Las democracias del siglo XX: liberal, socialista y corporativa

Sumario: 1.- Introducción. 2.- La democracia como ideología. 3.- La democracia liberal o representativa. 3.1 ¿Qué es la democracia liberal? 3.2 Principales problemas de la democracia liberal. 3.2.1 Partitocracia. 3.2.2 Distorsión del sistema electoral. 3.2.3 La deriva populista. 3.3.4 Discriminación y exclusión. 4.- La democracia socialista o popular. 4.1 ¿Qué es la democracia socialista? 4.2 Principales problemas de la democracia socialista. 4.2.1 Dictadura del partido. 4.2.2 Totalitarismo marxista-leninista. 4.2.3 Culto a la personalidad del líder. 5.- El corporativismo o democracia orgánica. 5.1 ¿Qué es el corporativismo? 5.2 Principales problemas del corporativismo. 5.2.1 Burocratización del partido único. 5.2.2 Militarismo. 5.2.3 Totalitarismo fascista. 6. Conclusiones. 7.- Bibliografía.

1.- Introducción

Tras la caída de la Unión Soviética y sus satélites socialistas, la democracia liberal se ha convertido en el régimen político hegemónico en el mundo, al grado de que muchas veces se confunde al modelo democrático liberal con la misma democracia, en tanto régimen político, o inclusive se la considera como la única forma de gobierno legítima.

Pese a lo anterior, debe tenerse presente que durante el siglo pasado convivieron distintas formas de democracia, todas las cuales pretendieron ser formas de gobierno representativas de la comunidad política de los gobernados, bajo cualquiera denominación que tuviesen estos, fueran ciudadanos, proletarios o comunidad nacional.

A fin de contribuir al estudio de los sistemas de gobierno, en este artículo se revisarán las tres principales democracias del siglo XX; tanto la democracia liberal como las democracias iliberales, considerando sus variantes socialista o popular, y la forma corporativa, esta última también llamada democracia orgánica por las dictaduras ibéricas de Francisco Franco y Antonio de Oliveira y Salazar. 

En cada caso se destacarán las características más generales de estas tres democracias, ofreciendo un concepto amplio de las mismas, máxime considerando que cada una tuvo notables variaciones según países y tiempos históricos, muchas veces incorporando elementos de sus contrapartes, tal como se indicará los apartados correspondientes. También se revisarán las dificultades más comunes en cuanto a su práctica y ejercicio político, en base a los estudios de los autores más relevantes del área.  La comparación de estos modelos democráticos resulta de gran interés, por cuanto cada forma de democracia es la expresión de la ideología que representa.

2.- La democracia como ideología

La democracia, en tanto forma de gobierno, puede adoptar muchas variantes, incluso contradictorias entre sí. Ya en el siglo IV a.C. Aristóteles afirmó que “algunos piensan que existe una sola democracia y una sola oligarquía, y eso no es verdad, de modo que no deben olvidársele las distintas variedades de los regímenes, cuántas son y de qué maneras pueden componerse” (Política, 1289a7). Esta dificultad ha persistido en la historia, puesto que la democracia todavía es un término equívoco, y si no es adjetivada se le puede dar cualquier sentido, como efectivamente sucede (Lira, p. 353).

Gustavo Bueno señalaba acertadamente que la democracia no es solo un sistema de gobierno, sino también un sistema de ideologías (p. 11). Existen distintas formas de democracia, modeladas en torno a determinadas ideologías políticas, sean liberales, socialistas u otras (Chaverra, p. 75-81). Campillo a su vez entiende la democracia en un dualismo permanente, siendo una ideología-utopía; en su faz ideológica sirve como justificación de regímenes con una base ideológica diversa, mientras que simultáneamente es utopía, ya que se trata de un ideal enfrentado con la realidad ideológica y reaccionaria propia del sistema existente en cada tiempo histórico (p. 213-216).

Cada democracia tiende a relacionarse con un sistema económico determinado. Así, la forma liberal está directamente vinculada a las diversas formas del capitalismo, sea keynesiano, neoliberal o austro-libertario. A su turno, y aunque los regímenes socialistas han mostrado grandes variaciones en sus programas económicos, siempre incorporaron alguna forma de planificación económica centralizada, con mayor o menor preeminencia.^{1} Los ejemplos abundan, desde el capitalismo de Estado de la URSS, llegando al paroxismo con el juche norcoreano o el hoxhaísmo, hasta el socialismo autogestionario de la Yugoslavia de Tito, o inclusive la economía de mercado socialista de la República Popular China.

