Los mitos del octubre chileno. Una crítica desde la imparcialidad gnoseológica formal

1. Introducción

Que la narrativa histórica sea utilizada con fines de propaganda es una cosa tan antigua como la misma disciplina. No obstante, las técnicas de los falsarios de la historia siguen los mismos derroteros de sus homólogos antiguos, siempre dispuestos a proclamar el cumplimiento de sus profecías, aunque ello requiera la tergiversación y falsificación del pasado. Gustavo Bueno abordó genialmente este punto en Sobre la imparcialidad del historiador y otras cuestiones de teoría de la Historia (2005), a propósito de la gnoseología de la historia, destacando especialmente la imparcialidad gnoseológica formal como exigencia deontológica en la investigación histórica. En dicho artículo, que surge a partir de un comentario al libro Los mitos de la guerra civil, de Enrique Moradiellos, Bueno cuestiona el partidismo de los historiadores respecto de la Guerra Civil española, que han presentado el conflicto según lo que convenga a sus intereses políticos actuales.

Dicho análisis también resulta útil para la crítica histórica en general. En particular nos permite cuestionar las interpretaciones dominantes respecto de las manifestaciones del octubre chileno de 2019, también llamado “estallido social” o “la revuelta” por los octubristas, sus más fervorosos adherentes. Ahora bien, no es difícil comprender que exista un interés político en la narrativa del octubre chileno, más aún cuando la mayoría de los políticos del país tuvieron participación en dicho evento. El mismo presidente Gabriel Boric fue uno de los protagonistas de la resolución política de la crisis, así como de incidentes policiales durante las protestas.^{2}

En la abundantísima literatura del tema se postula que las movilizaciones de 2019 fueron un movimiento espontáneo, cuyo objetivo era el fin del modelo económico neoliberal y la creación de una nueva constitución. Para esta corriente las manifestaciones fueron la consecuencia del aumento de la pobreza y de la desigualdad en Chile, movilización que venían anunciando sus agoreros desde las primeras reformas económicas del régimen militar, en la década de 1980. Debido a ello esta movilización espontánea habría sido reprimida por el gobierno de Sebastián Piñera, al punto de producirse lo que ellos consideran como vulneraciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Este diagnóstico les permitió impulsar dos procesos constituyentes, cuyas propuestas fueron rechazadas por la gran mayoría de los ciudadanos, en los procesos electorales con la mayor participación de la historia de Chile (Farfán Saldaña, 2024).

Con la finalidad de realizar una crítica fundada, en este trabajo se realizará un análisis del relato hegemónico del estallido social, con el objetivo de determinar si esta narrativa adolece de parcialidad gnoseológica formal, o incluso si corresponde a alguna forma de mito. Para ello, se analizará en primer lugar la cuestión de la imparcialidad en la investigación histórica, siguiendo en esto el artículo Sobre la imparcialidad del historiador y otras cuestiones de teoría de la Historia (Bueno, 2005). Luego, se ofrecerá un relato somero sobre el estallido social chileno. Finalmente, en un tercer apartado se realizará el análisis propiamente del relato octubrista sobre el estallido social chileno, cuestionando sus eventuales intereses políticos, así como la contradicción del mismo con las fuentes y datos disponibles. Además, se revisarán brevemente las interpretaciones del estallido social realizadas por autores vinculados a la derecha chilena. 

 
2. La imparcialidad en la investigación histórica

A propósito de la investigación histórica, Gustavo Bueno distingue entre la imparcialidad gnoseológica formal, y la imparcialidad gnoseológica material. La primera es una condición necesaria, y consiste en no prejuzgar el dominio histórico que se analizará. Ella impone la obligación de considerar todos los antecedentes que tengan que ver con el tema estudiado, incluso aquellos contrarios a las concepciones del investigador: “la imparcialidad consiste aquí en no ocultar ningún documento, reliquia o relato, ni tampoco en añadir, tergiversar, interpolar o falsificar documentos” (Bueno, 2005). El filósofo español explica esto mediante una analogía con el trabajo del juez de los procesos inquisitivos, que debe recopilar los todos los antecedentes necesarios para emitir su juicio, tanto los que exculpan como los que condenan al individuo.^{3} De la misma forma, para la investigación histórica se deben recopilar todos los antecedentes relevantes, sin descartarlos a priori en función de la propia tesis.

La imparcialidad gnoseológica material por su parte es la pretensión de imparcialidad en el relato, análisis y conclusiones de la investigación, cuestión que Bueno consideraba como un absurdo. En efecto, la interpretación histórica surge directamente de la propia matriz ideológica y conceptual del investigador, cuestión que vincula su análisis con su propio tiempo (Bueno, 2005). Así, dicha interpretación es el resultado de un pasado heredado que se proyecta hacia el futuro, y nos permite comprender el presente, precisamente a través del relato que el investigador construye (Fernández Riquelme, 2009, p. 48-57).

Estas prevenciones de Gustavo Bueno acerca de la imparcialidad se manifiestan claramente en los tres elementos esenciales en la investigación e interpretación historiográfica: la heurística, la crítica de las fuentes y la hermenéutica. La primera, consiste en la recopilación de fuentes para una investigación, la que en general se encuentra motivada por intereses del presente, sean cuales sean. Allí, la imparcialidad gnoseológica formal es esencial, a fin de obtener todos los antecedentes necesarios para su investigación. A su vez, la crítica de las fuentes también requiere esa clase de imparcialidad, al menos para optar por preferir una fuente antes que otra; en este sentido la decisión debe realizarse en función del valor asignado a los antecedentes obtenidos, antes que una mera arbitrariedad, o por el sesgo de que dicho material no se ajuste a las preconcepciones del investigador (Fernández Riquelme, 2009). 

En cambio, la hermenéutica o interpretación es necesariamente parcial, en el sentido de la gnoseología material, por cuanto implica el análisis de los hechos históricos, así como sus causas y consecuencias (Fernández Riquelme, 2009). En ello radica también el valor que tiene un trabajo histórico “que pretenda alcanzar un nivel teórico superior al que pueda tener un mero centón de datos” (Bueno, 2005).

De esta manera, y siguiendo a Gustavo Bueno, para sostener una crítica fundamentada hacia la parcialidad de un determinado trabajo histórico deben existir vicios derivados de su parcialidad gnoseológica formal, o su pretensión de gozar de imparcialidad gnoseológica material. Además, y aunque toda investigación histórica surge de la parcialidad de su autor, ella no puede suponer su intervención en la heurística, y aún la crítica de las fuentes, ya que “justificaría, en aras de la victoria final (identificada con la verdad), la ocultación, distorsión o invención de documentos, de reliquias y de relatos” (Bueno, 2005).

Aquí Gustavo Bueno nos expone una crítica que podemos extrapolar a todas las “memorias históricas” impuestas, y que no son más que una memoria selectiva de interés partidista. La memoria es necesariamente episódica y singularmente humana; incluso los testigos de un mismo hecho lo pueden recordar de forma distinta, aunque hayan observado lo mismo. La historia, en cambio, no es un recuerdo del pasado, sino más bien el producto de recoger e interpretar en nuestro tiempo los antecedentes de que disponemos del pretérito. De esta forma “la Historia es obra del entendimiento, y no de la memoria” (Bueno, 2003a).

La pretensión de imponer una “memoria histórica”, colectiva, oficial y pétrea, no es sino la ambición de ciertos proyectos políticos, que utilizan la investigación como fundamento para justificar la conducta y/o el programa político del régimen de turno (Bueno, 2005). Esto no es un invento de nuestro tiempo; en general los regímenes de todo tipo han buscado adaptar la historia para sus intereses, cuestión convertida en una actividad profesional en la Unión Soviética, y genialmente satirizada por George Orwell en su 1984. Ahora bien, este tipo de trabajos no son entonces propiamente investigaciones históricas, sino que mera propaganda, destinada a propagar un mito, esto es “un relato representativo que no tiene evidencia inmediata, que supone una reelaboración de las evidencias inmediatas y que, por tanto, se distancia de ellas” (Bueno, 2003, p. 14).

En esto Gustavo Bueno distingue tres clases de mitos. En primer término, aquellos esclarecedores o luminosos, que buscan explicar una verdad más profunda o revelada, como será el caso del mito de la caverna de Platón). En segundo lugar, los mitos oscurantistas y confusionarios, “aquellos mitos que, en lugar de contribuir a una explicación científica o filosófica del campo, o a una forma de conducta práctica viable, distorsionan el campo y estorban esa explicación o la bloquean” (Bueno, 2003, p.14). Por último, Bueno menciona las mitos ambiguos o claroscuros, que admiten interpretaciones opuestas, y que por tanto están abiertos a la interpretación (Bueno, 2003). La desmitificación dependerá del tipo de mito frente al que nos encontremos; Bueno advertía que esto es infructuoso tratándose de un mito esclarecedor o luminoso, ya que “equivale a cegar Ia luz que se supone emana de él”. Sin embargo, la desmitificación de aquellos oscurantistas y confusionarios es una tarea necesaria, más aún cuando se presente imponerlos como una historia oficial o peor aún, como “memorias históricas” (Bueno, 2003, p. 15).

