uso y abuso de su soberanía, establecen a veces los distintos gobiernos, lo cual, pese a su localización, control y fiscalización, está muy lejos de ser democrático. Por ello contraponer lo local con lo global es un grave error de perspectiva que impide una visión equilibrada del problema del tantas veces repetido control democrático. El funcionamiento del Sistema Monetario Europeo actual es un buen ejemplo de las aseveraciones que anteceden. Desde que se estableció la Unión Monetaria con la creación del Banco Central Europeo, los arreglos monetaristas, tales como las devaluaciones, el crecimiento incontrolado de la deuda pública, el déficit comercial, así como las subidas y bajadas locales de las tasas de interés, que enmascaraban las deficiencias de las economías nacionales, aunque no han sido eliminados por completo, se intenta controlarlos de forma cada vez más enérgica. Las inevitables tensiones y cumplimientos deficientes de los pactos comunitarios no han desaparecido, pero tienden a ser eliminados, siendo de esperar su absoluta erradicación en un plazo razonable. Estas políticas monetaristas, en si mismas, son tan condenables como la especulación financiera internacional. Al igual que esta no son creadoras de riqueza sino de inflación y de desconcierto. La posibilidad de extender a todo el mundo el sistema europeo (aún imperfecto), es por ahora remota pero hacia ella habremos de tender. La “tasa Tobin”, aunque difícil de instrumentar, debe de tratar de instaurarse en unos márgenes razonables, incluso con una filosofía distinta de la que ahora tiene, y asípuede ser otro magnífico auxiliar de un orden internacional financiero, en tanto los paraísos fiscales sigan existiendo. De cualquier modo la renta única mundial de las personas físicas y jurídicas, lejos de ser una ilusión inalcanzable, acabará por ser una realidad en virtud del propio progreso de la informática y de la misma dinámica de la globalización, tal como ya en la actualidad sucede en la U.E. donde se ha instalado el conocido macroordenador intracomunitario Intrastat, en el que quedan registradas, con el fin de que nadie pueda eludir la fiscalidad, todas las operaciones mercantiles realizadas entre las empresas de los distintos estados de la unión.

En resumen: parece razonable pensar que la tantas veces mencionada crisis del Estado-nación y de la misma democracia, fagocitados ambos por la globalización, no tiene base científica y que dicho supuesto obedece más a intenciones de grupos extremistas y a nostálgicos del capitalismo de estado que a una realidad plausible. Repetimos que, ciertamente, hay una crisis pero no se trata de una crisis de desaparición de la sociedad nacional (Perez-Agote, A. 1999:61) sino que es más bien una crisis consistente en la pérdida de la centralidad de la lógica nacional-estatal, la cual se desplaza hacia otros centros, desplazamiento que es debido a la aparición de los fenómenos de masas. Pero si esta lógica pierde su condición monopolística, hasta ahora detentada, y aunque el Estado-nación esté perdiendo o haya ya perdido muchas de sus funciones o, si se prefiere, que sea impotente para realizarlas (Waters, M. 1995:99-100), ello no quiere decir que esté en peligro de desaparición, por mucho que ciertos teóricos de la globalización lo pronostiquen. Las conclusiones que el profesor Castells (2000:388 y sgts.) {8}extrae de su análisis de la nueva forma de sociedad que alborea y que él define como “sociedad red”, apuntan a cambios profundos y a nuevas identidades y sistemas de legitimación, pero, en el fondo y pese a que el Estado nación haya perdido ámbitos de acción tradicionales, la reconstrucción de la democracia sobre las nuevas bases electrónicas creará mayores espacios de entendimiento y de participación y el cambio no será ninguna catástrofe, sino una nueva concepción del estado y de la propia democracia.

No se puede ir contra corriente, la técnica se impone siempre y gracias a ella nos liberamos de inmensas servidumbres. Un vistazo somero al pasado nos afirma en esta creencia. Es preferible vivir hoy en una sociedad tecnificada, incluso perteneciendo a bajos estratos sociales, que ser rey en el siglo XII. El frío, la mugre, las plagas y, en suma la vida y la muerte de un rey medieval, se sucedían en un escaso lapso de tiempo. Un hombre de humilde condición social, al día de hoy, posee una riqueza social y común acumulada por la tecnología (luz eléctrica, medicamentos, agua corriente, &c.) que hacen su vida más grata y, sobre todo, más larga y en mejores condiciones.

Así pues, dentro de esta simplicísima lógica, la globalización, que ha nacido del fabuloso avance tecnológico, no destruirá ninguna de las cotas avanzadas de la civilización, ni las materiales a que en el párrafo anterior hacemos referencia, ni las morales, entre la cuales está la propia democracia, la cual, como ya quedó dicho y demostrado, vino al mundo de la mano del desarrollo económico (Paramio, L. 1996:141). Por tanto no es utópico pensar que a mayor desarrollo, mayor nivel de democracia, a mayores cotas de riqueza, mayores posibilidades de desarrollo de todas las naciones, e incluso del Tercer Mundo, a mayores facilidades en las comunicaciones, mayor movilidad y mayor progreso de las personas. Si bien las formas futuras de gobierno, así como las de la propia sociedad no pueden ser profetizadas, sí podemos tener la razonable certeza de que la democracia, en interacción fecunda con el desarrollo económico, ofrecerá, a pesar de las críticas dificultades por las que atravesaremos, una mejor convivencia a través precisamente de la globalización, porque la globalización no se puede limitar solamente al intercambio mercantil, también es vía excelente para la mundialización de la educación, de la cultura y de lo mejor de los valores morales, sin los cuales todo progreso sería estéril, es decir, no sería verdadero progreso.