En cambio, el corporativismo históricamente ha ofrecido soluciones eclécticas, sin perjuicio de referencias genéricas a un “interés nacional”; de esta manera se ha combinado la planificación central, y la asignación de roles productivos a las corporaciones, tanto sindicatos como órganos patronales, con una mayor o menor relevancia de la actividad privada.^{2} En los países católicos tuvo mucha influencia la encíclica Rerum novarum (1891) del Papa León XIII, la que propugnaba la colaboración de clases y el deber de los gobernantes de velar la igual defensa de todas ellas. Indiscutiblemente opuesta al marxismo socialista y al liberalismo,  la encíclica recuerda con cierta nostalgia que los antiguos gremios le otorgaban protección a sus afiliados, que fueron dejados en el abandono con la llegada de la revolución industrial (Fernández Riquelme, 2008, p. 97).^{3}

La democracia liberal se ha transformado en un verdadero requisito para formar parte del mundo occidental (Portero, p. 115), y aquellos Estados que recurren a otras formas de organización son considerados como parias, inclusive susceptibles de ser derrocados para establecer el gobierno democrático (González Cuevas, p. 26-27). Solo se exceptúan aquellos países en los que por consideraciones de orden geopolítico hagan recomendable dar un tratamiento más amistoso, según sea conveniente.^{4}

Una minoría han cuestionado que se imponga uniformemente este modelo a países con tradiciones políticas totalmente distintas, y que en muchos casos fueron colonias de las potencias europeas, aunque con escasa influencia (Mignolo, p. 25). Otros han cuestionado la pretensión de superioridad de la democracia liberal, atendido que no existe un régimen ideal para cualquier momento histórico; en general cada comunidad elige la que forma de organización que resulte mejor, según sean sus necesidades y situación social específica (Fernández de la Mora, p. 155).

3.- La democracia liberal o representativa

3.1 ¿Qué es la democracia liberal?

Para efectos del presente trabajo se entenderá a la democracia liberal como aquel régimen de gobierno organizado en base al sufragio universal; en este régimen la conducción política del Estado recae en representantes de los ciudadanos, elegidos directa o indirectamente por estos de entre múltiples candidaturas, presentadas por al menos dos postulantes de partidos políticos o excepcionalmente ciudadanos independientes.^{5} 

Esta forma de gobierno, también denominada democracia representativa, surgió en la Inglaterra del siglo XVII, tras una revolución que estableció la supremacía parlamentaria, en detrimento de la monarquía. El régimen parlamentario inglés estuvo fuertemente influenciado por las doctrinas de John Locke, y es todavía el modelo parlamentario por excelencia. Aunque inicialmente el sufragio era censitario, y por tanto reservado a los hombres con las mayores rentas, sucesivamente se incorporó al resto de los hombres y posteriormente a las mujeres, configurando así el denominado sufragio universal.

La independencia de los Estados Unidos y la revolución francesa aportaron la forma presidencialista de la democracia liberal, junto con explicitar la separación de poderes y la importancia de la Constitución como norma fundamental y de mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico; la que a su vez establece un catálogo de derechos de los ciudadanos, como límite al poder del Estado (Fernández Fontenoy).  En paralelo aparecieron los partidos políticos como órganos principales de representación política, llegando inclusive a monopolizar la expresión política (González Cuevas).

La conceptualización de las democracias representativas o liberales resulta compleja, y no existe uniformidad en este sentido. Así, para Joseph Schumpeter lo esencial del régimen democrático radica en la existencia de elecciones abiertas y competitivas, que otorguen a la oposición la posibilidad real de convertirse en gobierno y obtener el liderazgo político (2003, p. 269-283). Otro defensor de la importancia del proceso electoral es John Rawls, quien considera a este mecanismo como la base de la democracia constitucional liberal, debido a que permite la elección del parlamento, cuerpo representativo responsable ante el electorado, al que Rawls asigna la función de determinar los sistemas sociales básicos, hacer las leyes y modificar la misma constitución (Rawls, p. 211).

En cambio, autores propiamente liberales como Robert Dahl la entienden más bien como una utopía, a la cual solo es posible acercarse mediante la implementación de libertades y derechos (expresión, igualdad de voto y participación, inclusión e información); para el autor los casos más avanzados de la actualidad serian en realidad poliarquías, esto es incorporan las libertades y derechos democráticos sin llegar a lo máxima expresión (Dahl, 1992). En diálogo con lo anterior, algunos autores han cuestionado la visión idealista de la democracia en Dahl, postulando en cambio conceptos amplios que incorporan regímenes en que dichas libertades existen, pero en forma atenuada o totalmente desvirtuada. Para solucionar esto Guillermo O’Donnell y Leandro Wolfson distinguen los Estados propiamente democráticos, donde es posible reunir las libertades de la poliarquía de Dahl, y aquellas democracias “de baja intensidad” en que dichas libertades conviven con restos de autoritarismo iliberal, como sería el caso de la gran mayoría de los países de Hispanoamérica (O'Donnell y Wolfson, 1993).^{6}

En cambio, para Norberto Bobbio una democracia se caracteriza por la existencia de ciertas reglas universales procedimentales, las que establecen quienes están autorizado a tomar decisiones colectivas, y a que procedimiento deberán ceñirse (Bobbio, 1986, p. 14-15). Estas reglas universales de la democracia serían seis: La regla de la participación, en virtud de la cual todos los ciudadanos deben poder expresar sus opiniones, o poder elegir a alguien que las exprese por ellos; la regla de la igualdad, que garantiza que el voto de cada uno vale lo mismo; la regla de la elección, en virtud de la cual los facultados deben poder elegir entre múltiples opciones reales y distintas; la regla de la libertad, ligada a la anterior, que exige asegurar ciertos derechos (libertad de expresión, opinión, reunión, asociación); la regla de la mayoría, conforme a la cual son obligatorias aquellas decisiones acordadas por la mayoría de los ciudadanos; y la regla de la minoría, conforme a la cual las decisiones de la mayoría no pueden afectar los derechos de la minoría, especialmente aquel de poder convertirse en una mayoría en el futuro (Bobbio, 2023, p. 499).

