El Catoblepas • número 99 • mayo 2010 • página 13

El Frente Popular

José María García de Tuñón Aza

Preámbulo de la Guerra Civil española

Miguel de Unamuno, que había «contribuido más que cualquier español» al restablecimiento de la República, en la inauguración del curso académico universitario del año 1931 insistió en afirmar como una consigna política: «Lucharemos por la libertad de la cultura, porque haya ideologías diversas, ya que en ello reside la verdadera y democrática libertad. Lucharemos por la unidad de la cultura y por su universalidad…»^{1}. Por eso parece natural que después, es decir, cuando apenas habían transcurrido seis meses de la proclamación de la República, escribiera a un amigo suyo: «Me pregunta usted que cómo va la República. La República, o res-pública, si he ser fiel a mi pensamiento, tengo que decirle que no va: se nos va. Esa es la verdad… En fin, esto dura poco» (ibid., págs. 62-63). Pero esta «República de funcionarios, en que todos quieren vivir a costa del Estado», que dijo el propio Unamuno, todavía había de durar cinco años más. Las elecciones generales de febrero de 1936 habían de ser el principio del fin.

El 9 de diciembre de 1935 el presidente del Gobierno de España Joaquín Chapaprieta, después de haber tomado posesión en el mismo cargo el 26 de septiembre anterior, presentó su dimisión ante el presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora quien, después de algunas consultas entregó a continuación el poder a Manuel Portela Valladares que ni tan siquiera era diputado, ni tenía partido, ni fuerza alguna que lo respaldara. El mismo Portela lo reconoce así: «…volví a insistir con el presidente sobre mi falta de preparación por carecer de partido, de organización y de colaboradores para ser jefe de Gobierno en un momento de renovación política»^{2}. Un mes después de haber formado Gobierno el nuevo presidente elegido, Alcalá-Zamora disolvía las Cortes y disponía hacer nuevas elecciones que tuvieron lugar el 16 de febrero después de que el día antes Portela, pronunciara una alocución pensando que la citada fecha sería el principio de una paz duradera. «El 16 de febrero ha de quedar cerrado y olvidado ese periodo de zozobras, de bandazos, de estado convulsivo que tantos daños ha ocasionado y que, más o menos, ha desnaturalizado el régimen que la soberanía popular proclamó» (ibid., págs. 170). Sin embargo, a pesar de estas buenas intenciones, Portela, según Gil Robles, «apoyó a las izquierdas con toda la fuerza oficial, falsificó las Actas de varias circunscripciones, dejó que las turbas coaccionaran a los electores de derechas, y el día 19 de febrero de 1936 traspasó el poder a las izquierdas revolucionarias»^{3} que venían anunciando establecer la dictadura del proletariado como dijo el dirigente comunista José Díaz: «Nosotros luchamos y lucharemos siempre por nuestro programa máximo, por el establecimiento de la dictadura del proletariado»^{4}.

Pero unos días antes de esas elecciones, el socialista Francisco Largo Caballero, organizador de la huelga general del 17, secretario general de la UGT, miembro del Consejo de Estado durante la Dictadura de Primo de Rivera, ministro con Azaña en el primer bienio de la República y uno de los mayores responsables de la Revolución de Octubre de 1934, proclamó en Valencia que «la burguesía cumplió su papel e hizo su revolución. La clase trabajadora tiene que cumplir el suyo y hacer también su revolución…Si no nos dejan, iremos a la guerra civil»^{5}. Así estaban los ánimos en aquel entonces porque hasta Portela Valladares, ya con un pie fuera del Gobierno, le confesó a Gil Robles: «Resueltamente soy pesimista –le dije–. Lo más probable, según muchas veces he anunciado al país, es que nos encontramos en vísperas de una nueva guerra civil»^{6}. Tampoco se escapó de ser acusado el propio Portela de alimentar la guerra civil porque el mismo Largo Caballero, en un discurso que pronunció días antes de las elecciones en el cine Europa de Madrid, le acusó de propugnar y defender «la guerra civil en España»^{7}. Estas alusiones a la guerra civil hicieron que Diego Martínez Barrio, último presidente de la República en el exilio, en un discurso que pronunció poco antes de las elecciones, manifestara: «¡No! No aman a España los que llevan en sus manos la tea de la guerra civil. Pondrán al frente de sus prédicas y en sus estandartes la palabra España; pero será para cubrir una mercancía antiespañola…»^{8}.

Conocidos los resultados de las elecciones con el triunfo del Frente Popular, Portela Valladares se dio prisa por abandonar el Poder en medio del desorden, haciendo que el presidente de la República tramitara «por preguntas telefónicas las consultas de la angustiosa crisis»^{9}. De esta manera tan poco usual, Manuel Azaña quedó encargado de formar un nuevo Gobierno cosa que hizo en «diez minutos»^{10}, aunque según el historiador y comentarista político del diario El País, Santos Juliá: «Azaña había puesto tantas condiciones y anunciado tantas reservas durante la campaña electoral, que se había hecho la ilusión de que el gobierno no vendría a sus manos hasta que no se cumplieran todos los plazos que el normal desenvolvimiento de los procesos políticos exigía»^{11}. De todas maneras, el mismo Azaña confiesa que «me guste o me disguste, así viene impuesto por la lógica»^{12}. Por esta razón, acto seguido y por vía telefónica, dio cuenta al presidente de la República de la composición del nuevo Gobierno, habiendo omitido el nombre de uno de ellos no sabemos si con mala fe, aunque esto lo niega Azaña: «Se lo dije de memoria, y se me olvidó uno: precisamente Casares» (pág. 15), como ministro de Obras Públicas. Olvido que incomodó a Alcalá-Zamora quien sobre el particular escribió: «Casares, cuyo nombre se deslizó en la lista de ministros como el alijo de un contrabando, llegó al ministerio, a pesar de mi corrección, ciego de odio contra mí»^{13}.

Las elecciones y la victoria en ellas del Frente Popular fueron lícitas, pero fue la expresión de un sistema electoral absurdo e inicuo, dándose el caso en alguna circunscripción en que la izquierda «con 30.000 votos menos que la oposición –escribió Alcalá-Zamora en el Journal de Généve–, pudo, sin embargo, conseguir diez puestos más»^{14}. También en aquellos días algunos periódicos llegaron a titular: «En Madrid y provincias, los elementos extremistas, para favorecer el triunfo de las candidaturas revolucionarias, no repararon en procedimientos ilegales y violentos» (El Carbayón, Oviedo, 17 febrero 1936). Tal vez «la fuga de los gobernadores y su reemplazo tumultuario por irresponsables y aun anónimos, permitió que la documentación electoral quedase en poder de subalternos, carteros, peones camineros o sencillamente de audaces asaltantes y con ello todo fue posible». Al mismo tiempo se queja de que el desorden tolerado por el Gobierno alcanzó varias provincias, entre ellas la de Jaén donde el presidente tenía unas propiedades: «El mismo día 20 de febrero, siguiente a la vuelta al poder, y como obedeciendo a una consigna, asaltaron, para llevarse violentamente el fruto, las fincas que en Alcaudete poseíamos mi prima Gloria y yo. Como no era un hecho espontáneo y sí un acto simbólico para expresar que todo respeto estaba perdido, tras aquella señal no volvieron a nuestras fincas los asaltantes y se lanzaron sobre todas las demás del término»^{15}. El propio Azaña reconoce que el alcalde de aquella localidad «para tranquilizar a las masas metió en la cárcel a los muchos parientes que don Niceto tenía en aquel pueblo»^{16}.