El gobierno mundial, como dice Frank Bealey (2003:201-202), ya fue sugerido por Dante, Rousseau y Kant y aunque prácticamente todos los politólogos lo consideren una utopía, la tendencia hacia un sistema de negociación multinacional sí que es una realidad actual y si el Estado-nación no parece, pese a sus restricciones, en peligro de desaparición, su evolución hacia formas democráticas más universales es la dirección indudable hacia el futuro. Y en esta línea todo el trabajo de sociólogos y politólogos y de todo actor político de buena voluntad, consiste en crear y cultivar una opinión pública mundial favorable a una democracia cosmopolita, basada en una ética que encauce los movimientos globales de arriba abajo, orientados al mercado y de abajo arriba, orientados a las personas. (Falk, R. 1999:74) Ello no es ninguna futilidad; Canning, premier británico, consideraba a la opinión: “una fuerza más terrible que ninguna otra aparecida hasta ahora en la historia de la humanidad” y Lord Palmerston, poco después, aseveraba que: “las opiniones son más fuertes que los ejércitos” (Merle, M. 2000:451). Ningún Estado puede sustraerse a esta fuerza que en sí misma es esencialmente democrática y hoy, con los poderosos medios de comunicación globalizados, es mucho menos difícil crear y sostener mundialmente esta opinión que lo que pudiera resultar en el siglo XIX. De su defensa y de su implantación en el mundo, no pueden sucederse otras consecuencias que el progreso futuro de la humanidad.

Así como la formación del Estado nación fue un proceso secular, no intencionado ni lineal, sino contingente y fruto de circunstancias imprevisibles (Ramos, R. 1996:66), la nueva sociedad y el nuevo estado que parecen estar conformándose, seguirán las pautas que la historia marque y dichas pautas no parece que cursen hacia una absorción de la política por la técnica sino más bien todo lo contrario, porque hasta el día de hoy no existe ejemplo alguno de que se haya puesto la máquina estatal en conjunto al servicio de los técnicos. La tecnocracia no ha logrado jamás asegurarse el control de la acción gubernativa de modo preponderante bajo ninguno de los regímenes contemporáneos. (Meynaud, J. 1968:381). Un largo futuro nos espera. Este futuro habrá de superar múltiples obstáculos y sobre él cualquier predicción resulta arriesgada, salvo una: los avances de la tecnología no se detendrán y nadie, ni Estados ni ciudadanos, desaprovecharán los logros que estos avances consigan. Pero mantenemos la esperanza de que precisamente por medio de estos avances, se conseguirá una mayor igualdad, se favorecerá un mayor pluralismo y el ideal cosmopolita se complacerá en la diversidad de las culturas, con lo que perderán relevancia las diferencias de género y las jerarquías culturales (Nussbaum, M. 1999: 166-167) y ese es el verdadero camino de progreso hacia una democracia que será más fuerte y más global.

Al fin y al cabo por esto es por lo que se lucha desde las distintas ideologías.

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{1} Territorios polacos, Alsacia-Lorena, & alt.

{2} La Unión Europea, basada en intereses y tradiciones comunes, tiene un interesante antecedente: El movimiento “Paneuropa” fundado por el Conde Couldenhove Kalerghi

{3} De éste difícil matrimonio entre democracia y libertad, nace el nuevo concepto de “democracia liberal”o, como es definido por Rafael del Águila, en frase feliz, “El Centauro Transmoderno” (vid. F. Vallespín ed. Vol.6 pags.549 y sgts.)

{4} “Fecisti Patriam diversis gentibus unam/ Urbem fecisti quod prius orbis erat.” (Rutilius Numantianus, citado por Bloch: “L´Empire Romain”).

{5} No es posible citar los miles de artículos que en esta línea se han publicado, pero los de José Antonio Sanahuja (1999), en sus planteamientos marxistas, pretendiendo una democratización de las instituciones financieras, y de Jeffrey Sachs (2004), más ponderado y plausible, pesando pros o contras del fenómeno globalizador, pueden ser interesantes para continuar profundizando en la cuestión. Especial interés tiene el libro “Economía Política de la Globalización” (Diego Guerrero y Joaquín Arriola, Edts), especialmente su capítulo VII, escrito por Jhon Weeks, cuyas tesis fundamentadas en el pensamiento neomarxista son de actualidad palpitante. Su comentario “in extenso” sería bastante para otro trabajo

{6} Abundando en este concepto de imprevisibilidad, la caída de los regímenes comunistas entre los años 1989/91 puso de relieve una vez más la nula capacidad predictiva de las ciencias sociales ( Cotarelo, R. 1995:387)

{7} Existe, desde 1953, una IV Internacional trostquista, cuyo principal impulsor e ideólogo fue Alain Krivine. Extendida tanto por América como por Europa, tuvo una influencia clara en el Mayo Francés de 1968. Parece que en la actualidad es puramente testimonial. Su formulación y su dialéctica continúan siendo las mismas del Movimiento Comunista y de la I Internacional, aunque influidas por el revisionismo de Mandel y Lambert (Ver. www. uit-ci.org)

{8} La “Ciberdemocracia” que Castells esboza, empieza a ser instalada por el propio Estado como medio de control en España. No otra cosa es el nuevo DNI electrónico. Otro ejemplo: Un municipio asturiano ha hecho un referendum electrónico, consultando a los ciudadanos sobre la fecha más apta para una fiesta local.

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