Actualmente la mayor parte de los países del mundo están regidos por la democracia liberal. Los partidos políticos en general han incorporado para sí esta forma de democracia, inclusive aquellos de la izquierda progresista, aunque muchas veces con modificaciones procedimentales relativas a la inclusión de minorías o la discriminación positiva de ciertos grupos, cuestiones que en todo caso no alteran la esencial del demoliberalismo (Portero, p. 118).^{7}

3.2 Principales problemas de la democracia liberal

3.2.1 Partitocracia

El carácter representativo del régimen político demoliberal necesariamente concentra el poder político en torno a una minoría dirigente, la que con el tiempo se organiza en torno a los partidos políticos; grupos representativos con vocación de permanencia, en el tiempo, organización interna, voluntad de ejercer el poder, y de obtener el respaldo popular (La Palombara y Weiner). Fernández de la Mora argumenta que esta elite partidista se convierte en un poder en sí misma, y su acción pasa a estar determinada por la conservación y expansión de su control del Estado. Así, la democracia liberal deriva necesariamente en partitocracia, esto es el gobierno de los partidos (p. 111).

Bajo este régimen partidista se producen múltiples fenómenos que afectan la representatividad democrática: la elección de los candidatos recae exclusivamente en cada partido, sin intervención de los votantes, más allá de concurrir al acto electoral; la burocratización de los políticos, meros instrumentos de sus partidos, sujetos a su disciplina y órdenes, sin voluntad ni iniciativa propia; la deliberación legislativa se radica de facto en las cúpulas de partidos, que resuelven las cuestiones relevantes al margen del público, dejando al legislativo como el mero ratificador de acuerdos extraparlamentarios; la extrema politización de la administración local, como reflejo del ámbito nacional, y por sobre las discusiones propias de la comunidad;^{8} todo lo cual acarrea una devaluación generalizada de la clase política entre la ciudadanía (Fernández Riquelme, p. 115-126). Otra de las características de este sistema es la dificultad para el ingreso de nuevas fuerzas políticas que pretendan modificar el modus operandi del régimen (González Cuevas, p. 41), cuestión que se enlaza con la distorsión de los sistemas electorales.

Desde el corporativismo católico también se ha criticado el fenómeno de la partitocracia, por cuanto se afirma que los dirigentes parlamentarios son en realidad mandatarios de los partidos mismos, y no representantes del pueblo, con el que carecen de vínculo directo más allá del acto electoral; de forma que el pueblo participa de la elección, pero no así de la política misma, que se reserva a una élite compartimentada^{9} (Lira, p. 334-335).

Frente a la partitocracia suelen oponerse movimientos anti-partidos generalmente vinculados a candidatos independientes o partidos instrumentales, que se buscan modificar la democracia liberal siguiendo sus mismos mecanismos de reforma. Charles De Gaulle impulsó la Quinta República en Francia, valiéndose en buena medida del referéndum como herramienta electoral, junto con la creación de un movimiento político instrumental, la Unión para la Nueva República (Domper, 2019, p 157-158). Sin embargo, en este y otros casos dichos grupos no han sobrevivido a sus fundadores, o directamente se incorporaron al régimen de partidos preexistente.^{10}

3.2.2 Distorsión del sistema electoral

Ningún sistema electoral es neutro, y siempre tiene algún propósito especifico. Generalmente las reglas de asignación de escaños tienden a ser elaboradas en función de los intereses de los partidos y en perjuicio de los independientes (Etchepare, 2006, p. 389-390). Según la fórmula matemática que se elija el mismo número de votos puede resultar en un pluripartidismo exacerbado, sobrerrepresentar a una coalición,^{11} forzar un bipartidismo,^{12} o producir otra distorsión del resultado alcanzado en las urnas, (Fernández de la Mora, p. 86-87).

Vinculado a lo anterior se encuentra la manipulación de las circunscripciones electorales en beneficio de los intereses de los partidos, practica también conocida como gerrymandering; de esta manera la extensión de las unidades electorales se realizará en función de la maximización de los escaños del partido, antes que en función de consideraciones geográficas o de otra índole (Cox y Holden).

Los gastos electorales también suelen ser motivo de exclusión de nuevos partidos o candidatos independientes, cuestión ya criticada por Lenin (1919). Si bien el surgimiento de las redes sociales parece haber disminuido los costos de las campañas, los partidos y postulantes con menores recursos enfrentan mayores dificultades de ser conocidos por el electorado (Rosental y Iurin, p. 110). Aunque la boleta única electoral ha sido un gran avance respecto de la igualdad de posibilidades para todos los candidatos, esta no es todavía la regla general. En aquellos países donde subsiste el formato de papeletas múltiples siguen existiendo casos de sustracción de boletas o falta de ellas debido a su alto costo para los partidos pequeños.