Por otro lado, los diputados Álvarez del Vayo y Largo Caballero, acompañados del secretario de la Federación de Juventudes socialistas Santiago Carrillo, visitaron al presidente del Consejo para exponerle la urgente necesidad de que fueran puestos en libertad, sin pérdida de tiempo, todos los presos políticos condenados y no condenados. Entre ellos se encontraban los que cometieron asesinatos durante la revolución de octubre de 1934 en Asturias. Al frente de los grupos que se dirigieron a las cárceles para abrirles las puertas iban diputados comunistas y socialistas que comenzaron a vaciarlas sin esperar el decreto de amnistía. Es Pasionaria quien en sus Memorias describe muy bien este suceso. Había sido elegida diputada por Asturias y el primer acto que realiza como tal es la puesta en libertad de todos los presos políticos o no. Para ello se dirigió a la cárcel de Oviedo acompañada del alcalde, Francisco González Castañón, y una vez ambos en el despacho del administrador –el director había huido al conocer el triunfo del Frente Popular, según Pasionaria–, dijo:

«—Señores, una cosa es evidente. Aquí no hay más solución que poner a los presos en libertad.
Preguntó entonces el administrador:
—¿Quién asume la responsabilidad de ello?
—Yo, como diputada por Asturias.
—Pero hay presos comunes. ¿Qué hacemos con ellos?
—Ponerlos también en libertad. Ayer podrían ustedes haber hecho una diferenciación. Hoy, no.
—Tome usted y abra las puertas –dijo el administrador, entregándome un manojo de gruesas llaves.
Las cogí, y sin aguardar a nadie corrí por los pasillos de la cárcel agitando las llaves en alto y gritando ya sin voz, después de tantos ajetreos:
—¡Camaradas! ¡Todos a la calle! ¡Todos a la calle!»
(Dolores Ibarruri, Op. cit., pág. 232.)

A principios de marzo el periodista Josep Pla enviaba, desde la capital de España, una crónica al periódico La Veu de Catalunya, del que era corresponsal: «El domingo se celebró en Madrid la gran manifestación para exteriorizar la alegría del triunfo del Frente Popular. Participó una gran multitud, y el tono general fue el comunista. Reafirmando lo que pasó en la manifestación del sábado, se vieron más banderas rojas que republicanas. Se asistió a una parada militar de las juventudes comunistas y se tuvo la sensación de que el tono del Frente Popular lo da el extremismo social»^{17}. Y añadía: «Esto era algo que nadie ponía en duda. En ese momento los miembros socialmente extremistas no tienen necesidad de hacer nada en la calle, porque cada visita del señor Largo Caballero al señor Azaña representa un poco de revolución desde la Gaceta. El señor Azaña que había pedido a sus amigos del Frente Popular un plazo de cuatro años para realizar el programa, en un espacio de quince días ha tenido que conceder, probablemente contra su voluntad y atropelladamente, la amnistía y el decreto de readmisión» de los trabajadores que representó para la economía española un grave problema desde el punto de vista económico pues el pequeño y mediano empresario no estaba preparado para dar colocación a tanto trabajador que de manera arbitraria le fue impuesto. Así, pues, el presidente de Gobierno se vio obligado a conceder cada día más y más todas las peticiones que le formulaba la izquierda.

En algunos lugares de España las turbas fueron dueñas de las localidades sin que nadie se lo impidiera ni frenara su barbarie. Barreda (Santander), Alcanadre (Logroño), Puig (Valencia), Melilla, La Coruña, Alcalá de Henares, El Ferrol, etc., sufrieron el zarpazo de la chusma que ávida de venganza se lanzó a la caza del fascista entendiendo como tal a todo aquél que no pensara igual que ellos, es decir, a todo adversario declarado u oculto del Frente Popular. El diario El Debate publicó un suelto, que posteriormente recogerían otros periódicos, diciendo que «los señores González Peña y Prieto recomendaron en el mitin de la otra noche moderación. El mismo día aseguraba el órgano [Claridad] de Largo Caballero que tales recomendaciones son peligrosamente inoportunas. Y estamos en plena guerra civil» (Región, Oviedo, 1 marzo 1936). Por otro lado, en unas declaraciones que él mismo hacía a un medio francés, aseguraba que «la alianza de los republicanos de izquierda con los comunistas, socialistas y anarquistas, después de la revolución de octubre de 1934, ha permitido al señor Azaña tomar el Poder con un programa que ellos le impusieron. Ellos se reservan la captura del Poder totalitario para cuando puedan. Mientras apoyarán a Azaña, si Azaña cumple lo pactado. Los compromisos consisten primero en luchar contra las derechas; en la amnistía, ya que se obtuvo el que los trabajadores despedidos por huelgas se reintegrasen a sus puestos» (Región, Oviedo, 6 marzo 1936). Pero la línea más moderada del socialismo español, en este caso representada por Julián Besteiro, pensaba que los socialistas debían de «abandonar ahora el problema de si tratan de apoderarse del Poder y establecer la dictadura del proletariado constitucionalmente. Se ha de celebrar muy pronto un congreso socialista y este extremo será algo decidido. Yo espero que el partido no se decida a favor de una dictadura del proletariado» (Región, Oviedo, 6 marzo 1936).

El 11 de marzo es asesinado en Madrid el estudiante falangista Juan José Olano Orive que iba acompañado de un amigo suyo, Enrique Bersoley, tradicionalista, quien quedó gravemente herido falleciendo a los pocos días, según algunos historiadores. Al día siguiente, el catedrático de Derecho Penal y diputado socialista Luis Jiménez de Asúa es objeto de un atentado del que sale ileso, pero un policía de la escolta, Jesús Gisbert, herido por las balas, murió poco después. Según el historiador Cesar Vidal, sin citar la fuente, dice que fueron los falangistas Alberto Aníbal Martínez, Guillermo Aznar Jarner, José María Díaz Aguado y Alberto Ortega Arranz. Más adelante el propio Vidal, que sigue sin citar la fuente aunque en este caso pudiera ser la de David Jato^{18}, añade que Ortega Arranz logró comunicar la acción a otros falangistas, poniendo «al descubierto la trama que había detrás. Así fueron detenidos, junto con él, Ramón de la Peña, Jesús Azcona, Luis Revuelta y Manuel Valdés, aunque consiguió escapar Alejando Salazar»^{19}. Pero se equivoca Vidal con la detención de Valdés Larrañaga porque éste ya lo estaba junto con otros compañeros de la Junta Política de Falange. Por otro lado, Valdés dice que «el atentado contra el catedrático fue realizado por alumnos de su propia clase, quienes ante sí, decidieron llevar a cabo el hecho, sin tener ninguna relación de dependencia o afiliación con Falange Española. Entre ellos había quienes eran simpatizantes con Falange Española y otros con otras organizaciones políticas. Todos ellos, movidos por el clima que ya vivía España»^{20} y que en el caso de Falange comenzó cuando grupos armados socialistas estuvieron dispuestos a impedir la venta del periódico falangista F.E., según reconoce el comunista Manuel Tagüeña, asesinando al estudiante falangista Matías Montero. A continuación, Tagüeña dejó escrito: «Nos dábamos cuenta que las cosas se ponían demasiado serias. La lucha verbal se transformaba en lucha a muerte y la sangre derramada abriría un foso cada vez más profundo entre los polos en que se dividía nuestra generación»^{21}.