 
3. El estallido social de 2019

Entre septiembre y octubre de 2019 hubo diversas movilizaciones simultáneas en Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, las que en todos los casos generaron crisis institucionales de distinta gravedad. Con la sola excepción de Bolivia, donde Evo Morales fue derrocado tras acusaciones de fraude electoral, en todos los demás países los gobernantes retuvieron el poder, aunque fueron severamente debilitados frente a la oposición, que en las elecciones siguientes se hicieron con el control del gobierno correspondiente (Farfán Saldaña, 2024).^{4}

Las manifestaciones chilenas comenzaron en Santiago, el lunes 14 de octubre de 2019, a partir del reclamo de los estudiantes secundarios en contra del alza del pasaje del tren subterráneo (Farfán Saldaña, 2024).^{5} Aunque esto se había intentado reiteradamente en el pasado, las autoridades reaccionaron tarde frente a un movimiento que cada vez tenía mayor violencia. El punto cúlmine fue el 18 de octubre, cuando decenas de estaciones del metro fueron incendiadas simultáneamente, paralizando completamente el transporte en la ciudad. Esa misma noche el comercio de Santiago fue saqueado en forma generalizada, junto con ataques indiscriminados contra la infraestructura pública (Etchepare Jensen e Ibáñez Villavicencio, 2020).

Mientras estos hechos se desarrollaban, el presidente Sebastián Piñera estaba en un restaurante, celebrando el cumpleaños de uno de sus nietos. Tras conocerse la magnitud de la destrucción del Metro, volvió al Palacio de La Moneda,^{6} donde resolvió decretar el estado de emergencia, fijar un toque de queda, y desplegar las Fuerzas Armadas en Santiago, al tiempo que anunció que se suspendería el alza del transporte público. Sin embargo, el personal militar estaba completamente superado por las circunstancias, y al día siguiente los desmanes se extendieron a las principales ciudades del país (Farfán Saldaña, 2024).

Desde el mismo 19 de octubre el Partido Comunista exigió la renuncia del presidente y la convocatoria de nuevas elecciones.^{7} A partir del lunes 21 de octubre diversos dirigentes sociales, ligados al Frente Amplio y el Partido Comunista, exigieron que además de la renuncia de Piñera se convocase una asamblea constituyente, como única salida de la crisis institucional; poco después se formó una Mesa de Unidad Social, que agrupaba a las organizaciones de masas de los partidos antes señalados, la que reafirmó la necesidad de una nueva Constitución (Farfán Saldaña, 2024).

Frente a estos hechos, el gobierno de Piñera, la totalidad de la oposición, e incluso la Corte Suprema concordaron en que la solución de la crisis sería una nueva constitución, aunque los altos quórums de reforma exigían un acuerdo parlamentario amplio en ese sentido. Las negociaciones se dilataron, y parte de la oposición impulsó una asamblea constituyente convocada desde los municipios, mediante una consulta electoral no vinculante (Farfán Saldaña, 2024). Ante la amenaza de un desbordamiento institucional, el 15 de noviembre los partidos de gobierno y la mayoría de la oposición alcanzaron un acuerdo para establecer un proceso constituyente (Etchepare Jensen e Ibáñez Villavicencio, 2020).

Cabe señalar que tras el acuerdo parlamentario las manifestaciones continuaron, con menor convocatoria, pero mayor violencia. El centro de Santiago y el casco histórico^{8} de la ciudad de Valparaíso,^{9} concentraron los daños de las manifestaciones recalcitrantes, encabezadas por la llamada Primera Línea, grupo de choque que aseguraba ser la defensa para los manifestantes. Solo la aparición de la pandemia de COVID puso fin a las protestas, aunque ellas todavía persistieron en lugares aislados hasta el final del proceso constituyente de 2022 (Farfán Saldaña, 2024).^{10} La oposición acusó al Gobierno de realizar violaciones sistemáticas de los derechos humanos, por lo que dirigentes y parlamentarios realizaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional, con el respaldo del exjuez español Baltasar Garzón.^{11}

En octubre de 2020, casi un año después del estallido social, se realizó el plebiscito habilitante del proceso constituyente. En esa oportunidad el 78.28% de los ciudadanos respaldó elaborar una nueva constitución, mediante un órgano elegido al efecto; cabe señalar que la participación fue del 50,91%, semejante a la de las elecciones presidenciales. La Convención Constitucional elegida posteriormente estuvo dominada por los sectores más radicales de la izquierda (Etchepare Jensen e Ibáñez Villavicencio, 2020). Tras solicitar una prórroga para terminar sus funciones, en septiembre de 2022 se sometió a plebiscito el proyecto constitucional. La iniciativa fue rechazada por el 61,89% de los votantes, con una participación del 85,86% del padrón electoral, la más alta participación en casi 30 años. Tras conocerse los resultados, miles de personas concurrieron espontáneamente a las calles para celebrar portando banderas chilenas, sin que en el territorio nacional se registrasen incidentes remotamente comparables a los ocurridos en las manifestaciones del estallido social.^{12} En cambio, un grupo de adherentes del proyecto constitucional realizaron desmanes en Santiago^{13} (Farfán Saldaña, 2024).

Tras la derrota, el presidente Gabriel Boric impulsó su propio proceso constituyente. Este se concentró en un Consejo Constitucional, que fue dominado totalmente por los sectores más radicales de la derecha. El nuevo proyecto también fue sometido a plebiscito, en 2023, donde nuevamente fue rechazado por el 55,76% de los votantes, con una participación del 84,48% del padrón electoral. El presidente Boric se desistió de convocar un nuevo proceso constituyente durante el resto de su mandato (Farfán Saldaña, 2024).

 
4. Los mitos del octubre chileno

El relato histórico hegemónico acerca del estallido social plantea que este fenómeno fue una revuelta espontánea contra el modelo económico neoliberal y la Constitución de 1980. Así, para esta corriente la revuelta de octubre fue un momento de gran movilización social, aplastado por una oligarquía que defiende sus granjerías y privilegios a toda costa, sin importar que medios necesite para ello (Rodríguez y Duarte, 2023: Vélez, et. al, 2025). En este caso, frente a la espontánea y masiva movilización el Estado habría respondido de forma brutal, vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de los manifestantes, hechos que por su parte quedaron impunes producto de una conspiración derechista. En paralelo, se pudo impulsar un proceso constituyente con gran participación ciudadana, el que pese a ello fue objeto de bulos y críticas permanentes, lo que provocó su derrota en el plebiscito de 2022. Este es el núcleo esencial del octubrismo, la corriente política e historiográfica que reivindica para sí el estallido social, concebido como revuelta contra el neoliberalismo, y que logró dominar el primer proceso constituyente (2021-2022), consiguiendo además la elección de Gabriel Boric como como presidente de Chile (Farfán Saldaña, 2024).

Para analizar este relato contrastaremos los elementos de esta narrativa con los antecedentes y fuentes relativos al estallido social, especialmente aquellos que han sido constantemente ignorados por el octubrismo académico. Así, en los siguientes acápites revisaremos los principales elementos que constituyen el núcleo esencial del relato octubrista, a saber: 1) si el estallido fue una revuelta espontánea; 2) si dicha revuelta fue antineoliberal; 3) si además la revuelta fue una movilización constituyente; y 4) si el Estado incurrió en vulneraciones sistemáticas de los DD.HH. Como quinto elemento, abordaremos la invisibilización de la violencia y la criminalidad vinculada al estallido social, cuestión que ha sido ignorada por análisis previos en esta materia. En una última sección se revisan las interpretaciones realizadas por diversas corrientes de la derecha chilena.

 
4.1 La revuelta espontánea

Desde que se implementaron las primeras reformas económicas en la década de 1980 surgieron agoreros de que todo ello resultaría en una gran crisis social. Eugenio Tironi, uno de los principales ideólogos de la izquierda chilena, afirmó en 1988 que las medidas neoliberales y el crecimiento económico no igualitario generarían una revuelta popular contra el régimen, semejante a las revoluciones de Irán y Nicaragua (Tironi, p. 1988). Sin embargo, no hubo ningún levantamiento semejante al pronosticado por Tironi; de hecho, las reformas neoliberales fueron profundizadas por los gobiernos de la izquierdista Concertación (1990-2010), lo que no impidió que los agoreros continuasen anunciando el fracaso económico del neoliberalismo, al tiempo que profetizaban una revuelta popular inminente (Farfán Saldaña, 2024).

Cuando ocurrió el estallido social, el Frente Amplio y el Partido Comunista, así como la intelligentsia de sus cuadros, respaldaron la tesis de que las manifestaciones de octubre eran una revuelta popular espontánea en contra del sistema neoliberal, impuesto por la dictadura y consagrado en la Constitución de 1980. Por lo tanto, para dichos colectivos la solución de la crisis era desmantelar el sistema económico y jurídico heredado de la dictadura, tal y como ellos proponían desde antes de la revuelta (Farfán Saldaña, 2024: Vélez, et. al, 2025). Así, ellos se atribuyeron la representación de los manifestantes, que jamás tuvieron una dirección u organización, lo que supuso la apropiación simbólica de la protesta de octubre, al tiempo que justificaron sus propias demandas a partir del mismo estallido social (García de la Huerta, 2020, p. 115).