3.2.3 La deriva populista

La democracia liberal ha sido enfrentada en su seno por la amenaza del populismo. Aunque algunos autores solamente parecen conceder este carácter a grupos ligados a la derecha política, como es el caso del trumpismo, en realidad este fenómeno corresponde a una forma de acción política presente en todas las fuerzas políticas, sin distinción ideológica (Tejada).

Para Laclau el populismo puede ser entendido como una lógica de acción política, en la cual una reunión de múltiples agentes sociales, vagamente identificados como el pueblo u otra figura semejante, logran la identificación con un grupo de demandas que alcanzan una centralidad que excede el petitorio mismo, al punto de que este conjunto decide romper con el orden institucional precedente, sea por corrupto u otro vicio del sistema, a fin de constituir un nuevo orden, sustentado en la pretendida voluntad del pueblo movilizado contra ese orden previo (2004, p. 150-157).

De esta manera el populismo sería una consecuencia de las demandas sociales insatisfechas por la élite que controla el poder político, monopolio que es enfrentado por la movilización popular en torno a dichas demandas, organizada por un líder capaz de aglutinar dicho conjunto social (Laclau, 2006). El autor cita a gobernantes tan distintos como Hugo Chávez o Ernesto Fujimori, los que pese a sus diferencias tuvieron formas similares de ejercer el poder (2006).^{13}

Si bien para Laclau el populismo es una estrategia válida en la conquista del poder político, la mayoría de los autores liberales concuerdan en que dicha lógica de acción política es una amenaza para la democracia liberal, toda vez que el populismo se aleja de las formas de participación representativa, favoreciendo en cambio una democracia directa de corte roussoniana, más cercana al totalitarismo que a un régimen participativo (Tejada).

En la práctica los gobiernos populistas se han transformado en una nueva élite partidista, en torno a camarillas ligadas al líder de turno, conservando las estructuras de la democracia liberal por mera conveniencia, generalmente sin permitir alternancia en el poder, directamente pasando a la dictadura (Tejada).^{14}

3.3.4 Discriminación y exclusión

En la actualidad uno de principales problemas del modelo democrático occidental es la discriminación y exclusión de amplios sectores de la población, constante histórica inherente al mismo proceso de selección de un determinado censo electoral (Campillo, p. 216). Los socialistas son especialmente críticos de la exclusión de la clase trabajadora, señalando que producto de sus condiciones materiales estos ven impedida su real participación en la democracia burguesa (Rosental y Iurin, p. 110).

El mismo Bobbio reconoce que la participación de la totalidad del pueblo es un imposible por razones prácticas; sin embargo, argumenta correctamente que la definición del cuerpo electoral depende de aspectos de las circunstancias históricas, lo que explica que se haya comenzado por el sufragio censitario, extendiéndose posteriormente al resto de la comunidad política (Bobbio, 1986, p. 14). Robert Dahl dedica bastante atención a este problema, concluyendo que todo adulto sometido a las leyes del Estado debería ser considerado ciudadano de este, con derechos políticos irrevocables (Dahl, 1992, p. 156).

Debe tenerse en cuenta que extensos grupos de la población que son excluidos de la participación política activa y pasiva en regímenes democráticos; 1965 los afroamericanos del sur de los Estados Unidos carecían de facto de sus derechos políticos debido a las leyes de Jim Crow, régimen racista que era perfectamente legal e incluso estaba respaldado por sentencias de la Suprema Corte de los Estados Unidos.^{15} El apartheid sudafricano suprimió hasta 1994 los derechos políticos y civiles de la mayoría negra, cuestión que en la práctica fue una dictadura de los afrikáners blancos, aunque refrendada por una democracia liberal basada en el modelo británico (Johnston).^{16}

En la actualidad la discusión sobre la discriminación en las democracias liberales ha pasado por el cuestionamiento de la situación los grupos desventajados, que no suelen ser incluidos en el modelo clásico liberal, incluyendo las mujeres, minorías sexuales, étnicas, o sociales (Salazar, 2007).^{17} Sin embargo, el excesivo aumento de poder de grupos minoritarios puede terminar siendo un límite a la expresión de la mayoría de la comunidad política, siendo contraproducente.^{18} 

Cabe señalar que no todos los teóricos liberales valoran la relevancia de la libertad política. Hayek consideraba que la participación política, entendida como expresión de la libertad colectiva, era irrelevante para la libertad individual;^{19} incluso consideraba un error la decisión de algunos pueblos en cuanto a “preferir el déspota de su propia raza al gobierno liberal de la mayoría extranjera” (p. 39).^{20} Algunos inclusive han justificado el establecimiento de dictaduras bajo supuestos modelos liberales-autoritarios, a fin de sincretizar liberalismo y autocracia (Fiamma, 1987).

4.- La democracia socialista o popular

4.1 ¿Qué es la democracia socialista?