En Madrid después del entierro del policía Gisbert «fueron incendiados los templos de San Luis y San Ignacio, resultando dos bomberos muertos de los que intentaron apagar los incendios en los que habían participado estudiantes afiliados a la F.U.E.»^{22}. El periodista ya citado, Josep Pla, se refiere también a los desmanes que por aquellos días estaba cometiendo la izquierda cuyo principal punto de mira eran algunos bienes de la Iglesia y Órdenes religiosas: «En el Puente de Vallecas asaltan el convento de las Hermanas Pastoras, incendiándolo en parte; asaltan el Colegio parroquial y el convento anejo y queman en la calle las imágenes y los muebles; asaltan las iglesias del barrio de Doña Carlota; prenden fuego a la puerta de la iglesia de San Román; intentan incendiar dos conventos en la carretera de Valencia y asaltan un colegio católico. Además son asaltados el domicilio de AP, el Centro Católico, incendian unos almacenes, saquean la casa de un ex teniente alcalde, incendian un tejar y un taller de serrar maderas, el domicilio de un derechista, una tahona, un chalet, dos tiendas de comestibles, una pescadería y una droguería»^{23}. También «fue destrozada la maquinaria y entregado a las llamas a continuación el edificio de La Nación, periódico derechista –reaccionario– que ya no volvería a publicarse»^{24}. En una carta que Azaña dirige a su cuñado Rivas Cherif el 17 de marzo, le dice: «Hoy nos han quemado Yecla: 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de derecha, y el Registro de la Propiedad. A media tarde, incendios en Albacete, en Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño, el viernes Madrid: tres iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas…Han apaleado, en la calle del Caballero de Gracia, a un comandante, vestido de uniforme, que no hacía nada. El Ferrol, a dos oficiales de artillería; en Logroño, acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales…Lo más oportuno. Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el Gobierno, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos ¡hasta en Alcalá!»^{25}.

Y mientras Pasionaria decía en Barcelona que los comunistas «desarrollarán simultáneamente con la labor parlamentaria la lucha en la calle, armando a las masas» (Región, Oviedo, 13 marzo 1936), en Madrid eran detenidos y procesados el general López Ochoa y el capitán Nilo Tella acusados de haber intervenido en la represión durante los sucesos de la Revolución de Asturias, en tanto se abrieron las cárceles y eran puestos en libertad los asesinos de religiosos y civiles que nada tuvieron que ver con las exigencias que llevó a los socialistas a desencadenar aquella barbarie que fue Octubre de 1934.

El 14 de marzo es detenida en Madrid la Junta Política de Falange y José Antonio dos días después es trasladado a la galería de políticos dentro de la cárcel Modelo de Madrid. Este mismo día se le incoa un proceso por el presunto delito de infracción de la ley de imprenta, al mismo tiempo que se anuncia la suspensión de Falange Española en todo el territorio nacional quedando su jefe a disposición del juez de Instrucción Ursicino Gómez Carbajo. José Antonio a continuación hace pública la siguiente nota que fue publicada en la revista Época el 19 de marzo: «Primero. Que esa suspensión es sólo una medida provisional adoptada por el juez instructor y quedará sin efecto tan pronto como la Audiencia de Madrid, en el juicio oral que se verá en breve, sentencie como es de justicia y de toda probabilidad el carácter legal de la Asociación. Segundo. Que los afiliados de todas partes deben mantenerse serenos y confiados en la Justicia». Pero se equivocó José Antonio porque ante la Audiencia Provincial, constituida en Tribunal de Urgencia y presidida la Sala por el juez Mariano Rodrigo, es condenado por la publicación de unas hojas clandestinas a la pena de dos meses y un día, aunque José Antonio, que se defendía a sí mismo, recurrió la sentencia al Tribunal Supremo y consiguió que la de la Audiencia quedara revocada. A la misma pena sería condenado días después en un nuevo juicio por injurias vertidas contra el Director General de Seguridad. Dolores Primo de Rivera, prima del condenado y presente en el juicio, según algunos biógrafos de José Antonio, no aceptó el fallo por lo que increpó a los magistrados siendo detenida y pasando a disposición del Juzgado de guardia, pero pronto saldría en libertad sin cargos. Sin embargo toda la prensa consultada decía que nada tuvo que ver esa detención con ese juicio sino con el fallo de otro muy distinto: «La señorita Dolores Primo de Rivera y Cobo de Guzmán, detenida anoche por preferir frases injuriosas contra los magistrados que formaban el Tribunal que sustanció la causa por el atentado contra el señor Jiménez de Asúa, fue trasladada esta mañana desde la Dirección de Seguridad al Juzgado de guardia número 10, que esta mañana ha dictado auto de procesamiento y prisión contra dicha señorita» (La Vanguardia, Barcelona, 12 abril 1936, pág. 26) . En cuanto a la sentencia contra José Antonio una vez más fue requerida ante el Tribunal Supremo que revocó la de la Audiencia.

Un tercer proceso al que tuvo que enfrentarse José Antonio no fue por ninguna causa personal, sino por el delito de asociación ilegal contra la Junta Política de Falange. El fiscal pidió para cada uno de los acusados un año, ocho meses y veinte días de prisión, más una multa de 500 pesetas, pero la Audiencia los absolvió y declaró no haber lugar para la disolución de Falange. Pese a la absolución judicial, los falangistas juzgados en esta causa permanecieron en la cárcel en calidad de presos preventivos. Por otro lado, «la censura de prensa, establecida en todo el territorio nacional, impidió la publicación del texto de la sentencia^{26} y la Fiscalía presentó recurso de casación, por quebrantamiento de forma, ante el Tribunal Supremo»^{27}. En tanto se veía el recurso, nuevamente José Antonio se vio inmerso en otro juicio. En esta ocasión fue a causa de haber encontrado en su domicilio unas pistolas, algo que el procesado negó porque llevaba detenido dos meses y alguien en ese tiempo pudo haberlas dejado allí dado que al servir su domicilio como despacho de abogado entran y salen colaboradores y clientes. Al final el Tribunal le condena a la pena de cinco meses de arresto. «Al leerse la sentencia, José Antonio poseído de una de sus cóleras bíblicas –esta vez justificadísima–, se puso en pie, se arrancó la toga, la pisoteó y afirmó que si aquella era la Justicia española renunciaba a servirla»^{28}.

Cuando faltaban sólo unos días para finalizar marzo, cae asesinado en Oviedo el ex ministro Alfredo Martínez^{29}. Era el día 23 cuando fue tiroteado a la entrada del chalet donde vivía. El ex ministro cayó herido en el suelo y algunos vecinos que habían escuchado los disparos acudieron al lugar del suceso y al acercarse a la víctima y ver que todavía estaba con vida lo trasladaron a un Centro hospitalario donde trataron de salvarle la vida, pero todo fue inútil porque falleció horas después. No sería la primera víctima desde la llegada al Poder del Frente Popular porque antes fueron asesinados los falangistas Pedro Marco Ortín, de Yecla (Murcia); Víctor Álvarez Ajuria, de La Felguera (Asturias); José Díaz García, de Pechina (Almería); Antonio Díaz Molina, de Málaga; José Rodríguez Santana, del barrio de Vallecas (Madrid); Higinio Sepúlveda Verdugo, de Puebla de Almoradiel (Toledo); en esta última localidad son asesinados también Ramón Perea y Tomás Villanueva; Jesús Álvarez Barón, de Palencia; Jesús Martínez Eraso y Pedro Cutillas Sánchez, de Jumilla (Murcia).