En realidad, la crisis era precisamente lo que el Frente Amplio y el Partido Comunista esperaban, y por tanto los encontró con un diagnóstico y soluciones listas para presentar al público, a diferencia de la derecha y la centroizquierda huérfanas de relato (Pérez y Rodríguez, 2022). Las manifestaciones en las calles fueron la prueba suficiente de que ellos tenían la razón, en contra de las estadísticas económicas carentes de humanidad. El diagnostico era simple pero contundente, “la ciudadanía se cansó de las injusticias sociales, la desigualdad económica y la unilateralidad de los acuerdos, decidió así salir a marchar generando un estallido social sin precedentes” (Lawrence, 2019, p. 91). En los días más crudos de las protestas Alberto Mayol proclamó la muerte del neoliberalismo, una muestra del sesgo de confirmación inherente al relato octubrista:

Hemos visto cómo se muere el neoliberalismo. No es poco poder ver su caída, no es poco verlo en Chile, territorio donde fue traído en probeta y donde conoció la vida. El modelo había ganado todas las batallas. Pero un día no pagaron, unos niños no pagaron, eso fue lo que pasó. Y un presidente declaró la guerra, porque no pagar es demasiado grave en el neoliberalismo. Y un militar dijo que no, que él era feliz. La historia es rara, ya lo sé, pero es que así parece ser que se muere el neoliberalismo. (Mayol, 2019, p. 195).

Este sesgo de confirmación aparece como una expresión típica del moralismo de la izquierda posmoderna, en la cual “las convicciones previas moldean y condicionan la percepción de la realidad” (Sáiz Calabria, 2011). Así, la idea del estallido como revuelta espontanea contra el neoliberalismo es en realidad un mito; es una unión de elementos sin necesaria relación de causalidad, vinculados para fundamentar el relato propio, en el contexto de la crisis política y social, con el objeto de servir al proyecto político ofrecido. Se trata pues de una expresión típicamente posmoderna y ahistórica, en que se construye un mito fundacional, que busca establecer las bases para el poder del colectivo:

“La eficacia del mito es así esencialmente hegemónica: consiste en constituir una nueva objetividad a través de la rearticulación de los elementos dislocados. Toda objetividad no es, por lo tanto, sino un mito cristalizado”. (Laclau, 1990/2000, p. 77).

Este es un clásico ejemplo del mecanismo utilizado por los populismos para la conquista del poder, independientemente de su identificación política, y que ha sido ampliamente utilizado contra la democracia liberal (Tejada, 2024). El argumento populista de la revuelta espontánea reúne múltiples agentes sociales, como expresión del pueblo, y los vincula con demandas especificas (anti neoliberalismo y cambio constitucional), todo ello con el objeto de construir un nuevo orden social que se identifique con la voluntad atribuida a ese pueblo movilizado, lo que casualmente coincide con las propuestas del Frente Amplio y el Partido Comunista. Así, la izquierda posmoderna logro arrogarse la representación de la voluntad del pueblo en oposición a la élite controladora del poder político, que se ha sostenido únicamente gracias a una institucional corrupta expresada en la Constitución de 1980 (Laclau, 2006: Laclau, 2004).

Con todo, somos de la opinión de que en el caso chileno este relato es además una creación de origen posmarxista, doctrina heterogénea que en sí mismo es ahistórica, y por lo tanto solo utiliza formas historiográficas, pero sin que su interés sea el estudio en sí de los hechos históricos. En esta materia los diversos movimientos políticos posmarxistas se caracterizan por sostener un activismo identitario y moralista, que reúne un cúmulo de minorías oprimidas en forma por un grupo indeterminado de privilegiados, y que carecen de un objetivo definido más allá de sus agendas particulares (Celia, 2018). Aunque sus defensores tratan de presentar este esquema como si fuera una réplica de la lucha de clases, propia del marxismo clásico, aquel tenía una pretensión universalista, entendiendo dicha lucha como motor de la historia. En cambio, el posmarxismo es particularista, al ser la unión minorías enfrentadas contra el que tenga algún poder sobre ellas, es decir los “privilegiados” (Celia, 2018). Así, para este sector el problema del neoliberalismo no es de orden económico y clasista, sino que político y moral, en tanto que la desigualdad genera grupos privilegiados con poder económico y político (Sáiz Calabria, 2011).

Sea que se trate de una tergiversación populista, posmarxista, o ambas, la función de esta interpretación no es la de explicar la realidad, sino que busca adaptarla al interés del programa actual de sus impulsores, que en ese momento era la obtención del poder, reemplazando el régimen económico e institucional vigente por otro en que ellos pudieran imponerse. Nada impide que en el futuro recurran nuevamente a ese mito si las condiciones políticas se lo permiten, como lo demuestra el ejemplo español de las pretendidas memorias históricas colectivas (Bueno, 2005). En este caso la narrativa de la revuelta espontánea constituye un mito oscurantista y confusionario, al distorsionar la narrativa histórica para legitimar el proyecto político, por lo que su desmitificación es una tarea necesaria (Bueno, 2003).

Con todo, debemos prevenir que esta deficiencia gnoseológica no significa rechazar a priori que el modelo neoliberal fuese una de las causas del estallido de octubre, o inclusive la causa principal; sin embargo, para afirmar esto es necesario que dicho argumento se sustente en antecedentes reales, y no meramente en las concepciones previas de cada autor, ni mucho menos como expresión de una verdad revelada, como se ha pretendido (Mayol, 2019).

 
4.2 El sentimiento antineoliberal

Los defensores del octubrismo argumentan que una de las demandas esenciales de las manifestaciones era la supresión del modelo económico neoliberal. En general, un argumento común a las narrativas del estallido como revuelta fue que el modelo económico generó pobreza y desigualdad en forma extrema, siendo esta la causa basal de la crisis (Fonseca Mairena, 2020: Cubillos y Núñez, 2020: Lawrence, 2019: Vélez, et. al, 2025). Esto en realidad es una idea vieja entre la narrativa de la izquierda chilena (Tironi, 1987: Pérez y Rodríguez, 2022). El mismo sociólogo Alberto Mayol, que en 2017 fue precandidato presidencial del Frente Amplio, llegó a afirmar que Chile era “una máquina de producir desigualdad” (Mayol, 2012, p. 30).

Evidentemente que es engañoso el argumento de que el modelo económico chileno haya generado pobreza y desigualdad en el país. Entre 1990 y 2019 los indicadores macroeconómicos fueron absolutamente positivos. La pobreza disminuyó en forma sostenida, desde el 45,1% en 1987 hasta el 8,6% en 2017 (Olavarría, 2023). A su vez la desigualdad también disminuyó; si en 1990 el coeficiente Gini era de 0,57, para 2017 llegó a su mínimo histórico con un 0,47 (Le Fort, 2017). Todo esto nos obliga a desechar la afirmación de Mayol sobre Chile como una “máquina de producir desigualdad”, cuestión que parece más una licencia literaria que un argumento real (Farfán Saldaña, 2024).

Con todo, debemos señalar que, aunque era un hecho notorio que las estadísticas demostraban lo contrario, para los octubristas estas eran irrelevantes, ya que las sensaciones eran la genuina expresión popular; “los chilenos sienten que la injusticia del país es aún mayor que la señalada por los números económicos” (Mayol, 2012, p. 49). Al igual que en el punto anterior, aquí la narrativa antineoliberal es un mito oscurantista, que desprecia los datos estadísticos que contradicen su tesis, apelando a una cierta emocionalidad implícita que respaldaría una narrativa carente de sustento empírico (Bueno, 2003), a fin de presentar al modelo económico como la causa de todos los males, en función relato político preestablecido (Bueno, 2003).

En cambio, otros problemas relativos a la concentración económica y política no fueron considerados por los partidos de izquierda que dominaron el proceso constituyente. La crítica de la desigualdad posmoderna no considera el problema de los oligopolios, ni otras fallas de mercado, expresión de un capitalismo de compinches o clientelista, antes que como una consecuencia del neoliberalismo (Palmer, 2013). El problema de la vivienda fue interpretando como una mera cuestión de derechos sociales, ignorando que este problema afecta al capitalismo global, sin distinguir entre el neoliberalismo hispanoamericano o los estados de bienestar de las socialdemocracias europeas, así como en otras variantes del sistema (Daher, 2013). Tampoco se cuestionó la corrupción institucional, que fue precisamente una de las principales demandas ciudadanas de las protestas de octubre (Moya y Paillama, 2022), en parte como característica inherente a los regímenes partitocráticos, como es el caso chileno (Fernández de la Mora, 1976). 

Por otro lado, buena parte de la implementación y profundización del modelo neoliberal se debe a la acción de los gobiernos de la Concertación, coalición de democratacristianos, socialdemócratas y socialistas que dominó la política chilena entre 1990 y 2010. Ellos fueron quienes expandieron el modelo económico más allá de lo establecido por el régimen militar, privatizando la mayoría de las empresas estatales, incluidos los servicios básicos y los caminos, incluso urbanos. Además, se implementó un modelo de financiamiento universitario basado en créditos de la banca privada con respaldo estatal, siendo este último punto el más resistido por las federaciones estudiantiles, lo que permitió que fueran los principales impulsores de manifestaciones durante todo el periodo previo al estallido^{14} (Guerrero, 2011). 