Siguiendo a Rosental y Iudin (1965), para efectos del presente trabajo se entenderá por democracia popular o socialista aquel régimen de gobierno basado en el poder estatal del proletariado; en este régimen la conducción política del Estado recae en un partido político de vanguardia, representante de la clase proletaria, organizado en base al principio del centralismo democrático; los demás órganos e instituciones del Estado están subordinados a dicho partido.^{21}

La democracia socialista fue también llamada democracia popular en los países de la órbita soviética;^{22} bajo este régimen la dirección política del Estado recayó en frentes populares, liderados por el partido comunista local, junto con aliados que nominalmente participaban del gobierno del Estado, y que formalmente representaban a grupos de la clase burguesa (Kramer).^{23} Este esquema permitía renegar de algunos elementos totalitarios del régimen estalinista, al permitir la participación de la burguesía, aunque siempre sujeta a la dirección de la vanguardia comunista local (De Castilla).

Este régimen de gobierno surgió a partir de la crítica leninista de la democracia liberal, considerada despectivamente como una “democracia burguesa”.^{24} Si bien el concepto de dictadura del proletariado es una creación de Marx, fue Engels quien precisó el carácter democrático de dicho régimen, como etapa de la liberación del proletariado contra la dictadura de la burguesía expresada en la democracia representativa (Möller, p. 80).

Cabe destacar que la ejecución práctica de estas teorías le correspondió a los bolcheviques; Lenin estableció como un axioma que el régimen demoliberal es únicamente un instrumento de opresión de la clase obrera; las libertades consagradas por los estatutos burgueses serían aparentes, pues los obreros no pueden ejercerlas en igualdad de condiciones con los capitalistas, que disponen de medios para imponerse a los candidatos y partidos obreros (Lenin, 1919). En oposición a esta democracia burguesa, Lenin planteó que la dictadura del proletariado, en tanto democracia proletaria, debía establecerse en base a los soviets, esto es las asambleas de base representativas de los obreros y campesinos, las que constituirían la base de un sistema de representación y gobierno (Galceran, p. 152).

Sin embargo, rápidamente los bolcheviques pudieron comprobar que la conducción política de los soviets era ineficiente e inadecuada para un Estado como Rusia, por lo que se decidió centralizar la actividad política en el partido único, el que a su vez se regía por el principio del centralismo democrático, concebido por el mismo Lenin. Conforme a este principio, la discusión política se realiza al interior del propio partido, en base a la libre discusión; una vez tomada una decisión esta será vinculante para todos sus miembros (Suarez, 2019). Así, los bolcheviques lograron que el poder político se radicase en el partido, logrando imponerse ante todos los órganos e instituciones del Estado, cuestión sumamente necesaria en el contexto de la guerra civil que precedió al establecimiento de la Unión Soviética.^{25}

Esta forma de democracia socialista se presentó a sí misma como la forma más elevada del gobierno del pueblo, y la única auténticamente universal, eliminando las distinciones de clase y asegurando las garantías materiales sociales y culturales de la clase trabajadora, permitiéndole ejercer la conducción política a través del partido. Todo esto, con el fin de alcanzar en un futuro distante la autogestión social comunista, máxima forma democrática bajo el pensamiento marxista (Rosental y Iurin, p. 110). 

En la práctica la democracia popular conlleva que la deliberación política se produce al interior del partido, mientras que un observador externo solo verá que las discusiones del órgano legislativo se limitan a la aprobación casi siempre unánime de las propuestas realizadas por los militantes. La dirección política y económica del Estado también se radica en el partido, formado por los revolucionarios profesionales; el proletariado, en cambio, se organiza en los sindicatos y organizaciones de masas, encargándose de gestionar las directrices emanadas del partido comunista de vanguardia (Galceran, p. 153).

El surgimiento de países socialistas en un hecho histórico reciente, posible solamente tras la revolución bolchevique de 1917, y la creación de la Unión Soviética en 1923. Tras la derrota del Eje en 1945 la órbita socialista se extendió por África, Asia e Hispanoamérica, para volver a retroceder tras el derrumbe del bloque soviético a inicios de la década de 1990, con la desintegración de la U.R.S.S.

4.2 Principales problemas de la democracia socialista

4.2.1 Dictadura del partido

Para Lenin la primera forma de la democracia socialista consistió en la dictadura de la clase proletaria, entendiendo la dictadura como un control del Estado, al igual que la democracia liberal sería una dictadura de la burguesía (1919).^{26} Sin embargo la ficción jurídica de un régimen sostenido por los trabajadores, pero con el poder político radicado en el partido, lógicamente que iba a derivar en la dictadura del movimiento dirigente (Galcerán, p. 153), y por efecto del centralismo democrático, el poder se concentraría a su vez en los miembros de la nomenklatura^[27] del partido.