«Por el camino de la violencia, febrero-julio de 1936», tituló en una página de su libro España 1808-1975, el historiador británico Raimond Carr. En Madrid y otros puntos de España se producen incidentes. Ciudades hay que sufren durante largas horas y a veces días la barbarie populista. En Valladolid, por ejemplo, queman la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen. En Ávila son detenidos en la iglesia de Santo Domingo los adoradores nocturnos acusados de reunión clandestina. El alcalde acompañado de varios guardias municipales suspendió el acto. Todos los adoradores, «incluso los sacerdotes don Valentín Cid y don Juan Bautista Pajares, han ingresado en la cárcel» (Región, Oviedo, 24 marzo 1936). En algunas ciudades los marxistas optan por la incautación de los templos para convertirlos en Casas del Pueblo porque según ellos iglesias había muchas. El odio persecutorio, en toda su amplitud, se extiende por toda España hasta alcanzar, incluso, al presidente de la República que es destituido el 7 de abril por 238 votos contra 5 después de una histórica sesión celebrada en el Congreso, aunque su mandato debía acabar a finales de 1937. «¿Cómo, sin embargo, se acortó anormalmente mi mandato», pregunta el propio Niceto Alcalá-Zamora. Y él mismo contesta: «Sencillamente porque era indudable que aguardando al fin de 1937 se habría producido ya el habitual bandazo electoral en el sentido opuesto, otra vez hacia la derecha, acelerado y extremado por las violencia de la acción política; y por consiguiente en aquella fecha la elección de Azaña hubiera sido imposible»^{30}. Es muy posible que cuando Niceto Alcalá-Zamora escribió esas palabras estaba pensando en lo que muchos años después su nieto e historiador José Alcalá-Zamora al referirse a los 1.200 documentos recuperados ahora por la Guardia Civil y que en su día fueron propiedad del ex presidente, manifestó en un periódico: «Los papeles demostrarán el proceso de destrucción de la legalidad republicana que se produjo tras las elecciones del 36, que los primeros golpistas fueron los del bando de la izquierda, y que lo de la derecha fue un contragolpe»^{31}. De manera interina le sustituye el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio.

El 13 de abril era asesinado el magistrado Manuel Pedregal que había sido ponente en la causa contra unos falangistas implicados, supuestamente, en el atentado contra el socialista Jiménez de Asúa. Al día siguiente, con motivo de conmemorarse el V aniversario de la República, se celebran en casi toda España desfiles militares. El desfile principal tiene lugar en Madrid donde comunistas y socialistas, dueños de la calle, no se avienen a conceder mayor importancia a unas fuerzas que tienen por reaccionarias porque así piensan que actuaron durante la «guerra preventiva» como denominó Gustavo Bueno a la Revolución de Asturias. En Madrid la parada militar se celebraba en el paseo de la Castellana y cuando el Presidente interino de la República y el Gobierno en pleno presenciaban el paso de las fuerzas, de pronto detrás de la tribuna de las autoridades «se oyó un estadillo, como la explosión de de una bomba, seguida inmediatamente por un ruido crepitante que todo el mundo atribuyó al fuego de ametralladoras. Todos pensaron al instante que se trataba de un atentado contra Martínez Barrio y Azaña. El pánico se apoderó del público, que se echó a las aceras, hombres y mujeres corriendo alocados, sin saber dónde, presas de terror»^{32}. Poco después «un suboficial de la base de Getafe, llamado Emilio Masero López, siguiendo las indicaciones del público, se abalanzó sobre un individuo que huía del sitio de la explosión. Logró detenerle. Con la ayuda de unos guardias de Asalto, Masero procedió a registrar al detenido. Se llamaba Isidoro Ojeda Estefanía y llevaba, entre otros papeles, un carnet de afiliado de Falange Española de las JONS»^{33}.

Lo que ocurrió a continuación lo relata muy bien el diario ABC:

«Cuando desfilaba ante la Presidencia del Consejo la Guardia Civil, un grupo colocado ante la Presidencia, que había engrosado notablemente, empezó a lanzar el grito característico: «¡U.H.P.!», repetido insistentemente. En aquel momento, y sin que se sepa la causa ni de dónde partieron, sonaron siete u ocho disparos. La confusión con motivo de los disparos y de sus efectos producida entre la gente que allí había fue enorme. El público se desbandó en distintas direcciones; se atropellaron unas a otras las personas que allí se encontraban y arrollaron las sillas que había colocadas en el paseo para presenciar desde ellas el desfile. En medio de toda aquella confusión y desorden, las fuerzas de Asalto y Seguridad que allí se encontraban lograron calmar un poco los ánimos y recoger a cinco o seis personas que habían caído al suelo y daban señales de hallarse gravemente heridas. El primero que fue recogido fue un caballero, al que se trasladó en una de las ambulancias de la Cruz Roja que en aquel momento desfilaban, a la Casa de la Moneda, donde falleció el herido a poco de ingresar. Se trataba de D. Anastasio de los Reyes. Presentaba una herida de bala en el hígado, que es la que le había ocasionado la muerte.» (ABC, Madrid, 15 abril 1936, pág. 23.)

Anastasio de los Reyes era alférez de la Guardia Civil y según el hispanista Hugo Thomas fue disparado por guardias de asalto «al parecer porque se creyó que había apuntado a Azaña con su revolver»^{34}. Por otro lado, el comunista Manuel Tagüeña escribió que «en el desfile militar en el aniversario de la proclamación de la República, fue muerto junto a la tribuna que ocupaba Azaña, un alférez de la Guardia Civil, que estaba allí vestido de paisano y en actitud sospechosa. Este alférez era muy conocido por sus ideas derechistas y fue reconocido por algunos de sus compañeros republicanos, que daban escolta al presidente, y ejecutado sobre el terreno»^{35}. Durante su entierro, que tuvo lugar dos días después, se volvieron a producir graves disturbios con varios disparos incluidos. Uno de ellos alcanzó al joven Andrés Saénz de Heredia, primo de José Antonio. Otro de los fallecidos fue el tradicionalista Luis Llaguno a manos, se decía, del «teniente de Asalto José Castillo»^{36}. Al final, los desórdenes costaron seis muertos y varios heridos.

La lucha entre los distintos grupo políticos continuaba: «Por todas partes se organizaban grupos de acción –escribe Manuel Tagüeña–, ya que el ambiente era muy tenso y nadie quería que lo tomaran desprevenido. Prieto [Indalecio] también tenía los suyos, dirigidos por Puente, que algunas veces tuvieron que enfrentarse no con los falangistas, sino con los partidarios de Largo Caballero. Los discursos ultraizquierdistas de éste, bajo una campaña de prensa que le llamaba el Lenin español, aumentaban la pasión política dentro del partido socialista, que al dejarse absorber por la lucha interior, llevaban agua al molino de los comunistas, que cada día aumentaban en influencia , a pesar de no tener en la Cortes más que una docena de diputados. Esta misma lucha ayudó también a que las recién unificadas juventudes fueran cayendo en la órbita comunista. Fuera del gobierno, la CNT y los anarquistas, seguían su propia política, declaraban huelgas y combatían en todas partes a la UGT y a los sindicalistas para conseguir el control de la clase obrera, lo que algunas veces adquiría caracteres sangrientos»^{37}.

La marea de desmanes sigue durante todo el mes de abril con la quema de iglesias. Arden las de Escucha (Teruel); la ermita de Nuestra Señora de Piedras Albas, de Almendro (Sevilla); tres templos en Grazalema (Cádiz); cinco iglesias en Ronda; las de Somahoz, Mata, Lamontaña y Cartes (Santander); la de Carral (Alicante). En Jaraco (Valencia) y en Arrieta (Málaga) son quemadas las imágenes. En Gelves (Sevilla) irrumpen en la iglesia durante la celebración de la misa y obligan al sacerdote a suspenderla pretendiendo además que vitoree a Rusia. Se registran huelgas generales en muchos lugares de España. «La izquierda burguesa, gobernante en este momento, rabiosamente anticlerical y con elevado porcentaje de masones entre sus dirigentes, creía ver una válvula de escape en los ataques a la Iglesia. Casi podría decirse que se complacía en ellos, al considerarlos un desquite histórico y justiciero»^{38}. En medio de esta anarquía la voz de Indalecio Prieto se alza en Cuenca el día primero de mayo: «España atraviesa en estos instantes dificultades enormes, los mayores que se han presentado a lo largo de su vida. Sin entrar en investigaciones de un pretérito lejano, queriendo solamente evocar la historia de España, en aquella parte que hemos vivido los hombres de esta generación, no hay hipérbole alguna al afirmar que los españoles de hoy no hemos sido testigos jamás ¡jamás!, de un panorama tan trágico, de un desquiciamiento como el que España ofrece en estos momentos»^{39}. Y añade más adelante: «Si mi voz se oye fuera de aquí, diré para vosotros y para quienes estando fuera de aquí, reciban el eco palpitante de mis palabras: ¡Basta ya! ¡Basta ya! Sabéis por qué? Porque en esos desmanes, cuya explicación os he dado no veo signo alguno de fortaleza revolucionaria. Si lo viera, quizá lo exaltase…La convulsión de una revolución, con un resultado u otro, lo puede soportar un país; lo que no puede soportar un país es la sangría constante del desorden público sin finalidad revolucionaria inmediata» (págs. 401-402).