Cabe señalar que la situación económica empeoró tras las protestas de octubre, crisis que se acentuó con la pandemia. Actualmente la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la inflación son mucho peores que en 2019; la deuda externa se ha duplicado, al igual que la tasa de interés, dificultando el acceso a créditos para vivienda. La delincuencia aumentó de forma sostenida tras las manifestaciones, al punto que el comercio debe cerrar tempranamente en ciudades turísticas como Valparaíso, debido a la crisis de seguridad (Farfán Saldaña, 2024).^{15} Pese a esa deficitaria situación, las organizaciones estudiantiles y sindicales no han convocado movilizaciones contra el Gobierno de Gabriel Boric. Sería interesante analizar si en ello influye el hecho de que los los dirigentes de estas organizaciones sean militantes o adherentes de los partidos de la coalición gobernante.^{16}

 
4.3 La demanda constituyente

El cambio constitucional fue la segunda demanda esencial de las manifestaciones, en el relato octubrista del estallido social. Si el neoliberalismo era considerado como inherente al sistema, la Constitución era el instrumento jurídico que permitía la conservación del régimen económico de la dictadura; por tanto, al caer la segunda se podría desmantelar el primero, lo que, en este silogismo, traería la solución para las demandas sociales indeterminadas (Farfán Saldaña, 2024: Vélez, et al, 2025).

La Constitución de 1980 fue efectivamente redactada durante el régimen militar, y fue aprobada mediante un plebiscito que ha sido cuestionado debido a la ausencia de garantías electorales, aunque terminó siendo aceptada como una realidad jurídica plenamente válida (Etchepare Jensen e Ibáñez Villavicencio, 2020). En 1989 se hizo una primera reforma, consensuada entre el Gobierno y la Concertación, la que fue aprobada en plebiscito por el 91.25% de los votos, con una participación del 93% de los electores. En 2005 se hizo una nueva gran reforma, en el Congreso Nacional, la que fue celebrada con entusiasmo por el entonces presidente Ricardo Lagos, al afirmar que “Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile” (Farfán Saldaña, p. 159, 2024). Dicho texto ha sido objeto de constantes modificaciones; tan solo entre 2005 y 2023 se han realizado 52 reformas constitucionales (Farfán Saldaña, 2024).

Durante las manifestaciones estudiantiles de 2011 Gabriel Salazar, defendió la necesidad de redactar una nueva Constitución, a partir de una asamblea constituyente. Para Salazar, el movimiento estudiantil debía asumir la responsabilidad histórica de retomar la revolución inconclusa iniciada por Salvador Allende y la Unidad Popular, que fue detenida por el golpe militar de 1973, como expresión de una memoria constituyente^{17} (Salazar, 2011). Por su parte, Fernando Atria argumentó que la Constitución de 1980 era una constitución tramposa y aparente, ya que en realidad era un instrumento de control político, disfrazado de norma fundamental. En ello radicaba la crisis de legitimidad de la política chilena, así como las manifestaciones estudiantiles de 2011 (Atria, 2013). Sin embargo, entre 2005 y 2019 la demanda constituyente se limitó a los sectores de la izquierda extraparlamentaria, que rechazaron cualquier texto vinculado a la dictadura, pero que no lograron concitar el respaldo popular para iniciar un proceso constituyente en regla (Farfán Saldaña, 2024).

Al comenzar las manifestaciones de 2019 los movimientos sociales y gremiales dominados por el Frente Amplio y el Partido Comunista responsabilizaron al modelo económico neoliberal y a la Constitución de 1980 de la crisis, afirmando que la única forma de resolver todos los problemas sociales, económicos y morales del país consistía en reemplazar la Constitución de 1980. Así, al caer esta se podría desmantelar el sistema económico, lo que, en este silogismo, traería la solución para las demandas indeterminadas de la revuelta (Farfán Saldaña, 2024). Este argumento fue la base para que los partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista se atribuyesen la cualidad de ser los únicos representantes del pueblo, enfrentados a élite controladora del poder político, sostenida únicamente gracias a la Constitución de 1980 (Laclau, 2006), la que, como señaló Atria, no sería materialmente una Constitución, sino que un mero programa político de la derecha económica (Atria, 2013).

Este es un claro ejemplo del populismo laclauciano, en el cual múltiples demandas inconexas, entendidas como la voluntad del “pueblo”, son vinculadas con una demanda completamente específica, pero de contenido ambiguo (Laclau, 2004). En general para los octubristas la necesidad de una nueva constitución era algo evidente, que cualquiera podría entender, sin que fuera siquiera necesaria una explicación, como señala Mayol:

Es curioso: el 19 de octubre, cuando las veinticuatro horas de quemas y saqueos daban ya la sensación de un hecho definitivo, todos entendimos que advendría un nuevo orden. Se comenzó a hablar de “nuevo pacto”, tanto así que la derecha política se abrió a una nueva constitución en pocos días. El nuevo texto debía ser capaz de configurar el nuevo contrato social en Chile. ¿Por qué los hechos fueron interpretados así? ¿Qué tenían que ver las quemas, la destrucción y el saqueo con el fin del orden existente? Nadie necesitó que se explicara; todos lo entendieron. (Mayol, 2019, p. 105).

Se debe tener presente que estudios realizados durante noviembre de 2019 mostraron que la mayoría de los participantes de las asambleas derivadas del octubre chileno eran precisamente militantes de izquierda, opuestos al neoliberalismo y la Constitución de 1980 (Ureta, 2019). Quizás por eso dichas asambleas fueron utilizadas como evidencia del respaldo ciudadano al cambio constitucional, pese a que claramente no eran una muestra representativa de la realidad nacional (Farfán Saldaña, 2024).

Ahora bien, y dado que el neoliberalismo, en tanto suma de todos los males, estaba consagrado por la Constitución de 1980, la única solución a la crisis era la convocatoria de una asamblea constituyente plenipotenciaria, que dotase al país de instituciones verdaderamente representativas, que fue lo que efectivamente solicitaron los representantes de diversos movimientos sociales, dirigidos principalmente por cuadros afines al Frente Amplio y el Partido Comunista (Farfán Saldaña, 2024). La debilidad de esta conceptualización impuso que la campaña a favor del proceso constituyente fuese deliberadamente ambigua, sin explicitar el contenido que se deseaba incluir en el futuro texto constitucional (Etchepare Jensen e Ibáñez Villavicencio, 2020). 

Aún así, desde la narrativa octubrista se podría contraargumentar que esto tampoco era necesario, ya que todos habían entendido que era necesario el cambio, y por tanto no se necesitaba explicitar nada (Mayol, 2019). Vagamente se mencionó que ella traería un aumento del catálogo de los derechos sociales, especialmente en función de las diversas minorías que respaldaron la revuelta de octubre, lo que probablemente contribuyó al respaldo entre los que participaron del primer plebiscito (Pérez-Crespo, 2021).

Los defensores del cambio constitucional han alegado que la prueba del respaldo ciudadano a la demanda constituyente se encuentra en el resultado del plebiscito de octubre de 2020, donde el 78.28% de los ciudadanos votó a favor de elaborar una nueva constitución. Pese al resultado aprobatorio, se debe tener presente que esas votaciones se realizaron en el contexto de la pandemia, lo evidentemente afectó la concurrencia de los electores (Etchepare Jensen e Ibáñez Villavicencio, 2020). En dicho plebiscito la participación fue apenas del 50,91% del padrón, mientras que, en el plebiscito de 2022, en que se rechazó la propuesta constitucional, participó el 85.86% del electorado. De hecho, los votantes que rechazaron el proyecto de 2022 eran más que el total de participantes en el plebiscito de 2020. Pese a ello, el presidente Boric justificó el segundo proceso constituyente basado en el resultado del plebiscito de 2020, ignorando la derrota de su proyecto institucional en el segundo plebiscito (Farfán Saldaña, 2024).

El arrollador rechazo del primer proceso constituyente, dominado exclusivamente por los sectores radicalizados de la izquierda, no fue objeto de autocrítica, punto que pareciera haber sido deliberadamente ignorado por los trabajos que abordan esta materia (Vélez, et. al, 2025). Los autores, en general, han explicado la derrota acusando una conspiración derechista, que promovió la tergiversación del contenido de un texto que era la solución de los males del país: “las tergiversaciones del rechazo encontraron un lugar en el corazón de los chilenos y calaron hondo entre quienes buscaban razones para oponerse” (Baradit, p. 141). Inclusive se ha cuestionado la obligatoriedad de la participación en el plebiscito ratificatorio de la propuesta constitucional, acusándose como una de las causas de la derrota del proyecto, ya que bajo un sistema de voto voluntario la izquierda lograba mejores resultados; los jóvenes de mayores ingresos eran el principal respaldo político de la izquierda posmoderna (Zepeda, 2023).

Un punto relevante a considerar es que, mientras se desarrolló el proceso constituyente, quedaron suspendidas las reformas de otros problemas sociales relevantes; pensiones, endeudamiento, precariedad laboral, corrupción institucional y concentración oligopólica no fueron consideradas sino como elementos marginales frente al reemplazo de la Constitución de 1980 (Farfán Saldaña, 2024). En este fetichismo constitucional hay un grave error político; cuando se realizó el plebiscito constitucional ya habían pasado casi tres años desde el estallido, con lo que muchos de los adherentes iniciales del movimiento tuvieron el tiempo suficiente para superar la inspiración revolucionaria de octubre (Olavarría, 2023).