En la práctica la aplicación del modelo democrático socialista ha terminado por imponer el dominio exclusivo de los partidos comunistas locales, eliminando o sometiendo a sus adversarios.^{28} Esta figura se replicó en las democracias populares de Europa Oriental, donde los partidos comunistas hegemonizaron el poder tras lograr la victoria en las elecciones realizadas inmediatamente tras ser liberados por el Ejército Rojo, creando una institucionalidad socialista controlada férreamente por las directivas políticas respaldadas por Moscú (Kramer, 2009).^{29} Aunque los parlamentos de estos países eran nominalmente pluripartidistas, sus miembros eran elegidos en una lista única no competitiva, y sus actividades se limitaban a ratificar por unanimidad las propuestas predefinidas por los partidos comunistas locales, siendo un mero formalismo sin poder real^{30} (Domper, 2014).^{31}

4.2.2 Totalitarismo marxista-leninista

En muchos regímenes socialistas la combinación de la dictadura del partido único, y los liderazgos carismáticos han derivado en el totalitarismo; dicha mezcla se ha dado en múltiples democracias socialistas, sin distinción de nacionalidades ni tiempo histórico.^{32} La U.R.S.S bajo José Stalin fue uno de los primeros y mayores ejemplos de esto,  al imponer un régimen del terror, aún antes del caso nazi, apoyándose en una poderosa policía política, y con el respaldo de una masa de ciudadanos al servicio del líder, fanáticamente movilizada por el partido único (Arendt, 559-580).

Sin embargo, Vallespín ha señalado que el totalitarismo es más bien una práctica política, antes que un régimen específico, y que debe caracterizarse por sus elementos objetivos, como la existencia de una policía secreta, campos de concentración, el control de la población y la persecución de la disidencia política, antes que a la ideología^{33} (Vallespín, 2020), punto en el que concordamos con dicho autor. Sin embargo, la creencia marxista en una sociedad comunista utópica y la existencia de una pretendida verdad revelada son la base doctrinal de muchos totalitarismos, al igual que muchas otras formas de la liberación positiva por medio de la razón (Berlin, p. 215).

La posición de Vallespín e Isaiah Berlin, apunta a que los totalitarismos son expresión de una forma de pensamiento y su acción política,^{34} más que a la ideología; así tanto las purgas estalinistas (Ruiz, 2020), el genocidio camboyano, perpetrado por los jemeres rojos de Pol Pot, las matanzas del régimen de Francisco Macías en Guinea Ecuatorial, o el Estado penitenciario de Enver Hoxha en Albania corresponderían todas a una misma práctica política (Vallespín, 2020).

4.2.3 Culto a la personalidad del líder

Otro elemento común a la generalidad de los regímenes socialistas ha sido el culto a la personalidad del líder, desarrollado con la concupiscencia de la nomenklatura local. No se debe confundir esto con la mera exaltación del gobernante, común a otros regímenes;^{35} el culto a la personalidad implica la atribución de características heroicas al gobernante, atribuyéndole ser el impulsor mismo del mismo proceso revolucionario, convirtiéndole en un fetiche de las masas (Rosental y Iudin, pp. 95-96).^{36}

En cierta medida el culto a la personalidad replica y exagera los cultos religiosos, despreciados bajo el ateísmo de Estado del marxismo-leninismo, reemplazando el culto tradicional por la adoración del líder (Linz). Dicho fanatismo también suple la falta de una doctrina y revolucionarios profesionales, conocedores de la doctrina. Sin ellos, se impone la ciega obediencia al líder, mucho más fácil de aprender por las masas, elemento que facilita también la imposición del totalitarismo (Vallespín).^{37}

La exaltación y culto del Jefe del Estado también se manifiesta en algunas excéntricas políticas públicas;^{38} Francisco Macías reformó el programa educativo ecuatoguineano, reemplazando el estudio de la aritmética y las ciencias por colecciones de sus frases (Nerín); medidas semejantes se implementaron en la Albania de Enver Hoxha y la Rumania de Nicolae Ceausescu (Kramer).

5.- El corporativismo o democracia orgánica

5.1 ¿Qué es el corporativismo?

Siguiendo a Mijaíl Manoilescu,^{39} podemos definir al corporativismo o democracia orgánica^{40} como aquel régimen de gobierno basado en la colaboración social de los miembros de la comunidad nacional, en el cual la conducción política del Estado recae en las corporaciones económicas, sociales y culturales, las que constituyen la expresión de la voluntad nacional; en este régimen el derecho de actividad política recae en un partido único, establecido como institución fundamental del Estado.^{41}

Esta conceptualización nos permite distinguir el corporativismo propiamente tal de aquellos regímenes liberales o socialistas que incorporan en su organización algunos órganos funcionales de carácter auxiliar, generalmente bajo la denominación de consejos económicos y sociales, pero sin que recaiga en ellos el poder político principal del Estado (Manoilescu, 1938a, p. 59). Un punto esencial en el corporativismo es el abandono del sufragio universal, considerado inorgánico (Viviani, p. 302-307); en oposición a este, los corporativistas ofrecen un sistema que se presenta como una política funcional y natural, en base a los órganos naturales de participación política (Manoilescu, 1938a).