El 10 de mayo tuvo lugar en el palacio de Exposiciones del Retiro de Madrid la elección para presidente de la República. Por setecientos cincuenta y cuatro votos, de los ochocientos cuarenta y siete diputados y compromisarios fue elegido Manuel Azaña. Al día siguiente el nuevo presidente prometió su cargo en el hemiciclo del Congreso de Diputados y a los pocas horas ofreció la presidencia del nuevo Gobierno a su hombre de confianza, Santiago Casares Quiroga. Para éste el Frente Popular no representaba ninguna alianza electoral pues era partidario de las soluciones más extremas. De ahí la explosión de entusiasmo de todos los parlamentarios revolucionarios. Sin embargo, la oposición quedó perpleja y atemorizada. «Casares no se dio cuenta de que un Estado no puede ser beligerante, sino dirimente en las luchas partidistas de sus ciudadanos, con la ley y su fuerza coactiva como norma. Aún extremó su intransigencia de modo suicida proclamando su renuncia expresa a cualquier mayoría que no fuese la del Frente Popular. En suma, rompió de antemano toda posibilidad de convivencia parlamentaria y cívica, que pudiera aportar una fórmula republicana de concordia»^{40}. A partir de aquí, la izquierda, arrastrada por la corriente, quiso jugar la carta revolucionaria. Las huelgas, completamente ilegales se daban por generación espontánea. En esta tarea se alternaban la UGT y la CNT. «Algunos líderes obreristas, como Ángel Pestaña en pleno Parlamento, denunciaron aquel estado de cosas que nada tenía que ver con las conquistas del proletariado» (pág. 119). De forma parecida ya se había referido meses atrás en una conferencia que dio en Oviedo: «La revolución hay que hacerla llevando a los hombres el concepto de ciudadanía y espíritu de lucha, haciéndoles comprender la necesidad de un cambio de sistema que mejore su clase. Las revoluciones en la calle son peligrosas» (La Voz de Asturias, Oviedo, 24 marzo 1936).

Los socialistas de Madrid acordaron el 21 de mayo proponerse estos objetivos: «Primero, la conquista del poder por la clase trabajadora por todos los medios posibles. Segundo, la transformación de la propiedad individual en propiedad colectiva social y común. En el periodo de transición, la forma de gobierno será la de la dictadura del proletariado»^{41}. El día 24 Largo Caballero durante un discurso que pronunció en Cádiz, dijo entre otras cosas: «Cuando el Frente Popular se derrumbe, como se derrumbará sin duda, el triunfo del proletariado será indiscutible. Entonces estableceremos la dictadura del proletariado, lo que no quiere decir la represión del proletariado, sino de las clases capitalistas y burguesas» (ibid.).

La Justicia que seguía su curso llevó ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo a José Antonio Primo de Rivera. Era el 5 de junio, la Fiscalía había presentado un recurso de casación contra la resolución de la Audiencia que reconocía la legalidad de Falange Española. La vista fue breve. El fiscal informó y José Antonio alegó la justicia de la sentencia que llegaría tres días después, y daba «la razón a la Audiencia en su consideración de que la Falange era una asociación legal, con capacidad plena para actuar en la vida pública, y que también su programa político estaba dentro de la ley»^{42}. Pero de nada o muy poco valió esta sentencia porque ya hemos visto cómo Casares Quiroga se había declarado beligerante contra todo lo que no formara parte del Frente Popular. Estando así las cosas, y sin ningún miramiento, José Antonio fue trasladado al día siguiente, junto con su hermano Miguel, a Alicante donde meses después sería asesinado. Lo había visto muy claro cuando abandona Madrid: «¡Me sacan de aquí para asesinarme!».

El 16 de junio interviene en las Cortes José María Gil Robles y critica la anarquía en la que vive España, siendo para él preludio de la dictadura socialista. A continuación enumera los actos de violencia cometidos desde el 16 de febrero hasta el 15 de junio: «Iglesias totalmente destruidas, 160; asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos e intentos de asalto, 251; muertos, 269; heridos de diferente gravedad, 1.287; agresiones personales frustradas o cuyas consecuencia no constan, 215; atracos consumados, 138; tentativas de atraco, 23; centros particulares y políticos destruidos, 69; ídem asaltados, 312; huelgas generales, 113; huelgas parciales, 228, periódicos totalmente destruidos, 10; asaltos a periódicos, intentos de asalto y destrozos, 33; bombas y petardos explotados, 146; recogidas sin estallar, 78...»^{43}.

Pero el choque dialéctico más violento lo sostiene Calvo Sotelo quien dirigiéndose a Casares Quiroga echa la culpa a su Gobierno de la falta de autoridad con el desorden público. Se refiere en otro momento a un discurso que dos días antes había pronunciado Largo Caballero en el que decía «que ellos van resueltamente a la revolución social, y que esta política, la política del Gobierno del Frente Popular, sólo es admisible para ellos en tanto en cuanto sirva el programa de la Revolución de octubre, en tanto en cuanto se inspire en la Revolución de octubre. Pues basta, señor presidente del Consejo, si es cierto eso, si es cierto que su Señoría, atado umbilicalmente a esos grupos, según dijo en ocasión reciente, ha de inspirar su política en la Revolución de octubre, sobran notas, sobran discursos, sobran planes, sobran propósitos, sobra todo; en España no puede haber más que una cosa: la anarquía»^{44}.

A Salvador de Madariaga que también piensa que el propósito de Largo Caballero fue siempre «llevar a España a una dictadura del proletariado», no le pareció, sin embargo, muy oportuno el discurso de Calvo Sotelo que «si bien natural en sí, resultaba imprudente en extremo para un hombre de sus opiniones en aquella atmósfera caldeada. Cuando volvió a sentarse, entre aclamaciones y protestas de unos y otros, Dolores Ibarruri, la Pasionaria, del partido comunista de las Cortes, le gritó: Este es tu último discurso. Y así fue»^{45}.