Otro ejemplo de esta desconexión entre las demandas del octubrismo y la misma ciudadanía se encuentra a propósito de la situación de los pueblos indígenas. En principio la inclusión de los pueblos originarios mediante escaños reservados en el órgano constituyente fue ampliamente celebrada por la izquierda, como expresión de la pretendida participación masiva de la ciudadanía en el proceso constituyente (Pérez Crespo, 2021). No obstante, la votación de este grupo fue minúscula en relación al total del electorado, y los potenciales electores indígenas prefirieron sufragar en el padrón común con el resto de sus compatriotas, o directamente se abstuvieron de participar, lo que causó distorsiones extremas de representación entre los mismos pueblos.^{18} A su vez, las consultas indígenas tuvieron escasa participación, incluso para los bajos estándares que fijó el órgano constituyente (Farfán Saldaña, 2024).

Durante el estallido social la exigencia de un Estado plurinacional era una cuestión absolutamente marginal; sin embargo, para los constituyentes del primer proceso (2021-2022) la imposición de este régimen era fundamental, como expresión de “un acto de justicia histórica, al establecer derechos específicos para los pueblos originarios y su tan demorada justicia territorial”. Era una verdad evidente por sí misma, que el resto del país solo debía comprender y aceptar (Baradit, p. 139). En cambio, la realidad demostró que la plurinacionalidad fue objeto de rechazo transversal, incluso por los aquellos grupos indígenas que se esperaba respaldarían la iniciativa. En el plebiscito de 2022, el rechazo del proyecto en las comunas con mayoría de población indígena superó la media nacional, llegando inclusive al 83% de oposición a la iniciativa (Dammert y Figueroa, 2023).

La izquierda posmoderna mantuvo su estrategia de sumar minorías para lograr una mayoría, cuestión que podría ofrecernos una explicación al resultado. Tras su victoria en el plebiscito constitucional de 2020 ninguno de sus dirigentes consideró que las minorías, y aun la suma de estas, no deja de ser la representación de grupos aislados, movidos por sus propios intereses. La política basada en demandas identitarias necesariamente entra en conflictos internos producto de los intereses contradictorios, los que le impiden transformarse en una mayoría sostenida, cuestión ampliamente abordada por la doctrina (Hobsbawm, 2000).

De esta manera el resultado del primer plebiscito, más que como un respaldo a la nueva Constitución, podría ser entendido como un apoyo a las promesas de cambios que contendría esa nueva institucionalidad en relación con esos grupos identitarios. En cambio, una vez que se definió un programa los diversos colectivos abandonaron su respaldo inicial, e inclusive se posicionaron en contra del proceso mismo (Farfán Saldaña, 2024). Además, los nuevos electores que participaron en el plebiscito de 2022 se inclinaron masivamente en contra del proyecto constitucional (Olavarría, 2023).

Con esto, queda claro que la idea de una revuelta constituyente es una mera construcción política, y no un reflejo de la voluntad popular. Las manifestaciones iniciales de octubre, debidas a un reclamo sectorial por el alza del transporte, derivaron en reclamo constituyente únicamente cuando los partidos y sus organizaciones de masas impusieron dicha narrativa, conforme a su propio proyecto político. En cambio el amplio rechazo de ambos proyectos constitucionales parece demostrar dicho levantamiento no tenía por objeto la modificación del régimen institucional vigente (Bueno, 2003).

 
4.4 La supuesta represión sistemática del Estado

Las narrativas octubristas aceptan sin dudas (pero sin evidencias) el relato de que el Estado de Chile vulneró sistemáticamente los derechos humanos de los manifestantes. La acción represiva del Estado es abordada extensamente, y suele ser comparada con lo ocurrido durante la dictadura de Augusto Pinochet (Rodríguez y Duarte, 2023: Soto Labbé, 2022: De Guio y Peregalli, 2020:Vanhulst, 2020: Vélez, et. al, 2025). Para ellos el carácter sistemático estaría sobradamente acreditado por las “decenas de muertos y miles de heridos y presos en las manifestaciones”, así como por los múltiples casos de “violencia sexual dentro de los cuarteles y la persecución contra el pueblo mapuche”, cuya responsabilidad debería ser perseguida contra el presidente Piñera, tanto en tribunales nacionales e internacionales (De Guio y Peregalli, p. 162).

En muchos casos esta denuncia de los octubristas es también el reflejo de su visión personal, pues muchos de los autores del periodo afirman ser testigos de estos hechos: “Vimos con espanto cómo los agentes del Estado reprimían a los manifestantes con bombas lacrimógenas, perdigones, provocando mutilaciones oculares, asesinatos y detenciones arbitrarias” (Barraza, 2022, p. 70). Incluso la mismísima Convención Constitucional exigió en su primera sesión la liberación “de los presos de la revuelta”, exigiendo además la tramitación rápida de un indulto general para los condenados en el contexto del octubre chileno (Farfán Saldaña, 2025, p. 173).^{19}

Frente a la verdad revelada y espontánea predicada por el octubrismo, los manifestantes tenían un rol central en la rebelión popular, pues precisamente ellos comprendieron todo, y por tanto gracias su actuar se había logrado la ansiada y profetizada derrota del neoliberalismo (Vélez, et. al, 2025: Lawrence, 2020). Los caídos fueron considerados mártires de la revolución, como expresión de una cierta religiosidad militante, que solo acentuó el fanatismo del movimiento (Oro Tapia, 2020). En este sentido:

Quien cuestiona sus motivaciones o sus actos deviene en sacrílego, en inhumano o, por lo menos, en blasfemo. El iracundo manifestante revestido de sacralidad es una esquirla, un trozo del demos, que hiere al demos, paradojalmente, en nombre de este último (Oro Tapia, 2020, p. 164).

El epítome de esta religiosidad revolucionaria fue la Lista del Pueblo, grupo político de extrema izquierda que fue parte de la Convención Constitucional de 2021-22, cuyos liderazgos destacaban por haber surgido de entre los mismos manifestantes. Para este grupo la persistencia de la lucha en las calles era un deber, incluso iniciado el proceso constituyente. Para argumentar esto, nuevamente se afirmaba la existencia de una: “conciencia transversal entre los distintos componentes del movimiento chileno de que un verdadero proceso de cambio, a través de una nueva carta constitucional, sólo es posible si no se abandona la calle y la movilización” (De Guio y Peregalli, p. 162). Su líder era Rodrigo Rojas Vade, el pelao Vade, figura mesiánica y verdadero mártir octubrista, que pese a su cáncer terminal se enfrentó a la policía antidisturbios desde el inicio de las manifestaciones (Baradit, p. 30). No obstante rápidamente se descubrió que el pretendido luchador social había fingido su enfermedad, gracias a lo cual logró conseguir un significativo monto en donaciones, además de su escaño en la constituyente. Tras esto el sujeto en cuestión cayó en desgracia, renunció a su escaño, y su movimiento se disolvió, aunque respaldó la acción del Frente Amplio y el Partido Comunista en la constituyente (Farfán Saldaña, 2024).

Sin perjuicio de la valoración que se haga de los manifestantes, nos parece que la acusación de vulneraciones graves, generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado requiere de una verdadera fundamentación; no basta con alegar su ocurrencia, sino que se deben aportar antecedentes que acrediten los supuestos para ello. En general la doctrina entiende que hay vulneraciones de este tipo cuando ocurren violaciones de los derechos humanos que afectan a un grupo extenso o a la totalidad de la población, las que además deben ser especialmente serias y sistemáticas, es decir, que sigan o se ajusten a un patrón estructural, o si se trata de casos individuales, que estos queden impunes en la práctica, lo que favorece su práctica reiterada (Berganza, et. al. 2020). 

Con ocasión del estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) le ha atribuido a la acción de agentes del Estado el fallecimiento de siete personas (de 33 muertes durante las manifestaciones, atribuibles a otras causas), y 3.640 lesionados, de las cuales 227 el INDH acusa que corresponden a lesiones oculares (6,2% del total). De las 3.233 querellas interpuestas, solamente en 42 casos hubo sentencias condenatorias contra agentes del Estado,^{20} lo que da un resultado de 1,29% de condena, en relación al total de denuncias totales.^{21}

El bajo porcentaje de sancionados ha sido cuestionado por el Gobierno de Gabriel Boric, el que ha atacado directamente al poder judicial, llegando a afirmar uno de sus ministros que “la verdad procesal no es necesariamente la verdad material. Hay muchos casos en los que sabemos que ocurrieron delitos, en los que no necesariamente se llegó a término en un juicio”.^{22} En el ámbito académico, se ha planteado directamente que esta falta de condenas supone una impunidad de facto, lo que unido a la cantidad de casos permite configurar un escenario de vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos producto del estallido de octubre de 2019 (Guala, 2020)

Ahora bien, la acusación de impunidad no tiene presente que, debido a las elevadas penas solicitadas por Fiscalía, las causas por delitos imputados a civiles, policías y militares generalmente deben pasar por un juicio oral, con un estándar probatorio alto, lo que explica la baja tasa de condena. De hecho, este era uno de los puntos más relevantes de la reforma procesal penal impulsada por los gobiernos de la Concertación, que buscó suprimir el antiguo sistema inquisitivo,^{23} cuyo objetivo principal era la determinación de una verdad material. En cambio, el sistema actual es de tipo garantista, asegurando derechos esenciales e ineludibles en un procedimiento penal moderno, lo que deriva en menores sanciones (Cociña, 2011).