Schmitter, en cambio, considera que el elemento esencial del corporativismo radica en que el monopolio de la representación sectorial le corresponda a las asociaciones de intereses singulares y no competitivas, gubernamentalmente impuestas o negociadas, sujetas a las demandas del Estado (p. 621).^{42} De esta manera, para Schmitter existen dos formas de corporativismo: uno social, limitado a ciertas organizaciones autónomas propias de los regímenes capitalistas liberales y del Estado del Bienestar; y otro estatal, organizado en base a organismos dependientes jerárquicamente del Estado (Fernández Riquelme, 2008c, p. 22).

El corporativismo moderno apareció a finales del XIX, en Europa, en base a una progresiva tecnificación de la política, a partir de los órganos sociales (Fernández Riquelme, 2012). En este sentido la teoría social y política del corporativismo orgánico-funcional aparece como el producto de una tradición política de larga data, en base a la colaboración de los miembros de la comunidad nacional, vinculada a las corporaciones medievales (Fernández Riquelme, 2005). La alternativa corporativa surgió en oposición al liberalismo y el socialismo marxista, ambos herederos de la revolución francesa (Viviani); sin embargo, algunos plantean en cambio que esta oposición se debe a la contaminación del corporativismo por parte de los ideólogos fascistas, y que en sus orígenes no era propiamente iliberal. (Fernández Riquelme, 2012, p. 165).

Entre el periodo de entreguerras diversos Estados adoptaron formas corporativas; algunos fueron fascistas en sentido estricto,^{43} como Italia (1922-1943), Alemania y sus satélites (1933-1945), y Japón (1940-1945); mientras que otros fueron conservadores-autoritarios, como Austria (1934-1938), Rumania (1940-1944), Grecia (1936-1941) y el Brasil (1937-1945) bajo Getulio Vargas (Etchepare, 1990).

Hubo notables diferencias doctrinales y prácticas entre ambos grupos de corporativistas. Los conservadores-autoritarios pretendían la restauración de un orden natural, jerárquico y estamental, derivado de instituciones preexistentes, postura vinculada al tradicionalismo católico, donde el partido único era más bien un instrumento del Estado, limitado por el derecho natural;^{44} en cambio, si bien los fascistas valoraban la tradición, ellos pretendían una revolución del orden existente, asignándole al partido único el rol protagónico y dirigente dentro de un Estado socialista no marxista, que no reconoce límite al ejercicio de su poder (Etchepare, 1990).^{45}

La derrota del Eje en la segunda guerra mundial significó el declive del corporativismo como alternativa a la democracia liberal y al socialismo, en buena medida debido a su asociación con el nazismo y el fascismo. Solamente España (1936-1977) y Portugal (1933-1974) lograron extenderse en el tiempo, sobreviviendo gracias a su utilidad como aliados del eje atlantista en contra del avance de la Unión Soviética y el comunismo; esta difícil situación política no les impidió el intento de exportar su ideario común^{46} (Domper).

5.2 Principales problemas del corporativismo

5.2.1 Burocratización del partido único

Manoilescu advirtió que el partido único debía ser parte del Estado, pero nunca confundirse con él, a fin de evitar que se convirtiese en una mera institución burocrática de la administración pública (1938b, p. 102-107). Sin embargo, en todos los casos en que el régimen corporativo logró permanencia en el mediano plazo (Italia, España, Portugal) el partido único se burocratizó, perdiendo su fuerza revolucionaria y transformadora, derivando en una mera tecnocracia.^{47}

Así, y pese a sus promesas iniciales de revolución, el fascismo italiano retrasó la creación de una cámara corporativa,^{48} la que recién se implementó en 1939. En el caso de los trabajadores se impuso la férrea subordinación al partido único, pese a la pretensión de algunos dirigentes sindicales y gremiales de mantener cierta autonomía respecto del Partido Nacional Fascista (Fernández Riquelme, 2008a, p. 9).

A su vez, en el caso español el régimen de la democracia orgánica mutó en tecnocracia, en detrimento del rol que pudo tener el Movimiento Nacional^{49} como partido único. Bajo esta forma de corporativismo la tecnificación política se posicionó sobre las ideologías, pasando al predominio de ingenieros y técnicos por sobre los ideólogos del régimen, de forma que se pretendió que la deliberación pública fuese un debate estrictamente técnico (Fernández Riquelme, 2008, p. 654).

A diferencia del régimen socialista, donde el partido dirigente está formado por revolucionarios profesionales, en general los partidos únicos de los Estados corporativos devinieron en órganos políticos formales,  carentes de vitalidad e iniciativa revolucionaria. En buena medida los militantes se incorporaban por oportunismo, a fin de obtener un cargo en la administración pública, o por obligación legal, pues muchas veces la adscripción al partido era un requisito para formar parte del personal de la Administración del Estado.

5.2.2 Militarismo

Históricamente la implantación de los regímenes corporativos necesitó del concurso de las Fuerzas Armadas. No hay ejemplos de partidos o movimientos corporativistas que hayan alcanzado el poder político sin el respaldo militar; en todos los casos en que estos movimientos no consiguieron el apoyo castrense les fue imposible convertirse en un factor político decisivo, y terminaron por desaparecer o quedar en la irrelevancia (Etchepare, 1990).