También ese día, además de las palabras que le dedicó a Calvo Sotelo, Pasionaria dijo estas otras:

«Señor Casares Quiroga, para evitar las perturbaciones que tanto molestan a Gil Robles y a Calvo Sotelo, para terminar con el estado de desasosiego que existe en España, no basta con hacer responsable de lo que pueda ocurrir a un señor Calvo Sotelo cualquiera, sino que hay que comenzar por encarcelar a los patronos que se niegan a aceptar los bandos del gobierno.
Hay que encarcelar a los terratenientes que lanzan a la miseria y al hambre a los campesinos; hay que encarcelar a los que con cinismo sin igual, llenos de sangre de la represión de Octubre, vienen aquí a exigir responsabilidades por lo que no se ha hecho.
Y cuando se comience por hacer esta obra de justicia, señores ministros y señor Casares Quiroga, no habrá un gobierno que cuente con un apoyo más firme, más fuerte que el vuestro, porque las masas populares de España se levantarán para luchar contra esas fuerzas que por decoro no se debiera tolerar que se sentasen ahí.»^{46}

También este mismo día Calvo Sotelo se vio amenazado gravemente por Casares Quiroga cuado éste pronunció las siguientes palabras: «Insisto: si algo pudiera ocurrir a S.S. será el responsable con toda responsabilidad». A lo que el líder de la derecha contestó:

«Bien, señor Casares Quiroga. Me doy por notificado de la amenaza de S.S. Me ha convertido S.S. en sujeto, y por tanto no sólo activo, sino pasivo, de las responsabilidades que puedan nacer de no sé qué hechos. Bien, Sr. Casares Quiroga. Lo repito, mis espaldas son anchas; yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice, y las responsabilidades ajenas, si son para bien de mi patria (exclamaciones) y para gloria de España las acepto también. ¡Pues no faltaba más! Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis. Y es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio.» (Diario de Sesiones, 16 junio 1936, pág. 1405.)

El 23 de junio, desde Canarias, Franco dirigió esta carta al ministro de la Guerra, cartera que al mismo tiempo ocupaba el presidente Santiago Casares Quiroga:

«Respetado ministro:
Es tan grave el estado de inquietud que en el ánimo de la oficialidad parecen producir las últimas medidas militares, que contraería una grave responsabilidad y faltaría a la lealtad debida si no le hiciese presente mis impresiones sobre el momento castrense y los peligros que para la disciplina del Ejército tienen la falta de interior satisfacción y el estado de inquietud moral y material que se percibe, sin palmaria exteriorización, en los cuerpos de oficiales y suboficiales.
Las recientes disposiciones que reintegran al Ejército a los jefes y oficiales sentenciados en Cataluña, y la más moderna de destinos antes de antigüedad y hoy dejados al arbitrio ministerial, que desde el movimiento militar de junio del 17 no se habían alterado, así como los recientes relevos, han despertado la inquietud de la gran mayoría del Ejército. Las noticias de los incidentes de Alcalá de Henares con sus antecedentes de provocaciones y agresiones por parte de elementos extremistas, concatenados con el cambio de guarniciones, que produce, sin duda, un sentimiento de disgusto, desgraciada y torpemente exteriorizado, en momentos de ofuscación, que interpretado en forma de delito colectivo tuvo gravísimas consecuencias para los jefes y oficiales que en tales hechos participaron, ocasionando dolor y sentimiento en la colectividad militar. Todo esto, excelentísimo señor, pone aparentemente de manifiesto la información deficiente que, acaso, en este aspecto debe llegar a V.E., o el desconocimiento que los elementos colaboradores militares pueden tener de los problemas íntimos y morales de la colectividad militar. No desearía que esta carta pudiese menoscabar el buen nombre que posean quienes en el orden militar le informen o aconsejen, que pueden pecar por ignorancia; pero sí me permito asegurar, con la responsabilidad de mi empleo y la seriedad de mi historia, que las disposiciones publicadas permiten apreciar que los informes que las motivaron se apartan de la realidad y son algunas veces contrarias a los intereses patrios, presentando al Ejército bajo vuestra vista con unas características y vicios alejados de la realidad. Han sido recientemente apartados de sus mandos y destinos jefes, en su mayoría, de historial brillante y elevado concepto en el Ejército, otorgándose sus puestos, así como aquellos de más distinción y confianza, a quienes, en general, están calificados por el noventa por ciento de sus compañeros como más pobres en virtudes. No sienten ni son más leales a las instituciones los que se acercan a adularlas y a cobrar la cuenta de serviles colaboraciones, pues los mismos se destacaron en los años pasados con Dictadura y Monarquía. Faltan a la verdad quienes le presentan al Ejército como desafecto a la República; le engañan quienes simulan complots a la medida de sus turbias pasiones; prestan un desdichado servicio a la patria quienes disfracen la inquietud, dignidad y patriotismo de la oficialidad, haciéndoles aparecer como símbolos de conspiración y desafecto. De la falta de ecuanimidad y justicia de los poderes públicos en la administración del Ejército en el año 1917, surgieron las Juntas Militares de Defensa. Hoy pudiera decirse virtualmente, en un plano anímico, que las Juntas Militares están hechas.
Los escritos que clandestinamente aparecen con las iniciales de U.M.E. y U.M.R.A. son síntomas fehacientes de su existencia y heraldo de futuras luchas civiles si no se atiende a evitarlo, cosa que considero fácil con medidas de consideración, ecuanimidad y justicia. Aquel movimiento de indisciplina colectivo de 1917, motivado, en gran parte, por el favoritismo y arbitrariedad en la cuestión de destinos, fue producido en condiciones semejantes, aunque en peor grado, que las que hoy se sienten en los cuerpos del Ejército. No le oculto a V.E. el peligro que encierra este estado de conciencia colectivo en los momentos presentes, en que se unen las inquietudes profesionales con aquellas otras de todo buen español ante los graves problemas de la patria.
Apartado muchas millas de la península, no dejan de llegar hasta aquí noticias, por distintos conductos, que acusan que este estado que aquí se aprecia, existe igualmente, tal vez en mayor grado, en las guarniciones peninsulares e incluso entre todas las fuerzas militares de orden público.
Conocedor de la disciplina, a cuyo estudio me he dedicado muchos años, puedo asegurarle que es tal el espíritu de justicia que impera en los cuadros militares, que cualquiera medida de violencia no justificada produce efectos contraproducentes en la masa general de las colectividades al sentirse a merced de actuaciones anónimas y de calumniosas delaciones.
Considero un deber hacerle llegar a su conocimiento lo que creo una gravedad grande para la disciplina militar, que V.E. puede fácilmente comprobar si personalmente se informa de aquellos generales y jefes de cuerpo que, exentos de pasiones políticas, vivan en contacto y se preocupen de los problemas íntimos y del sentir de sus subordinados.
Muy atentamente le saluda su affmo. y subordinado, Francisco Franco.»

Casares Quiroga jamás contestó a esta carta y Portela Valladares lo lamenta: «Yo por eso, y por cuanto he visto, tengo el convencimiento de que hubiera podido evitarse el 18 de Julio, y que, si había causas para precitarnos en él, era fácil lograr la demora, dando ocasión a que se presentasen nuevos campos y coyunturas que permitieran salir sin sangre y sin daños del conflicto. ¡Cuánto más efectivo y político entrar en conversación con el general Franco en respuesta a sus leales advertencias, que intentar luego volver atrás el movimiento que ya se había declarado!»^{47}.

Como ya hemos dicho, Calvo Sotelo tiene una nueva intervención en las Cortes el día uno de julio que sería la última. El debate fue sobre la situación del campo: «Yo les digo a los agricultores españoles que la solución de sus problemas se logrará en un Estado corporativo… ». Intervienen a continuación otros diputados, entre ellos el abogado criminalista y político zamorano Ángel Galarza, parlamentario socialista que cooperó muy activamente a la creación de la Guardia de Asalto, en cuyo cuerpo puso la República tanto interés. Galarza termina con estas palabras su intervención:

«Pues bien, yo digo una cosa, lo digo bajo mi exclusiva responsabilidad: mi partido, las organizaciones obreras que siguen a mi partido, han condenado siempre la violencia individual; la condenaron siempre. ¡Ah!, pero yo proclamo una cosa: la violencia…(el final de la frase no se consigna por orden del Sr. Presidente. –Aplausos. –Rumores).
El Sr. Presidente: La violencia, Sr. Galarza, no es legítima en ningún momento ni en ningún sitio; pero si en alguna parte esa ilegitimidad sube de punto es aquí. Desde aquí, desde el Parlamento, no se puede aconsejar la violencia. Las palabras de S.S., en lo que a eso respecta, no constarán en el Diario de Sesiones.
El Sr. Galarza: Yo me someto, desde luego, a la decisión de la Presidencia, porque es mi deber, por el respeto que le debo. Ahora, esas palabras, que en el Diario de Sesiones no figurarán, el país las conocerá, y nos dirá a todos si es legítima o no la violencia. (Rumores. –El Sr. Presidente agita la campanilla reclamando orden).» (Diario de Sesiones, 1 julio 1936, pág. 1795.)