De esta manera el enfoque del debido proceso está en la protección de las garantías del acusado, como límite al ius puniendi estatal. Esto supone un desafío general para el sistema judicial, a fin de conciliarel respecto de los derechos y dignidad de los acusados con la búsqueda de la verdad (Cociña, 2011), especialmente cuando se alega que se trata de causas de lesa humanidad, sin olvidar la relevancia de la reconciliación y la paz social, como fin general del proceso judicial, y que ha sido la clave del éxito de estos procesos en las experiencias comparadas (Jiménez, 2024). Obviamente que esto además se debe conciliar con la acción efectiva y material de los tribunales de justicia, a fin de evitar que ello derive en la impunidad de los agentes del Estado, especialmente si ello es producto de resquicios legales (Farfán Saldaña, 2025). 

Esta baja tasa de condenas no es responsabilidad exclusiva del sistema procesal penal. En varios casos las denuncias y querellas realizadas durante el estallido demostraron ser falsas. Se han reportado múltiples casos de querellas por hechos falsos, lo que ha obligado al INDH a desistirse de tales acciones, debiendo en cambio perseguir la responsabilidad de los calumniadores.^{24} Una de las más graves, por su difusión, fue la realizada por la excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez,^{25} que al inicio de las protestas denunció la existencia de un centro de torturas en la estación de Metro Baquedano, lo que fue respaldado por la bancada parlamentaria socialista, y motivó una denuncia por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos.^{26} La significación de los hechos denunciados hizo que dos jueces concurriesen al lugar, donde constataron que no existía ningún antecedente para sostener acusaciones de ese tipo.^{27} Pese a las evidencia destacadas figuras políticas persistieron en el bulo, que pese a ser completamente falso, tuvo como consecuencia directa el cierre parcial de la estación hasta 2024.^{28}

Ahora bien, incluso sin necesidad de intervención judicial tanto el expresidente Sebastián Piñera como el presidente Gabriel Boric concedieron pensiones de gracia a 418 víctimas del estallido social,^{29} acreditadas por el INDH en forma administrativa. Sin embargo, la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el otorgamiento de dichas pensiones, detectando casos en que los antecedentes se basaban en documentación falsa, por lo que 28 de ellas fueron dejadas sin efecto en el último año, lo que ha generado cuestionamientos a la metodología utilizada por Instituto Nacional de Derechos Humanos.^{30} Otros 58 casos se encuentran en cuestionamiento debido a que los beneficiarios poseen antecedentes penales, incluyendo causas vinculadas a las propias manifestaciones de octubre.^{31}

En total, el Estado ha desembolsado $5.434.446.015 millones de pesos (5,7 millones de dólares en 2025) por concepto de las pensiones para las víctimas del estallido social, incluidas aquellas en cuestionamiento y las revocadas. En todo caso, este beneficio presidencial excluyó a las víctimas que no participaron activamente como manifestantes de la revuelta, como es el caso de los miles de comerciantes cuyos negocios fueron saqueados,^{32} cuestión vinculada a la invisibilización de la violencia durante el estallido, y que abordamos en el acápite siguiente.

A partir de todo lo señalado previamente, debemos matizar las alegaciones de vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos durante el estallido social, atendido que no existen fundamentos fácticos y jurídicos para sostener que estos hechos hayan afectado arbitrariamente a un grupo extenso o a la totalidad de la población, ni que hayan sido sistemáticas, puesto que aun en los casos individuales no se evidencia una planificación estatal. Por cierto, también debe tenerse presente que tanto la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional en la Haya^{33} como el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile^{34} descartaron iniciar cualquier acción por presuntos delitos de lesa humanidad durante el periodo. A su vez la baja tasa de condenas parece ser una característica general del proceso penal chileno, cuestión que nos parece especialmente grave en esta materia, ya que el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar integral todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos atribuibles a los agentes estatales, tal y como hemos señalado en trabajos previos (Farfán Saldaña, 2025).

 
4.5 La invisibilización de la violencia

La gran mayoría de los trabajos sobre el octubre chileno han ignorado completamente los crímenes, delitos, y en general los actos violentos imputables a la acción de los manifestantes (Vélez, et. al, 2025). En los pocos casos en que se aborda la criminalidad durante el estallido, suele ser excusada alegando la existencia de una teoría conspirativa, bastante extendida entre los octubristas, que señala que los saqueos fueron montajes orquestados por las policías y los militares, con acuerdo del Gobierno, para desacreditar las manifestaciones sociales (Barraza Díaz, 2022). En algunos casos se ha pretendido que ciertos actos de vandalismo eran legítimos por su contenido político, como fue el caso de la destrucción de iglesias católicas (Maillet, 2025). Los pocos que reconocen la criminalidad inherente al estallido, alegan que en realidad ella corresponde a una expresión cultural del neoliberalismo. Para Alberto Mayol el acto de saquear era una expresión política conservadora, un síntoma de la penetración neoliberal en la sociedad chilena (Mayol, 2019).

En la realidad las cifras demuestran que en su conjunto el estallido social fue un movimiento extremadamente violento, con un gran número de víctimas fallecidas y lesionadas, así como cuantiosos daños a la infraestructura y propiedades en general. Sin perjuicio de las víctimas civiles señaladas en el punto precedente, 4.817 miembros del cuerpo de Carabineros^{35} sufrieron heridas, en su gran mayoría leves o menos graves (4.517). Entre los casos de mayor relevancia se cuentan 30 víctimas de lesiones oculares, atribuidas a manifestantes (0,6% del total) y 129 con lesiones por impactos de bala (2,67% del total). El alto número de policías lesionados se debe probablemente a que muchos de ellos se mantuvieron en funciones durante toda la vigencia del estallido, sin posibilidad de vacaciones. Cabe señalar que en general los funcionarios destinados al control de manifestaciones poseían equipo de seguridad completo, incluidos elementos de protección ocular y personal, lo que explica la menor gravedad de sus lesiones.^{36}

Además, debido a las manifestaciones se produjeron daños por 260 millones de dólares en la red de transporte de Santiago, más de 1.500 saqueos, muchas veces reiterados en los mismos establecimientos, y 14.000 pequeñas empresas se vieron severamente afectadas. Al 2021 la perdida estimada era de tres mil millones de dólares del PIB,^{37} efectos que se acentuaron producto de la crisis de la pandemia del coronavirus.

Producto de estos hechos constitutivos de diversos crímenes y delitos se detuvieron 29.660 personas (entre octubre de 2019 y marzo de 2020). De ellos, 15.203 fueron detenidos por desórdenes públicos, y el resto por una variedad de figuras, incluidas saqueos (1.329) y ataques contra carabineros (2.051), entre otros delitos comunes, en tanto que 5.046 detenidos eran menores de 14 años, por lo que fueron directamente liberados. Del total, solamente 5.084 personas fueron sometidas a investigación penal, ya que generalmente el resto de los casos tenían involucradas penas de baja cuantía, las que suelen quedar impunes en el actual proceso penal chileno; este fue el caso de la amplia mayoría de detenidos por desórdenes públicos. Para 2021 se había condenado a 725 personas, pero de ellas solo 77 fueron condenadas a penas de cárcel, de las cuales 51 cumplieron sus condenas, 13 fueron indultados por el presidente Boric (16% del total de condenados a prisión), y 13 siguen encarcelados al 2024.^{38}

Esto significa que alrededor del 2,4% de los detenidos del estallido tuvieron algún tipo de sanción penal, y aproximadamente el 0,25% recibieron una condena privativa de libertad. En general, la mayoría de los detenidos corresponde al delito de desórdenes públicos, que es la figura que se suele utilizar para sancionar las manifestaciones no autorizadas (Farfán Saldaña, 2024a). En 2018, antes del estallido, hubo 4.249 detenidos; en 2019 esta cifra aumentó a 17.207, a lo que se suman 8.032 en 2020. Para 2021, en la crisis del COVID, la cifra descendió a 2.196.^{39}

Es claro que la reacción policial del Estado de Chile frente a los actos de violencia y pillaje no puede ser concebida como un acto político, en la medida que fue una respuesta legítima frente a diversos hechos delictuales, en defensa de los derechos fundamentales de la generalidad de la población.^{40} Pretender lo contrario implicaría que esos crímenes fueron de hecho una forma válida de protesta social, como efectivamente ha planteado alguna narrativa octubrista, la que ha defendido irrestrictamente las acciones de la llamada Primera Línea, y su brazo político, la Lista del Pueblo (Villegas y Palma, 2021: Olmos 2022). Esto se debe entender en el contexto de una corriente posmarxista que argumenta que muchos ejemplos de mera criminalidad son en realidad una forma de enfrentarse al capitalismo, e inclusive un medio legítimo de financiar movimientos revolucionarios (Bravo Peña, 2007). Esto explicaría también el lema de la manifestación estudiantil que inició el movimiento: “Evadir, no pagar, otra forma de luchar” (Sánchez González, p. 50, 2022).