Manoilescu consideraba a las Fuerzas Armadas como uno de los mejores ejemplos de una corporación, al poseer antigüedad, jerarquía, espíritu de clase y normas propias, poseedor además de un poder de coacción sobre la población (1938a, p.169);^{50} en la práctica, muchos de los regímenes que se consideraron corporativistas fueron dictaduras militares, en las que estos constituían la única corporación con real poder político en el Estado, teniendo las demás una influencia anecdótica o nula.^{51}

Esta acentuada dependencia de los militares afectó el desarrollo interno de los regímenes corporativos, sobre cuya existencia pendía la espada de Damocles del Ejército; así la Italia fascista y el Estado Novo desaparecieron tras perder el respaldo de las Fuerzas Armadas.^{52} Resulta interesante el caso de la España franquista, ya que buena parte de los ministerios tuvieron una importante participación de militares sin filiación política determinada (Fernández Riquelme, 2008b, p. 450).

Debe tenerse presente que las intervenciones castrenses en política pueden ocurrir en cualquier tipo de régimen.^{53} En estos casos Oehling, considera que la concentración del poder político en los militares es una cuestión transitoria, a fin de lograr un resultado estabilizador (superar una crisis del sistema), revolucionario (desintegrar el orden político tradicional) o conservador (como instrumento de la oligarquía), lo que también determinará el tipo de régimen resultante (pp. 279-289).

5.2.3 Totalitarismo fascista

Ya en los inicios del fascismo italiano Guillermo Viviani^{54} denunció que las prácticas políticas de la dictadura de Mussolini correspondían realmente a una oligarquía, estructurada en torno la camarilla de los miembros del partido fascista, imponiendo un sostenido endiosamiento de la Nación y el Estado, lo que derivaría a la larga en una dictadura absoluta (1927, p. 307-319), como efectivamente sucedió.

En el mismo sentido, bajo la brutal tiranía nazi el partido único se consideró independiente y superior al Estado, adquiriendo un poder absoluto sobre la vida de los habitantes del Estado, al grado de colocar a este al servicio del aniquilamiento de la propia comunidad nacional (Arendt, 533-557). La dictadura racista alemana, organizada en base al führerprinzip (principio de supremacía del jefe),^{55} particularidad propia del fascismo alemán, entregó la base doctrinal para que el partido único y omnipotente pudiera llevar al desquiciamiento de la dictatura nazi (Etchepare, 1990). 

Con todo, debemos prevenir que estos casos extremos y brutales pueden atribuirse más bien a la posición que tenía el partido único y el líder bajo el nazismo en particular, así como bajo otros regímenes propiamente fascistas (Vallespín), y no como una necesaria característica del corporativismo en sentido amplio.

6.- Conclusiones

Durante el siglo XX coexistieron diversas formas de democracia, adscritas a las ideologías predominantes del liberalismo, socialismo y corporativismo. En cada caso se pretendió que cada una de dichas democracias era la única forma válida de gobierno, y la única verdaderamente representativa de la expresión popular.

La democracia liberal o representativa tiene la virtud de ser sencilla en su funcionamiento básico, además de contar con modelos funcionales de larga data, como son el Reino Unido (parlamentario) y Estados Unidos (presidencialista), países que han promovido su implementación, incluso coactivamente. Por lo mismo, sus defectos y problemáticas han sido objeto de amplia discusión. Su mutación en la partitocracia, las inevitables distorsiones electorales, la exclusión de amplios sectores de la ciudadanía, y la creciente deriva populista parecen ser las mayores dificultades que enfrenta en la actualidad, y nos exigen a lo menos la reforma de instituciones y normas del régimen político, a fin de enfrentar estas amenazas al régimen democrático representativo.

En cambio, la democracia socialista o popular carece de referentes tras la caída de la Unión Soviética, en tanto que la República Popular China no ha pretendido exportar su régimen político. La democracia socialista es un régimen que depende de la existencia de un partido comunista poderoso y con militancia profesional, además del respaldo popular sostenido. Las mayores y más graves amenazas radican en la posibilidad de caer en el totalitarismo, tanto bajo la dictadura del partido como en el culto a la personalidad del líder, anulando los derechos de la persona en si misma.

Por su parte el corporativismo o democracia orgánica no cuenta con exponentes a lo menos desde 1977, con el inicio de la transición española. Su estructura compleja y la destrucción del entramado social tras la revolución industrial son importantes dificultades para superar a fin de siquiera implementar este sistema. Por otro lado, el acentuado militarismo, la burocratización política y el riesgo del totalitarismo son amenazas reales contra la persona y el Estado, tal y como lo demuestra el registro histórico.

Tras la coexistencia inicial, el modelo demoliberal ha logrado imponerse frente a los demás, sin perjuicio de que persistan casos ejemplos aislados de las democracias socialistas, los que son ampliamente consideradas como dictaduras por el resto de los países adscritos al régimen hegemónico. Sin perjuicio de esto, y como se señaló al inicio, se debe tener presente que no existe un régimen de gobierno válido para todo tiempo y lugar; cada grupo humano debe definir el sistema que mejor convenga a sus necesidades sociales y condiciones históricas.

7.- Bibliografía

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