Pero ¿cuáles fueron esas palabras que Martínez Barrio no quiso que se consignasen en el Diario de Sesiones. La respuesta nos la dejó por escrito José María Gil Robles: «…la violencia puede ser legítima en algún momento. Pensando en S.S. encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida»^{48}. Algo que no tardaría en producirse y que alegraría al propio Galarza porque en un acto público, en el que intervino, que tuvo lugar en Mallorca en agosto de 1936, pronunció estas palabras: «A mí… el asesinato de Calvo Sotelo me produjo un sentimiento…el sentimiento de no haber participado en la ejecución»^{49}. Poco después fue nombrado ministro de la Gobernación en uno de los gabinetes de Largo Caballero.

Poco antes de las diez de la noche del domingo 12 de julio de 1936, el teniente de Asalto José Castillo abandona su domicilio en la calle madrileña de Augusto Figueroa, para dirigirse al cuartel de Pontejos, donde ha de entrar de servicio, es asesinado por unos desconocidos. El historiador Hugo Thomas acusa del homicidio al falangista Ángel Alcázar de Velasco, pero el propio Alcázar de Velasco lo niega porque en esa fecha estaba preso en la cárcel de Larrinaga, que es donde se entera de la muerte del teniente. En ese momento dice que lo celebró «con respeto y admiración a su saber perder la vida por el logro del triunfo ideológico. Si él me hubiera matado, como tenía dispuesto, en ese segundo o segundos agónicos no le hubiera condenado porque yo he tenido, y tengo, la conciencia de la elegancia ante el perder»^{50}. Sobre quien mató al teniente Castillo el historiador Luis Romero dice que «ha corrido bastante tinta. La identidad de los agresores no está, que yo sepa, públicamente aclarada. Perpetrado por la derecha, formaba parte de una cadena de atentados y represalias. Instructor de las milicias socialistas, afiliado a la UMRA y masón, aunque esto último quizá no signifique gran cosa, El Socialista dice de él, militar probado por razones que nosotros conocemos mejor que nadie en su adhesión al régimen republicano. ¿Cuáles eran esas las razones? ¿Las que hemos anotado o alguna más? Se ha escrito que los ejecutores fueron falangistas, pero no faltan quienes lo atribuyen a la UME»^{51}.

En la madrugada del 13 de julio empieza a salir del cuartel de Pontejos un grupo de guardias y paisanos a quienes también acompañaban miembros de las Juventudes Socialistas. A las pocas horas ya ha detenido a gente joven pertenecientes a partidos de derechas. Pero para algunos de estos guardias esa no es la forma de vengar la muerte del teniente Castillo. Es entonces cuando reciben la orden de preparar una camioneta al mismo tiempo que son designados los guardias que han de cumplir una misión. A ellos se les unen también varios guardias de paisano, entre ellos el capitán Condés que es quien toma el mando de la expedición. La camioneta toma rumbo a la casa donde vive Calvo Sotelo. La pareja que vigila el portal no desconfía de los que acaban de llegar dando la casualidad que conocían al conductor. Con el capitán Condés sube al piso de Calvo Sotelo Victoriano Cuenca, quedando los demás en el portal. Es cerca de la media noche y todos duermen en aquella vivienda. Tocan el timbre y después de abrirles la puerta el mismo Calvo Sotelo al que dicen traer orden de registrar la casa, algo que hacen de manera formularia, para posteriormente comunicarle que lo llevan detenido a la dirección General de Seguridad. A Calvo Sotelo todo aquello le parece irregular y alega sus derechos de parlamentario. Pero de nada le sirven las protestas porque una vez sentado en la camioneta, ésta arranca a toda la velocidad. Detrás del detenido iba Victoriano Cuenca quien sacando una pistola del 9 largo «apoya una rodilla sobre el asiento que tiene respaldo común con el que ocupa Calvo Sotelo y, en el momento que cruzan Ayala, aproxima la boca del cañón a la nuca y dispara dos veces, con tal rapidez que los que van en el camión creen oír un sólo tiro»^{52}. El cadáver lo dejan depositado en el cementerio diciendo que se trataba de un indocumentado muerto en un accidente. De esta manera se consumaba lo que al socialista Juan-Simeón Vidarte le pareció que había sido «una barbaridad de incalculables consecuencias»^{53}.

El día 17 de julio de 1936 se sublevaba la guarnición de Melilla. Era el principio de la Guerra Civil española que había de durar casi tres años y de la que todos fueron culpables. Y de los que más el Partido Socialista, y sino leamos estas palabras que dijo quien fue presidente del PSOE, Ramón Rubial:

«El día que se meta el escalpelo a la historia de España y se conozca la responsabilidad del Partido en el desencadenamiento de la guerra civil, posiblemente tengamos un baldón de ignominia por no haber sabido estar a la altura de las circunstancias…»^{54}.

Notas

{1} Cf., Luciano González Egido, Agonizar en Salamanca. Unamuno, Alianza, Madrid 1986, pág. 62.

{2} Manuel Portela Valladares, Memorias, Alianza, Madrid 1988, pág. 153.

{3} José María Gil Robles, España encadenada, Editorial Revista Católica, El Paso, Texas 1936, pág. 9.

{4} Dolores Ibarruri, Pasionaria. Memorias, Planeta, Barcelona 1985, pág. 215.

{5} Cf., Juan Carlos Girauta, La República de Azaña, Ciudadela Libros, Madrid 2006, pág. 141.

{6} Manuel Portela Valladares, Op. cit., pág. 176.

{7} Francisco Largo Caballero, Discursos, Juventud Socialista, 1936, pág. 32.

{8} Diego Martínez Barrio, Memorias, Planeta, Barcelona 1983, pág. 302.

{9} Niceto Alcalá-Zamora, Memorias, Planeta, Barcelona 1977, pág. 349.

{10} Manuel Azaña, Memorias de guerra 1936-1939, Grijalbo Mondadori, Barcelona 1996, pág. 13.

{11} Santos Juliá, Manuel Azaña, una biografía política, Alianza, Madrid 1990, pág. 455.

{12} Manuel Azaña, Op. cit., pág. 13.

{13} Niceto Alcalá-Zamora, Op. cit., pág. 350.

{14} Reproducido en el libro La denominación roja en España, editado por la Dirección General de Información en el año 1953, 3ª edición, anexo I.

{15} Niceto Alcalá-Zamora, Op. cit., págs, 352-353.

{16} Cipriano de Rivas Cherif, Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña, Grijalbo, Barcelona 1981, pág. 668.

{17} Josep Pla, La Segunda República Española, Ediciones Destino, Barcelona 2006, pág. 1728.

{18} David Jato, La Rebelión de los estudiantes, CIES, Madrid 1953, pág. 215.

{19} César Vidal, José Antonio. La Biografía no autorizada, Grupo Anaya, Barcelona 1996, pág. 195.

{20} Manuel Valdés Larrañaga, De la Falange al Movimiento (1936-1952), Azor, Burgos 1994, pág. 7.

{21} Manuel Tagüeña Lacorte, Testimonio de dos guerras, Ediciones Oasis, México 1974, pág. 55.

{22} David Jato, Op. cit., pág. 215.