Otro error es la valoración política del saqueo y el pillaje generalizado, con ocasión de las manifestaciones de octubre. El argumento de Mayol, respecto a que estos hechos de vandalismo son una expresión cultural neoliberal (Mayol, 2012), son completamente absurdos, tanto como las alegaciones de Tironi de que el neoliberalismo era el causante de la drogadicción y delincuencia en el país (Tironi, 1988). ¿Acaso no había delincuencia en la Unión Soviética? ¿Las drogas no son anteriores siquiera al capitalismo mercantilista del siglo XVI? La ingenuidad de esta posición es manifiesta frente al mínimo registro histórico.

Al respecto creemos que aspectos como la violencia asociada a las manifestaciones, y especialmente el saqueo generalizado, pueden ser analizado en forma interdisciplinaria, considerando los elementos criminológicos, sociales y psicológicos asociados a eventos similares de caos social e institucional. Estudios comparados señalan que los saqueos vinculados a manifestaciones no tienen una única motivación, y la interpretación de su sentido se debe realizar en función de los bienes saqueados (Mac Ginty, 2004). En este caso, en su mayoría, fueron bienes de consumo y de lujo, por lo que se puede calificar de mera delincuencia, y no como una expresión de protesta política (Farfán Saldaña, 2024). El vacío de poder generado por el conflicto social, junto con el repudio político al actuar policial, sirvieron de paraguas para el actuar de la criminalidad oportunista, potenciándola y protegiéndola, al pretender que era parte del proceso revolucionario (Mac Ginty, 2004).

Con todo, se deben excluir los ataques contra objetivos políticamente relevantes, como la quema de instituciones públicas y los ataques a monumentos, como el caso del vandalizado monumento al general Baquedano en la Plaza Italia (renombrada Plaza Dignidad por los manifestantes octubristas), casos en que los participantes ejecutaron su acción con una finalidad directamente política, sin perjuicio del pillaje derivado de sus intervenciones (Mac Ginty, p. 866-869). Allí la criminalidad adquiere una dimensión primordialmente política e inclusive de religiosidad pagana, como fue el caso de los ataques generalizados contra iglesias católicas (Oro Tapia, 2020: Maillet, 2025).

En forma preliminar, podemos señalar que las manifestaciones de octubre obedecieron a múltiples demandas, no necesariamente relacionadas, y en muchos casos los participantes acudieron con un mero afán delictivo. El vacío de autoridad del 18 de octubre y las semanas posteriores hizo posible que parte de la población se abocase al pillaje selectivo; este es un comportamiento frecuente ante crisis sociales semejantes o desastres naturales, sea por reales carencias, oportunismo, deseo de expresión política, o incluso como vía de entretención, lo que no es extraño en la historia nacional y comparada^{41} (Grandon et. al, 2014).  

 
4.6 La respuesta de la derecha: el mito propio

Frente a la tesis de la revuelta popular espontánea, las derechas chilenas^{42} presentaron sus propias explicaciones del octubre chileno, las que, en general, han sido meras reacciones a la narrativa octubrista, con la excepción de Hugo Herrera, quien había sostenido su propia crítica de la situación del país, con independencia de la profecía del derrumbe neoliberal realizada por sectores de la izquierda (Núñez y Palomé, 2023).

A partir de la comparación del país con las condiciones durante el centenario chileno de 1910, Hugo Herrera pronosticó en 2014 un escenario de conflicto social, argumentando que en la década de 2010 se repetían las mismas condiciones que a inicios del siglo XX causaron una crisis. El autor argumentó que en ambos periodos el poder político y económico se concentró en pequeña élite, desligada de la realidad nacional, lo que ha causado el aumento de la frustración popular, debido al desajuste entre el pueblo y su institucionalidad. Así, en la actualidad el país estaría atravesando una crisis de cambio de ciclo histórico, que las élites son incapaces de comprender y solucionar (Herrera, 2014).

Esta interpretación sigue una corriente historiográfica de larga data en Chile. En primer lugar, el diagnostico respecto de una crisis epocal es directamente tributario del realizado por Francisco Antonio Encina con ocasión del centenario (Encina, 1911/1986). A su vez, la idea de que la oligarquía dirigente, desligada del pueblo, promueve reformas radicales para mantener su propio poder e influencia es claramente tributaria del pensamiento de Alberto Edwards (Edwards, 1928/1984). La crítica del neoliberalismo que realiza Herrera, por su parte, sigue aquella que realizó Mario Góngora en su Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, en que precisamente criticaba el viraje económico en el país, debido a que llevaría a la perdida de la tradición chilena frente a la cultura de masas global (Góngora, 1981).

De esta manera, y diferencia del resto de la derecha, Hugo Herrera no fue sorprendido por el estallido social. Rápidamente el autor explicó que la crisis era precisamente lo que él había anticipado: una expresión de la deficiencia hermenéutica de las élites políticas de la derecha e izquierda, que limitadas por sus propios objetivos, fueron incapaces de comprender políticamente las demandas populares. Así, para Herrera la izquierda fue oportunista, pues buscó legitimar su programa apropiándose de la manifestación, al tiempo que se pretendía imponer como verdad revelada un cambio constitucional revolucionario y rupturista con la tradición política chilena (Herrera, 2019/2023).

Por cierto, Hugo Herrera no negó la crisis, sino que inclusive cuestionó la reacción de la derecha liberal, al anclarse en una negación economicista, a lo más dispuesta a reformas puntuales, sin considerar cambios institucionales, sociales o económicos (Herrera, 2019/2023). Para este autor la derecha chilena no ha logrado ofrecer soluciones a la crisis debido a la hegemonía liberal, que ha descartado otras vertientes ideológicas que podrían ofrecer una mejor comprensión de la realidad nacional. En este sentido Herrera correctamente anticipó que la izquierda reduciría el problema solo al neoliberalismo y la cuestión constituyente, sin abordar las causas basales de la crisis chilena, mientras que la derecha neoliberal, negaría cualquier falla del modelo institucional y económico (Herrera, 2014).

Aunque la interpretación de Hugo Herrera ofrece una interpretación amplia de la crisis chilena, cae en un sesgo de confirmación, al igual que la tesis octubrista. El autor acepta de plano la idea de que existe un movimiento espontáneo contra las élites y la institucionalidad vigente, cuestión que lo llevó a respaldar el proceso constituyente derivado (Herrera, 2019/2023). El mismo camino siguieron algunos dirigentes de la derecha, como Mario Desbordes, quien durante el estallido social respaldó con entusiasmo el inicio del proceso constituyente y la colaboración con la izquierda (Etchepare Jensen e Ibáñez Villavicencio, 2020). El mismo Hugo Herrera fue encargado programático de la candidatura presidencial del mismo Desbordes, con una propuesta que siguió el argumento del estallido social como crisis epocal.^{43} El escaso apoyo popular de estas ideas quedó demostrado por el pobre desempeño en las primarias presidenciales del candidato Mario Desbordes, quien obtuvo el último lugar, con solo el 9,80 % de los votos.

Por otra parte, y a diferencia de lo realizado por Encina (1911/1986), Edwards (1928/1984) y Góngora (1981), el análisis de Herrera es meramente filosófico, sin tener un sustento económico, histórico, ni sociológico. Antes que una razón histórica, el autor parece busca justificar su propio programa político en contra de la derecha liberal, pero sin lograr explicar de qué forma su propuesta permite superar el pretendido sentimiento de disrupción entre el pueblo y su institucionalidad (Herrera, 2019/2023). Por su parte, en su obra tampoco justifica que existan las mismas condiciones de la crisis política de 1925-1932, más allá de sus remisiones a Encina (2019/2023) y Edwards (1928/1984). Sin estos antecedentes, los argumentos de Herrera caen en la misma forma de populismo laclauciano que la tesis octubrista, al presentar el estallido como una lucha entre una élite corrupta y un pueblo virtuoso, aunque en este caso carente de una representación política (Laclau, 2004).

Las explicaciones reaccionarias tampoco resultan satisfactorias. Desde el paradigma liberal se ha interpretado el estallido social como una protesta liberal igualitaria, de corte rawlsiana, aunque derivada en rebelión populista por influencia de la izquierda radical. Así, este sector acepta la tesis izquierdista de una revuelta espontánea contra el neoliberalismo, pero considera que las demandas de los manifestantes eran en realidad una mayor dignidad y mejores condiciones económicas para los grupos excluidos por el sistema (Brieba y Bellolio, 2020).

A partir de esto, Cristóbal Bellolio ha insistido en la tesis de que la solución de la crisis del estallido se encuentra en la construcción de una institucionalidad que permita reunir esas minorías en una casa común, donde tengan la misma dignidad, libertad e igualdad de oportunidades, dentro de la democracia liberal y un capitalismo keynesiano. Para este autor el fracaso de los procesos constituyentes radicaría en su maximalismo, al ser incapaces de representar las aspiraciones de esas minorías en los proyectos constitucionales. Así, la institucionalidad política y económica sería una casa dividida, que no permite el desarrollo de las individualidades, subsistiendo así las razones del propio estallido social (Bellolio, 2024).

No obstante, la propuesta liberal igualitaria presenta importantes problemas. En primer lugar, imita la pretensión de la izquierda posmarxista de construir mayorías mediante la suma de minorías (Hobsbawm, 2000), en este caso para lograr construir una “casa común” (Bellolio, 2024). El problema principal de la tesis del necesario consenso, para formar una institucionalidad común (Bellolio, 2024) radica en que la unión de esas minorías identitarias no puede forjar un conjunto en que todas ellas queden satisfechas, ya que la segmentación solo promueve intereses particularistas, y nunca generales. Para lograr la pretendida casa común sería necesario recurrir a mínimos que convoquen a las mayorías, y no que identifiquen minorías. (Hobsbawm, 2000).

Además, dicho análisis incurre en un sesgo de confirmación, al darle un contenido liberal al conjunto heterogéneo de demandas presentes en las manifestaciones, pero sin justificar de que forma los adherentes de las mismas habían logrado a una convicción semejante (Brieba y Bellolio, 2020). Inicialmente el sector liberal respaldó a la izquierda durante el estallido y el plebiscito constituyente posterior. En la práctica fungieron como tontos útiles (polieznyie idioty) de la izquierda octubrista a efectos de lograr iniciar el proceso constituyente. Cabe señalar que en ambos procesos los liberales fueron marginales en la redacción de los proyectos constitucionales, debido a su baja votación y escasa representación en los órganos constituyentes. Así, la irrelevancia de los sectores liberales en ambos procesos constituyentes, producto de su escaso apoyo popular, demuestra que el relato de un masivo “estallido social liberal” carece de sustento fáctico (Farfán Saldaña, 2024).

Por último, los libertarios han negado la existencia de un verdadero estallido o crisis social. Al respecto Axel Kaiser ha argumentado que el Chile de 2019 era un oasis de prosperidad económica y libertades individuales. Frente a ello, las manifestaciones de octubre fueron el resultado de la propaganda de la izquierda, que impuso su propia visión antineoliberal, logrando así una victoria cultural al imponerse entre la población. Para el autor la respuesta frente a esto debe basarse en la defensa irrestricta de la superioridad moral del capitalismo neoliberal, a fin de contrarrestar el relato de la izquierda; al ser confrontada la gente por sí misma comprenderá que el modelo neoliberal es completamente superior (Kaiser, 2020).

En el mismo sentido, Verbal ha señalado que el principal error de las autoridades chilenas fue creer en la legitimidad de las manifestaciones, cuando en realidad no había ningún problema en el país que justificase protesta alguna. En realidad, todo el estallido había sido aparente, y junto con asegurar el control del orden público se debería haber defendido al mercado como eje de la sociedad, cuestión justificada de sobra por la superioridad moral capitalista, que naturalmente se impondría en la opinión pública, por el solo hecho de ser mejor que cualquier proyecto comunitario, sea de izquierda o de derecha (Verbal, 2020).

Esta postura liberal negacionista de la crisis es igualmente deficitaria La realidad chilena demuestra que la economía del país no se ajusta a ese concepto cuasi utópico de capitalismo moralmente superior defendido por Kaiser y Verbal. En Chile no existe la multiplicidad de actores que caracteriza al modelo perfecto de libre mercado, sino que existe una concentración económica en limitados oferentes, controlados a su vez por un puñado de grupos empresariales, lo que favorece prácticas como la colusión y la corrupción institucional, como efectivamente ha sucedido (Pera Czollak, 2016).  Más bien, pareciera que los autores libertarios defienden el capitalismo de compinches. Este fenómeno está asociado con la corrupción institucional y los monopolios basados en grandes corporaciones, que impiden la entrada de nuevos oferentes, y limitan la libertad política. Tom Palmer plantea que esta forma de capitalismo fue la observada y criticada por Marx en la Inglaterra del siglo XIX, y no un capitalismo propiamente de libre mercado (Palmer, 2013). Permítasenos aquí una crítica también a esta idea de un “verdadero capitalismo”: las cosas son lo que son en la realidad, y no en la teoría. Un modelo económico, político, etc., debe ser valorado por sus efectos en la realidad material, y no por lo que le atribuya la imaginación de un autor. 

Por último, el argumento de una moralidad superior del capitalismo neoliberal es tan cuestionable como la pretensión análoga de la izquierda indefinida posmoderna (Sáiz, 2011).  Al respecto, vale la pena destacar que José Piñera, uno de los economistas del régimen militar, había planteado en 1977 que la dinámica del crecimiento acelerado podría generar en la población un materialismo tal que llevase a la pérdida de los “valores permanentes del alma nacional”, por lo que era necesario que el crecimiento económico fuese acompañado por “un desarrollo cultural y espiritual equivalente que oriente a la nación en las grandes encrucijadas del futuro” (Piñera, 1977, p. 378); postura que curiosamente concuerda en algunos aspectos con lo señalado posteriormente por Góngora (1983). Así, la pretensión de superioridad moral libertaria de Kaiser y Verbal resulta ser una muestra de mero extremismo político.

En los tres casos los sectores de la derecha ofrecen un mito oscurantista propio para enfrentar el relato octubrista. Hugo Herrera es quien construye la narrativa más compleja y sistemática, aunque comparte elementos populistas semejantes a los del relato hegemónico, junto con incurrir en el mismo sesgo de confirmación al ocurrir la crisis de octubre. En cambio, Bellolio, Kaiser y Verbal ofrecen meras reacciones. En el caso de la tesis liberal se intenta una apropiación del mito, la que carece de sustento en los hechos; la postura libertaria, en cambio, es la negación de la crisis en base a pretensiones moralizantes, y como se demostró carece de fundamento plausible, incluso desde una perspectiva favorable al capitalismo de libre mercado (Bueno, 2003).

 
5. Conclusiones

A partir del análisis realizado a la narrativa histórica hegemónica sobre el estallido social chileno, podemos señalar que aquellos trabajos que estudian este hecho histórico, encuadrados en la corriente hegemónica del octubrismo, carecen de imparcialidad gnoseológica formal. Las fuentes utilizadas han sido evidentemente seleccionadas en función de su coincidencia con la interpretación previa de la crisis, a fin de que dichos textos sirviesen para respaldar la práctica política y las pretensiones de su sector político.

De esta manera resulta cuestionable la pretensión de que el octubre chileno, en tanto hecho histórico, haya sido una revuelta espontánea contra el neoliberalismo, o ni siquiera un movimiento eminentemente constituyente, al menos con los antecedentes existentes en la actualidad. Además, se omitió completamente la mención de los hechos de criminalidad vinculados a las mismas manifestaciones, otorgando en cambio a los manifestantes cualidades propias de una religiosidad popular. Tampoco es posible señalar que haya existido un plan deliberado del Estado para vulnerar los derechos humanos de los manifestantes, o para permitir la impunidad de sus agentes por la comisión de dichos actos.

En cambio, podemos señalar que estos autores descartaron antecedentes y estadísticas que contradecían sus afirmaciones sobre la desigualdad y pobreza o sobre el carácter sistemático de las vulneraciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado, todos ellos disponibles para sus investigaciones. Por su parte, también existen antecedentes que demuestran que durante las manifestaciones se produjeron graves hechos de violencia y criminalidad, lo que explica la respuesta estatal, así como los civiles y policías lesionados.

De esta manera podemos y debemos señalar que la narrativa hegemónica del octubre chileno es un mito oscurantista, esto es uno de “aquellos mitos que, en lugar de contribuir a una explicación científica o filosófica del campo, o a una forma de conducta práctica viable, distorsionan el campo y estorban esa explicación o la bloquean” (Bueno, 2003, p.14). Antes que una historia del octubre chileno, las investigaciones demuestran una memoria selectiva, interesada en acreditar las tesis propias antes que comprender las causas del estallido social. El relato octubrista fue útil a los intereses políticos de la izquierda posmoderna chilena, representada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, ya que la articulación del mismo les permitió lograr su objetivo de larga data de liderar un proceso constituyente, cuyo producto en todo caso fue rechazado por la mayoría de la ciudadanía.

Las narrativas construidas desde la derecha tampoco han ofrecido una explicación satisfactoria del octubre chileno. Aunque la postura de Herrera tiene el valor de ser previa a la crisis, y se presenta como la expresión de una corriente de larga data, carece de la evidencia necesaria para sostener sus conclusiones. Por su parte la narrativa liberal y la libertaria son meramente reaccionarias, y buscan justificar sus propios programas políticos, o directamente niegan la existencia de la crisis de octubre, careciendo igualmente de sustento en las fuentes existentes. Las tres explicaciones aparecen como la variación de un mito propio, en oposición al construido por los octubristas.

Frente a esta disputa de relatos, la tarea crítica de la historiografía no puede ser la mera creación de narrativas militantes, sino que se debe cuestionar esta temprana pretensión de imponer una interpretación oficial de lo ocurrido. En este caso la imparcialidad gnoseológica formal, en la forma desarrollada por Gustavo Bueno, debe servirnos de guía para una investigación histórica que pueda ser de utilidad para entender de mejor manera la crisis de octubre, como hecho histórico, superando los mitos imperantes en la actualidad.

Por último, esperamos que este trabajo puede contribuir al desarrollo de futuras investigaciones que, con la perspectiva del tiempo, puedan ofrecer interpretaciones alternativas del estallido social, afines a cualquier sector político, pero cuya metodología se ajuste a la imparcialidad gnoseológica formal requerida en la investigación histórica.

 
6. Bibliografía

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