{23} Josep Pla, Historia de la Segunda República, Destino, Barcelona 1940, tomo IV, pág. 318.

{24} Luis Romero, Cara y Cruz de la República, 1931-1936, Planeta, Barcelona 1980, pág. 256.

{25} Cipriano de Rivas Cherif, Op. cit., págs. 665-666.

{26} Solamente el periódico de Bilbao La Gaceta del Norte pudo burlar la prohibición y publicó toda la sentencia.

{27} Julio Gil Pecharromán, Retrato de un visionario. José Antonio Primo de Rivera, Temas de Hoy, Madrid 1996, pág. 451.

{28} Felipe Ximénez De Sandoval, José Antonio (Biografía apasionada), Fuerza Nueva, Madrid 1974, pág. 493.

{29} Fue ministro de Justicia y Trabajo con Portela Valladares.

{30} Niceto Alcalá-Zamora, Op. cit., págs. 369-370.

{31} Diario La Razón, Madrid, pág. 70.

{32} Claude G. Bowers, Misión en España, Grijalbo, Barcelona 1977, pág. 224. Bowers era embajador de EE.UU. en España y, por tanto, fue testigo de los acontecimientos.

{33} Ian Gibson, La noche en que mataron a Calvo Sotelo, Plaza & Janés, Barcelona 1986, pág. 30. Gibson dice que la información que narra la copió del diario ABC, Madrid, 15-IV-1936, página 23. Pues bien, delante de mí tengo la citada página y nada dice ese periódico de que Ojeda perteneciera a Falange: «Poco después de iniciarse el desfile, un individuo, cocinero de profesión, llamado Isidoro Ojeda Estefanía Zorrilla, de cuarenta y dos años de edad, y con domicilio en la calle de Andrés Obispo, 5 y 7, del vecino pueblo de Canillas, avanzó hacia la tribuna presidencial, atravesando el cordón de guardias y provisto de una traca encendida que arrojó contra la tribuna. Los efectos de la traca fueron rapidísimos. Los disparos se sucedieron con intervalos de estadillos de mayor intensidad, y todo ello produjo una gran confusión que aumentó por haberse espantado algunos de los caballos de la escolta Presidencial. Varias personas del público que habían presenciado el hecho, trataron de arrojarse sobre Isidoro Ojeda, con ánimo de agredirle, pero Isidoro fue protegido por varios guardias, que lo trasladaron a la Comisaría, donde se pudo advertir que el detenido no se hallaba en estado normal. Se le trasladó con motivo de esta observación a la Casa de Socorro de Buenavista, donde los médicos apreciaron en él un caso de alcoholismo agudo. Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Dirección de Seguridad». Ni una sola palabra más dice el diario madrileño sobre este individuo. Así, pues, Gibson miente de manera descarada. Más adelante repite que «cinco años después, Felipe Ximénez de Sandoval, biógrafo de José Antonio Primo de Rivera, confirmaría que la colocación de la traca había sido, de hecho, iniciativa de la Falange». A pie de página, dice: «Ximénez de Sandoval, p. 546». Con estos pocos datos aportados, aunque suponemos se refiere a la Biografía apasionada, tenemos que volver a repetir que miente pues al menos las 3 ediciones que hemos manejado, nada dicen de lo añadido por Gibson. Se une así al coro de los que acusan a Falange de todos los crímenes habidos durante la República convirtiéndose en una especie de demencia y delirio nacional. También como arma política sin ningún valor demostrativo.

{34} Hugh Thomas, La guerra civil española, Grijalbo, Barcelona 1983, tomo I, pág. 196.

{35} Manuel Tagüeña Lacorte, Testimonio de dos guerras, Ediciones Oasis, México 1974, 2ª edición, pág. 93.

{36} Luis Romero, Cara y Cruz de la República 1931-1936, Planeta, Barcelona 1980, pág. 272.

{37} Manuel Tagüeña Lacorte, Op. cit., pág. 94.

{38} Luis Romero, Por qué y cómo mataron a Calvo Sotelo, Planeta, Barcelona 1982, pág. 59.

{39} Indalecio Prieto, Convulsiones de España, Ediciones Oasis, México 1967, tomo I, pág. 393.

{40} Mariano Ansó, Yo fui ministro de Negrín, Planeta, Barcelona 1976, pág. 118.

{41} El Socialista, 26 mayo 1936. Cf. Hugh Thomas, Op. cit., pág. 203.

{42} Julio Gil Pecharromán, Op. cit., págs. 473-474.

{43} Fernando Díaz Plaja, La preguerra española en sus documentos, Ediciones GP, Barcelona 1969, pág. 429. Un mes después, en la sesión de la Diputación permanente del 15 de julio, referente a los días del 16 de junio al 13 de julio, Gil Robles da estos datos estadísticos: «Incendios de iglesias, 10; atropellos y expulsiones de párrocos, 9; robos y confiscaciones, 11; derribos de cruces, 5; muertos, 61; heridos de diferente gravedad, 224; atracos consumados, 17; asaltos e invasiones de fincas, 32; incautaciones, 16; centros asaltados e incendiados, 10; huelgas generales, 15; huelgas parciales,129; bombas, petardos y lanzamientos de líquidos inflamables, 139; incendios no comprendidos los de iglesias, 19». José María Gil Robles, No fue posible la paz, Ariel, Barcelona 1968, pág. 629.

{44} Gonzalo Redondo, Historia de la Iglesia en España 1931-1939, Rialp, Madrid 1993, tomo I, pág. 495.

{45} Salvador Madariaga, España. Ensayo de historia contemporáneo, Espasa-Calpe, Madrid 1979, pág. 384. Se equivoca Madariaga al afirmar «Así fue», porque Calvo Sotelo volvería a intervenir de nuevo en las Cortes el 1 de julio.

{46} Dolores Ibarruri, Op. cit., págs. 247-248. Por otro lado, Pasionaria al finalizar de transcribir esas palabras añade a pie de página: «He querido subrayar esta parte de mi discurso, para refregárselo por los hocicos a los plumíferos franquistas que durante veinticuatro años han estado difundiendo la infame patraña de que fui yo la que incité al asesinato de Calvo Sotelo desde los bancos del Parlamento». Ahora la que difunde una patraña es la propia Pasionaria porque Salvador de Madariaga, de quien he recogido esa cita, nunca ha sido franquista.

{47} Manuel Portela Valladares, Op. cit., pág. 224.

{48} José María Gil Robles, Op. cit., pág. 697.

{49} Manuel Rubio Cabeza, Diccionario de la Guerra Civil Española 1), Planeta, 1987, pág. 355.

{50} Angel Alcázar de Velasco, Los 7 días de Salamanca, G. del Toro, Madrid 1976, pág. 30.

{51} Luis Romero, Por qué…Op. cit., pág. 188. Por otro lado, el periódico El Socialista del 14 de julio dice que el teniente Castillo «fue asesinado alevosamente por cuatro pistoleros fascistas apostados a la puerta de su casa». Veremos después lo que ese mismo día dice del asesinato de Calvo Sotelo.

{52} Ibid., pág. 202.

{53} Juan-Simeón Vidarte, Todos fuimos culpables, Grijalbo, Barcelona 1977, tomo I, pág. 216. Ahora lo que publicó el periódico El Socialista en la fecha ya indicada del 14 de julio: «El ex ministro de la Dictadura señor Calvo Sotelo ha sido muerto en circunstancias extrañas». La diferencia, pues, de trato, desde el punto de vista informativo, que dan a las muertes de Castillo y Calvo-Sotelo es tan evidente que no necesita comentario alguno.

{54} Coordinación y edición Bernardo Díaz Nosty, Ramón Rubial, un compromiso con el socialismo, Madrid 1986, pág. 22. Prólogo de Felipe González.

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